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El CeCIT Alta Gracia (.ag ) forma parte de la estructura empresaria que impulsa un nuevo reclamo por el costo de la ener...
21/08/2026

El CeCIT Alta Gracia (.ag ) forma parte de la estructura empresaria que impulsa un nuevo reclamo por el costo de la energía en Córdoba.

La entidad local integra el Consejo General de FEDECOM, que este 20 de agosto presentó al Gobierno provincial un petitorio para **eliminar el FODEP y revisar otros recargos incluidos en las facturas de luz**.

El principal planteo apunta al FODEP, que FEDECOM identifica como un recargo del 10% sobre el consumo neto. También pidió establecer topes y unificar criterios para la OIM y las tasas de alumbrado público, que según la Federación oscilan entre el 6% y el 15% dependiendo de cada jurisdicción.

El reclamo llega en un momento complejo para el sector: **las ventas minoristas PyME de Córdoba cayeron 6,2% interanual en julio**.

FEDECOM sostiene que reducir estos cargos permitiría bajar los costos operativos de los comercios y, al mismo tiempo, devolver capacidad de consumo a las familias.

El CeCIT integra el Consejo General de la Federación para el período 2025-2027. Esa participación vincula institucionalmente a Alta Gracia con el planteo, aunque hasta ahora no se conoció una posición particular del CeCIT sobre cada punto del petitorio.

¿Creés que deberían reducirse los recargos que se suman a la factura eléctrica? Dejanos tu comentario, te leemos.



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Las imágenes utilizadas en esta publicación son composiciones visuales con fines ilustrativos y de crítica editorial. No representan hechos reales ni reflejan con precisión a las personas retratadas. Los fragmentos de audio, recortes y declaraciones están enmarcados en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, opinión y análisis periodístico conforme al artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina.

ALTA GRACIA QUIERE ATRAER FILMACIONES, PERO LA RECETA VUELVE A SER CREAR ESTADOEl Concejo Deliberante aprobó ayer el Pro...
20/08/2026

ALTA GRACIA QUIERE ATRAER FILMACIONES, PERO LA RECETA VUELVE A SER CREAR ESTADO

El Concejo Deliberante aprobó ayer el Programa Municipal de Promoción y Desarrollo de la Actividad Audiovisual.

La ordenanza crea una Oficina Municipal de Filmaciones, un Registro Municipal de Recursos Audiovisuales y un Catálogo Municipal de Locaciones.

El objetivo es atraer producciones, generar empleo y potenciar el turismo. La discusión empieza en la herramienta elegida.

El texto aprobado no define cuánto costará la nueva estructura, si requerirá personal o designaciones, si tendrá presupuesto propio ni qué metas permitirán medir sus resultados.

Y hay otro dato: la propia ordenanza reconoce que Córdoba ya cuenta con legislación, organismos y herramientas para el sector audiovisual.

Entonces la pregunta ya no es qué propone el Concejo. La decisión está tomada.

La pregunta es:

¿Hacía falta crear más estructura estatal para conseguirlo?

Tal vez fomentar el audiovisual también pueda significar permisos rápidos, un catálogo digital, un único contacto municipal, reglas claras y coordinación entre áreas existentes.

Dentro de algunos años, el éxito no debería medirse por tener una oficina.

Debería medirse por esto:

¿Cuántas producciones llegaron, cuánto trabajo generaron y cuánto le costó al vecino?



¿Qué te pareció esta decisión? Dejanos tu comentario, te leemos.

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ALTA GRACIA QUIERE ATRAER FILMACIONES, PERO LA RECETA VUELVE A SER CREAR ESTADOEl Concejo Deliberante aprobó ayer el Pro...
20/08/2026

ALTA GRACIA QUIERE ATRAER FILMACIONES, PERO LA RECETA VUELVE A SER CREAR ESTADO

El Concejo Deliberante aprobó ayer el Programa Municipal de Promoción y Desarrollo de la Actividad Audiovisual de Alta Gracia.

La decisión ya está tomada: la ciudad contará con una **Oficina Municipal de Filmaciones**, un Registro Municipal de Recursos Audiovisuales y un Catálogo Municipal de Locaciones Audiovisuales.

El objetivo es atractivo y difícil de discutir. Alta Gracia tiene patrimonio, paisajes, arquitectura y una actividad cultural capaz de convertirse en escenario para producciones. Un rodaje puede movilizar hoteles, gastronomía, transporte, técnicos, artistas, proveedores y comercios.

Pero la discusión cambia cuando se observa **cómo eligió intervenir el Estado**.

La ordenanza aprobada desarrolla sus objetivos y antecedentes, pero no establece cuánto costará implementar la nueva estructura, cuántas personas tendrá, si requerirá nuevas designaciones, si contará con presupuesto propio ni qué metas concretas permitirán medir sus resultados.

Y eso importa porque una política pública no termina el día en que se aprueba.

**Empieza ahí.**

¿Cuántas producciones debería atraer Alta Gracia?

¿Cuántos días de rodaje?

¿Cuánto empleo local?

¿Cuánta inversión privada?

¿Y cuánto debería costarle al vecino conseguir esos resultados?

Además, el propio texto reconoce que Córdoba ya cuenta con legislación, organismos y herramientas vinculadas al desarrollo audiovisual.

Entonces aparece otra pregunta:

**¿Qué necesitaba crear Alta Gracia y qué podía resolver articulando con estructuras existentes?**

Tal vez una política audiovisual ambiciosa también pueda ser simple: permisos rápidos, un catálogo digital de locaciones, un único punto de contacto, costos y requisitos claros y coordinación interna entre áreas municipales.

Que quien quiera filmar en Alta Gracia no tenga que aprender cómo funciona la burocracia.

**Que sea el Estado el que le simplifique el camino.**

La discusión no es cine sí o cine no.

La discusión es si para promover una nueva actividad económica la respuesta debe ser sumar estructura estatal o remover obstáculos para que otros produzcan.

Dentro de algunos años no debería alcanzar con decir que Alta Gracia tiene una Oficina Municipal de Filmaciones.

La pregunta debería ser otra:

**¿Cuántas producciones llegaron, cuánto trabajo generaron y cuánto le costó al vecino?**



¿Qué opinás? ¿Era necesaria una nueva estructura municipal o se podía resolver con menos burocracia?

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LA CÁSCARAHay momentos en los que un gobierno empieza a parecerse demasiado a una nuez podrida.Por fuera, la estructura ...
20/08/2026

LA CÁSCARA

Hay momentos en los que un gobierno empieza a parecerse demasiado a una nuez podrida.

Por fuera, la estructura sigue en pie.
Las oficinas abren. Los funcionarios hablan. Los actos continúan. Las fotos se publican.

Pero adentro algo se rompe.

En los últimos meses, el gobierno municipal de Alta Gracia quedó atravesado por renuncias, desplazamientos, denuncias, investigaciones y cuestionamientos que ya no pueden leerse como episodios completamente aislados.

Algunas situaciones son judiciales. Otras, políticas. Algunas todavía deben esclarecerse y quienes están denunciados conservan, por supuesto, sus garantías y el principio de inocencia.

Pero hay algo que sí pertenece al terreno político: **la acumulación**.

Cuando alrededor de una misma administración empiezan a repetirse palabras como violencia, abuso, irregularidades, manejos cuestionados, denuncias y funcionarios que dejan sus cargos, la discusión deja de ser únicamente sobre cada nombre propio.

La pregunta empieza a ser otra:

**¿qué está pasando dentro del Gobierno de Alta Gracia?**

Porque una institución no se deteriora solamente cuando aparece una sentencia judicial.

También se deteriora cuando pierde controles internos.
Cuando las explicaciones llegan tarde.
Cuando los silencios sustituyen a la información.
Cuando cada nuevo episodio se presenta como una excepción.

Una nuez puede conservar intacta su forma exterior durante mucho tiempo.

Hasta que alguien la abre.

Y descubre que adentro ya estaba podrida.

Alta Gracia necesita saber si estamos frente a una sucesión desafortunada de casos individuales o ante síntomas de un problema político mucho más profundo.

Porque gobernar también significa hacerse responsable de las personas que se eligen, de los controles que funcionan —o no funcionan— y de la respuesta institucional cuando algo grave ocurre.

La cáscara todavía está ahí.
La pregunta es qué queda adentro.

Una investigación penal por violencia de género alcanza a un concejal de Alta Gracia actualmente en uso de licencia.Nuev...
19/08/2026

Una investigación penal por violencia de género alcanza a un concejal de Alta Gracia actualmente en uso de licencia.

Nuevas actuaciones judiciales conocidas por Suban El Volumen permiten precisar por primera vez el alcance de los hechos por los que el dirigente fue convocado al proceso: **dos lesiones leves doblemente calificadas, coacción y abuso sexual con acceso carnal**.

La causa había tomado estado público en junio, cuando medios locales informaron sobre una denuncia presentada por su expareja. En ese momento se conocían referencias a presuntos episodios de violencia física, psicológica y económica.

Una resolución del **2 de julio de 2026** avanzó sobre el encuadre provisorio de los hechos y dispuso convocar al denunciado al proceso. La actuación refiere esos hechos al investigado **“en calidad de autor”**, dentro del marco procesal correspondiente.

Ese encuadre no equivale a una condena ni significa que los hechos hayan sido judicialmente acreditados. La causa continúa y rige plenamente el principio de inocencia.

Según la denuncia y lo manifestado por la representación de la mujer, la relación habría estado atravesada por una presunta **espiral de violencia física, psicológica, económica y sexual**, dentro de un vínculo caracterizado por una marcada asimetría de poder.

También existe un trasfondo patrimonial y comercial. Ambos mantenían un emprendimiento en común y, antes de esta denuncia penal, el concejal había realizado una presentación por violencia familiar contra su expareja.

Según sostiene la representación de la mujer, las medidas adoptadas a partir de aquella presentación habrían restringido **su acceso al comercio compartido, al domicilio y a pertenencias personales**.

El **18 de agosto** se produjo otro movimiento en la causa.

La Justicia había dispuesto una **pericia interdisciplinaria y psicológica sobre el investigado**. Una actuación de esa fecha dejó constancia de que el convocado hizo uso de su derecho constitucional a no prestar colaboración con las pericias dispuestas sobre su persona.

Como consecuencia, **la solicitud de turno para esas evaluaciones quedó sin efecto**.

El ejercicio de ese derecho no constituye una admisión de culpabilidad ni puede utilizarse por sí solo para presumir que los hechos ocurrieron. El dato objetivo es que una medida pericial dispuesta dentro de la investigación finalmente no se realizará.

La secuencia deja tres momentos claros:

**Junio:** la denuncia tomó estado público.

**2 de julio:** se precisó provisoriamente el encuadre de los hechos y se convocó al denunciado al proceso.

**18 de agosto:** quedaron sin efecto las evaluaciones después de que el investigado comunicara que no prestaría colaboración.

Pero la condición del denunciado abre además otra discusión.

Se trata de **un concejal elegido por los ciudadanos y actualmente en uso de licencia**.

¿Quiénes conocían la existencia y evolución de la causa? ¿Desde cuándo? ¿Hubo algún análisis, pedido de explicaciones o respuesta institucional?

Hasta el momento, Suban El Volumen no cuenta con elementos que permitan establecer qué autoridades políticas conocían la evolución de la investigación ni desde cuándo.

La Justicia deberá determinar responsabilidades.

La política tiene otra discusión: **cómo responde cuando una investigación de esta gravedad alcanza a uno de sus representantes**.

Suban El Volumen mantiene reservada la identidad del dirigente atendiendo al estado actual del proceso.



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$3 MILLONES, UNA FINANCIERA Y UNA CUENTA PARTICULAR DE MERCADO PAGO: EL CASO VILLA OVIEDO ABRE INTERROGANTES SOBRE QUIÉN...
13/08/2026

$3 MILLONES, UNA FINANCIERA Y UNA CUENTA PARTICULAR DE MERCADO PAGO: EL CASO VILLA OVIEDO ABRE INTERROGANTES SOBRE QUIÉN ADMINISTRA Y QUIÉN CONTROLA

Un cheque por $3 millones. Una financiera. Aproximadamente $240.000 descontados en la operación. El dinero recibido en efectivo y, posteriormente, depositado en una cuenta particular de Mercado Pago de una integrante del Centro Vecinal de Villa Oviedo.

Ese es el recorrido que surge de las explicaciones brindadas por el propio presidente de la institución, Elías Molina, durante una reunión con concejales de Alta Gracia realizada el 21 de abril de 2026.

La secuencia puede resumirse así:

$3.000.000 → financiera → -$240.000 aprox. → efectivo → cuenta particular de Mercado Pago.

El costo mencionado equivale aproximadamente al 8% del valor total del cheque.

Cambiar o descontar un cheque en una entidad financiera no constituye por sí mismo una ilegalidad. Por eso, con la información disponible no corresponde afirmar que esa operación haya sido ilícita.

Pero quedan preguntas concretas: ¿qué entidad realizó el descuento? ¿Estaba habilitada? ¿Qué documentación entregó? ¿Por qué se decidió asumir un costo cercano a $240.000 para transformar el cheque en efectivo?

Durante la reunión, los concejales también pusieron el foco sobre las rendiciones y la documentación.

“Me va a faltar los doscientos cuarenta mil pesos”, advirtió el concejal Ricardo González al reconstruir la operación. Y agregó: “La financiera tiene que dar el recibo”.

Hay otro elemento que merece atención.

Según explicó Molina, el dinero terminó posteriormente en una cuenta particular de Mercado Pago de Soledad Carrizo, integrante de la Comisión Revisora de Cuentas del Centro Vecinal.

Esto no demuestra por sí mismo que el dinero haya sido apropiado o utilizado para fines personales. Pero plantea un interrogante institucional: ¿cómo se fiscalizaron esos recursos cuando estaban depositados en la cuenta particular de una integrante del mismo órgano encargado de revisar las cuentas?

Molina sostuvo durante el encuentro que existieron desconocimiento y problemas de asesoramiento.

En la propia reunión quedó una frase que resume parte de la discusión:

“Sí, lo hice y lo hice mal”.

El desconocimiento puede explicar una decisión. No elimina la responsabilidad de quienes administran recursos de una institución vecinal.

Pero el caso tiene una segunda dimensión.

La Ordenanza Municipal 10.177 asigna al Municipio funciones concretas respecto de los centros vecinales: controlar, fiscalizar y asesorar. También contempla la posibilidad de inspeccionar de oficio el manejo contable y administrativo y realizar auditorías.

Por eso, la responsabilidad de Molina y de quienes integraban la conducción no elimina otra pregunta:

¿Dónde estaban los controles municipales mientras todo esto ocurría?

La reunión del 21 de abril muestra a concejales explicando cómo debían registrarse movimientos, respaldarse operaciones y organizarse las rendiciones.

Uno de ellos llegó a señalar:

“Esto está mal llevado”.

Y Pablo Soler reconoció incluso una posible falencia institucional: “Recojo el guante en parte de la culpa de que no te asesoró”, aunque inmediatamente remarcó también la responsabilidad de Molina por no haber buscado ese asesoramiento.

El episodio sumó recientemente otro contraste.

El 2 de agosto de 2026, Molina volvió a aparecer en los medios para convocar a comercios e instituciones a colaborar con el festejo del Día del Niño de Villa Oviedo. Solicitó juguetes, golosinas, alimentos, órdenes de compra y otros aportes, y contó que integrantes del Centro Vecinal saldrían a recorrer comercios en busca de colaboración.

Pedir colaboración no constituye ninguna irregularidad.

Pero el antecedente vuelve inevitable la comparación: la misma conducción que vuelve a solicitar el esfuerzo de comerciantes e instituciones había reconocido meses antes una decisión financiera que habría consumido aproximadamente $240.000 solamente para transformar un cheque en efectivo.

No se cuestiona la solidaridad.

Se discute la responsabilidad con la que se administra cada peso que el Estado, los vecinos, las instituciones y los comerciantes ponen en manos de sus representantes.

Y queda una pregunta todavía más amplia.

Durante aquella reunión, el concejal Martín Barrionuevo sostuvo:

“Tenemos que empezar a mirar con la misma vara todos”.

Entonces, ¿Villa Oviedo es una excepción o es el primer caso que dejó expuestas debilidades en el sistema de control de los centros vecinales de Alta Gracia?

El caso ya no habla solamente de un cheque.

Habla de quién administra, quién controla y quién responde cuando los controles llegan después.



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13/08/2026

📍 CHACO: ¿PRIORIDADES LEGISLATIVAS?

En una provincia que este mismo 12 de agosto ratificó su Emergencia Económica y Financiera hasta fin de 2026, una diputada llevó al recinto una iniciativa para que Chaco adhiera al Día del Orgasmo Femenino.

La propuesta fue presentada por Teresa Cubells, del Frente Grande, mediante el Proyecto de Resolución N.º 1865/26. Busca visibilizar el bienestar sexual femenino, la autonomía corporal y la salud sexual integral. También propone campañas públicas sobre autoconocimiento y salud sexual no reproductiva.

El tema puede formar parte legítimamente de una política sanitaria. Pero el contexto vuelve inevitable otra pregunta política: ¿es ésta una prioridad razonable para la agenda legislativa chaqueña?

Los últimos datos oficiales disponibles del INDEC muestran que en el segundo semestre de 2025 el 42,2% de las personas del Gran Resistencia estaba bajo la línea de pobreza: alrededor de 180.500 personas. En abril, además, el Gobierno provincial informó que necesitó asistencia financiera de Nación para afrontar vencimientos de deuda. Y en la misma sesión de hoy acá se trataron cuestiones como sobreendeudamiento, seguridad vial y la propia emergencia económica.

El punto no es discutir si la salud sexual femenina importa. Importa. El punto es la escala de prioridades de quienes ocupan una banca y deciden qué asuntos llevan al recinto.

Una provincia con pobreza persistente, problemas fiscales y demandas en salud, educación y seguridad necesita que su dirigencia pueda distinguir entre lo importante, lo urgente y lo meramente simbólico.

La política también se mide por eso: por saber qué problema merece tiempo, atención y capital institucional en cada momento.

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COSAG bajo la lupa: el Bloque Alta Gracia Cambia (UCR), integrado por Lucía Allende  y Martín Barrionuevo, impulsa un pe...
11/08/2026

COSAG bajo la lupa: el Bloque Alta Gracia Cambia (UCR), integrado por Lucía Allende y Martín Barrionuevo, impulsa un pedido de informe para que el Municipio y la cooperativa expliquen cómo se calculan las tarifas de agua y cloacas.

La iniciativa pone especial atención sobre comercios e industrias: pide conocer qué criterios determinan cada categoría, desde cuándo existen, qué norma las respalda y si se aplican recargos o adicionales específicos.

También reclama que las facturas discriminen agua, cloacas, cargos fijos y variables, recargos, cánones, tasas e impuestos, y solicita el cuadro tarifario completo vigente desde agosto.

Otro punto clave es el canon por extracción de agua que COSAG paga a la Provincia. El bloque pide conocer cuánto se abonó mes por mes durante 2024, 2025 y 2026 y qué peso tiene ese costo sobre los ingresos tarifarios.

El pedido llega después de que el Concejo Deliberante aprobara por mayoría un aumento del 28% para agosto, que impactará en las facturas a pagar en septiembre.

La discusión ya no pasa solamente por cuánto aumenta el servicio: también por **cómo se determina cuánto paga cada usuario**.

¿Qué te parece? ¿COSAG debería publicar de manera abierta cómo se conforman sus tarifas? Dejanos tu comentario, te leemos.



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Ismael Feliciani formalizó su renuncia indeclinable a la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante de Alta Gracia. ...
01/08/2026

Ismael Feliciani formalizó su renuncia indeclinable a la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante de Alta Gracia. La atribuyó a motivos personales, pero su salida también modifica el tablero político local.

Feliciani llegó al cargo como parte del acuerdo entre Pablo Ortiz y Marcos Torres. Cuando Ortiz pidió licencia para asumir la Vicepresidencia de Cormecor, su colaborador permaneció en una función estratégica dentro del Legislativo.

El movimiento se produce, además, en un contexto sensible. En junio, el medio Mi Valle informó que la Fiscalía investigaba una denuncia por presuntos hechos de violencia de género y otros delitos que involucraría a “un concejal en uso de licencia” y una “actual autoridad de Cormecor”.

La publicación no identificó por nombre al denunciado. Sin embargo, la descripción institucional coincide con la situación pública de Pablo Ortiz, quien se encuentra en uso de licencia en el Concejo y ejerce como vicepresidente de Cormecor.

Esa coincidencia no equivale a una identificación judicial oficial ni permite atribuir responsabilidades. Suban El Volumen no tuvo acceso al expediente y tampoco existen pruebas que vinculen esa investigación con la salida de Feliciani.

La pregunta política, sin embargo, permanece abierta: ¿se trata solamente de una decisión personal o su renuncia facilita una reorganización más amplia del oficialismo?

El nombre de su reemplazante será clave para conocer qué sector quedará con el control de la Secretaría Legislativa.

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