23/09/2025
EDITORIAL DEL DIA
La minera que come al Estado: Catamarca, el costo social del extractivismo
Catamarca atraviesa una encrucijada que ya dejó de ser sólo económica para convertirse en una crisis política y social estructural. Durante décadas la promesa oficial fue clara: minería para inversión, empleo y progreso. La realidad, sin embargo, muestra un saldo distinto: conflictos sociales recurrentes, señales de adjudicaciones irregulares y una sensación generalizada de que los recursos naturales terminan beneficiando a grupos concentrados y no a las mayorías provinciales. Las denuncias públicas sobre adjudicaciones y contratos a empresas afines al poder ponen en cuestión la transparencia de las decisiones públicas y alimentan la desconfianza ciudadana.
Ese clima de sospecha no es sólo discursivo. Hay causas, investigaciones y fallos judiciales que obligan a repensar el vínculo entre el Estado provincial y las grandes empresas mineras: desde traspasos de concesiones sin licitación hasta investigaciones sobre manejos irregulares relacionados con grandes proyectos. Cuando el debate se desplaza del terreno técnico (impactos ambientales, balances económicos) al terreno de las sombras administrativas (favores, complacencias, adjudicaciones directas), la legitimidad del Estado queda en jaque y la conflictividad social se enrarece.
Andalgalá: el rostro local de una fractura
Si hay un lugar donde esta tensión se vuelve visible, ese es Andalgalá. La historia reciente del departamento está marcada por movilizaciones ciudadanas, detenciones por protestar y una comunidad que denuncia hace años que la minería —en sus distintas iteraciones: La Alumbrera, Agua Rica, MARA y otros proyectos— arrastra consecuencias ambientales y sociales que no se corresponden con los supuestos beneficios prometidos. La presencia de protestas sostenidas y episodios de represión no sólo dan cuenta del malestar, sino de una falla en los mecanismos de diálogo y gobernanza local y provincial.
Lo paradójico es que, a nivel municipal y local, hay autoridades que adoptan posturas contrarias a la minería —o que al menos reclaman mayor información y control— mientras que las decisiones provinciales muestran un sesgo hacia la habilitación y expansión de proyectos. Ese desalineamiento genera un vacío: la comunidad exige garantías, pero las resoluciones y autorizaciones se siguen tomando en ámbitos donde la correlación de fuerzas política-familiar y económica suele favorecer a los intereses extractivos. El resultado: promesas de desarrollo que no llegan y una estructura social que se fragmenta.
Consecuencias sociales: empleo, salud y tejido comunitario
La “contraprestación” de la minería (escuela, hospital, empleo local) aparece en muchos discursos oficiales, pero en el terreno la percepción mayoritaria entre vecinos es opuesta: la riquezas extraídas no se traducen en desarrollo local sostenible ni en mejora de servicios básicos. Al mismo tiempo, la degradación ambiental —ríos, acuíferos y suelos— y la polarización social por proyectos mineros minan el tejido comunitario y obligan a generaciones a vivir en un clima de conflicto permanente. Esta es la verdadera crisis estructural: no es sólo pobreza, es la pérdida de un futuro colectivo distribuido y dignificante.
Qué tendría que cambiar: medidas y prioridades
1. Transparencia y control externo: publicar en tiempo real las adjudicaciones, contratos y transferencias de concesiones con auditorías independientes. Las sospechas deben ser investigadas con celeridad y transparencia para restaurar confianza.
2. Participación vinculante: que los procesos de consulta no sean meramente informativos sino que incluyan mecanismos vinculantes (plebiscitos, asambleas con efectos jurídicos) para proyectos que afecten cuencas y pueblos. Andalgalá demuestra que la consulta aparente no alcanza.
3. Compensaciones reales y desarrollo alternativo: condicionamiento contractual de inversiones a metas claras y verificables en salud, educación, empleo local y remediación ambiental. No más promesas vagas.
4. Fortalecimiento institucional: concejos deliberantes con recursos técnicos y jurídico-financieros para auditar y controlar impactos; y un Estado provincial que no dependa exclusivamente de ingresos mineros para sostener su aparato político.
5. Acceso a la justicia y protección de asambleas: garantizar el derecho a la protesta y el debido proceso frente a detenciones por manifestarse. La criminalización del reclamo social solo profundiza la fractura.
Cierre: Democracia o extractivismo
La discusión en Catamarca y en Andalgalá no es técnica solamente: es política y ética. Se juega allí la pregunta sobre qué Estado queremos: uno que administre recursos para mayorías o uno que facilite la extracción para minorías poderosas. Si no hay reformas reales —transparencia, participación vinculante, control independiente— la calma aparente será siempre la calma de los que se benefician, y la crisis social continuará minando la legitimidad democrática en las provincias que más explotan su subsuelo.
