11/08/2026
LA DEMOCRACIA TAMBIÉN SE DEBILITA CUANDO UNA MUJER ES SILENCIADA
Hace un tiempo decidí comenzar a estudiar con mayor profundidad la violencia hacia las mujeres en la política. No desde la lógica de la confrontación ideológica, sino desde la convicción de que comprender un fenómeno es el primer paso para debatirlo con seriedad.
En ese camino llegué al informe "Caminos hacia la democracia: abordajes sobre la violencia contra las mujeres en política en Argentina", elaborado por ONU Mujeres. Se trata de un trabajo que reúne investigaciones, testimonios y un análisis del marco normativo vigente en nuestro país.
Uno de los primeros conceptos que desarrolla el informe es que la violencia política no se limita a una agresión física o a una amenaza directa. También comprende acciones destinadas a limitar, obstaculizar o desalentar la participación política de las mujeres por razones de género. En ese marco se incluyen campañas de desprestigio, ataques a la vida privada, violencia simbólica, económica, digital y distintas formas de exclusión de los espacios de decisión.
Otro aspecto que resulta particularmente interesante es que muchas de estas situaciones no provienen únicamente de adversarios políticos. También se producen dentro de los propios partidos, durante la conformación de listas, en bloques legislativos, sindicatos y espacios de conducción, donde persisten prácticas que dificultan el acceso y la permanencia de las mujeres en cargos de representación.
La investigación también identifica un crecimiento sostenido de la violencia digital. Las redes sociales se han transformado en uno de los principales escenarios de hostigamiento mediante insultos, amenazas, difusión de información personal, imágenes manipuladas y campañas de desinformación. Según el análisis, este tipo de acciones no solo afecta a quien las recibe, sino que también puede desalentar la participación de otras mujeres en la vida pública.
Argentina incorporó en 2019 la violencia política dentro de la Ley 26.485. Sin embargo, el informe advierte que todavía existen importantes desafíos para lograr una aplicación efectiva, especialmente en materia de procedimientos, organismos competentes y sanciones específicas.
Que este artículo sea el primero de una serie de publicaciones en las que compartiré distintos enfoques, investigaciones y experiencias sobre un tema que atraviesa la calidad de nuestras instituciones y la participación democrática.
Porque, más allá de las diferencias políticas o ideológicas, una pregunta sigue vigente: ¿qué pierde una democracia cuando la violencia se convierte en un factor que desalienta la participación política?
La discusión ya no pasa únicamente por garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de representación. El verdadero desafío es asegurar que puedan ejercer esos cargos en igualdad de condiciones y libres de cualquier forma de intimidación.
Porque cuando la violencia expulsa voces del debate público, no pierde solamente una dirigente. Pierde la democracia.
