22/10/2025
Corrupción, religión y coimas: el escándalo de Santiago Pauli que recuerda a “El Reino”
Tierra del Fuego está nuevamente en el centro de la polémica política. El diputado Santiago Pauli, hijo de los pastores Héctor Pauli y Andrea Almirón —líderes del partido al que pertenece—, enfrenta denuncias que podrían sacudir los cimientos de la política local. Según fuentes internas, Pauli habría solicitado como coima el desarraigo de uno de sus asesores, un acto que mezcla extorsión, poder político y adoctrinamiento religioso.
El escándalo recuerda a la serie argentina “El Reino”, donde un pastor evangelista asciende a la presidencia mientras secretos oscuros y redes de corrupción se entrelazan detrás de la aparente rectitud. En la realidad fueguina, la combinación de religión y política toma un cariz inquietante: el poder familiar y espiritual de los Pauli parece funcionar como una maquinaria para controlar y manipular a colaboradores y seguidores.
Expertos en ética política señalan que la exigencia de beneficios ilegales dentro de su propio equipo no es un incidente aislado, sino un indicio de un patrón de corrupción sistémica. “Cuando se coimea a los cercanos, se vulnera la confianza pública y se normaliza la extorsión”, advierten. Y en este caso, la manipulación moral a través de la fe añade una capa más peligrosa: legitima acciones ilícitas bajo un manto religioso.
La controversia expone la ironía del poder mal empleado: en lugar de generar recursos mediante mecanismos legítimos, se recurre a la presión y la coacción sobre quienes deberían ser aliados. La mezcla de intereses políticos, económicos y religiosos configura un escenario donde la ética queda subordinada a la ambición personal.
En Tierra del Fuego, lo que parece una ficción —la historia de un político manipulado por su fe y su entorno familiar— se vuelve realidad. Santiago Pauli y la influencia de sus padres, Héctor Pauli y Andrea Almirón, muestran que la política puede transformarse en un terreno donde la ambición y la corrupción se ejercen por encima de la ley. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿quién fiscaliza a quienes se creen intocables bajo la máscara de la religión y el poder?
