27/06/2025
El juez federal de Garantías N°1, Julio Leonardo Bavio, homologó un acuerdo de juicio abreviado el pasado 19 de junio, mediante el cual condenó a Rodrigo Ismael González a 3 años de prisión por homicidio simple con exceso en la legítima defensa. Como el condenado ya purgaba una pena anterior, la sentencia fue unificada en 7 años de cárcel.
El hecho tuvo como víctima a Braian Ezequiel Flores, también recluso, quien fue herido de gravedad en el pabellón Funcional 3 “B” del penal y murió minutos después en el hospital Joaquín Castellanos de Güemes. Ambos estaban privados de su libertad: González por robo agravado con uso de armas y Flores por transporte de estupefacientes.
Una discusión absurda que terminó en tragedia
Según relató la auxiliar fiscal Carolina Jorge Monge, González había sido trasladado pocos días antes al penal y buscaba integrarse con los otros internos, por lo que se ofreció a cortarles el pelo. Sin embargo, el día del crimen se negó a hacerlo con Flores, alegando estar cansado. Ese gesto fue tomado como una provocación.
Las cámaras de seguridad registraron una primera discusión por la mañana y luego un nuevo cruce en el sector de duchas. Cerca de las 19, ambos ingresaron a la celda de González, donde hubo golpes de puño. Minutos después, Flores, malherido, subió a su celda, tomó una faca y bajó nuevamente para enfrentarse. González también se armó.
A las 19.05, frente a la garita del celador —la llamada “pecera”—, ocurrió el enfrentamiento fatal. Flores cayó al suelo con heridas mortales en el tórax y abdomen, mientras que González se refugió en su celda. Las imágenes mostraron cómo otros internos envolvieron a la víctima en una frazada para llevarlo hasta el sector médico. Nada pudieron hacer los médicos: murió a los pocos minutos.
El acusado dijo que se defendió
González declaró que intentó sacar la pelea fuera de su celda para que las cámaras lo registraran. Dijo que Flores le anunció que lo iba a apuñalar, y que entonces tomó un palo de escoba para defenderse. Ambos se habrían enfrentado con armas blancas, aunque las facas nunca fueron encontradas, pese a una profunda requisa.
El Ministerio Público Fiscal, tras analizar las imágenes, testimonios de internos y el informe forense, aceptó el planteo de exceso en la legítima defensa, lo que derivó en el juicio abreviado. La pena acordada fue de 3 años, que se sumaron a los 5 años ya impuestos por la Justicia porteña.
Un celador imputado por no intervenir
Además del juicio por homicidio, la fiscalía imputó el 8 de mayo al celador Mauricio Aguilera Shloter por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. La fiscal subrogante Josefina Martínez Vázquez indicó que el agente no actuó ante los gritos y golpes en el vidrio por parte de los reclusos ni dio aviso sobre el uso de armas.
El manual penitenciario establece que, ante cualquier alteración del orden, el celador debe apersonarse de inmediato, intervenir mediante el diálogo o accionar la alarma. Nada de eso ocurrió.
“La responsabilidad del Estado es ineludible: este crimen sucedió bajo su custodia”, señaló la fiscal, quien remarcó que el hecho podría haberse evitado si se hubieran seguido los protocolos básicos.
Un caso que expone las fallas del sistema
El caso revela no solo la violencia latente en las cárceles federales de la región, sino también la ausencia de control y la pasividad institucional. Un conflicto banal terminó con un mu**to, un condenado y un guardiacárcel bajo investigación.
Mientras tanto, el penal federal NOA III sigue sumando episodios que cuestionan la eficacia del sistema penitenciario y el cumplimiento de los derechos básicos de quienes están bajo la custodia del Estado.
