25/02/2026
ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN POR LA CAUSA DE LOS CERTIFICADOS DOCENTES:
UNA DE LAS DETENIDAS TRABAJABA EN JVG
La investigación permitió determinar la existencia de una organización que operaba en el norte y sur de la provincia, con ramificaciones en San Carlos de Bariloche. La maniobra consistía en la emisión de diplomaturas y postítulos apócrifos que eran utilizados para sumar puntaje docente. Hasta el momento, se determinó que 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra.
Bajo la dirección de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF procedió al allanamiento de cuatro domicilios, al secuestro de documentación y a la detención de dos mujeres.
El operativo se realizó en el marco de la investigación por presunta falsificación de certificados, que, según la denuncia del Ministerio de Educación, habrían sido utilizados para incrementar puntaje en concursos y procesos de designación de cargos. Los domicilios allanados se encuentran en General Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación.
La intervención de la UDEC se inició el 17 de diciembre de 2025, con la denuncia del secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, quien informó que una auditoría interna había detectado una presunta maniobra masiva de incorporación de certificados apócrifos en los procesos de valoración docente.
Precisó que, de las 292 unidades educativas auditadas hasta ese momento, se habían detectado 291 inscripciones con certificados presuntamente apócrifos, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados. Además, expresó que se trataba de hechos de extrema gravedad, dado que se habían asignado cargos y puntajes con documentación inexistente y que las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Primario y Secundario compartían una base de datos, lo que amplió el alcance del perjuicio.
Por disposición de la fiscal Salinas Odorisio, el 18 de diciembre personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF requirió documentación a la Secretaría de Gestión Educativa.
A partir de tareas de campo, entrecruzamiento de datos y análisis bancarios e informáticos, los investigadores determinaron que los docentes eran captados a través de la red social Facebook mediante perfiles denominados “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”. A través de esos contactos, se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje docente, supuestamente avalados por instituciones reales como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro. Tras abonar sumas que oscilaban entre los $95.000 a $360.000, recibían certificados en formato PDF, con firmas y sellos escaneados.
El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en las bases oficiales. Se detectaron duplicaciones exactas, múltiples registros asociados a una misma persona y numeraciones inexistentes. Solo cinco casos coincidieron con registros válidos.
Roles y funcionamiento
A través del análisis de conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y registros digitales, personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF logró individualizar a tres personas fundamentales en la organización. Los informes telefónicos permitieron establecer titularidades, equipos utilizados y localización de líneas, mientras que las pericias bancarias evidenciaron un flujo constante de transferencias entre dos mujeres y un hombre, con derivaciones casi inmediatas hacia este último.
Las tres personas investigadas actuaban una en el norte, otra en el sur provincial y un hombre en San Carlos de Bariloche. Una de ellas es una docente y preceptora de un colegio secundario de Joaquín V. González, con domicilio en Coronel Mollinedo, quien cumplía el rol de captación y nexo territorial en el distrito sur. Operaba bajo el contacto “Prof. Vende Diplomaturas”, ofrecía títulos sin cursado y con calificaciones asignadas, y recibía los pagos en cuentas a su nombre.
Otra mujer, con domicilio en Embarcación, actuaba como soporte y validación técnica en el distrito norte. Utilizaba el alias “Ana Guzmán” y un número con prefijo 11 para canalizar consultas y reforzar la apariencia de legitimidad. Su intervención estaba vinculada a la gestión administrativa del circuito y a movimientos de fondos relacionados con el principal receptor.
Por último, un hombre que operaba desde San Carlos de Bariloche sería el administrador digital y destinatario de parte del dinero.
La investigación determinó, hasta el momento, que 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra tras presentar documentación apócrifa. En los chats incorporados a la causa, varios reconocieron que no cursaban ni rendían evaluaciones, sino que adquirían directamente el puntaje, con pleno conocimiento de la irregularidad.
Desde UDEC se informó que la investigación continúa respecto de los restantes certificados denunciados.
