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08/06/2026
06/06/2026

los bloqueadores de san julian tienen armas y los estan usando para disparar a los policias.

30/05/2026

LOS 1,6 MILLONES DE BOLIVIANOS Y 121 MIL DOLARES, LAS PREGUNTAS QUE NADIE RESPONDE
Más de 1,6 millones de bolivianos y 121 mil dolares. Dinero en efectivo. Una encomienda. Policías involucrados. Un piloto imputado. Y una pregunta que sigue sin respuesta: ¿para quién era realmente ese dinero?
La Fiscalía ha informado que las investigaciones buscan determinar el origen y el destino final de los recursos. Sin embargo, mientras las autoridades intentan reconstruir la ruta del dinero, la opinión pública se encuentra frente a un caso que genera más interrogantes que certezas.

La primera pregunta es evidente: ¿cómo llega semejante cantidad de dinero en efectivo a manos de funcionarios policiales? No estamos hablando de unos cuantos miles de bolivianos olvidados en una mochila. Estamos hablando de más de un millón y medio de bolivianos cuyo traslado, según la investigación, pretendía realizarse mediante una encomienda.

La segunda pregunta resulta aún más inquietante. Si el dinero tenía un origen lícito, ¿por qué utilizar un mecanismo que inevitablemente despierta sospechas? En una época donde existen múltiples sistemas bancarios y financieros para mover recursos de manera transparente, la decisión de transportar grandes sumas de efectivo abre un inevitable espacio para las dudas.

La tercera pregunta apunta a la estructura detrás de la operación. Casos de esta magnitud rara vez dependen de una sola persona. Cuando aparecen montos elevados, logística de transporte y participación de varios actores, surge la necesidad de determinar si se trataba de una acción aislada o de un mecanismo que venía funcionando desde hace tiempo.

¿Era un pago? ¿Una recaudación? ¿Dinero destinado a financiar alguna actividad específica? ¿Quién debía recibirlo? ¿Quién ordenó el traslado? ¿Quién debía garantizar que llegara a destino?
Hasta ahora no existen respuestas concluyentes. Lo único cierto es que el hallazgo expuso una operación que difícilmente puede explicarse como un hecho rutinario.
Por eso la verdadera noticia ya no son los 1,6 millones de bolivianos y los 121 mil dolares. La verdadera noticia es el silencio que rodea su origen y su destino.

Porque cuando aparece tanto dinero sin una explicación clara, la pregunta deja de ser cuánto era. La pregunta es; a quién iba destinado ese dinero?

11/05/2026

La previa de Blooming y Bolívar dejó una escena inesperada en el Tahuichi: varias mujeres corriendo detrás de alguien disfrazado de Copa en plena cancha.

07/05/2026

Mientras Mamen Saavedra insiste en que el fallo constitucional es una “injusticia” y promete recuperar los predios, crece una crítica cada vez más clara y directa:

👉 no existe, hasta la fecha, un título propietario presentado públicamente que respalde esa afirmación.

⚖️ DISCURSO VS. DERECHO

El mensaje apela a lo emocional.
Habla de recuperar lo que “le pertenece a la ciudad”, de defender un espacio que muchos sienten como propio.

Pero en derecho, el sentimiento no define propiedad.

La propiedad se acredita con:

✔ título
✔ registro en Derechos Reales
✔ tracto sucesivo
✔ ubicación jurídica verificable

Y ahí está el punto crítico:

👉 no se han demostrado esos elementos con documentación idónea.

📄 DOCUMENTOS VS. NARRATIVA

Del otro lado, la familia Crapuzzi sostiene su posición con antecedentes registrales históricos, documentación notarial y respaldo en Derechos Reales.

Esto marca una diferencia de fondo:

una parte habla desde documentos
la otra desde discurso

🔥 UNA PREGUNTA QUE CRECE

Si el Mercado Mutualista es realmente de la Alcaldía, como se afirma públicamente:

👉 ¿por qué no se presenta el título propietario?

Porque en derecho hay una regla básica:

el que alega, prueba.

🧠 EL FACTOR SOCIAL

El caso ha sido cargado de simbolismo.
Se ha instalado la idea de que “perder el Mutualista” es perder algo propio de la ciudad.

Pero esa percepción, por fuerte que sea, no reemplaza la ley.

Porque si la propiedad se definiera por sentimiento colectivo y no por documentos:

❗ ningún derecho sería seguro
❗ cualquier propiedad podría ser cuestionada

⚠️ CONCLUSIÓN

Lo que está en juego no es solo un mercado.
Es algo mucho más profundo:

👉 el respeto a la seguridad jurídica

Porque al final del día:

los discursos convencen
pero los documentos deciden

Y mientras no aparezcan pruebas claras, la duda seguirá creciendo:

👉 ¿se está defendiendo un derecho… o construyendo una narrativa?

🚨 NO PUEDEN PROBAR QUE EL DERECHO SEA FALSO, POR ESO INTENTAN QUE PAREZCA DUDOSOLa comisión ha construido un relato basa...
16/04/2026

🚨 NO PUEDEN PROBAR QUE EL DERECHO SEA FALSO, POR ESO INTENTAN QUE PAREZCA DUDOSO

La comisión ha construido un relato basado en fragmentos, pero evita tocar el punto central: en ningún momento afirma que la transferencia de 1969 sea falsa, ni que el derecho propietario no exista. Y ese silencio no es casual.

Por un lado, intentan instalar que en la declaratoria de herederos de 1989 no aparecen los predios del mercado mutualista, sugiriendo que nunca existieron como parte del patrimonio. Pero omiten algo esencial: esa declaratoria solo menciona activos bancarios —en entidades internacionales— y no incluye bienes inmuebles, pese a que está demostrado que el causante tenía múltiples propiedades. Es decir, toman una omisión parcial y la presentan como si fuera una prueba definitiva.

Por otro lado, introducen la supuesta transferencia de 1969, pero no la desacreditan. No dicen que sea falsa, no presentan peritajes, no prueban inexistencia. Solo señalan que han solicitado documentos o que faltan procesos. Nuevamente, no atacan el fondo, solo generan ruido alrededor.

Luego, trasladan el foco al ámbito judicial con el caso de la juez de Pailón: admitió un amparo, dictó medidas cautelares y después se declaró incompetente. Puede ser cuestionable desde el punto de vista procesal, pero eso no define la titularidad del terreno. Aquí se mezcla deliberadamente un posible error de procedimiento con la validez del derecho propietario, como si fueran lo mismo.

Finalmente, escalan el discurso al nivel más grave: hablan de “prevaricato” en una sentencia constitucional. Pero esa es una acusación que exige prueba contundente, no insinuaciones. Y en todo el discurso no presentan una sola evidencia que demuestre que la sentencia es contraria a la ley de manera deliberada.

La estrategia es clara:
no pueden destruir el derecho en el fondo, entonces buscan debilitarlo en la percepción.

Se construye duda con:

omisiones parciales (declaratoria)
vacíos administrativos (documentos)
irregularidades procesales (juez)

Pero evitan el punto clave: demostrar que el derecho propietario es inexistente o fraudulento.

Conclusión:
no están probando nada nuevo, están instalando incertidumbre.
y cuando el derecho no se puede tumbar con pruebas, se intenta desgastar con dudas.

FAMILIA CRAPUZZI HACE RESPETAR SU DERECHO PROPIETARIO VIGENTE DESDE 1969 ANTE OMISIÓN MUNICIPALSanta Cruz de la Sierra, ...
09/04/2026

FAMILIA CRAPUZZI HACE RESPETAR SU DERECHO PROPIETARIO VIGENTE DESDE 1969 ANTE OMISIÓN MUNICIPAL

Santa Cruz de la Sierra, abril de 2026.
La reciente Sentencia Constitucional Plurinacional 0531/2024-S3 no otorga ningún privilegio ni beneficio extraordinario: ordena al Gobierno Municipal cumplir con un derecho propietario que la familia Crapuzzi posee y acredita documentalmente desde 1969.

El proceso fue impulsado por Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos, ante la falta de respuesta efectiva del municipio para emitir documentación administrativa básica —como el Plano de Uso de Suelo y el Certificado Catastral— sobre un inmueble cuya titularidad cuenta con respaldo histórico.

No es un favor: es una obligación legal

El fallo constitucional establece que el municipio debe cumplir en un plazo máximo de cinco días hábiles, recordando que:

Las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio e inmediato
Ninguna autoridad puede ignorarlas o retrasarlas
Su incumplimiento genera responsabilidades legales

En ese marco, el alcalde Max Jhonny Fernández Saucedo ha sido formalmente conminado a instruir a todas las áreas correspondientes para ejecutar la resolución.

Una omisión que llegó hasta el Tribunal Constitucional

El caso evidencia una situación clara:
👉 La familia Crapuzzi contaba con documentación de propiedad desde hace décadas
👉 El municipio no presentó respaldo documental equivalente sobre el bien
👉 Pese a ello, no se emitía la documentación administrativa correspondiente

Ante esta omisión prolongada, la vía constitucional fue el único mecanismo efectivo para hacer valer derechos ya existentes.

Seguridad jurídica y respeto a la propiedad

La decisión del Tribunal no crea derechos nuevos, sino que reafirma la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada, pilares fundamentales para cualquier ciudad que aspire a desarrollo y confianza institucional.

Este caso deja un mensaje claro:
las instituciones públicas no pueden demorar ni condicionar derechos que ya están legalmente acreditados.

Un precedente para Santa Cruz

Lo ocurrido marca un precedente importante:
cuando el aparato administrativo no responde, la justicia constitucional actúa para restablecer el equilibrio.

La familia Crapuzzi no solo defendió su patrimonio, sino que también contribuye a sentar bases para que otros ciudadanos no enfrenten las mismas trabas.

LOS HOMBRES DE MARSET CAMINAN LIBRES MIENTRAS EL CEREBRO SE PUDRE EN UNA CELDA DE EE.UU.: CÓMO LA IMPUNIDAD ES LA VERDAD...
06/04/2026

LOS HOMBRES DE MARSET CAMINAN LIBRES MIENTRAS EL CEREBRO SE PUDRE EN UNA CELDA DE EE.UU.: CÓMO LA IMPUNIDAD ES LA VERDADERA SOCIA DEL NARCOTRÁFICO EN BOLIVIA

Santa Cruz, Bolivia – Sebastián Marset, el narco uruguayo que burló a Interpol durante años, vistiendo la camiseta de un club de fútbol boliviano mientras movía toneladas de co***na, está hoy tras las rejas en Estados Unidos. Pero su imperio criminal no se ha desmoronado. Algo peor ha ocurrido: en Bolivia, los sicarios que mataron por su orden —con confesiones grabadas, chats cifrados y videos de ejecuciones como pruebas— han sido liberados uno por uno. La justicia boliviana no solo fracasa: protege.
El caso de Lorgio Saucedo, abogado y empresario cruceño, es la síntesis perfecta de esta podredumbre institucional. El 2 de septiembre de 2025, Saucedo fue secuestrado, llevado a un hangar en Coloradillo (Warnes) y 3j3cutado a balazos mientras estaba atado a una silla. El autor material, Yerko Junior Iriarte Montaño, fue capturado 48 horas después. En su teléfono, la Policía halló el video del as*****to y una conversación con “Rey del Sur” —el alias de Marset— donde el sicario, desesperado, escribió:
“Está la Policía en casa de mis padres, señor.”
La respuesta de Marset, desde la clandestinidad, fue escalofriante:
“Sí, ya estamos hablando. Tranquilo, ya llaman.”
Alguien llamó. Horas después, la presión policial sobre la familia de Iriarte se desvaneció. Y meses más tarde, Iriarte recuperó su libertad sin haber pisado una celda de manera efectiva.

EL OTRO CADÁVER, EL MISMO PATRÓN
No fue un caso aislado. Los chats filtrados a los que accedió EL DEBER revelan que Marset ordenó al menos dos ejecuciones directas desde su refugio boliviano antes de ser capturado en marzo de 2025. La primera víctima fue José Carlos Jiménez, un piloto asesinado en Beni el 26 de mayo de 2024. Los autores materiales —los hermanos Hurtado Aguilera, señalados en 12 sicariatos, incluido el de un capitán de Policía— siguen prófugos o con procesos frenados.
El patrón se repite: pruebas abrumadoras, capturas relámpago, liberaciones inexplicables.
En enero de 2026, la Policía capturó a Mariano P. C. , identificado como el autor intelectual del as*****to de Saucedo. Iba en una camioneta blindada en Puerto Pailas. La evidencia era contundente. Sin embargo, fue liberado en tiempo récord. El fiscal departamental Alberto Zeballos declaró que la Fiscalía no fue notificada ni autorizó la liberación. La responsabilidad recayó en la Policía. ¿Error? ¿Descoordinación? ¿O un engranaje perfectamente aceitado para que ningún narco importante pase más de 72 horas detenido en Bolivia?

LA ESTRUCTURA DENTRO DE LA ESTRUCTURA
Lo que revelan estos casos es una verdad incómoda que ningún informe oficial ha querido nombrar: existe una red de protección a narcotraficantes y sicarios enquistada en la propia institucionalidad boliviana. No es una conspiración. Es un sistema.
• Contactos en la Policía: Marset mismo declaró, tras evadir un megaoperativo en julio de 2023, que había sido alertado por un oficial. Los chats con Iriarte confirman que el “Rey del Sur” tenía un número directo para “calmar” operativos en curso.
• Jueces que no juzgan: Ninguno de los sicarios identificados en los chats —Iriarte, los hermanos Hurtado, “Coco” Vásquez— ha recibido una condena firme. Algunos tienen órdenes de aprehensión que jamás se ejecutan.
• Zonas liberadas: “Coco” Vásquez, operador clave de Marset, vive prófugo en Exaltación (Cayubaba). La razón oficial: “Fiscalía y Policía no tienen acceso a esa parte del municipio”. Traducción: el Estado no entra porque el narco tiene el control territorial.

LA MADRE DE LORGIO SAUCEDO: “LA MUERTE DE MI HIJO VA CAMINO A LA IMPUNIDAD”
En una entrevista desgarradora, la madre de Saucedo resumió el sentimiento de una sociedad que ha perdido la fe en sus instituciones:
“Hay video, hay confesión, hay chats con Marset. ¿Qué más falta? Siento que la muerte de mi hijo va camino a la impunidad.”
No va camino. Ya llegó.
Mientras Marset espera juicio en Virginia —donde la DEA no negocia con narcos—, Bolivia demuestra que se puede matar por encargo, confesar el crimen y aún así caminar libre. La diferencia entre ambos países no es el poderío militar ni la tecnología. Es la voluntad política de enfrentar al crimen organizado, incluso cuando este se esconde dentro de los pasillos de la justicia.

EL CÍRCULO VICIOSO: IMPUNIDAD QUE ENGENDRA MÁS VIOLENCIA
El mensaje que el sistema boliviano envía a los sicarios es letal: “Mata, confiesa, igual no pasa nada”. Y las estadísticas lo confirman. Santa Cruz, el departamento más rico del país, se ha convertido en el epicentro del sicariato narco. Los as*****tos por encargo se multiplican. Los testigos callan o mueren. Y los jueces, cuando no son cómplices, actúan bajo amenaza.
El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, admitió que “la estructura criminal de Marset sigue activa en el país”. Pero no ha dado nombres, ni ha presentado resultados. Porque esos nombres, probablemente, tienen uniforme, toga o curul.

LO QUE VIENE: UNA PRUEBA PARA LA DEMOCRACIA BOLIVIANA
La pregunta ya no es si Marset será condenado en Estados Unidos. Eso es un hecho. La pregunta es: ¿Bolivia será capaz de desarticular la red local que lo protegió durante años y que hoy sigue operando con total impunidad?
Si los asesinos de Lorgio Saucedo siguen libres dentro de un año, habremos obtenido la respuesta. Y será aterradora: porque significará que en Bolivia, el crimen organizado no necesita un capo. Le basta con tener a sus hombres dentro del Estado.
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PD del Editor
La noticia que acaba de leer no es solo un hecho policial. Es un diagnóstico de podredumbre institucional. Mientras los chats filtrados prueban el nexo entre Marset y los sicarios, un juez boliviano —¿amenazado? ¿comprado?— firma la libertad de los asesinos. La pregunta no es por qué Marset está preso en Estados Unidos, sino por qué Bolivia no puede mantener presos a quienes mataron por él. La respuesta duele: porque en Bolivia, matar sale barato si sabes a quién sobornar.

22/03/2026

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