30/07/2026
|| GOBIERNO Y SUS LEGISLADORES AFINES RESUCITAN LEY 1720 CON NUEVO NOMBRE: LA MISMA RECETA QUE DESATÓ 53 DÍAS DE BLOQUEOS.
La Paz, 30 de julio de 2026. La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y el misterioso "Tribunal Orgánico Abya - Yala de Justicia Internacional" (TOAJ) socializarán este jueves una "Propuesta de Ley para la Concertación Posterior a la Conversión de la Pequeña Propiedad a Propiedad Mediana", el mismo proyecto que, bajo el nombre de Ley 1720, sumió al país en 53 días de bloqueos, dejó mu***os y desató una crisis política que aún no termina.
El presidente Rodrigo Paz había prometido en mayo pasado, tras la abrogación forzada de la 1720, que la nueva normativa se construiría "con consenso, socialización y escuchando a todos los sectores". Sin embargo, este evento organizado a puertas cerradas con un tribunal sin reconocimiento constitucional demuestra que el Gobierno no aprendió nada: vuelve a imponer la misma receta que encendió la mecha del conflicto social.
La ahora extinta Ley 1720, promulgada el 10 de abril de 2026, autorizaba al INRA a convertir pequeñas propiedades tituladas en medianas mediante simple declaración jurada, con el argumento de facilitar acceso a créditos. Pero organizaciones indígenas y campesinas denunciaron que, en la práctica, abría la puerta a la reconcentración de tierras y al despojo de los pequeños productores.
El rechazo fue tan masivo que indígenas de Beni y Pando caminaron más de 100 kilómetros durante 30 días hasta La Paz, mientras los bloqueos se extendían por todo el país y se mezclaban con demandas por la crisis económica y la "gasolina basura". Paz se vio obligado a abrogar la ley el 14 de mayo, pero ahora, burlando el clamor popular, presenta el mismo contenido con un nombre distinto.
La convocatoria, que incluye como anfitrión al Tribunal Orgánico Abya - Yala de Justicia Internacional sin ningún respaldo constitucional, es un insulto a la inteligencia de los bolivianos. Mientras el gobierno maquilla su fracaso legislativo, el país sigue pagando las consecuencias de su impericia: dos muertes atribuidas a los bloqueos, pérdidas económicas millonarias y una herida social que aún no cicatriza, afirmó el exasambleista nacional Misdrael Mamani.
Los sectores agroindustriales de Santa Cruz ya habían aceptado la abrogación solo bajo el compromiso de elaborar una nueva norma con participación real de todos los involucrados; sin embargo, esta propuesta surge de un proceso oscuro que excluye a las organizaciones campesinas e indígenas que protagonizaron las protestas.
La pregunta es inevitable: ¿por qué el gobierno de Paz insiste en reeditar una norma que ya demostró ser un detonante de conflictos? La respuesta es tan clara como perturbadora: porque el proyecto de conversión de tierras no beneficia a los pequeños productores, sino a los grandes empresarios agroindustriales que buscan ampliar el mercado de tierras. Al presentar esta propuesta el 30 de julio, cuando el plazo de 60 días para la concertación vence recién en julio, el oficialismo pretende consumar su agenda privatizadora por la vía rápida, repitiendo el error que costó 53 días de parálisis nacional, dijo Mamani.
Los bolivianos no olvidamos los bloqueos, las marchas, las pérdidas económicas y las vidas que se cobró la Ley 1720. El gobierno de Rodrigo Paz, en lugar de construir consensos genuinos, insiste en imponer la misma agenda con distinto envoltorio, despreciando la voluntad popular y jugando con la gente paciencia de un pueblo que ya demostró que no se deja engañar. Esta nueva propuesta no es una "concertación", es una provocación. Y si el gobierno persiste en su terquedad, que no se sorprenda cuando las carreteras vuelvan a cerrarse y el país regrese al caos que él mismo sembró, manifestó el exsenador Misdrael Mamani.
