18/08/2026
Auditoría cifra en $1.338 millones recursos bajo revisión en el GORE de Los Ríos y detecta eventual uso irregular de firmas
Una auditoría interna del Gobierno Regional de Los Ríos detectó una serie de antecedentes que mantienen bajo revisión 112 proyectos del Fondo Vida en Comunidad correspondientes a los años 2024 y 2025. El monto involucrado supera los $1.338 millones. Entre los hallazgos figuran cotizaciones repetidas, correos electrónicos utilizados por distintas organizaciones, nóminas de beneficiarios coincidentes y decenas de cartas de compromiso atribuidas a un funcionario de Carabineros que negó haber autorizado el uso digital de su firma y timbre.
De acuerdo con antecedentes dados a conocer por El Mostrador, los informes elaborados por la Unidad de Control y Auditoría Interna (UCAI) del Gobierno Regional de Los Ríos estimaron un eventual perjuicio patrimonial de $1.338.438.943, correspondiente al valor total de 112 proyectos cuestionados.
La auditoría se concentró en iniciativas del Fondo Vida en Comunidad de 2024 y 2025 que presentan antecedentes relacionados con el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE, Eduardo Fagalde Ampuero.
Según la información publicada, en 2024 el Gobierno Regional financió 267 proyectos por un total de $2.283 millones. De ellos, 82 iniciativas, por $874.893.893, presentaban cotizaciones de dos empresas vinculadas a Fagalde.
Para 2025, la revisión identificó otros 30 proyectos por $463.545.050, completando así los más de $1.338 millones actualmente bajo análisis.
La auditoría sostiene que, en caso de comprobarse que estas iniciativas fueron adjudicadas irregularmente, los recursos involucrados no debieron ser entregados.
62 cartas atribuidas a un mismo carabinero
Uno de los antecedentes que concentra la atención de los auditores corresponde a la línea de Seguridad Ciudadana.
De las 85 iniciativas aprobadas técnicamente durante 2024, 81 obtuvieron financiamiento. En 62 proyectos apareció una carta de compromiso atribuida al mismo suboficial de Carabineros, quien entonces se encontraba destinado en Valdivia.
Las cartas comprometían al funcionario a realizar gratuitamente capacitaciones para organizaciones de distintas comunas de la Región de Los Ríos.
Al ser entrevistado por los auditores en noviembre de 2025, el funcionario señaló recordar haber firmado entre 10 y 20 documentos. Al revisar las cartas, reconoció ocho y manifestó recordar eventualmente otras diez.
Sin embargo, negó haber autorizado la utilización digital de su firma y timbre en las restantes.
La auditoría identificó además dos formatos: ocho documentos tenían determinadas características, mientras que otras 54 cartas presentaban una estructura prácticamente idéntica, incluyendo tipografía, timbre y firma, modificándose principalmente el nombre de la organización beneficiaria.
El funcionario también habría indicado que las solicitudes de cartas eran realizadas por dirigentes o personas que colaboraban en la preparación de proyectos, mencionando entre ellas a Eduardo Fagalde.
Otro antecedente consignado es que durante 2024 el carabinero habría efectuado ocho capacitaciones, todas en Valdivia, pese a que las cartas lo comprometían con actividades en comunas como Lanco, Paillaco, Futrono, Mariquina, Los Lagos, Panguipulli y La Unión.
Respecto del concurso 2025, el funcionario declaró no haber firmado cartas. No obstante, posteriormente los auditores encontraron al menos diez documentos de ese año con su nombre y con el timbre correspondiente a su nueva destinación en Corral.
Correos y beneficiarios repetidos
La revisión de las 723 postulaciones presentadas en 2024 detectó además que seis direcciones de correo electrónico aparecían como contacto de diferentes organizaciones y concentraban 87 proyectos.
El caso que más llamó la atención correspondió a un mismo correo electrónico utilizado en 30 postulaciones pertenecientes a 18 organizaciones distintas.
Para la auditoría, esta situación podría ser indicativa de la participación de gestores en la elaboración de las iniciativas.
También fueron observados diez operativos de salud en los que diferentes organizaciones declararon aportes valorizados de manera muy similar: $9 millones por recinto y servicios básicos, $6 millones por transporte de usuarios y $4 millones por labores de coordinación.
Estos aportes eran relevantes porque podían incidir directamente en el puntaje obtenido durante la evaluación de los proyectos.
Asimismo, fueron detectadas listas de beneficiarios repetidas entre diferentes postulaciones. En uno de los casos se presentó inicialmente una nómina de 173 mujeres, pero durante la revisión posterior de la rendición se habría constatado que las personas efectivamente atendidas eran distintas y que no todas correspondían a mujeres.
Antecedentes fueron remitidos a Fiscalía y al CDE
Los hallazgos de la auditoría fueron enviados a la Fiscalía el 1 de diciembre de 2025, luego de que desde la UCAI se advirtiera al gobernador regional que determinados antecedentes podrían eventualmente revestir características de delito.
Posteriormente, el 18 de mayo, el gobernador regional Luis Cuvertino remitió una minuta con los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitando evaluar la pertinencia de iniciar acciones judiciales.
El caso, sin embargo, había adquirido carácter público durante octubre de 2025, luego de una denuncia presentada ante Contraloría y una querella relacionada con presuntas irregularidades en postulaciones al Fondo Vida en Comunidad 2025.
Las acciones mencionaron, entre otras personas, a Eduardo Fagalde y a la funcionaria del Gobierno Regional Zoila Reyes.
En algunos de los proyectos cuestionados figuraban cotizaciones de Gestiones y Logística SpA y Producción y Publicidad Social Rain SpA, empresas que, según los antecedentes de la investigación, estarían vinculadas al exfuncionario.
Fagalde ha rechazado públicamente las acusaciones. En octubre de 2025 señaló que las acciones que lo involucraban carecían de sustento y cuestionó que se le relacionara con determinadas irregularidades. También reconoció públicamente desempeñarse como gestor y asesor de proyectos sociales.
Acta detectó intervención de funcionaria fuera de comisión evaluadora
Los antecedentes conocidos también abrieron otra arista relacionada con el concurso de Seguridad Ciudadana 2025.
Un acta del 27 de octubre de 2025 señala que Zoila Reyes habría participado junto al encargado de Subvenciones en la reevaluación de la línea Sistema de Vigilancia, pese a que no formaba parte de la Comisión de Evaluación Técnica oficialmente constituida.
Según el documento, los resultados obtenidos después de esa revisión fueron sustancialmente diferentes a los alcanzados originalmente.
Durante la primera evaluación, integrantes de la comisión habían advertido que varias cotizaciones relacionadas con difusión no especificaban aspectos exigidos por las bases, entre ellos los medios que serían utilizados, alcance, duración y formato de los avisos.
Posteriormente se habría adoptado el criterio de continuar evaluando las iniciativas y exigir nuevas cotizaciones únicamente en caso de resultar adjudicadas.
Tras esa determinación, Reyes y el encargado de Subvenciones revisaron nuevamente la línea Sistema de Vigilancia.
El acta estableció que no existía respaldo de que las organizaciones hubieran sido formalmente notificadas de la obligación de entregar nuevas cotizaciones, ni constancia de que dichos antecedentes hubieran sido efectivamente presentados.
Además, los resultados de la reevaluación no habrían sido posteriormente revisados y validados por la totalidad de la comisión.
El documento calificó lo ocurrido como un “funcionamiento irregular” y concluyó que la participación de una persona ajena a la comisión influyó en la reevaluación, recomendando dejar sin efecto ese proceso y efectuar una nueva evaluación técnica con los funcionarios originalmente designados.
GORE mantiene sumario administrativo
El Gobierno Regional de Los Ríos confirmó que los antecedentes son actualmente materia de un sumario administrativo y calificó la situación como de alta gravedad.
Producto de la investigación, la ejecución de la línea de Seguridad Ciudadana fue suspendida y sus recursos solo alcanzaron a pagarse parcialmente. En cambio, las líneas correspondientes a cultura, social, deporte y medioambiente fueron financiadas completamente.
Mientras continúan los procedimientos administrativos y judiciales, no existen responsabilidades penales establecidas, por lo que las eventuales responsabilidades individuales deberán ser determinadas por los organismos competentes.
El caso mantiene así bajo revisión más de $1.338 millones en recursos públicos regionales, mientras Fiscalía, el Gobierno Regional y eventualmente el Consejo de Defensa del Estado avanzan en el análisis de los antecedentes.
Fuente: El Mostrador, sobre antecedentes contenidos en informes de la Unidad de Control y Auditoría Interna del Gobierno Regional de Los Ríos.
