22/12/2025
|| Red de Veedurías denunció penalmente a directivos de la Universidad Nacional por desacatar fallos judiciales
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra varios integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia, por presuntamente desacatar sentencias del Consejo de Estado y realizar un nombramiento irregular en la Rectoría de la institución.
La acción fue interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías, quien advirtió que los funcionarios denunciados habrían actuado a sabiendas de las decisiones judiciales vigentes, incurriendo en hechos que comprometen la legalidad y el respeto por la justicia en una universidad pública.
El origen del conflicto
De acuerdo con la denuncia conocida por Portal Noticias, el conflicto se remonta al proceso de elección del rector para el periodo 2024–2027. El 21 de marzo de 2024, el Consejo Superior Universitario eligió como rector a José Ismael Peña, decisión que posteriormente fue ratificada por el Consejo de Estado mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025, al negar cualquier nulidad sobre dicha elección.
Pese a ello, el CSU había designado como rector encargado a Leopoldo Múnera, nombramiento que fue anulado con efectos retroactivos por el Consejo de Estado el 20 de noviembre de 2025, dejando claro que Múnera nunca fue rector y que su designación no produjo efectos jurídicos.
La decisión cuestionada
Aun con ese fallo en firme, el 24 de noviembre de 2025, el Consejo Superior Universitario aceptó una supuesta renuncia de Leopoldo Múnera, declaró una vacancia inexistente y, con base en ese argumento, nombró como rector encargado a Andrés Felipe Mora Cortés, mediante la Resolución 132 de 2025.
Para la Red de Veedurías, esta actuación representa una desobediencia abierta a la autoridad judicial, ya que las sentencias del Consejo de Estado ratificaban que el rector legítimo seguía siendo José Ismael Peña y que no existía justificación legal para una nueva designación.
Presuntos delitos
En la denuncia penal se advierte que los hechos podrían configurar delitos como fraude a resolución judicial, usurpación de funciones públicas, prevaricato por acción y, eventualmente, concierto para delinquir. Según el documento, el nombramiento se realizó sin proceso público, sin competencia legal y en contravía de decisiones judiciales ejecutoriadas, lo que afectaría la institucionalidad y la confianza en la universidad estatal.
Pruebas y solicitud a la Fiscalía
Entre las pruebas aportadas se encuentran sentencias del Consejo de Estado, resoluciones del CSU y el registro audiovisual de la sesión del 24 de noviembre, donde, según la Red de Veedurías, varios consejeros fueron advertidos sobre la improcedencia jurídica de sus decisiones y aun así continuaron con el nombramiento.
Finalmente, la organización solicitó a la Fiscalía la apertura formal de una investigación penal, la citación de los funcionarios denunciados y la práctica urgente de pruebas, al considerar que estos hechos afectan el principio de legalidad y el respeto por las decisiones judiciales en el país.
📹 Pablo Bustos, director de la Red de Veedurias Ciudadanas de Colombia