20/09/2025
| Coca-Cola, denunciada por cubrir con cemento manantiales en La Calera; crece la polémica por el abastecimiento de agua.
La multinacional Coca-Cola enfrenta una nueva ola de críticas y denuncias tras la difusión de fotografías y un informe que indican que la empresa habría recubierto con concreto varios manantiales en la vereda Santa Helena, en La Calera (Cundinamarca), zona donde opera una concesión de aguas desde 1983. La acusación fue hecha públicamente esta semana por la representante a la Cámara María del Mar Pizarro y ha reavivado el debate sobre la explotación y el manejo del recurso hídrico en el municipio.
Según un informe técnico de la Corporación Autónoma Regional (CAR) fechado en 2023, se detectaron inconsistencias en los reportes de consumo de agua relacionados con la concesión de Coca-Cola y se advirtieron irregularidades en la gestión de los nacimientos. La congresista Pizarro presentó fotografías que, según ella, muestran manantiales recubiertos con cemento —hecho que, para críticos y ambientalistas, explicaría la reducción de caudales que ha llevado a racionamientos en el municipio.
Las consecuencias para la población local ya se han hecho sentir. En febrero de 2024, autoridades locales ordenaron racionamientos por la reducción del caudal de la quebrada San Lorenzo; comunidades han denunciado que, mientras algunos nacimientos abastecen la planta embotelladora, familias del municipio han tenido que comprar agua en cisternas o sufrir cortes frecuentes. Organizaciones sociales, ambientalistas y veedurías han pedido revisar la concesión y mayor transparencia en los estudios técnicos que sustentan la explotación.
La compañía, que opera allí a través de distintas filiales históricas, ha rechazado las afirmaciones de irregularidad en varias oportunidades y sostiene que cumple con los permisos vigentes. No obstante, la CAR tiene en estudio la posibilidad de ampliar o prorrogar la concesión, decisión que ahora está en el centro del debate público y político. Mientras tanto, la Procuraduría, la alcaldía local y congresistas han exigido claridades y la revisión de las sanciones y reportes existentes.
Analistas y líderes locales señalan que el caso expone problemas estructurales: la fragilidad de los sistemas de gestión hídrica en municipios periurbanos, la necesidad de estudios independientes sobre el impacto ambiental, y la tensión entre la inversión privada y el derecho humano al agua. Grupos comunitarios piden medidas urgentes que garanticen el acceso de las comunidades a fuentes suficientes y protegidas de agua potable.
