23/04/2026
50 millones para un condenado: Ciro Ramírez cobra como senador mientras carga 23 años de cárcel
Aquí tienes el texto crítico que pediste:
Hoy volvieron a pagar la nómina del Congreso. Entre los giros de más de 51 millones de pesos —el salario que un congresista recibe en 2025 tras el aumento del 7% decretado por el Gobierno— aparece el nombre de Ciro Ramírez. Sí, el mismo senador del Centro Democrático que la Corte Suprema condenó en primera instancia a 23 años de prisión por desviar cerca de 90.000 millones de pesos de contratos públicos, y al que además le impuso 280 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas y una multa de más de 22.000 millones.
No es una exageración opositora. Es la sentencia del caso “Marionetas 2.0”, donde la Corte documentó cómo Ramírez lideró un entramado criminal para direccionar contratos de vías a cambio de beneficios electorales. La justicia lo declaró responsable de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido.
¿Y qué pasó después? En mayo de 2025 la misma Corte le revocó la medida de aseguramiento y le permitió volver al Capitolio “para seguir cumpliendo con sus funciones como senador” mientras apela el fallo. El Centro Democrático lo recibió con un comunicado de “respeto absoluto por las decisiones judiciales” y la promesa de que ejercerá su derecho a la defensa.
Traducción para el ciudadano de a pie: un hombre condenado a más de dos décadas de cárcel, inhabilitado por más de 23 años, sigue firmando asistencia, votando leyes y cobrando un sueldo que hoy ronda los 51,5 millones mensuales. Eso equivale a 29 salarios mínimos de un colombiano que en 2026 gana 1,7 millones.
Es indignante por tres razones que no admiten matiz:
La justicia pierde autoridad. Cuando un condenado sigue en curul, el mensaje es que la condena es un trámite, no un castigo. La inhabilidad dictada por la Corte queda en papel mojado mientras el recurso de apelación se eterniza.
El Congreso se burla del país. Mientras se discute recortar la prima de servicios para “ahorrar”, se mantiene intacto el privilegio de pagarle a quien la justicia ya encontró culpable de robarse la plata de las vías más pobres.
La víctima paga dos veces. Las comunidades de Quindío, Tolima y otros departamentos vieron cómo se desviaron recursos para obras que nunca llegaron. Ahora, con sus impuestos, financian el sueldo del hombre que, según la sentencia, organizó ese desvío.
No se trata de venganza política. Se trata de decencia mínima. En cualquier empresa privada, una condena de primera instancia por corrupción significa despido inmediato. En el Congreso colombiano significa seguir cobrando, con escoltas, oficina y prima.
Que Ciro Ramírez tenga derecho a apelar, sí. Que mientras tanto siga legislando y cobrando 50 millones al mes, no. Si la justicia ya probó el entramado criminal, el Congreso debería suspenderlo sin sueldo hasta que haya fallo definitivo. No hacerlo es convertir la curul en refugio, y el salario público en premio al delito.
Hoy pagaron. Y entre los beneficiarios está un condenado. Que nadie diga después que no sabíamos. Si te indigna lo que lees, síguenos. Sin ti, esta voz no crece.
