02/09/2025
Esto no es un descuido: es un desplante a la inteligencia y a los recursos públicos. Se firmó contrato cuando no había beneficiarios presentes, se manejaron documentos que no tenían fecha ni firma, y ni siquiera están claros los datos sobre ejecución. Mientras tanto, más de $160 millones podrían quedarse sin control ni rendición de cuentas.
Se hace un llamado urgente: Exigimos explicaciones claras sobre un contrato que no se realizó. ¿Quién autoriza pagos sin pruebas válidas?
CGR encontró irregularidades e inconsistencias en contrato que se firmó en diciembre en Puerto Libertador para prevención de sustancias psicoactivas en estudiantes de grado 11, precisamente cuanto estos estaban de vacaciones.
La gerencia departamental colegiada, Córdoba, de la Contraloría General de la República presentó el primer informe tras recibir una denuncia por presuntas irregularidades en el contrato de Prestación de servicios número PS-123-2024 que inició el pasado 12 de diciembre de 2024, cuyo objeto fue la prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de las capacidades individuales en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes de grado 11 de las instituciones educativas rurales Simón Bolívar, Villa Nueva, Pica Pica Viejo, Lucila Godoy, Pablo VI, Juan Pablo II, y Santa Teresita de Puerto Libertador.
Llama la atención que el contrato inició su ejecución el 12 de diciembre del 2024, precisamente cuando los estudiantes de las instituciones educativas beneficiarias del mismo estaban en vacaciones.
La CGR se planteó el siguiente interrogante, ¿a quién se le iban a dar esas capacitaciones, si el calendario de clases ya había acabado, y además, pese que suscribieron 3 modificaciones al contrato para ejecutarlo en el 2025, se pudo comprobar que no están debidamente soportadas las actividades que tenían que realizar de acuerdo a las obligaciones especificas contempladas en la clausula segunda del citado contrato.
El organismo de control señaló que la información legal del contrato PS.123-2024 y en el convenio interadministrativo SG 0150 de 2024, se corroboró de manera general que, aunque se entregó documentación sustancial que respalda la ejecución del contrato PS-123-2024, se pudieron demostrar inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones específicas en el contrato, en las fechas de terminación del contrato, los soportes y elementos claves como firmas, fechas y vínculos con la ejecución presupuestal.
En resumen, asegura la CGR que, a pesar de que el municipio de Puerto Libertador hizo una última entrega de información el 27 de junio de 2025, incluyendo tres informes extensos, existen faltantes y anomalías importantes en el cumplimiento de dicho contrato
“Los soportes de las pruebas ASSIST, por ejemplo, no contiene fecha ni firma del aplicador ni del estudiante y, además, algunos documentos corresponden a otros contratos no relacionados con esta investigación” afirmó la CGR
“Por lo anterior se configuran dos hallazgos administrativos, uno con incidencia disciplinaria que será trasladado a la procuraduría y uno administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $162 millones 488 mil 134 pesos que de acuerdo a los hechos que generan la presente actuación, se recomienda dar traslado al grupo de Investigaciones Fiscales”, concluyo la CGR.
