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  | 𝐃𝐢́𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐅𝐮𝐬𝐚𝐠𝐚𝐬𝐮𝐠𝐚́: 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚… 𝐦𝐚𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚   ,  ,Fusagasugá volvió a vivir otra jornada del ...
01/12/2025

| 𝐃𝐢́𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐅𝐮𝐬𝐚𝐠𝐚𝐬𝐮𝐠𝐚́: 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚… 𝐦𝐚𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚

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Fusagasugá volvió a vivir otra jornada del llamado 𝐃𝐢́𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐨 𝐲 𝐬𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐭𝐨, una política que, en teoría, busca mejorar la calidad del aire y promover formas de movilidad más sostenibles. Pero en la práctica —y hay que decirlo sin rodeos— terminó convertida en una 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐚𝐝𝐚, 𝐩𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐨𝐧𝐞𝐫𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥.

No es la primera vez que ocurre. Y, si no se corrige el rumbo, tampoco será la última.

𝐔𝐧𝐚 𝐛𝐮𝐞𝐧𝐚 𝐢𝐝𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐚𝐣𝐞

El día sin carro es una herramienta pedagógica válida. Ciudades grandes y medianas la usan para promover el uso de la bicicleta, visibilizar el espacio público y generar reflexiones sobre la contaminación.

Pero en Fusagasugá el mensaje que recibió la ciudadanía fue otro: 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬, 𝐠𝐫𝐮́𝐚𝐬, 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬.

Una medida ambiental no puede convertirse en una emboscada para sancionar a quienes —por falta de comunicación adecuada— no se enteraron del decreto. El control es necesario, sí; pero la pedagogía lo es aún más cuando se trata de políticas que afectan la movilidad de toda una ciudad.

𝐋𝐚 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨: 𝐮𝐧 𝐝𝐚𝐧̃𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐦𝐢𝐝𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨

Mientras otros municipios preparan estrategias conjuntas con Cámara de Comercio, definen zonas de cargue y descargue, ofrecen alternativas de transporte y hasta apoyos promocionales al comercio, en Fusagasugá la jornada llegó como un baldado de agua fría para los comerciantes.

Las ventas cayeron. La logística de reparto se frenó. Los distribuidores no pudieron cumplir rutas. Y miles de microempresas, que dependen del movimiento diario, asumieron un impacto que 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐡𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨 y que la administración ni siquiera reconoce públicamente.

La defensa del ambiente no debe significar el sacrificio ciego del comercio.

¿𝐘 𝐞𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐥? 𝐍𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐥𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚

Quizá lo más preocupante es que Fusagasugá 𝐧𝐨 𝐦𝐢𝐝𝐞 —o no publica— los indicadores de calidad del aire antes, durante y después de la jornada. Así, ¿cómo saber si la medida realmente funcionó?

En Bogotá, por ejemplo, las autoridades explican claramente cuánto bajaron las emisiones, qué contaminantes se redujeron y cómo se comportó la movilidad. Aquí, en cambio, la jornada parece más un acto de fe que una política pública sustentada en evidencia.

Si el impacto ambiental es mínimo, simbólico o nulo —como han demostrado estudios en otras ciudades— la comunidad tiene derecho a saberlo.

𝐂𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐫𝐨𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨

En cualquier política pública, la ejecución es tan importante como la intención. Y en Fusagasugá, la ejecución dejó un sabor amargo:

* comunicación tardía y deficiente;
* ausencia de pedagogía previa;
* transporte público insuficiente;
* comerciantes desinformados;
* ciudadanos sorprendidos y sancionados;
* y ninguna evaluación pública de resultados.

Así, una medida que podría ser valiosa se convierte en una fuente de molestia, frustración y desconfianza.

𝐍𝐨 𝐞𝐬 𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐣𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚: 𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫𝐥𝐚 𝐛𝐢𝐞𝐧

El debate no debería ser si el Día sin carro debe desaparecer. La discusión real es 𝐜𝐨́𝐦𝐨 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐚, 𝐮́𝐭𝐢𝐥 𝐲 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞.

La ciudadanía merece:

* información anticipada, clara y amplia;
* alternativas reales de movilidad;
* reglas que no castiguen la desinformación;
* y datos públicos que justifiquen el costo social y económico de la medida.

Mientras esto no ocurra, la crítica será inevitable: 𝐦𝐚́𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐣𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥, 𝐞𝐥 𝐃𝐢́𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐨 𝐲 𝐬𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐅𝐮𝐬𝐚𝐠𝐚𝐬𝐮𝐠𝐚́ 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢́𝐚.

Y eso, para una ciudad que busca crecer y recuperar la confianza ciudadana, es un error que ya no se puede seguir repitiendo.

𝐀𝐝𝐞𝐧𝐝𝐚: La reciente renuncia presentada por la Secretaria de Movilidad en nada arregla los problemas que en esta materia tiene la ciudad. Se requiere, no solo de un 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 en este tema, sino del diseño de verdaderas 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐬, construidas con la participación de todos los sectores involucrados: 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚, 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐥𝐨𝐬 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬, 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 y, por supuesto, con el 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥.

 . 𝐑𝐞𝐭𝐢𝐫𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚: 𝐮𝐧 𝐣𝐮𝐞𝐳 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐚𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬       Un ...
23/11/2025

. 𝐑𝐞𝐭𝐢𝐫𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚: 𝐮𝐧 𝐣𝐮𝐞𝐳 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐚𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬



Un juez del municipio de Silvania (Cundinamarca) ordenó dejar sin efecto las fotomultas aplicadas por cámaras instaladas en la vía Bogotá–Girardot y disponer el retiro inmediato de los equipos que, según la decisión, operaban sin la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La decisión judicial respondió a una tutela presentada por ciudadanos que denunciaron la ausencia de permisos, la masiva imposición de comparendos y la vulneración de garantías como el debido proceso y el habeas data.

𝐐𝐮𝐞́ 𝐝𝐢𝐣𝐨 𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐲 𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚

La providencia anula las sanciones generadas por la cámara cuestionada y obliga al municipio a desmontar los equipos no autorizados, además de retirar los comparendos asociados y abstenerse de seguir operando dichos sistemas hasta que exista la autorización correspondiente y se cumpla el procedimiento legal aplicable. La decisión judicial enfatiza la necesidad de respetar los trámites de autorización y los derechos de los conductores frente a sistemas automáticos de control.

𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥: 𝐩𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́ 𝐞𝐫𝐚𝐧 “𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬”

Las fotodetecciones y fotomultas en Colombia requieren, para su operación regular, certificaciones y registros frente a la ANSV y el cumplimiento de procedimientos que garanticen la identidad del infractor, la calibración de equipos y la señalización adecuada del lugar. En el caso de Silvania, la ANSV confirmó que el dispositivo instalado en el sector de Subía no figura entre los equipos autorizados, lo que deja en entredicho la validez de las multas impuestas desde su activación. Esa falta de autorización fue uno de los elementos centrales que motivaron la tutela.

𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐚́𝐜𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐨

Anulación de sanciones: miles de comparendos vinculados a la cámara quedan en la mira de la autoridad judicial y administrativa; quienes interpusieron la tutela buscan la eliminación de esas sanciones del SIMIT.

𝐑𝐞𝐭𝐢𝐫𝐨 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐬: obliga al municipio a desmontar las cámaras no autorizadas.

𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬: la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito deben revisar sus contratos, soportes técnicos y la forma en que vienen aplicando medidas de control en la vía.

𝐀𝐧𝐚́𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐜𝐫𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐨

El fallo es sólido en su propósito de proteger derechos constitucionales básicos —debido proceso, habeas data y seguridad jurídica— frente a tecnologías que automatizan sanciones. La sentencia recupera dos principios esenciales: (1) la exigencia de autorización y control técnico por la entidad competente —la ANSV— para evitar que equipos no certificados impongan sanciones de efecto administrativo y sancionatorio; y (2) la garantía del debido proceso, que en el esquema de fotomultas exige mecanismos claros para que el ciudadano pueda controvertir la infracción y acceder a la información técnica que la sustente.

Sin embargo, el fallo plantea preguntas complejas para la administración pública local y la seguridad vial: si bien protege a los ciudadanos frente a prácticas administrativas irregulares, también deja abierta la discusión sobre cómo se deben articular los instrumentos tecnológicos con la política pública de control de velocidad —un objetivo legítimo de seguridad vial— sin sacrificar controles jurídicos y técnicos previos.

𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚: 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝

La instalación y puesta en marcha de sistemas de fotodetección sin contar con la autorización correspondiente es, cuando menos, una negligencia administrativa grave. La evidencia periodística y los derechos de petición presentados por ciudadanos muestran que la cámara entró en funcionamiento y empezó a imponer miles de multas desde 2024, sin figurar en los registros de la ANSV ni acompañarse de la señalización o procedimientos exigidos. Esa actuación expone varias responsabilidades:

𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚: incumplimiento de normas y procedimientos para contratación y operación de sistemas de control; posibles sanciones disciplinarias para quienes autorizaron o contrataron la instalación sin los requisitos.

𝐉𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚: la anulación de comparendos y la obligación de restituir el derecho de quienes resultaron sancionados.

𝐏𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐫𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: pérdida de confianza en la gestión local; cuestionamientos a la transparencia en la contratación y ejecución de proyectos.

Es importante diferenciar acto doloso de omisión: si la instalación fue resultado de desconocimiento técnico o asesoría inadecuada, hay lugar a responsabilidades administrativas y a la obligación de reparar. Si, por el contrario, existió intención de generar ingresos a expensas de controles legales, la situación podría ameritar investigaciones más profundas por parte de órganos de control (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía). Los hechos conocidos hasta ahora obligan, en todo caso, a una investigación clara y pública.

𝐐𝐮𝐞́ 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐚

El municipio deberá acatar la orden judicial y proceder al retiro de los equipos. Además, caben recursos por parte del municipio si decide impugnar la decisión y, paralelamente, acciones administrativas, disciplinarias y hasta penales frente a los responsables de la instalación y operación. Para los conductores sancionados, la vía judicial y administrativa queda abierta para exigir la nulidad de los comparendos y la reparación en los casos procedentes.

 . $500 millones para fortalecer la formación de los personeros municipales en Cundinamarca.         La Gobernación de C...
19/11/2025

. $500 millones para fortalecer la formación de los personeros municipales en Cundinamarca.



La Gobernación de Cundinamarca anunció una inversión de $500 millones destinada a la formación académica de los personeros municipales del departamento. La iniciativa, liderada por el gobernador Jorge Rey, busca fortalecer las competencias de estos funcionarios en la defensa de los derechos humanos y la atención a las comunidades.

El programa contempla la apertura de una especialización en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional, que beneficiará a 60 personeros de las 15 provincias cundinamarquesas. Según la administración departamental, este esfuerzo académico pretende dotar a los personeros de herramientas avanzadas para enfrentar los retos que implica la protección de los derechos ciudadanos en los territorios.

La Universidad de La Sabana será la institución encargada de desarrollar la especialización, garantizando un componente formativo de alto nivel para quienes ejercen uno de los roles más importantes dentro del tejido institucional: la salvaguarda de los derechos fundamentales y la vigilancia de la función pública en los municipios.

Desde la Gobernación resaltaron que esta apuesta académica apunta a fortalecer las capacidades misionales de los personeros y, con ello, mejorar la atención a las comunidades, especialmente en zonas donde persisten problemáticas de acceso a la justicia, convivencia y protección de derechos.

Con esta inversión, la administración departamental reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la profesionalización de quienes defienden los derechos de los ciudadanos en cada municipio de Cundinamarca.

 . ¿Diez agentes por solo por seis meses o un verdadero cambio cultural? La inversión que Fusagasugá debería replantear ...
18/11/2025

. ¿Diez agentes por solo por seis meses o un verdadero cambio cultural? La inversión que Fusagasugá debería replantear

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En días recientes se anunció que Fusagasugá firmó un convenio con la Policía de Tránsito para incorporar "10 nuevos agentes durante seis meses", con un costo aproximado de "$430 millones de pesos". La medida ha sido presentada como un refuerzo a la seguridad vial y al control de infracciones.

Sin embargo, la pregunta de fondo es otra: ¿estamos invirtiendo en lo que realmente transforma la movilidad de una ciudad o simplemente apostando por soluciones temporales y punitivas?

Desde Todo en Fusa analizamos la decisión con lupa y concluimos que, con la misma cantidad de recursos, la ciudad podría emprender un "programa integral de cultura ciudadana en movilidad", con impactos profundos y duraderos, como los que en su momento lideró Antanas Mockus en Bogotá.

"Un enfoque equivocado: más control, poca pedagogía"

A primera vista, reforzar la presencia de agentes parece una buena idea. Pero al evaluar los resultados de estrategias similares en otras ciudades, se evidencia lo contrario: la presencia policial tiene un efecto inmediato, pero no sostenido, especialmente cuando el recurso humano está contratado solo por unos meses.

Lo que verdaderamente transforma las conductas de los ciudadanos no es el miedo a la sanción, sino la comprensión de la norma, el compromiso con la convivencia y la apropiación de la ciudad como un espacio común.

Y eso no se logra con comparendos, sino con pedagogía.

Mockus lo demostró: la cultura ciudadana cambia ciudades.

Las grandes transformaciones en movilidad que vivió Bogotá entre los años 1995 y 2003 no ocurrieron por aumentar policías, sino por aumentar "cultura ciudadana".

* Mimos en intersecciones conflictivas
* Teatro callejero para sensibilizar sobre el respeto a la vida
* “Tarjetas rojas y blancas” para reprobar o reconocer comportamientos
* Intervenciones simbólicas que quedaron grabadas en la memoria colectiva
* Programas masivos en colegios
* Amplias campañas educativas en medios y en calle

La evidencia es contundente: cambiar la forma de pensar genera cambios de comportamiento más duraderos y menos costosos que cualquier medida de control.

¿Y si Fusagasugá usara los mismos $430 millones para educar, no castigar?

Hicimos el ejercicio de proponer un "presupuesto detallado" de cómo podrían invertirse esos mismos fondos en un verdadero programa pedagógico, moderno e innovador. Esto incluiría:

✔ Diseño metodológico del programa

SOC, movilidad, comunicación y diseño trabajando juntos para crear un lenguaje pedagógico propio de la ciudad.

✔ Campaña creativa y audiovisual

Microvideos, piezas gráficas, cuñas radiales, mensajes claros y positivos sobre normas y convivencia.

✔ Facilitadores pedagógicos en vía

No policías: "educadores urbanos", inspirados en los mimos y guías de cultura ciudadana. 12 personas asignadas de forma constante a los puntos críticos.

✔ Intervenciones urbanas y teatro callejero

Acciones simbólicas que sorprendan, conmuevan y eduquen a la ciudadanía en tiempo real.

✔ Programas en colegios y barrios

Formación desde la base: niños y jóvenes como multiplicadores de buenas prácticas.

✔ Estrategia digital con impacto

Contenido de redes, storytelling, cápsulas educativas, medición de alcance y participación ciudadana.

✔ Evaluación de impacto

Mediciones reales antes, durante y después: si no se mide, no sirve.

Todo lo anterior, perfectamente financiado con los mismos "$430 millones".

"Lo temporal vs. lo transformador"

La actual apuesta por traer agentes de tránsito tiene un horizonte máximo de seis meses. Después de eso, se van. Y con ellos, se va el efecto inmediato que producen.

En cambio, un programa de cultura ciudadana deja instaladas capacidades, aprendizajes y cambios de comportamiento que permanecen mucho más allá de un contrato.

* Mayor respeto por pasos peatonales
* Menos conflictos entre conductores y peatones
* Mejor gestión del espacio público
* Menor siniestralidad
* Más corresponsabilidad ciudadana
* Ciudadanos que cuidan, no porque los vigilen, sino porque entienden

Esto es lo que realmente transforma una ciudad.

"Fusagasugá necesita un modelo propio de cultura ciudadana"

La ciudad ya ha demostrado que tiene talento, creatividad y tejido comunitario para construir soluciones propias. No necesitamos copiar a Bogotá, pero sí aprender de lo que funcionó.

Un programa pedagógico bien ejecutado puede lograr lo que 10 agentes en seis meses no pueden: cambiar la forma en que los fusagasugueños se comportan en el espacio público.

Conclusión: invertir en convivencia es invertir en seguridad vial.

No se trata de escoger entre agentes o cultura ciudadana. Se trata de decidir qué aporta más a largo plazo.

Si Fusagasugá quiere reducir infracciones, siniestralidad y caos vial, debe invertir más en educación, pedagogía y corresponsabilidad, y menos en medidas pasajeras.

Los $430 millones pueden ser un gasto temporal… o una inversión transformadora. La ciudad tiene la oportunidad —y la obligación— de elegir bien.

 . Pico y placa los sábados en Bogotá.     ́nMetropolitana   La gran mentira de la Región Metropolitana: Bogotá toma, Cu...
17/11/2025

. Pico y placa los sábados en Bogotá.

́nMetropolitana

La gran mentira de la Región Metropolitana: Bogotá toma, Cundinamarca pone.

La supuesta “Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca” nació envuelta en discursos de integración, cooperación y desarrollo conjunto. Pero en la práctica, ha demostrado ser un acuerdo desigual, diseñado bajo la lógica de que Bogotá siempre gana y Cundinamarca siempre cede. El anuncio más reciente del alcalde Carlos Fernando Galán —pico y placa los sábados para los vehículos no matriculados en Bogotá— no solo lo confirma: lo desnuda.

Porque, ¿qué clase de región “integrada” es aquella en la que la capital impone restricciones unilaterales sin consultar a sus supuestos socios? ¿En qué parte del modelo de integración está escrito que Bogotá decide y Cundinamarca obedece?

Este anuncio es apenas el síntoma más reciente de una relación histórica profundamente desequilibrada. Bogotá se beneficia diariamente del agua, del suelo, de la mano de obra y de los servicios que le proveen los municipios vecinos. Miles de cundinamarqueses madrugan cada día para sostener la economía de la capital, mientras los recursos ambientales de la región —especialmente en las provincias cercanas— se sacrifican para mantener a Bogotá funcionando.

Pero cuando se trata de reciprocidad, de corresponsabilidad o de diálogo igualitario, Bogotá mira hacia otro lado.

La retórica de la “integración” se hace pedazos con una sola decisión administrativa: castigar la entrada de vehículos con placas cundinamarquesas los sábados, justo el día en que miles de personas dependen de la movilidad para trabajar, estudiar, comprar, o simplemente visitar a sus familias. En el lenguaje diplomático esto se llama “asimetría”; en el lenguaje ciudadano, se llama abuso.

La decisión de Galán demuestra lo que muchos advertimos desde el principio: la Región Metropolitana es, en la práctica, una figura hecha para ampliar el poder de Bogotá, no para fortalecer a Cundinamarca. Es un traje institucional a la medida de la capital, con el que se viste de “socio”, pero actúa como patrón. Bogotá quiere el agua de Chingaza y del Sumapaz, la energía de El Guavio, los alimentos de las provincias, la expansión de su influencia, el control de las decisiones regionales… pero cuando Cundinamarca necesita consideración, respeto y voz, simplemente no está en el libreto.

La medida del pico y placa sabatino no es solo un error técnico: es una revelación política. Y el mensaje es claro: en la supuesta Región Metropolitana, Bogotá no ve a Cundinamarca como un aliado, sino como un proveedor. Un proveedor silencioso, funcional y prescindible. Un vecino al que se le exige, pero al que nunca se le tiende la mano.

La gran mentira de la Región Metropolitana es creer que existe igualdad. La realidad —crudísima— es que estamos ante una estructura vertical, disfrazada de cooperación, donde Bogotá siempre asciende y Cundinamarca siempre paga la cuenta.

Y lo que Galán anuncia ahora no es un simple pico y placa: es la sentencia de que esta “región” nació desequilibrada, opera desequilibrada y, si no se corrige, terminará destruyendo la autonomía y los intereses de los municipios cundinamarqueses.

La pregunta es: ¿hasta cuándo Cundinamarca seguirá siendo la despensa, la reserva ambiental y la válvula de escape de Bogotá, sin recibir respeto ni reciprocidad a cambio?

Porque región, lo que se dice región, esto no es. Es simplemente Bogotá extendiendo su sombra.

*Escrito elaborado con la ayuda de inteligencia artificial.

¿En qué va el nuevo hospital para Fusagasugá?Historia y origen del proyecto:La provincia del Sumapaz, con cabecera en Fu...
11/11/2025

¿En qué va el nuevo hospital para Fusagasugá?

Historia y origen del proyecto:

La provincia del Sumapaz, con cabecera en Fusagasugá, presenta históricamente una alta demanda de servicios hospitalarios especializados que no puede cubrirse en el territorio, obligando a la población a desplazarse hacia Bogotá u otros centros de referencia. En ese contexto la Gobernación de Cundinamarca anunció en junio de 2023 la construcción del nuevo edificio para la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, con una inversión de más de $260.000 millones.

El proyecto fue concebido como un centro de alta complejidad, con vocación universitaria, múltiples especialidades, y como un hito de infraestructura en salud para la región.

Estado actual del proyecto:

A la fecha, se han cumplido hitos relevantes. El 1 de agosto se expidió la licencia de construcción para el hospital, lo que permitió iniciar formalmente la obra.

El acto de inicio de obra se realizó en agosto de 2025, con el aval del gobernador regional, marcando el arranque de la ejecución que contemplaba un cronograma de 26 meses para entrega en octubre de 2027.

Según los informes, el nuevo hospital estará construido en un área de aproximadamente 25.000 m² (o más de 30.000 según versiones anteriores) y tendrá 205 camas, 27 consultorios, 45 camillas de urgencias y siete quirófanos. Servicios como hemodiálisis, resonancia magnética, oncología y cardiología estarán incluidos.

Ventajas que traerá para la comunidad:

Mayor acceso local a servicios especializados: la población ya no dependerá exclusivamente de centros de referencia en Bogotá o Girardot para patologías graves o complejas.

Reducción de tiempos de traslado, costos de transporte y cargas familiares para los pacientes.

Fortalecimiento de la red hospitalaria departamental, con descongestión de otros centros de salud.

Generación de empleo directo e indirecto: durante la construcción, y luego en operación del hospital, lo que dinamiza la economía de la región.

Potencial para dotación de una vocación universitaria en salud en la región (se ha planteado incluso una futura facultad de medicina ligada al hospital).

Retos — positivos y negativos:

Retos positivos (o potencialidades a aprovechar):

Convertir este hospital en un centro de formación, investigación y innovación en salud, lo que aportaría valor agregado al territorio.

Hacer de esta infraestructura un motor de desarrollo regional, no solo salud pero también empleo, formación, servicios complementarios y turismo médico.

Promover que la población participe activamente en el seguimiento y vigilancia del avance del proyecto, fomentando transparencia y gobernanza local.

Retos negativos (o riesgos):

Riesgo de retrasos en la ejecución del cronograma: aunque la licencia ya fue expedida, cualquier demora en obra civil, dotación o habilitación puede afectar la entrega prevista para octubre de 2027.

Dotación y operación: no basta con construir el edificio; debe asegurarse que el hospital tenga personal especializado, equipos biomédicos adecuados y un plan de operación sostenible.

Financiamiento de operación y mantenimiento: muchas obras quedan en infraestructura sin asegurar los recursos para funcionamiento pleno.

Equidad territorial: asegurar que los municipios más rurales de la provincia del Sumapaz tengan acceso real al hospital (transporte, referencias, costos) y no quede solo como una estructura en Fusagasugá sin impacto regional.

Conclusión:

El nuevo hospital de Fusagasugá representa una apuesta transformadora para la salud en la provincia del Sumapaz: con un ambicioso diseño, expectativa de alto impacto y un cronograma ya iniciado. Sin embargo, su éxito dependerá tanto de la rigurosa ejecución de la obra, como de la dotación operativa, la gestión de la transición de servicios actuales y el aseguramiento de que los beneficios lleguen efectivamente a toda la región. Será clave que se mantenga el seguimiento ciudadano, la transparencia y el compromiso institucional para que esta infraestructura cumpla su promesa de cambiar la salud regional.

02/09/2022

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30/05/2022

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Después de escrutado el cien por ciento de las mesas instaladas en la provincia del Sumapaz, en las siguientes imágenes se reflejan los resultados electorales para la primera vuelta presidencial en las elecciones del año 2022, según la información oficial suministrada para el preconteo por la R...

08/05/2022

l Recientemente se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Aquí la ciudadania encontrará una serie de pronunciamientos de la Corte.

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06/05/2022

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