01/08/2025
URIBE CONDENADO A 12 AÑOS DE CÁRCEL Y MULTA DE MÁS DE $3.444 MILLONES: HISTÓRICO FALLO JUDICIAL CONTRA EL EXPRESIDENTE
ONDAS DEL SAN JORGE - INFORME ESPECIAL
En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, según un extenso fallo judicial de 1.114 páginas emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
Además de la pena privativa de la libertad, el expresidente fue sancionado con una multa de $3.444 millones de pesos colombianos, equivalente a 2.420 salarios mínimos legales vigentes, y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 100 meses y 20 días, es decir, más de ocho años.
¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTA CONDENA?
La decisión judicial fue producto de años de investigaciones, declaraciones, pruebas documentales, interceptaciones telefónicas y testimonios que apuntaban a que Uribe, mediante intermediarios, buscó influenciar ilegalmente a testigos para desviar procesos judiciales en su contra. La clave para el desarrollo del proceso fue la actuación del abogado Diego Cadena, quien también enfrenta un juicio por su rol en este entramado.
La jueza Heredia encontró demostrado que Uribe tuvo conocimiento directo de las maniobras de búsqueda de testigos en varias cárceles del país. Entre los testigos implicados se encuentran nombres como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez (alias Víctor) y Eurídice Cortés (alias Diana), todos con pasado paramilitar o vínculos con estructuras armadas ilegales.
LAS PRUEBAS QUE PESARON EN CONTRA DEL EXPRESIDENTE
Uno de los puntos más contundentes del fallo fue la aceptación por parte del juzgado de las interceptaciones telefónicas entre Álvaro Uribe y Diego Cadena, en las que, según la magistrada, quedó en evidencia la coordinación y conocimiento del expresidente sobre los contactos con los testigos.
Se documentaron conversaciones y transacciones económicas dirigidas a alterar testimonios, ofreciendo beneficios judiciales o económicos a cambio de declaraciones favorables. En uno de los casos más mencionados, el testigo alias Víctor confesó que recibió $26 millones, aunque afirmó que la cifra inicialmente pactada era mucho mayor. Este pago, según la jueza, se consideró una clara forma de compra de testimonio, y por tanto, soborno en actuación penal.
De igual manera, se revisó el caso de Diana, a quien el abogado Cadena le solicitó grabar un video con declaraciones que favorecieran a Uribe, dirigido a incidir en una decisión que debía tomar la Corte Suprema de Justicia.
LA DEFENSA DE URIBE Y SU PRONTA APELACIÓN
La defensa del expresidente, encabezada por su equipo jurídico, anunció inmediatamente su intención de apelar el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá. Argumentan que el proceso estuvo lleno de “vulneraciones al debido proceso” y que no se respetó el principio de presunción de inocencia.
Sin embargo, la jueza sostuvo que el material probatorio fue contundente y legalmente obtenido, y que hubo una actuación deliberada y planeada con el objetivo de desviar la acción de la justicia. A pesar de que la Fiscalía había solicitado una pena de 9 años de prisión, la juez decidió aumentarla a 12 años, al encontrar configuradas tres conductas delictivas concurrentes.
DETALLES DE LA CONDENA
Prisión: 12 años de detención domiciliaria
Multa: Más de $3.444 millones
Inhabilidad para cargos públicos: 100 meses y 20 días
Responsabilidades legales: Determinador penalmente responsable de los delitos de:
Soborno en actuación penal (concurso homogéneo)
Fraude procesal (concurso heterogéneo)
¿DÓNDE CUMPLIRÁ SU PENA?
La jueza Heredia, en la misma audiencia del 1 de agosto, programó una diligencia para la individualización de la pena y la emisión de la orden de captura. En ese procedimiento se le notificará formalmente al expresidente Uribe la posibilidad de escoger el lugar donde cumplirá su reclusión domiciliaria.
Fuentes cercanas al caso indican que el expresidente estaría considerando cumplir la pena en su finca ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia, donde ha residido en los últimos años tras retirarse de la vida pública activa. El sitio deberá cumplir con todos los requerimientos de seguridad y monitoreo por parte del INPEC y la Fiscalía General de la Nación.
UN MOMENTO HISTÓRICO PARA LA JUSTICIA COLOMBIANA
Esta condena marca un hito en la historia política y judicial de Colombia, al tratarse del primer expresidente de la República condenado penalmente por un tribunal ordinario por delitos relacionados con manipulación de la justicia.
Aunque el proceso ha estado envuelto en fuertes polémicas políticas, jurídicas y mediáticas, para muchos analistas y sectores de la sociedad civil, este fallo demuestra que nadie está por encima de la ley, sin importar el cargo que haya ocupado o el poder que haya ostentado.
El caso se remonta a más de una década atrás y ha involucrado múltiples actores, recursos judiciales, pronunciamientos internacionales y reacciones de la opinión pública. Ahora, con este fallo, se inicia una nueva etapa que definirá el alcance real del poder judicial frente a figuras históricas del país.
¿QUÉ SIGUE PARA URIBE?
Después de recibir la notificación oficial, el expresidente deberá acogerse al arresto domiciliario, pero el proceso no ha terminado. La defensa interpondrá los recursos de ley, incluyendo apelación y eventualmente casación, por lo cual el caso aún podría recorrer varias instancias judiciales en los próximos meses o años.
A sus 73 años, si se mantiene firme la condena y Uribe debe cumplirla completamente, saldría de prisión domiciliaria a los 85 años. Algunos sectores temen que, dada su edad, el exmandatario pueda acogerse a beneficios como libertad condicional o detención humanitaria, pero eso dependerá de futuras decisiones de los jueces y de su comportamiento dentro del proceso.
UN PROCESO QUE SIGUE DIVIDIENDO AL PAÍS
Esta sentencia ha generado reacciones encontradas a nivel nacional. Mientras sus seguidores insisten en que se trata de una persecución política, otros sectores celebran lo que consideran una victoria del Estado de Derecho y una oportunidad para fortalecer la credibilidad de las instituciones judiciales.
En redes sociales, líderes políticos, ciudadanos y periodistas han compartido opiniones divididas, pero casi todos coinciden en que se trata de un caso que marcará un antes y un después en la manera como se ejerce y se controla el poder en Colombia.
seguirá informando con responsabilidad y compromiso sobre este caso que continúa siendo materia de análisis y evolución judicial.
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