24/10/2025
| Washington arrecia ofensiva diplomática contra el gobierno de Colombia
En un hecho sin precedentes y con fuertes repercusiones políticas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro Urrego, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti en la llamada Lista Clinton. La acusación: presuntos vínculos con el narcotráfico y la supuesta permisividad hacia organizaciones criminales bajo el marco de la política de “paz total”, según un comunicado oficial.
Esta decisión, amparada en la Orden Ejecutiva 14059, otorga a Washington la facultad de sancionar a cualquier persona que considere involucrada en la “proliferación de dr**as ilícitas”, aun sin pruebas judiciales concluyentes. De inmediato, se ordenó el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense y se prohibieron las transacciones financieras con los señalados.
La medida tiene un claro trasfondo político, se lanza contra el primer gobierno de izquierda democrática en la historia reciente de Colombia, que ha buscado una política antidr**as centrada en la justicia social, la sustitución voluntaria de cultivos y el diálogo territorial, en contraste con el enfoque militarista tradicional respaldado por Estados Unidos.
En su respuesta pública, el presidente Petro calificó la decisión como una “paradoja histórica”, recordando su compromiso vital con la lucha contra el narcotráfico y su papel en la construcción de la paz. Confirmó que su defensa será asumida por el abogado estadounidense Dan Kovalik, y reiteró: “ni un paso atrás y jamás de rodillas”.
Diversas voces progresistas dentro y fuera del país alertaron sobre el carácter extraterritorial y político de la medida. Desde movimientos sociales, se interpreta como un intento de presionar y deslegitimar un proyecto de transformación social que cuestiona los intereses geopolíticos y económicos de Washington en la región. Mientras tanto, sectores conservadores colombianos celebraron la sanción y exigieron más pruebas, profundizando la polarización nacional.
Colombia, que ha luchado por su independencia y por un nuevo modelo de relaciones internacionales basado en el respeto mutuo, enfrenta ahora el reto de defender su soberanía, su justicia y su democracia ante un gesto que muchos califican como una agresión diplomática.