Veeduría Ciudadana Comunidad Participa

24/08/2025

COMUNICADO DE PRENSA

Puerto Boyacá, 25 de agosto de 2025

CAPTURA ILEGAL, LESIONES PERSONALES Y DILACIÓN INJUSTIFICADA: EXIGIMOS ACCIÓN INMEDIATA DE LA FISCALÍA

El suscrito CRISTIAN CAMILO BELEÑO SILVA, veedor ciudadano y defensor de derechos humanos, denuncia públicamente que, desde los hechos del 24 de febrero de 2022, fui víctima de una captura ilegal, arbitraria y violenta, posteriormente declarada ILEGAL por el Juzgado 3° Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá (Boleta de Libertad del 25 de febrero de 2022, rad. 2022-00076).

Funcionarios uniformados vinculados al procedimiento

Señalamos como presuntos responsables de la detención arbitraria, la fabricación de informes y la vulneración de derechos a los siguientes servidores adscritos a la Policía en Puerto Boyacá:

PEDRO EDWAR CHACÓN DEVIA, patrullero (cuadrante),

WILMER TIBERIO HERNÁNDEZ ORTIZ, patrullero C.C. 1.070.967.040. Interpuso denuncia por “violencia contra servidor público (art. 429 C.P.)” y reportó una supuesta flagrancia que negamos y consideramos falsa.

DIONICIO JOSÉ PALACIO DÍAZ, Investigador Criminal SIJÍN, C.C. 1002475336.

JOHAN CAMILO JAIMES ACOSTA, Investigador Criminal SIJÍN, C.C. 1.102.722.148.

Lesiones personales acreditadas

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Informe UBPBY-DSANT-00044-2022, 25-02-2022) constató eritemas lineales en cuello compatibles con sujeción, disfonía y marcas en muñeca, entre otros hallazgos. Estos hechos encajan, prima facie, en abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, falsedad ideológica en documento público y privación ilegal de la libertad, entre otros.

Presión indebida en audiencias

Durante la audiencia de legalización, la fiscal Segunda Seccional KENNY MAYERLY GÓMEZ ARIAS , ejerció presión para validar una captura manifiestamente ilegal (flagrancia inexistente), pese a los elementos expuestos por la defensa y la evidencia médico-legal.

Tres años de inacción

La denuncia penal radicada el 20 de julio de 2022 (Noticia Criminal No. 680816000136202252737) permanece sin diligencias de fondo contra los uniformados. La Fiscalía Local 02 de Puerto Boyacá, en cabeza de la doctora CARMELITA PALACIO, al PARECER, ha dilatado injustificadamente, contrariando los principios de celeridad y eficacia (Ley 906/2004 y art. 209 C.P.).

Exigimos

Que la Fiscalía Local 02 programe de inmediato la diligencia contra los tres uniformados y los investigadores mencionados, y se priorice la línea de abuso de autoridad, falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad y falsa denuncia.

Investigación disciplinaria y penal sobre la actuación de la fiscal KENNY MAYERLY GÓMEZ ARIAS por presión indebida en sede de garantías.

Garantías de no repetición y reconocimiento efectivo de mis derechos como víctima (Ley 906/2004), incluida verdad, justicia y reparación.

Remisión inmediata de copias a Procuraduría y Consejo Seccional de la Judicatura, para las responsabilidades disciplinarias a que haya lugar.

Advertencia pública

La continuidad de la dilación y la omisión de deberes activará acciones ante Procuraduría, Personería, y instancias internacionales de protección de derechos humanos.

Contacto para medios:
CRISTIAN CAMILO BELEÑO SILVA — Veedor Ciudadano / DD.HH.

23/08/2025

🛑 // Comunicado de Prensa

​Veedurías Ciudadanas Denuncian Presuntas Irregularidades en Controles de Tránsito en Medellín

​Medellín, Antioquia — Abogados de la Mesa Nacional e Internacional de Veedurías Ciudadanas de Colombia, en colaboración con reconocidas veedurías de la región, se han unido para investigar y denunciar presuntos abusos por parte de agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

La acción se inicia a raíz del caso del influencer conocido como El stremeer Mr. Stiven T.C, cuyo proceso de defensa busca el restablecimiento de sus derechos frente a un procedimiento que consideran irregular.

​Según las denuncias, se han detectado posibles "retenes ilegales e inconstitucionales" que, al parecer, no buscan mejorar la movilidad o garantizar la seguridad vial, sino que tienen como objetivo principal el recaudo de dinero a través de multas injustificadas.

​Este grupo de veedores, conformado por líderes como Nelson Guisao de la Veeduría de Movilidad de Pereira, Marcos y Julián de la Veeduría AMVA, y el líder social y defensor de los derechos humanos Cristian Beleño de la Veeduría Ciudadana Comunidad Participa e integrante de ONG-ARBOL FUENTE DE VIDA, junto con los abogados Cristian Flor e Iván Cardona, está comprometido con la defensa técnica de los ciudadanos y la promoción de la transparencia en la gestión pública.

​La defensa del caso de El stremeer Mr. Stiven T.C, servirá como un precedente para evidenciar y combatir estas prácticas, buscando sentar un precedente para la correcta aplicación de la ley y el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos en la vía.

​Próximamente, los voceros de las veedurías y los abogados a cargo del caso ofrecerán una rueda de prensa en la ciudad de Medellín para dar a conocer los hallazgos, avances y las acciones legales que se tomarán al respecto

22/08/2025

📢 BOLETÍN DE PRENSA

Puerto Boyacá – Boyacá | Agosto de 2025

La ciudadana Martha Cecilia Zabala Torres, víctima de hostigamientos y daños a su vivienda ocasionados por una construcción ilegal adelantada por el señor Jimys Yovanny Hernández Aguilar —quien hoy se encuentra indiciado penalmente—, ha sido objeto de una preocupante situación de vulneración institucional.

La Corregidora de Puerto Serviez, Chelsy Martínez Mercado, lejos de garantizar la legalidad y proteger los derechos de la víctima, ha incurrido en omisiones y permisividades que favorecen al querellado.

Su conducta al parecer, presuntamente no solo permitió la finalización de la obra ilegal que afectó gravemente la vivienda de la señora Zabala, sino que además la expuso a un riesgo mayor de hostigamiento, lo que obligó a la Fiscalía a otorgar medida de protección personal y familiar a favor de la víctima.

A lo anterior se suma la reiterada obstrucción al ejercicio del control social, negando de forma arbitraria la participación ciudadana y virtual de las veedurías reconocidas legalmente (Ley 850 de 2003 y Ley 1757 de 2015), lo que constituye un grave precedente contra la democracia participativa y la transparencia institucional.

Este caso no es aislado: la corregidora ya acumula cuatro (4) procesos disciplinarios en curso por conductas similares de omisión, favorecimiento indebido y abuso de autoridad.

📌 EXIGENCIA

Exigimos a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal actuar de manera inmediata para garantizar los derechos de la víctima y poner fin a la conducta renuente, abusiva y reincidente de esta funcionaria, que pone en riesgo la convivencia ciudadana y la seguridad de líderes sociales y víctimas.

La comunidad y la opinión pública deben saber que aquí no solo se trata de un conflicto vecinal, sino de un patrón institucional de tolerancia al abuso, hostigamiento y obstrucción del control ciudadano.

CRISTIAN CAMILO BELEÑO SILVA
Veedor Ciudadano – Resolución 004 Personería Municipal
Defensor de Derechos Humanos – ONG Árbol Fuente de Vida
Mesa Nacional e Internacional de Veedurías de Colombia.

destacados

21/08/2025

📢 COMUNICADO DE PRENSA

La Veeduría Ciudadana Comunidad Participa denuncia retaliación de agentes de tránsito y radica denuncia penal por injuria, calumnia y falsa denuncia

Puerto Boyacá – Boyacá
22 de agosto de 2025

La Veeduría Ciudadana Comunidad Participa, en del líder social, defensor de los derechos humanos y embajador de paz Cristian Camilo Beleño Silva, veedor ciudadano acreditado mediante Resolución No. 004 de la Personería Municipal, inspector de derechos humanos de la Fundación Árbol Fuente de Vida y miembro de la Mesa Nacional e Internacional de Veedurías Ciudadanas de Colombia, se permite informar a la opinión pública lo siguiente:

1. Hechos de persecución y retaliación

Los agentes de tránsito Elizabeth Cardona Mahecha, Rubier Veira Hernández, Deivy Andrés Pérez Malagón y José Dámaso Chavarro, adscritos a la administración municipal de Puerto Boyacá, interpusieron una denuncia penal en mi contra por el presunto delito de injuria y calumnia.

👉 Posteriormente desistieron de la acción, dejando en evidencia que se trató de una acusación falsa, infundada y sin pruebas.

2. Derecho ciudadano y control social

El ejercicio de la veeduría ciudadana, la vigilancia a la gestión pública y la denuncia de irregularidades están protegidos por la Constitución Política (arts. 15, 20 y 23) y las leyes 850 de 2003, 1757 de 2015, 1474 de 2011 y 2195 de 2022.

⚠️ Pretender silenciar, amedrentar o perseguir a un veedor ciudadano a través de denuncias temerarias constituye un abuso de poder y una forma de persecución institucional.

3. Acciones legales en curso

Ante estos hechos, informamos a la ciudadanía y a las autoridades competentes que ya fue radicada denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de:

Injuria y calumnia (arts. 220 y 221 del Código Penal).

Falsa denuncia (art. 435 del Código Penal).

Y los que puedan derivarse de la investigación, como abuso de autoridad y persecución a defensor de derechos humanos.

4. Llamado a las autoridades

Exigimos a la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno, la Inspección de Tránsito y la Personería Municipal:

Garantizar el respeto al ejercicio del control social.

Abstenerse de usar las instituciones para retaliaciones políticas o personales.

Garantizar la protección de los derechos fundamentales al buen nombre, honra y libertad de expresión de los veedores y líderes sociales.

5. Exhortación final

La Veeduría Ciudadana Comunidad Participa reafirma que en Puerto Boyacá no se callarán las voces que exigen transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
El control social no es delito: es un mandato constitucional y un deber ciudadano.

¡La corrupción y el abuso de poder se enfrentan con la verdad, la ley y la fuerza de la ciudadanía organizada!

Atentamente,

Cristian Camilo Beleño Silva
Presidente – Veeduría Ciudadana Comunidad Participa
Inspector de DD.HH. – Fundación Árbol Fuente de Vida
Mesa Nacional e Internacional de Veedurías Ciudadanas

21/08/2025

📢 BOLETÍN DE PRENSA
Puerto Boyacá, 22 de agosto de 2025

🚨 La Veeduría Ciudadana Comunidad Participa fija su postura frente a la ocupación ilegal del predio “antigua piscina municipal”

La Veeduría Ciudadana Comunidad Participa, en cabeza de su presidente, el líder social y defensor de derechos humanos Cristian Camilo Beleño Silva, se pronuncia frente a la comunicación remitida por la Asociación Unidos por un Sueño, la cual pretende justificar la ocupación irregular del predio conocido como la “antigua piscina municipal”, bien que hace parte del Fondo de Reparación de Víctimas, administrado por la SAE y actualmente arrendado a un tercero mediante resolución administrativa.

1️⃣ Vías de hecho son delito, no derecho

La Veeduría reconoce el derecho de petición y expresión ciudadana ejercido por la Asociación. Sin embargo, es necesario precisar que sus argumentos no legalizan la ocupación, que constituye una vía de hecho ilegal y un delito tipificado como invasión de tierras o edificaciones (artículo 263 del Código Penal).

2️⃣ Responsabilidad de la Asociación Unidos por un Sueño

Al declararse públicamente como voceros y promotores de la ocupación, los dirigentes de dicha Asociación se convierten en responsables directos de organizar y fomentar una acción ilegal, lo que podría derivar en:

Procesos penales por invasión de tierras.

Extinción de la personería jurídica de la Asociación si se confirma que promueve actos contrarios a la ley.

Responsabilidad disciplinaria y penal de sus líderes y representantes legales.

En consecuencia, la Veeduría remitirá esta situación a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la eventual comisión de delitos.

3️⃣ No se negocia con vías de hecho

Es fundamental dejar claro que las vías de hecho no legitiman mesas de diálogo.
El Estado no puede, ni debe, adelantar negociaciones que se basen en una ocupación ilegal de bienes destinados a las víctimas del conflicto armado. Hacerlo sería legitimar la ilegalidad como mecanismo de presión y, además, desconocer el mandato de reparación a las víctimas.

Por ello, esta Veeduría hace un llamado expreso a la Unidad de Víctimas, la SAE y la Alcaldía de Puerto Boyacá para que se abstengan de adelantar mesas de diálogo bajo presión y garanticen que toda concertación se realice dentro del marco legal y con respeto a los derechos de las víctimas.

4️⃣ Exhortación final

La Veeduría Ciudadana exhorta a las familias ocupantes a desalojar voluntariamente el predio y a acudir a los canales institucionales para reclamar sus derechos. Persistir en la ocupación solo traerá consecuencias jurídicas más graves para sus voceros y dirigentes.

⚖️ La legalidad no se negocia. Los bienes de reparación de víctimas son intocables y deben protegerse.

Cristian Camilo Beleño Silva
Presidente – Veeduría Ciudadana Comunidad Participa
Líder social – Defensor de Derechos Humanos – Embajador de Paz

21/08/2025

🛑 //🚨 SEGUNDO BOLETÍN DE PRENSA

Puerto Boyacá, 21 de agosto de 2025

⚠️ PRONUNCIAMIENTO OFICIAL DE LA VEEDURÍA CIUDADANA COMUNIDAD PARTICIPA

La Veeduría Ciudadana Comunidad Participa, en ejercicio de su función constitucional de control social a la gestión pública y defensa del interés colectivo, se pronuncia de manera firme y categórica frente a la ocupación ilegal del predio conocido como la “antigua piscina municipal”, bien perteneciente al Fondo de Reparación de Víctimas y que actualmente se encuentra legalmente arrendado a un tercero mediante resolución administrativa.

Este arrendamiento otorga al arrendatario la facultad legal de solicitar la protección policiva, en aplicación del artículo 81 de la Ley 1801 de 2016, solicitud que ya ha sido respaldada por la Unidad para las Víctimas y la SAE.

❌ LAS VÍAS DE HECHO SON DELITO, NO DERECHO

La Veeduría recuerda a la opinión pública que ningún derecho se ejerce mediante vías de hecho.

👉 La ocupación irregular de este predio es un acto ilegal, ilegítimo y sancionable que expone a los ocupantes a:

Procesos de desalojo forzoso, ejecutados por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antes ESMAD).

Judicialización penal por delitos como ocupación ilegal de inmuebles, perturbación de la posesión, constreñimiento ilegal e instrumentalización de menores.

🚸 ADVERTENCIA: NO MÁS USO DE NIÑOS COMO ESCUDOS HUMANOS

La Veeduría denuncia y rechaza de manera contundente la práctica criminal de utilizar menores de edad como escudos humanos dentro de la invasión.

⚠️ Ese comportamiento, además de inmoral y cobarde, es constitutivo de delito y será puesto en conocimiento de las autoridades competentes (ICBF, Fiscalía, Policía Nacional) para que los responsables respondan por instrumentalización ilícita de menores y violación a los derechos fundamentales de la niñez.

🚔 LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES

La Veeduría Ciudadana Comunidad Participa solicita de manera inmediata:

A la Policía Nacional – Magdalena Medio, iniciar sin dilaciones el desalojo del predio con acompañamiento de la UNDMO.

Al ICBF, activar rutas de protección urgentes para salvaguardar a los menores de edad expuestos en esta ocupación.

A la Fiscalía General de la Nación, avanzar en la judicialización penal de los promotores de esta invasión.

A la Secretaría de Gobierno Municipal, garantizar que el proceso se adelante en estricto respeto al Estado de Derecho y la legalidad.

📣 MENSAJE FINAL A LOS INVASORES

La Veeduría Comunidad Participa exhorta a quienes hoy ocupan ilegalmente este predio a que se retiren de manera voluntaria y pacífica.

De persistir en esta vía de hecho:

🔴 Serán desalojados por la fuerza pública.
🔴 Serán investigados penalmente.
🔴 Serán señalados socialmente como responsables de atentar contra los derechos de las víctimas, la convivencia ciudadana y, lo más grave, contra los niños y niñas de Puerto Boyacá.

Att:

Veeduría Ciudadana Comunidad Participa
Control Social – Transparencia – Defensa de Derechos

21/08/2025

21/08/2025

Bienvenida a nuevos integrantes

En un hecho histórico para la Veeduría Ciudadana Comunidad Participa, la plenaria aprobó la vinculación de nuevos veedores ciudadanos que representarán a la organización en diferentes ciudades del país, ampliando así su alcance y capacidad de incidencia.

Damos la bienvenida a los nuevos integrantes que actuarán en:

Bogotá

Cali

Medellín

Barrancabermeja

Su compromiso fortalecerá la red nacional de control social, garantizando que la voz de la ciudadanía sea escuchada y que se continúe trabajando en la defensa de los derechos fundamentales, la lucha contra la corrupción y la promoción de la paz.

21/08/2025

📰 BOLETÍN DE PRENSA

Veeduría Ciudadana “Comunidad Participa”
Puerto Boyacá – Agosto 21 de 2025

Reestructuración interna y decisiones plenarias

En sesión extraordinaria, la Veeduría Ciudadana Comunidad Participa, en pleno uso de sus facultades legales y estatutarias, adoptó importantes decisiones encaminadas a fortalecer el ejercicio del control social a la gestión pública y garantizar la transparencia en sus actuaciones.

1. Desvinculación de la señora Natalia Ciro Pineda

La plenaria aprobó la desvinculación de la señora Natalia Ciro Pineda, en razón a que ostenta la calidad de funcionaria pública de la E.S.E. Hospital José Cayetano Vásquez, condición que constituye inhabilidad expresa para ejercer cargos en veedurías ciudadanas, de conformidad con lo previsto en la Ley 850 de 2003.

Durante la sesión, el Secretario General intentó comunicarse con la señora Ciro Pineda para brindarle la posibilidad de pronunciarse y ejercer su derecho a la contradicción y defensa, sin que ello fuera atendido, lo que se interpretó como falta de compromiso con la transparencia.

Adicionalmente, según denuncias comunitarias y evidencias allegadas, se puso en conocimiento de la plenaria la presunta participación de la señora Ciro Pineda en actividades relacionadas con vías de hecho ilegales, como la reciente ocupación de predios del Fondo de Reparación de Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), actualmente arrendados a terceros mediante resolución administrativa. Estos hechos, de ser verificados por las autoridades competentes, serían contrarios al marco legal y ético que debe regir el actuar de todo miembro de veeduría ciudadana.

2. Expulsión de los señores Mónica Pérez y Alex Pérez

La plenaria también aprobó la expulsión de los señores Mónica Pérez y Alex Pérez, quienes venían mostrando una inacción reiterada en el cumplimiento de sus funciones y ausencia en el ejercicio del control social, lo que debilitaba la labor de la veeduría. Esta decisión se ampara en la Ley 850 de 2003 y en los estatutos internos de la veeduría, que facultan a la plenaria para separar a quienes incumplan sus deberes.

3. Nuevas designaciones

La plenaria, en ejercicio de su autonomía y conforme a los estatutos, procedió a realizar nuevas designaciones, quedando así:

Presidente: Cristian Camilo Beleño Silva, líder social, defensor de derechos humanos, veedor público y embajador de paz.

Fiscal: Óscar Murillo.

Secretario General: Luis Enrique Cardona Osorno.

4. Advertencia a la comunidad

La Veeduría Ciudadana reitera su rechazo a las vías de hecho, tales como invasiones o asentamientos ilegales en predios del Estado o administrados por el Fondo de Reparación de Víctimas y la SAE, recordando que existen canales legales e institucionales para reclamar el derecho a la vivienda digna.

De igual manera, se hace un llamado urgente a que no se instrumentalice a los menores de edad como “escudos humanos” en este tipo de situaciones. Esa práctica constituye un grave hecho ilegal y reprochable, contrario a la Constitución (arts. 44 y 45), la Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia, y tratados internacionales. Advertimos que quienes incurran en dichas conductas podrían ser judicializados por constreñimiento ilegal, utilización ilícita de personas protegidas y exposición de menores a riesgo.

5. Compromiso institucional

La Veeduría Ciudadana “Comunidad Participa” reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa de los derechos fundamentales, invitando a la ciudadanía a seguir fortaleciendo el control social como herramienta legítima de participación democrática.

20/08/2025

// escuchen y observen los pormenores de la reunión con la Nueva-EPS

Ustedes que opinan del servicio de la Nueva-eps con los usuarios

Informa Oscar Murillo Veedor Ciudadano

20/08/2025

🛑 // acavamos de tener reunión con la NUEVA-EPS, esta veeduría se pronuncia, hace llamado de atención y solcito a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL mediante DERECHO DE PETICIO de forma verbal para que coordine con los entes de CONTRO Y VIGILANCIA una reunión o mesa de trabajo con el fin de abordar las barreras que tiene los usuarios para el servicio de salud.....

solicitamos la reunión con presencia
Delegado Supersalud
Delegado de Salud Boyacá
Personería Municipal Puerto Boyacá

19/08/2025

📢 BOLETÍN DE PRENSA

Puerto Boyacá, 19 de agosto de 2025

🚨 Ocupación ilegal del predio de reparación a víctimas: llamado urgente a la legalidad y la conciencia ciudadana

Como líder social, defensor de derechos humanos, veedor ciudadano y embajador de paz, rechazo de manera categórica los hechos que se vienen presentando en el predio conocido como la antigua piscina municipal, bien que hace parte del Fondo de Reparación de Víctimas y que actualmente se encuentra legalmente arrendado a un tercero mediante resolución administrativa.

Ese arrendamiento le otorga al administrador del predio la facultad legal de pedir protección policiva para ejecutar el desalojo, lo que convierte cualquier ocupación irregular en un acto ilegal, ilegítimo y sancionable.

❌ Las vías de hecho son un delito, no un derecho

Debo advertir de manera enérgica que la ocupación ilegal de predios constituye una vía de hecho, y que ningún derecho en Colombia se ejerce por medios violentos, ilegales o de facto.

Colombia es un Estado Social de Derecho y los canales para hacer valer reclamaciones existen:

Acciones de tutela y procesos judiciales.

Solicitudes administrativas ante la SAE, el Fondo de Reparación de Víctimas o la Alcaldía.

Mesas de diálogo y concertación convocadas institucionalmente.

Quienes insistan en persistir en vías de hecho se exponen a procesos de desalojo policivo, investigaciones penales y sanciones legales.

🚸 Advertencia sobre el uso criminal de menores de edad

Dejo constancia pública y con toda la contundencia rechazo que algunos ocupantes ilegales estén utilizando a niños, niñas y adolescentes como “escudos humanos” en el marco de esta ocupación.

👉 Esa práctica no solo es moralmente reprochable, sino que además constituye un grave delito, pues configura conductas como:

Constreñimiento ilegal.

Instrumentalización de menores.

Exposición de niños a riesgo.

Utilización ilícita de personas protegidas.

Quienes incurran en este tipo de actos pueden ser judicializados penalmente y deberán responder por la violación de los derechos fundamentales de la niñez.

📣 Llamado a la comunidad

Exhorto a los ocupantes ilegales a desalojar de manera voluntaria el predio antes de que las autoridades se vean en la obligación de actuar.

Invito a la comunidad a no dejarse manipular por intereses que atentan contra la legalidad, la convivencia y, sobre todo, contra el propósito superior del Fondo de Reparación de Víctimas, creado para garantizar la justicia y reparación de quienes más han sufrido por la violencia en Colombia.

✊ Compromiso firme

Como veedor ciudadano y defensor de derechos humanos, seguiré siendo garante de la transparencia, la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales, pero también seré contundente en denunciar y rechazar toda vía de hecho, toda manipulación de la comunidad y, en especial, toda instrumentalización de menores de edad.

Porque la justicia y la paz no se construyen con ilegalidad, sino con verdad, legalidad y responsabilidad ciudadana.

Atte:

Cristian Camilo Beleño Silva
Líder social – Defensor de Derechos Humanos
Veeduría Ciudadana Comunidad Participa