22/07/2025
La Unidad de Restitución de Tierras en cabeza del mayor Giovani Yule, se han proferido 22 sentencias del total de 46 fallos emitidos en los 14 años de vigencia de la Ley 1448 del 2011 y de los Decretos Ley 4633 y 4635. Este logro equivale al 47% de todas las administraciones.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro supera las cifras de restablecimiento de derechos étnicoterritoriales de su antecesor . Bajo el liderazgo del mayor Giovani Yule, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) gestionó, con el apoyo de los jueces especializados, la emisión de 22 sentencias que ordenan restituir 194.025 hectáreas en favor de pueblos y comunidades ancestrales, mientras que en el cuatrienio anterior se registraron 155.045 hectáreas a través de 11 medidas judiciales.
Así mismo, el Gobierno del Cambio impulsó la emisión de 22 sentencias étnicas del total de 46 proferidas en 14 años de la vigencia de la Ley 1448 del 2011 y de los Decretos Ley 4633 y 4635 del mismo año. Esto representa el 47% de todas las providencias.
Con este importante logro, en tres años de gestión y arduo trabajo, la URT les ha cumplido a las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, víctimas de la violencia en Colombia.
Cumpliendo metas materializar el cumplimiento de las órdenes impartidas por los jueces y magistrados, a favor de los pueblos ancestrales víctimas de despojo y/o desplazamiento forzado, es una prioridad para el grupo Posfallo de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la URT.
Bajo la guía de la directora de Asuntos Étnicos de la entidad, Enelia Salinas Chivatá, los profesionales Posfallo de la recorren el país y sus territorios, socializando las sentencias y generando los planes de trabajo de la mano con las comunidades, para su efectivo cumplimiento.
Gracias a esta labor, la Unidad avanza en el compromiso de cumplir oportunamente las órdenes judiciales a su cargo, así como de promover e impulsar estrategias de articulación interinstitucional que permitan el cumplimiento integral de las sentencias, como garantía necesaria para el restablecimiento de los derechos de los pueblos ancestrales restituidos.
“Apoyamos iniciativas de financiación, que permiten a las comunidades étnicas incrementar la producción y disponibilidad de alimentos en sus territorios, y avanzar hacia la soberanía alimentaria”, informó Salinas Chivatá.
