12/08/2025
| Ante invasión de tierras, denuncian “riesgo grave e inminente” para el líder indígena Pablo Sibar
Por Vinicio Chacón Soto | [email protected]
12 agosto, 2025
Personas usurpadoras ingresaron al terreno de Sibar en el territorio Brörán de Térraba el pasado domingo y tras la llegada policial merodearon en el sitio durante el lunes.
El propio líder indígena Brörán Pablo Sibar ha hecho circular un documento en el que se informa de los más recientes hechos de hostigamiento, ya que el pasado domingo 10 de agosto de 2025, “dos personas no indígenas invadieron la finca de Sibar”, y para ello alegaron “respaldo” de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI).
Además se indica que tras esa invasión se presentó un “informe urgente” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para “reforzar la protección” sobre Sibar.
La usurpación del terreno apoyada por la ADI se da a pesar de que hace más de 13 años Sibar es legalmente reconocido como poseedor legítimo del terreno de diez hectáreas -que dedica a la conservación ambiental y gestión comunitaria del agua- y de que es sujeto de desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12 otorgada por la CIDH.
“La Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, amparándose en una certificación emitida el 7 de agosto por la ADI de Térraba, a favor de personas que no forman parte del pueblo Brörán. Este documento ha sido denunciado como fraudulento”, se denuncia en un comunicado.
Se recuerda por esa vía que Sibar en 2012 sufrió dos ataques físicos. “En el primero, fue golpeado, pateado y mordido; en el segundo, una semana después, fue perseguido en carretera, insultado e intentaron herirlo con un cuchillo”.
Además en 2021, “recibió amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos de otros defensores indígenas como Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, ambos beneficiarios de medidas cautelares”. Ambos asesinatos se mantienen impunes, con todo y que el asesino de Rivera confesó ese crimen en un acto público en un gimnasio lleno de gente, con la presencia de un funcionario de Casa Presidencial y quedó registrado en video.
El documento enviado a la CIDH, con el encabezado “Informe de alerta de situación de riesgo”, apunta que los hechos descritos “evidencian aquiescencia y complicidad estatal”, pues la ADI de Térraba es una “estructura impuesta por el Estado costarricense en territorios indígenas”, que “actúa como autor material y legitimador de un acto de despojo territorial, con respaldo operativo y tolerancia de la Fuerza Pública”.
Además “se enmarcan en un patrón persistente de discriminación y hostigamiento institucional contra líderes indígenas que se oponen a la ADI”.
El informe enviado a la CIDH puntualiza los hechos que se dieron el domingo a partir del medio día y entre otras cosas consigna que personas indígenas “escucharon a una oficial de la Fuerza Pública expresarle a las personas usurpadoras: Sí váyanse y después ustedes vienen y se meten”.
Se condigna que esos usurpadores se retiraron poco después de las 4 p.m. y reaparecieron a las 11 p.m., después de que se fuera la Fuerza Pública.
El lunes 11, Sibar se presentó en la Fiscalía para denunciar a la Junta Directiva de la ADI “por la emisión de la certificación ilegal y por la usurpación”; sin embargo, “la funcionaria Gabriela Araya le manifestó que la Fiscalía no puede intervenir, que debería acudir al proceso ordinario agrario”.
El indígena entonces se dirigió al Juzgado Agrario a interponer la demanda, donde se le informó que “ya la persona usurpadora había puesto una demanda en su contra” y que “no hay Defensores Públicos disponibles en Buenos Aires, por lo que la asignación de Defensor Público iba a tardar”.
Se concluye en la denuncia que el “riesgo extremo e inmediato” se constituye por la “participación activa de una estructura estatal (ADI) en un acto de despojo territorial de territorio indígena a favor de personas ajenas al Pueblo”, así como la “aquiescencia y complicidad estatal”, manifestada en el “respaldo policial a un documento fraudulento y por permitir una usurpación de personas no indígenas en Territorio Indígena”.
También se destaca la “negación de acceso a la justicia”, el “riesgo de confrontación física” y el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado frente a un beneficiario de medidas cautelares vigentes.
“Cualquier acto contra la integridad física y vida que pueda sufrir el defensor Pablo Sibar y cualquiera de los defensores indígenas que le acompañan; será responsabilidad del Estado costarricense”, concluye la petición.
Compartido del Semanario Universidad
https://semanariouniversidad.com/pais/ante-invasion-de-tierras-denuncian-riesgo-grave-e-inminente-para-el-lider-indigena-pablo-sibar/
