Desde mi Noble Cantón Arenillas

Desde mi Noble Cantón Arenillas Arenillas al día, con sentimiento pluralista sin lisonja.

08/08/2026

El Oro ante las urnas: no se vota por un número, se vota por una responsabilidad
Por DR. Robinson Torres Jaramillo, La Voz del Sur Occidente
¡Qué ironía! Muchas veces se ha dicho que la política parece ser la única actividad en la que una persona puede mentir, engañar, incumplir sus promesas y, pese a ello, pretender conservar el respeto y regresar al poder.
Pero una sociedad democrática no está condenada a repetir eternamente los mismos errores.
El próximo 29 de noviembre de 2026, los ciudadanos de la provincia de El Oro acudiremos a las urnas para elegir a nuestras autoridades seccionales. El proceso comprende la elección de prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales, entre otras dignidades. El CNE ha establecido oficialmente esa fecha dentro del proceso electoral correspondiente al período 2027-2031.
En este escenario aparecen distintos nombres y proyectos políticos, entre ellos el del ingeniero Danilo Palacios. Cada ciudadano tiene plena libertad para evaluar su trayectoria, sus propuestas y su desempeño público y decidir si merece su confianza.
El número de la lista no administra una provincia. ¡Sí Señor! Durante demasiado tiempo hemos permitido que la política se reduzca a consignas, nombres y símbolos partidistas. Sin embargo, una lista electoral no administra un presupuesto, no construye una carretera, no mejora un sistema de riego, no fortalece la producción agrícola ni resuelve las necesidades de nuestros cantones.
Quienes gobiernan son las personas. Por eso, el elector tiene el derecho y también la responsabilidad de preguntarse por quién votar.
Arenillas también tiene una responsabilidad histórica: Desde Arenillas debemos comprender que nuestro voto no termina en las cuatro paredes del recinto electoral.
Elegimos autoridades que tomarán decisiones que pueden afectar durante años nuestras carreteras, producción, agricultura, servicios públicos, presupuesto, infraestructura y oportunidades para las nuevas generaciones.
Por eso, el voto no debe ser un favor personal. No debe venderse. No debe regalarse. No debe entregarse por una camiseta, una dádiva, una promesa de empleo o una fotografía. El voto es una decisión sobre el futuro colectivo.
El Oro no necesita salvadores; necesita servidores públicos: Nuestra provincia no necesita mesías políticos.
Necesita hombres y mujeres capaces de comprender que el poder es temporal, que los recursos pertenecen al pueblo y que toda autoridad debe rendir cuentas.
Porque después de las elecciones vendrán cuatro años de administración. Y entonces ya no habrá propaganda, banderas ni discursos que oculten la realidad.
Por eso, desde Arenillas y desde cada rincón de la provincia de El Oro, la invitación debe ser una sola:
Investiguemos antes de votar. Comparemos propuestas. Revisemos trayectorias. Exijamos transparencia.
Y votemos libremente por quienes consideremos capaces de servir al interés público.
Porque la democracia no termina cuando depositamos el voto. La democracia comienza cuando aprendemos a exigir cuentas a quienes elegimos.
El futuro de El Oro no debe decidirse por el número de una lista, sino por la conciencia de sus ciudadanos.
Es mi opinión … respeto la tuya

04/08/2026

El silencio del CNE frente a la sustitución de candidatos:
Por: Dr. Robinson Torres Jaramillo, La Voz del Sur Occidente
La fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la realización periódica de elecciones. Se mide, sobre todo, por el respeto irrestricto a las reglas que garantizan la igualdad política, la transparencia y la voluntad popular. Cuando dichas reglas dejan de aplicarse con rigor, la democracia comienza a deteriorarse desde sus propios cimientos.
En el Ecuador, las recientes actuaciones relacionadas con la sustitución de precandidatos elegidos en elecciones primarias han generado legítimas preocupaciones ciudadanas sobre la eficacia del control ejercido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La respuesta debe encontrarse en la Constitución y en el Código de la Democracia.
El artículo 61 de la Constitución reconoce a todas las personas el derecho a elegir y ser elegidas, así como a participar en los asuntos de interés público en condiciones de igualdad.
El artículo 95 garantiza el derecho de participación ciudadana como fundamento del sistema democrático.
El artículo 108 dispone que los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales cuya estructura, funcionamiento y dirección deben ser democráticos. Esta disposición no constituye una recomendación política, sino un mandato constitucional obligatorio.
Por su parte, el artículo 109 establece que la ley regulará la organización, funcionamiento, financiamiento y control de las organizaciones políticas, imponiendo la obligación de respetar procedimientos democráticos para la selección de sus candidaturas.
Estos principios constitucionales fueron desarrollados por el Código de la Democracia, cuyo propósito consiste precisamente en asegurar que la voluntad de la militancia sea respetada durante los procesos internos de selección de candidatos.
Las elecciones primarias constituyen uno de los principales instrumentos para materializar la democracia interna. Su finalidad consiste en impedir que las candidaturas respondan exclusivamente a la voluntad de pequeños grupos dirigentes o intereses particulares.
Si una organización política realiza elecciones primarias, proclama oficialmente a sus candidatos y estos aceptan formalmente la candidatura conforme al procedimiento legal, cualquier sustitución posterior únicamente puede justificarse cuando concurran las causales previstas expresamente por la legislación electoral, como renuncia voluntaria, fallecimiento, incapacidad legal sobrevenida o inhabilidad jurídica. Fuera de estos supuestos, corresponde a la autoridad electoral verificar rigurosamente la legalidad del procedimiento seguido.
Cuando existen denuncias públicas sobre posibles sustituciones de candidatos que podrían no ajustarse al procedimiento legal, la ciudadanía espera una actuación diligente, motivada y transparente del organismo electoral.
Corresponde precisamente al Consejo Nacional Electoral disipar cualquier duda mediante procedimientos transparentes, verificaciones documentales y resoluciones debidamente motivadas.
Igualmente, el Tribunal Contencioso Electoral tiene la responsabilidad constitucional de ejercer control jurisdiccional sobre las actuaciones electorales y garantizar la tutela efectiva de los derechos políticos cuando estos pudieran haber sido vulnerados.
En consecuencia, si una candidatura legítimamente obtenida mediante elecciones primarias es sustituida sin suficiente fundamento jurídico, corresponde a las autoridades electorales explicar públicamente las razones legales que justifican dicha decisión.
Por ello, corresponde al Consejo Nacional Electoral ejercer plenamente sus competencias de control y fiscalización, y al Tribunal Contencioso Electoral garantizar que toda controversia relacionada con la democracia interna sea resuelta con estricto apego a la Constitución, al Código de la Democracia y a los principios que sustentan el Estado constitucional de derechos y justicia.
Es mi opinión … respeto la tuya.

03/08/2026

¿Criptodictador o crítica política?
Por Dr. Robinson Torres Jaramillo, La voz del sur Occidente
En los últimos días, el expresidente Oswaldo Hurtado calificó al presidente constitucional de la República, Daniel Noboa, como un "criptodictador". La expresión ha provocado un intenso debate político y jurídico. Más allá de las simpatías o discrepancias con el Gobierno, corresponde preguntarnos como ciudadanos: ¿se trata de una ofensa al Presidente o de una crítica política amparada por la libertad de expresión?
La Constitución de la República no gobierna por sí misma. Las constituciones no toman decisiones, no administran recursos ni ejecutan políticas públicas. Quienes gobiernan son las personas investidas de autoridad dentro del marco constitucional. Por ello, suele afirmarse que "la Constitución no gobierna; gobiernan las personas". Esta frase no disminuye el valor de la Constitución; por el contrario, recuerda que el éxito o el fracaso del Estado depende de la conducta ética de quienes ejercen el poder y de la fortaleza de las instituciones encargadas de controlar ese poder.
En ese contexto, cualquier ciudadano y con mayor razón un expresidente tiene el derecho de cuestionar las decisiones del Gobierno. La crítica política constituye uno de los pilares fundamentales de toda democracia constitucional.
Sin embargo, también es cierto que las palabras tienen consecuencias.
Calificar a un presidente democráticamente elegido como "criptodictador" no es una expresión neutra. El término sugiere la existencia de un gobierno autoritario que oculta su verdadera naturaleza bajo apariencias democráticas. Es un juicio político extremadamente severo, capaz de influir en la opinión pública nacional e internacional.
La pregunta jurídica no es si la expresión resulta incómoda para el Presidente, sino si constituye una afirmación de hechos demostrables o un juicio de valor.
En el derecho internacional de los derechos humanos existe una diferencia fundamental entre ambos conceptos. Los hechos pueden probarse; las opiniones, no. La palabra "criptodictador", aunque polémica, se ubica generalmente dentro del terreno de la valoración política y no de la imputación de un delito específico. Por ello, en principio, forma parte del debate democrático protegido por la libertad de expresión.
La democracia exige crítica, pero también responsabilidad. Cuando las expresiones utilizan calificativos extremos sin un sustento objetivo suficiente, pueden contribuir a la polarización social, debilitar la confianza ciudadana en las instituciones y deteriorar el diálogo democrático.
Quien ha ocupado la Presidencia de la República posee una autoridad moral que otorga especial trascendencia a sus declaraciones. Precisamente por esa influencia, sus palabras deberían procurar elevar el debate público y no reducirlo a etiquetas que sustituyan el análisis jurídico y político.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, no necesariamente. Los presidentes, como todos los funcionarios públicos, están sometidos a un mayor nivel de escrutinio y crítica que cualquier ciudadano particular. Así lo ha reconocido reiteradamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Pero desde una perspectiva ética y política, sí puede sostenerse que expresiones de semejante intensidad elevan innecesariamente la confrontación y dificultan la construcción de consensos nacionales.
Los ecuatorianos debemos recordar que ninguna autoridad está por encima de la Constitución, pero también que ninguna diferencia política justifica el abandono del respeto mutuo.
Es mi opinión … respeto la tuya.

30/07/2026

Cuando el trabajador pierde la fe en la justicia y en el Estado
"La justicia, y solo la justicia seguirás, para que vivas..." (Deuteronomio 16:20).
La finalidad de la ley de Dios es conducir al ser humano hacia una vida digna y feliz. Por ello, el libro del Deuteronomio ordena a quienes administran justicia no torcer el derecho, no hacer distinción entre las personas y no dejarse influenciar por intereses que aparten de la verdad. Este mandato moral no pertenece únicamente al ámbito religioso; constituye uno de los pilares éticos sobre los cuales debe edificarse todo Estado democrático y constitucional.
Nuestra Constitución recoge ese mismo principio. El artículo 75 reconoce que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, mientras que el artículo 76 garantiza el debido proceso como condición indispensable para proteger los derechos de los ciudadanos. Estas normas no son simples declaraciones; representan un compromiso del Estado con la dignidad humana.
Sin embargo, la realidad que viven muchos trabajadores ecuatorianos obliga a formular una pregunta que interpela la conciencia nacional: ¿existe realmente tutela judicial efectiva cuando un trabajador debe esperar seis años para cobrar el fruto de su trabajo?
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que el acceso a la justicia comprende el derecho a obtener una decisión dentro de un plazo razonable. La demora excesiva puede constituir, por sí misma, una vulneración de las garantías judiciales y de la protección judicial reconocidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La justicia tardía no siempre equivale a justicia; muchas veces termina convirtiéndose en una forma de negación del derecho.
La Función Judicial desempeña una misión esencial para la vigencia del Estado constitucional. Los jueces no administran únicamente expedientes; administran esperanza, confianza y paz social. Su independencia constituye un principio irrenunciable, pero esa independencia debe ejercerse con responsabilidad, diligencia, transparencia y profundo respeto por la dignidad de quienes acuden a los tribunales en busca de protección.
No se trata de desacreditar a toda la Función Judicial. Sería injusto desconocer el trabajo de muchos jueces y servidores judiciales que ejercen su labor con honestidad y compromiso. Pero precisamente para proteger a esos buenos funcionarios es indispensable corregir las deficiencias que deterioran la imagen institucional y afectan directamente a quienes más necesitan la protección del Estado.
Cuando un trabajador pierde la fe en la justicia, no fracasa únicamente un proceso judicial; se debilita uno de los pilares fundamentales de la democracia.
Las palabras de Deuteronomio siguen siendo una guía para nuestro tiempo: "La justicia, y solo la justicia seguirás." Hoy ese mandato interpela a todos los operadores de justicia. La Constitución y el derecho internacional coinciden en un mismo mensaje: la justicia debe ser independiente, imparcial, accesible y oportuna.
Porque una sentencia que llega cuando el trabajador ha perdido su salud, su patrimonio o su esperanza difícilmente puede llamarse justicia. El Ecuador necesita una Función Judicial que no solo resuelva conflictos, sino que restituya la confianza ciudadana mediante decisiones oportunas, transparentes y verdaderamente humanas.
La justicia cuando tarda … ya no es justica…

23/07/2026

Arenillas no puede seguir perdiendo la confianza de su gente
Por Dr. Robinson Torres Jaramillo, La Voz del Sur Occidente
Los pueblos progresan cuando sus instituciones son fuertes, transparentes y dignas de la confianza de sus ciudadanos. Cuando esa confianza se resquebraja, no solo se pone en duda la gestión de una administración, sino también la esperanza colectiva de construir un futuro mejor.
Hoy, mi noble cantón Arenillas atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia institucional reciente. Las denuncias sobre presuntas irregularidades en distintas dependencias del GAD Municipal han despertado preocupación, incertidumbre e indignación entre la ciudadanía. No se trata únicamente de un problema administrativo; se trata de una crisis de confianza que exige respuestas claras, oportunas y responsables.
Por ello, considero que la señora alcaldesa tiene hoy una oportunidad histórica para demostrar liderazgo. No basta con administrar la coyuntura; es necesario transformar la manera de gobernar.
La credibilidad tampoco se recupera mediante comunicados o declaraciones. Se recupera cuando las decisiones reflejan coherencia, honestidad y compromiso con el servicio público.
Arenillas merece una administración que inspire respeto por su capacidad de resolver problemas, administrar con eficiencia y cuidar cada centavo de los recursos públicos. Nuestro cantón enfrenta enormes desafíos en materia de desarrollo económico, generación de empleo, infraestructura, seguridad y bienestar social. Esos desafíos no podrán superarse mientras la atención pública continúe concentrada en cuestionamientos que afectan la imagen institucional del Municipio.
Como ciudadano arenillense, no escribo estas líneas movido por intereses políticos ni personales. Lo hago porque amo profundamente esta tierra que me vio nacer, crecer y porque estoy convencido de que el silencio nunca será una opción cuando está en juego el prestigio de nuestras instituciones.
Este llamado no pretende dividir a los arenillenses. Todo lo contrario. Busca convocarnos a defender aquello que nos une: el amor por nuestro cantón, el respeto por la institucionalidad y el compromiso con un futuro mejor.
La administración municipal aún está a tiempo de recuperar la credibilidad perdida, pero el tiempo apremia. Cada día que pasa sin decisiones firmes aumenta la desconfianza ciudadana y profundiza el desgaste institucional.
A la señora alcaldesa le corresponde conducir este proceso con valentía, transparencia y sentido de responsabilidad histórica. Gobernar también significa tomar decisiones difíciles cuando el bienestar colectivo así lo exige.
Y a nosotros, los ciudadanos, nos corresponde mantenernos vigilantes, participar activamente, exigir cuentas con respeto y defender siempre los principios de legalidad, honestidad y democracia. El control ciudadano no es oposición; es una expresión legítima de la democracia.
Que este sea el momento en que Arenillas decida levantarse por encima de las diferencias personales y políticas. Que nos una el propósito común de construir un cantón donde prevalezcan la honestidad, la eficiencia y el servicio al bien común.
Porque Arenillas merece mucho más que una administración que simplemente gobierne.
Merece una administración que inspire confianza, que escuche a su pueblo y que deje como legado instituciones sólidas, transparentes y al servicio de todos.
Ese debe ser el compromiso de quienes gobiernan. Y también la exigencia permanente de quienes amamos esta noble tierra fronteriza.
Es mi opinión … respeto la tuya.

21/07/2026

Las sombras de una democracia secuestrada por las cúpulas
Por Dr. Robinson Torres Jaramillo, La Voz del Sur Occidente
La democracia no se debilita únicamente cuando se rompe el orden constitucional. También comienza a erosionarse cuando los ciudadanos dejan de sentirse representados, cuando los partidos políticos dejan de ser instrumentos de participación para convertirse en simples vehículos electorales y cuando las decisiones se concentran en pocas personas, relegando a quienes construyeron las organizaciones desde las bases.
En Ecuador estamos observando señales que merecen una profunda reflexión ciudadana. La suspensión o desaparición de movimientos políticos, la migración masiva de dirigentes hacia otras organizaciones y la incertidumbre que viven cientos de candidatos en las provincias evidencian una crisis que va mucho más allá de una simple reconfiguración electoral.
En la provincia de El Oro, el escenario político ha despertado múltiples interrogantes. La decisión del prefecto provincial, ingeniero Clemente Bravo Riofrío, de buscar una nueva candidatura bajo una organización política distinta a la que anteriormente lideró ha generado diversas reacciones y opiniones dentro de su antiguo movimiento. Mientras algunos consideran que se trata de una estrategia política legítima, otros expresan sentirse desplazados o sin espacios de participación, lo que ha provocado que numerosos dirigentes y precandidatos busquen nuevas organizaciones para poder participar en las próximas elecciones.
En muchos cantones, incluido Arenillas, aspirantes a alcaldes, concejales y representantes parroquiales han debido recorrer distintas organizaciones políticas buscando un espacio para inscribir sus candidaturas. Algunos denuncian que se les han impuesto listas, compañeros de fórmula o condiciones ajenas al trabajo realizado durante años en sus comunidades. Si estas percepciones se generalizan, la consecuencia es un creciente desencanto ciudadano.
La política deja entonces de ser un proyecto colectivo para convertirse en un mercado de oportunidades electorales, donde las organizaciones parecen competir más por captar candidatos que por defender ideas, programas o principios.
Este fenómeno no es exclusivo de una provincia ni de una organización política. Es un problema estructural que se repite con frecuencia en el país.
Cada ciudadano que observa cómo cambian los colores políticos sin una explicación programática, cómo desaparecen movimientos completos o cómo candidatos de larga trayectoria deben improvisar nuevas alianzas, termina preguntándose si realmente está votando por un proyecto o simplemente por una etiqueta electoral.
Arenillas representa hoy una realidad que viven muchos cantones del Ecuador. Existen ciudadanos preparados, dirigentes comunitarios y líderes jóvenes que desean servir a sus comunidades, pero con frecuencia encuentran un sistema donde las decisiones parecen depender más de negociaciones internas que de procesos democráticos abiertos.
La solución no consiste en atacar a personas específicas ni en alimentar la polarización. El verdadero desafío es fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas, garantizar procesos transparentes de selección de candidatos, respetar el trabajo de las bases y devolver a la ciudadanía el protagonismo que nunca debió perder.
El Ecuador necesita menos dueños de partidos y más constructores de democracia. Solo así dejaremos atrás las sombras de una democracia debilitada para construir una democracia que realmente represente la voluntad del pueblo.
Es mi opinión … respeto la tuya.

17/07/2026

¿Una política contra el soborno... o un compromiso con la justicia?
Por: DR. Robinson Torres Jaramillo, La voz del sur Occidente
"Una sociedad informada es una sociedad libre."
Cada cierto tiempo las instituciones públicas anuncian nuevas políticas, nuevos compromisos y nuevas estrategias para fortalecer la confianza ciudadana. Esta semana ha sido el turno del Consejo de la Judicatura, que ha presentado su Política Antisoborno, un instrumento mediante el cual rechaza y prohíbe cualquier forma de soborno dentro de la administración de justicia.
Como ciudadano ecuatoriano, considero que toda iniciativa orientada a fortalecer la ética pública merece ser reconocida. Sin embargo, también creo que el verdadero desafío no consiste en redactar documentos institucionales, sino en convertirlos en una realidad cotidiana.
La pregunta que hoy debemos hacernos todos los ecuatorianos no es si existe una política antisoborno. La verdadera pregunta es otra:
¿Están dispuestos quienes administran justicia a cumplirla sin excepciones?
Durante muchos años, la confianza en el sistema judicial ha sido puesta a prueba. No por las leyes, sino por las actuaciones de algunas personas que, olvidando la responsabilidad que les fue confiada, han permitido que la corrupción manche la imagen de una función del Estado llamada a proteger nuestros derechos.
No podemos generalizar ni afirmar que todos actúan de la misma manera. Existen jueces, fiscales, defensores públicos y servidores judiciales que desempeñan su trabajo con honestidad y profesionalismo. Sería injusto desconocer su esfuerzo. Pero también es cierto que los casos de corrupción que han salido a la luz pública han generado una profunda desconfianza en la ciudadanía.
Precisamente por eso, esta nueva política representa una oportunidad para demostrar que la integridad puede dejar de ser un discurso y convertirse en una práctica institucional.
La justicia no se fortalece únicamente con normas. Se fortalece cuando las decisiones son imparciales, cuando los procesos avanzan con transparencia, cuando nadie recibe privilegios y cuando quien traiciona la confianza pública responde ante la ley.
La corrupción no distingue cargos ni funciones. Puede comenzar con un pequeño favor indebido y terminar destruyendo la credibilidad de toda una institución. Por eso, combatir el soborno exige valentía, controles efectivos y, sobre todo, una firme voluntad de actuar con rectitud incluso cuando nadie observa.
Pero esta responsabilidad no corresponde únicamente a quienes trabajan en la Función Judicial. También la ciudadanía tiene un papel fundamental. No debemos ofrecer ventajas indebidas, normalizar prácticas incorrectas ni guardar silencio frente a los actos de corrupción. La ética pública comienza con la ética personal.
Desde la provincia de El Oro y desde cada rincón del Ecuador, aspiramos a una justicia que inspire confianza y garantice igualdad ante la ley. Una justicia donde el ciudadano humilde reciba el mismo trato que quien posee poder económico o influencia política.
Por eso, más que celebrar la existencia de una Política Antisoborno, debemos vigilar su cumplimiento.
Porque la confianza no se decreta. La transparencia no se improvisa. Y la honestidad no se anuncia; se demuestra.
Que esta política no sea un documento destinado a ocupar un archivo institucional. Que sea el inicio de una transformación que devuelva al pueblo ecuatoriano la confianza en uno de los pilares fundamentales de la democracia.
Los ciudadanos estaremos atentos. No para juzgar anticipadamente, sino para reconocer los avances cuando existan y exigir correctivos cuando sean necesarios.
La justicia necesita credibilidad. Y la credibilidad solamente nace cuando las palabras coinciden con los hechos.
Recordemos siempre que la democracia se fortalece cuando los ciudadanos piensan, participan y vigilan el ejercicio del poder con responsabilidad y respeto.
Es mi opinión … respeto la tuya

13/07/2026

Cuando la verdad debe prevalecer sobre el rumor
Por Dr. Robinson Torres Jaramillo, La Voz del Sur Occidente
En toda comunidad existen momentos en que las conversaciones de las calles, las redes sociales y los espacios públicos se convierten en el centro del debate ciudadano. Lo que ayer parecía un comentario aislado puede transformarse, con el paso del tiempo, en una preocupación colectiva. Sin embargo, en un Estado constitucional de derechos y justicia, la verdad no puede construirse sobre rumores ni sobre condenas anticipadas, sino sobre hechos comprobados y decisiones adoptadas conforme a la ley.
En los últimos días, la ciudadanía del cantón Arenillas ha conocido versiones y pronunciamientos públicos relacionados con el manejo de recursos municipales. Como ocurre en toda sociedad democrática, estas circunstancias generan inquietud, preocupación y el legítimo interés de conocer la verdad.
Precisamente en estos momentos es cuando debe imponerse la sensatez sobre la especulación. La prudencia no significa indiferencia; significa actuar con responsabilidad. Del mismo modo, exigir transparencia no implica acusar sin pruebas; significa reclamar que las instituciones cumplan el mandato que les confieren la Constitución y la ley.
La Constitución de la República establece que la administración pública es un servicio a la colectividad y debe regirse por los principios de transparencia, eficiencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Estos principios obligan tanto a quienes administran recursos públicos como a las instituciones encargadas de ejercer el control.
Por ello, cuando existen hechos que generan dudas razonables sobre la administración de fondos públicos, el camino correcto no es el juicio mediático ni la descalificación personal. El camino correcto es el institucional.
Corresponde que la Contraloría General del Estado ejerza plenamente sus competencias mediante auditorías gubernamentales y exámenes especiales que permitan establecer, con criterios técnicos y objetivos, si existieron o no irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Si de esas actuaciones surgieran indicios de una posible infracción penal, corresponderá a la Fiscalía General del Estado, con absoluta independencia, desarrollar la investigación respectiva, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de todas las personas involucradas.
Así funciona un verdadero Estado de derecho. No sobre la base del rumor, sino de la prueba; no sobre la presión política, sino sobre la aplicación imparcial de la ley.
Arenillas merece respuestas, no rumores; merece instituciones que actúen, no que permanezcan pasivas; merece autoridades comprometidas con la verdad y organismos de control que ejerzan plenamente las competencias que les asignan la Constitución y la ley.
Porque la mejor defensa del interés público consiste en reclamar una auditoría integral, independiente y transparente y, de existir indicios de responsabilidades administrativas, civiles o penales, una investigación completa por parte de las autoridades competentes.
Ese es el camino que fortalece la confianza ciudadana y honra los principios sobre los cuales se edifica la República del Ecuador.
Es mi opinión … respeto la tuya.

12/07/2026

Un saludo de felicitación al nuevo Gobernador de la provincia de El Oro
Por Dr. Robinson Torres Jaramillo, La Voz del sur Occidente
El jueves 9 de julio de 2026 tuve el honor de saludar personalmente al doctor Jenner Javier Franco Barriga, con ocasión de su reciente designación como Gobernador de la provincia de El Oro. Fue un encuentro marcado por la cordialidad, el respeto y los mejores deseos para el inicio de una responsabilidad pública de gran trascendencia para nuestra provincia.
Quienes conocemos al doctor Jenner Javier Franco Barriga valoramos su trayectoria profesional, su vocación de servicio y su compromiso con el fortalecimiento institucional. Su designación representa una oportunidad para consolidar el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y la ciudadanía de los catorce cantones de El Oro.
La Gobernación desempeña un papel fundamental en la coordinación de las políticas públicas, la seguridad ciudadana, la gestión territorial y el fortalecimiento de la presencia del Estado en cada rincón de la provincia. Son desafíos que requieren liderazgo, diálogo, capacidad de gestión y cercanía con la gente.
Estoy convencido de que la juventud, la preparación profesional y la experiencia administrativa del nuevo Gobernador constituyen fortalezas importantes para enfrentar esos retos. Al mismo tiempo, la ciudadanía espera una gestión caracterizada por la transparencia, la eficiencia, el respeto al Estado de derecho y la búsqueda permanente del bienestar colectivo.
Desde el cantón Arenillas, puerta de ingreso y salida del Ecuador por el sur occidental y tierra fronteriza donde comienza y termina la Patria, expresamos nuestro saludo fraterno y nuestros mejores deseos de éxito al doctor Jenner Javier Franco Barriga.
Arenillas, por su condición estratégica en la frontera con el Perú, demanda una atención permanente en materia de seguridad, desarrollo económico, comercio, infraestructura, empleo y fortalecimiento de los servicios públicos. Confiamos en que estos temas formen parte de una agenda de trabajo coordinada entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y los gobiernos autónomos descentralizados.
Nuestro respaldo se orienta al trabajo institucional que beneficie a toda la provincia de El Oro. Respaldar una gestión pública significa respaldar las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fortalecer la seguridad, impulsar el desarrollo productivo y consolidar una administración cercana a las necesidades de la población.
Al doctor Jenner Javier Franco Barriga le deseamos sabiduría en sus decisiones, firmeza en el cumplimiento de sus responsabilidades y apertura permanente al diálogo con todos los sectores sociales.
El Oro necesita instituciones fuertes, autoridades comprometidas y ciudadanos participativos. Que esta nueva etapa contribuya al progreso de nuestra provincia y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en beneficio de todos los orenses.
¡Éxitos, señor Gobernador! Desde Arenillas le extendemos nuestro saludo, nuestras felicitaciones y nuestro deseo de que su gestión esté guiada por el servicio al pueblo, el respeto a la ley y el amor por nuestra provincia y por el Ecuador.
Es mi opinión … respeto la tuya.

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Barrio La Estación
Arenillas
070507

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