Edgar Rivas

09/04/2026

🚧 CEBAF (Centro Binacional de Atención en Frontera) cerrados y frontera abierta: una política en tensión. Por: Edgar Rivas Jaramillo

Hasta ahora no se confirma una apertura normal y permanente de los pasos fronterizos en la provincia de Loja; reportes locales señalan habilitaciones parciales y temporales, sin estabilidad para los usuarios.

A más de cien días del cierre dispuesto por el gobierno nacional, la medida sigue generando dudas sobre su efectividad. Lo que se presentó como una acción basada en inteligencia para combatir economías criminales hoy evidencia tensiones entre seguridad y desarrollo territorial.

El Ministerio de Gobierno de Ecuador sostiene que el objetivo es frenar delitos como contrabando, trata de personas y sicariato, concentrando el control en pasos como Huaquillas. En ese marco, se cerraron los CEBAF de Macará y Zapotillo.

🔎 Sin embargo, la realidad revela una contradicción: mientras se restringen los pasos formales, persiste una red activa de rutas informales. En Huaquillas existen al menos 22 pasos informales; en la frontera norte, entre Tulcán, entre 23 y más de 60, con estimaciones de hasta 95; y en Loja, entre 50 y 60.

📌 El contrabando no opera por los CEBAF, sino por rutas clandestinas sin control estatal, una realidad conocida desde hace décadas, pero aún sin respuesta efectiva.

❓ Surge la pregunta: ¿qué se gana cerrando puntos con control mientras permanecen abiertos corredores ilegales? La política se concentra en lo visible, sin intervenir lo estructural. El resultado es claro: el flujo no desaparece, solo se desplaza.

💰 Ese desplazamiento impacta directamente a la economía local. El comercio registra caídas de ingresos entre el 40% y 80%, afectando negocios, transporte y servicios. En turismo, la cancelación de reservas y la reducción del flujo binacional golpean emprendimientos locales. Además, el desvío hacia Huaquillas implica cerca de 230 km adicionales, elevando costos logísticos y reduciendo competitividad.

🧭 El debate no puede quedarse en el diagnóstico: ¿qué está haciendo Loja?

En Azuay se logró un consenso provincial con incidencia nacional, mientras que en Loja no hay postura unificada. Históricamente, la provincia impulsó el federalismo liderado por Manuel Carrión Pinzano en 1859, como respuesta al abandono del poder central, lo que obligó al Estado a negociar con el Gobierno Federal de Loja para contener la fragmentación territorial.

📢 Hoy esa articulación parece ausente, con líderes cantonales y voceros políticos sin una respuesta clara ante este reclamo legítimo. Es hora de que la Prefectura lidere una agenda común (art. 263 de la Constitución y art. 41 del COOTAD), junto con los municipios y con el respaldo de la sociedad civil, para impulsar la reapertura de los CEBAF y gestionar el apoyo del Gobierno Nacional para la reapertura de las fronteras y la ejecución de la Ley de Desarrollo Fronterizo, aprobada en 2018 y con reglamento vigente desde 2019, cuya aplicación aún no se concreta por falta de voluntad política.

🛠️ Loja necesita una agenda técnica: reapertura progresiva de CEBAF, control de pasos informales y coordinación binacional.

🌉 El desafío no es cerrar fronteras, sino gobernarlas.

07/04/2026

📌 Adelanto electoral del CNE: una decisión sin sustento constitucional ni técnico. Por: Edgar Rivas Jaramillo

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar el calendario electoral abre un serio debate sobre su constitucionalidad y los límites de sus competencias ⚖️. Aunque se ha intentado justificar en riesgos climáticos, el CNE no tiene atribuciones para modificar fechas electorales basadas en escenarios hipotéticos o sin certeza científica.

🌦️ La climatología y la hidrología trabajan con probabilidades, no con predicciones exactas. Es decir, estiman riesgos, pero no pueden determinar con precisión cuándo o con qué intensidad ocurrirá un fenómeno. La Organización Meteorológica Mundial señala que los pronósticos confiables se limitan a entre 3 y 9 meses, con mayor incertidumbre hasta 12 meses.

📍 Incluso el escenario de un supuesto evento climático que alcanzaría su pico en noviembre, mes en el que se ha dispuesto el adelantamiento electoral, sigue siendo una proyección incierta, no un hecho comprobado, por lo que no constituye base técnica suficiente para decisiones electorales.

📜 El artículo 219 de la Constitución establece que el CNE debe organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales. No contempla la facultad de modificar el calendario por razones climáticas ni ajenas al ámbito electoral.

⚠️ La Constitución solo permite cambios en casos excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito debidamente declarados, conforme a los artículos 164 y 165, dentro de un estado de excepción o mecanismos legales. Ejemplos: terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones graves, pandemias, conflictos armados o colapsos de servicios esenciales.

❌ Fuera de estos casos, cualquier modificación del calendario electoral es jurídicamente improcedente.

⚖️ En consecuencia, la decisión del CNE es cuestionable por exceder sus competencias y afectar principios clave como la legalidad, la seguridad jurídica y la periodicidad electoral.

🏛️ Frente a este escenario, la Corte Constitucional del Ecuador debe ejercer el control correspondiente, determinar si existe extralimitación de funciones y, de ser el caso, declarar la inconstitucionalidad del acto y su nulidad. Incluso podrían activarse responsabilidades y eventuales destituciones, conforme a la Constitución y la ley, respetando el debido proceso.

06/04/2026

⚖️ Vía Loja–Catamayo: desarrollo con inversión privada, pero con responsabilidad del Estado y justicia para el ciudadano. Por: Edgar Rivas Jaramillo.

El proyecto vial que conecta Loja y Catamayo constituye una de las obras estratégicas más importantes para el desarrollo del sur del Ecuador. La propuesta contempla su ampliación a cuatro carriles, una intervención clave para mejorar la movilidad, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la integración regional.
Esta vía no es únicamente una obra de infraestructura: es el principal eje de conexión entre Loja y el valle de Catamayo, donde se concentra una importante dinámica productiva y se ubica el aeropuerto que vincula a la provincia con el resto del país. Su modernización permitirá garantizar un acceso más seguro y eficiente, reducir costos logísticos, facilitar la movilidad diaria de miles de ciudadanos y potenciar sectores clave como la agricultura, el comercio, la minería y los servicios.
De acuerdo con anteproyecto inicial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) hoy MIT y que podibilito su aprobación con el mecanismo de financiamiento de alianzas publico-privada - APP, se han planteado dos alternativas: una vía de 29,6 km con un túnel de 1,7 km, con un costo de USD 252 millones; y la ampliación total de la vía existente a 36,5 km, con un costo de USD 169 millones, actualmente en estudio. Los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo están siendo desarrollados por la empresa canadiense Canadian Commercial Corporation (CCC), en un proceso iniciado en febrero de 2025 y que culminará en el último trimestre de 2026.
Pero más allá de la obra, surge una pregunta clave: ¿cuánto nos costará usar esta vía? Aplicando parámetros realistas una inversión de USD 169 millones, un tráfico estimado de 9.000 vehículos diarios, equivalente a 3.285.000 vehículos al año, y un ingreso requerido cercano a USD 19 millones anuales— se obtiene un peaje estimado de USD 5,78 por vehículo en ausencia de apoyo estatal. Se trata de un valor elevado para una vía corta y de uso cotidiano.

Este escenario puede cambiar de manera significativa según el nivel de participación del Estado. Sin aporte estatal, el peaje se mantiene en USD 5,78; con un apoyo del 40% bajaría a USD 3,35; con un 60% se reduciría a USD 2,28; y con un 70% alcanzaría aproximadamente USD 1,77. Esto evidencia que el nivel de cofinanciamiento público incide directamente en la accesibilidad de la infraestructura para la ciudadanía.

En este contexto, una alternativa viable es establecer un esquema de cofinanciamiento intermedio, en el cual el Estado aporte aproximadamente USD 109,85 millones, equivalentes al 65% del costo total, mientras que la empresa inversionista asuma el 35% restante. Este modelo permitiría alcanzar un peaje cercano a USD 2 por vehículo, logrando un equilibrio adecuado entre sostenibilidad económica y accesibilidad social.

Desde el punto de vista fiscal, este aporte es viable si se estructura adecuadamente. Aunque el compromiso total del Estado sería de alrededor de USD 109 millones, este no tendría que ejecutarse en un solo año. Si la obra se desarrolla entre 2028 y 2030, el financiamiento puede distribuirse en el tiempo, lo que implicaría un requerimiento aproximado de entre USD 30 y 40 millones en el año 2028.

Para dimensionar este esfuerzo, el presupuesto anual del sector transporte en Ecuador suele oscilar entre USD 1.000 y 2.000 millones. En este contexto, una inversión de USD 30 a 40 millones representa entre el 2% y el 4% del presupuesto anual del sector, lo que demuestra que no se trata de un monto inalcanzable, sino de una decisión de prioridad, especialmente considerando que esta vía constituye el principal eje de conectividad de toda una provincia.

La realidad es clara: un peaje de USD 5 o 6 impacta directamente en la economía de los ciudadanos, mientras que un peaje cercano a USD 2 resulta mucho más justo, accesible y socialmente viable.

El desarrollo no puede recaer exclusivamente en el bolsillo del ciudadano. El Estado debe asumir su rol como cofinanciador estratégico, garante del interés público y responsable del equilibrio social y territorial.

La vía Loja–Catamayo a cuatro carriles es necesaria, urgente y estratégica. No solo por su impacto en la movilidad, sino porque define el futuro productivo, social y territorial de la provincia. Pero su éxito dependerá, fundamentalmente, de cómo se la financie. Porque el desarrollo no se mide solo en kilómetros de carretera, sino en la capacidad real de la gente para utilizarla sin asumir sacrificios excesivos.

El desafío no es solo construir la vía. El verdadero desafío es evitar que se convierta en un costo exagerado para el usuario. 🇪🇨🚧

29/03/2026

12/02/2026

🚨 LOJA EN ALERTA: FRONTERA CERRADA, VÍAS EN CRISIS Y MUNICIPIOS SIN RECURSOS 🚨
Por: Edgar Rivas Jaramillo
El 10 de febrero de 2026, durante la visita presidencial a Loja, solo se permitió el diálogo con el Prefecto y 6 alcaldes. Diez alcaldes quedaron fuera, sin poder exponer los problemas urgentes de sus cantones.
Esto no es un tema de protocolo, es un tema de respeto a la provincia. El Presidente debe respeto a todos los alcaldes, porque representan legítimamente a sus pueblos.
Excluirlos debilita la institucionalidad y la representación territorial.
❗ Frontera sur sin respuestas
Sobre el cierre de las fronteras de Macará y Zapotillo, la provincia sigue sin información clara:
• ⏳ ¿Hasta cuándo durará la medida?• 🔓 ¿Cuándo se reabrirá y bajo qué condiciones?
• 🏢 ¿Cuándo volverán a operar los CEBAF?• 🚔 ¿Cómo se controlarán los más de 40 pasos irregulares activos?
Sin CEBAF operativos:
💼 Se paraliza el comercio 🚚 Se afecta el transporte 👨‍🌾 Se golpea la economía fronteriza y se incrementa la migración 🏪 Caen los ingresos cantonales
Una frontera cerrada sin cronograma ni explicación debilita a toda la provincia.
🚧 Vías en riesgo
Loja enfrenta el invierno con una red vial deteriorada y daños no resueltos desde 2022 y agudizada en el 2025.
Se anunciaron 48 millones de dólares, pero el MTOP señala que primero habrá estudios.
Esto significa que las obras no serán inmediatas, en el mejor escenario, los estudios iniciarían después del invierno y las obras podrían comenzar recién en el último trimestre del año. Existe por lo tanto, un alto riesgo de aislamiento provincial.
La emergencia es ahora.
💰 Municipios y Gobierno Provincial sin liquidez desde hace 5 meses
Los GAD no reciben con normalidad sus asignaciones.
En 2025 se entregaron recursos mediante bonos y todo indica que en 2026 se repetirá el esquema.
Esto genera falta de liquidez, obras paralizadas y menos mantenimiento vial.
Sin recursos líquidos, no hay capacidad de respuesta.
🏛️ Exigencia provincial
Se exige al Prefecto y al Consejo Provincial:
🔴 Sesión urgente con los 16 alcaldes 🔴 Posición oficial de la provincia
🔴 Audiencia con el Presidente 🔴 Reapertura de la frontera y del CEBAF🔴 Atención inmediata a la red vial 🔴 Entrega líquida de recursos a los GAD
Estas acciones están respaldadas por el COOTAD:
📜 Art. 47 y 48: establecen que el Gobierno Provincial y el Consejo Provincial deben coordinar acciones con los GAD cantonales y parroquiales para la planificación, articulación territorial y defensa de los intereses provinciales.
📜 Art. 50: faculta al Prefecto a convocar al Consejo Provincial y a liderar la coordinación interinstitucional frente a problemas que afecten a la provincia.
El silencio institucional debilita a Loja. La coyuntura exige gestión, firmeza y defensa del territorio.
🤝 Unidad
No es momento de cálculos políticos. Es momento de unidad y acción. Loja necesita: 🛣️ Vías transitables 🌎 Fronteras abiertas 💰 Recursos reales 🗣️ Respeto a todos sus cantones
El invierno, según el INAMHI, se instalará en la próxima semana y se extenderá hasta fines de abril. Con la red vial deteriorada y la frontera aún cerrada, la provincia enfrenta semanas críticas que afectarán a la producción, el comercio y la movilidad de miles de ciudadanos.
Loja no puede esperar. La provincia exige liderazgo y decisiones ahora.

02/02/2026

🚧 Derrumbe en Nangora: un año de abandono e inacción gubernamental 🚧
Por: Edgar Rivas Jaramillo
El derrumbe ocurrido en febrero de 2025 en el sector de Nangora afectó durante varios meses la movilidad en el sur de Loja 🚗⛰️ La vía operó de manera limitada, perjudicando seriamente al turismo 🧳, a los negocios locales 🏪 y a cientos de familias 👨‍👩‍👧‍👦 Pese a los reiterados reclamos ciudadanos 📢, la respuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) fue insuficiente, al punto de que la propia ciudadanía tuvo que contratar maquinaria 🚜 para lograr una habilitación parcial y posteriormente aprovechar la temporada de verano ☀️ para reabrir completamente la vía
Lo más preocupante es que el MTOP dispuso de todo el periodo de verano para brindar una respuesta técnica ágil y definitiva, ejecutar obras de estabilización y reducir el riesgo ⚠️ sin embargo no lo hizo ❌ No se realizaron intervenciones estructurales ni se habilitó una vía alterna, pese a que esta fue propuesta por técnicos 👷‍♂️ y por la propia ciudadanía, y que además, es una obligación establecida en la Ley de Gestión de Riesgos 📜
Hoy, en pleno invierno 🌧️, la población vuelve a estar expuesta, las primeras lluvias ya han provocado deslizamientos de suelo y caída de piedras 🪨 y en estas condiciones no es viable ejecutar trabajos debido al alto riesgo que representan para los operadores de maquinaria Apenas el 20 % del derrumbe fue intervenido mientras que el 80 % permanece inestable con material pétreo de gran tamaño y una alta probabilidad de colapso
El sector es actualmente de alto riesgo 🚨 ya que un nuevo desprendimiento podría producirse mientras circulan vehículos poniendo en peligro la vida de las personas 🛑 Además las poblaciones de Malacatos, Vilcabamba, Quinara y Yangana enfrentan nuevamente la amenaza de quedar incomunicadas 🔒 con graves afectaciones a la economía local, el turismo y la agricultura 🌱 Es urgente que el MTOP, después de un año de inacción, trabaje de manera inmediata en la habilitación de una vía alterna
Nangora se ha convertido en un símbolo de la desidia institucional y de la falta de voluntad política frente a una emergencia vial anunciada ❗ la omisión de acciones oportunas no solo evidencia una deficiente gestión pública sino que además traslada el costo del abandono estatal a la ciudadanía que ve vulnerados sus derechos a la movilidad, a la seguridad y al desarrollo ⚖️ el Estado no puede seguir reaccionando únicamente cuando ocurre una tragedia 🕯️ las autoridades tienen la obligación política, técnica y ética de actuar de inmediato, asumir responsabilidades y garantizar soluciones reales antes de que el riesgo se traduzca en pérdidas humanas.

31/01/2026

Frontera Sur: 37 días de silencio estatal, ley postergada y urgencia de liderazgo provincial ⏱️🚧⚖️
Por: Edgar Rivas Jaramillo
Hoy se cumplen 37 días de la disposición del Gobierno Nacional del cierre de las fronteras CEBAF, sin que desde la Gobernación ni de los ministerios competentes, se haya informado con claridad los avances de la medida, alcances, objetivos ni el plazo de vigencia ⛔❓. Tampoco se ha comunicado si se prevé una apertura gradual, controlada o definitiva, lo que ha generado incertidumbre, pérdidas económicas y una creciente sensación de abandono en las poblaciones fronterizas 📉😔.
Desde una perspectiva técnica y de responsabilidad pública, resulta plenamente viable exigir una reapertura gradual y controlada, con plazos claros que no deberían superar los 15 días ⏱️. El tiempo transcurrido debió ser suficiente para fortalecer el CEBAF (Centro Binacional de Atención en Frontera), optimizar los controles formales y reforzar de manera permanente la vigilancia en los pasos irregulares 🚓🛂. Un cierre prolongado del CEBAF, sin planificación ni comunicación, termina castigando a quienes producen y comercian legalmente en la frontera.
En este escenario, resulta igualmente imprescindible reactivar la lucha por la plena vigencia de la Ley Orgánica para el Desarrollo Fronterizo y de la Ley de Ordenamiento de las Fronteras ✊📜. Estas normas no pueden seguir siendo letra mu**ta. Su aplicación efectiva permitiría impulsar la inversión pública y privada 💼, fortalecer la infraestructura logística 🛣️, promover la industrialización local 🏭, generar empleo formal 👷‍♂️👷‍♀️ y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales 📦🌍. Sin una política fronteriza basada en la ley, la planificación y la asignación de recursos, la frontera sur seguirá siendo tratada como periferia y no como un territorio estratégico.
Sin embargo, esta agenda enfrenta un obstáculo adicional: la falta de unidad política y territorial. El prefecto provincial, los alcaldes, los asambleístas y las cámaras de la producción han mantenido pronunciamientos tibios y dispersos, sin una agenda común 🤝❌. Desde Macará, líderes cantonales comprometidos con el desarrollo fronterizo elevan con frecuencia el clamor ciudadano por la reapertura y exigen la vigencia de la Ley Orgánica para el Desarrollo Fronterizo; sin embargo, ese pedido no ha sido articulado ni respaldado con firmeza por las principales autoridades, profundizando la desesperanza social 😞📢.
Hoy más que nunca, Loja necesita unirse como provincia 🤝. Existe una clara carencia de liderazgo firme, convocante y coherente que articule a autoridades, gremios y sociedad civil para constituir un frente común, con una sola voz y objetivos definidos, mientras priman los intereses políticos de cara a las elecciones seccionales de 2028 🎯. Sin liderazgo no hay unidad, y sin unidad la capacidad de presión política de la provincia se diluye frente al poder central.
La historia ofrece una lección vigente, el ilustre lojano Manuel Carrión Pinzano supo alzar la voz frente al abandono estatal y, como acto de dignidad política, impulsó el Gobierno Federal de Loja 🏛️🔥. Hoy, sin confrontaciones estériles pero con firmeza y cohesión, Loja debe recuperar esa capacidad de acción colectiva para exigir soluciones concretas, plazos definidos y respeto a un territorio estratégico para el desarrollo nacional ✨.
Sin unidad provincial no hay frontera fuerte, y sin frontera fuerte no hay desarrollo nacional.