18/09/2025
Ecuador: entre el ajuste fiscal y la agudización de la pobreza
Por Edgar Rivas Jaramillo
La política de subsidios a los combustibles en Ecuador se instauró en 1974, durante el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, con el objetivo de controlar los precios internos, garantizar el abastecimiento energético y proteger a la población de la volatilidad del mercado internacional del petróleo. Durante más de cinco décadas, estos subsidios se mantuvieron vigentes, aunque su sostenibilidad fiscal siempre fue cuestionada.
En septiembre de 2025, el Gobierno Nacional eliminó el subsidio al diésel, cuyo costo anual era de 1.194 millones de dólares, elevando el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares, aunque algunos economistas estiman que podría llegar hasta 4,30 dólares si se eliminara por completo. Esta medida incrementó de inmediato los costos de transporte y bienes de consumo, afectando especialmente a los hogares de bajos ingresos y a las zonas rurales, donde la pobreza alcanza el 24,0 % y la pobreza extrema el 10,4 %. La situación generó movilizaciones sociales, bloqueos de vías y la declaración del estado de excepción por parte del Gobierno. Según el INEC, en junio de 2025 la línea de pobreza por ingresos era de 91,98 dólares mensuales per cápita, mientras que la de pobreza extrema alcanzaba los 51,83 dólares. La pregunta nace por si sola puede una familia vivir con 1 a 3 dólares por día, imposible. En este contexto, el 34,4 % (6 millones) de ecuatorianos perciben ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica familiar, que supera los 835 dólares mensuales, un aumento de casi el 24 % respecto a 2015. Cualquier incremento en transporte, alimentos o energía, como consecuencia de la eliminación del subsidio, deteriora aún más la capacidad de consumo de estos hogares, elevando la inseguridad alimentaria y social.
Para mitigar parcialmente el impacto, el Gobierno implementó compensaciones temporales para los transportistas durante ocho meses. No obstante, al término de este periodo resurgirá la insatisfacción ciudadana por el aumento del pasaje, y el Gobierno ya ha señalado que trasladará la responsabilidad a los municipios. Según los cálculos oficiales, esta medida beneficia a 20.000 buses urbanos e interprovinciales, con un bono inicial de 1.000 dólares por unidad, aunque los transportistas solicitaron aumentarlo a 2.000 dólares que afectará al beneficio fiscal proyectado. El resto del parque automotor diésel, aproximadamente 330.000 unidades, quedó fuera de la compensación, trasladando así el peso económico de la medida a la mayoría de los sectores productivos y a los ciudadanos entre ellos los pobres. Se estima un incremento del costo de la vida del 5% pero por transporte y especulación puede llegar al 20 %.
En definitiva, la eliminación del subsidio al diésel no resuelve el déficit fiscal estructural, que en 2024 alcanzó cerca de 14.000 millones de dólares, ni sus efectos sociales. La medida erosiona el poder adquisitivo de millones de ecuatorianos, aumenta la presión inflacionaria y evidencia que los subsidios siguen siendo clave para la estabilidad social y política, subrayando la necesidad de analizar cuidadosamente cualquier medida económica y de mitigar sus impactos sobre la población vulnerable. Ecuador podría incrementar sus ingresos mediante la ampliación de la base tributaria y la lucha contra la evasión fiscal, la optimización del gasto público y la focalización de apoyos hacia quienes más lo necesitan. Asimismo, la modernización de sectores estratégicos, los incentivos a la inversión productiva y el fortalecimiento de la formalización laboral podrían generar ingresos sostenibles, asegurando crecimiento económico y estabilidad social sin afectar a los hogares más pobres.
