27/12/2025
ll ETAPA responde a Contraloría, pero guarda silencio sobre cargo creado en la actual administración
La controversia en torno a la Empresa Pública ETAPA EP se profundiza tras la difusión del informe de la Contraloría General del Estado y la posterior respuesta oficial de la empresa municipal. Un análisis comparativo de ambos documentos evidencia una omisión clave: ETAPA centra su defensa exclusivamente en hechos atribuidos a administraciones anteriores y evita pronunciarse sobre observaciones que comprometen directamente a la actual gestión.
El informe de la Contraloría, aprobado el 19 de diciembre de 2025, es claro. Determina indicios de responsabilidad y sugiere acciones por irregularidades en el manejo del talento humano entre junio de 2022 y junio de 2025. Entre los hallazgos más graves consta la creación del cargo de “Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos” en junio de 2023, realizada —según el órgano de control— sin sustento técnico ni apego a la normativa interna, lo que expuso a la empresa a posibles acciones judiciales.
Además, la Contraloría advierte que dicho cargo fue ocupado por un servidor que incurrió en inhabilidad por parentesco con un concejal urbano de Cuenca, lo que derivó en pagos por más de USD 107 mil, valores que no han sido reintegrados a la empresa. Este hecho corresponde plenamente al período de la actual administración.
Sin embargo, en su comunicado oficial, ETAPA EP omite cualquier referencia a este cargo, a la inhabilidad detectada o a los pagos realizados, y enfoca su descargo en observaciones relacionadas con pagos de décimos y jornadas laborales durante la emergencia sanitaria por COVID-19, ocurridas —según señala— en administraciones pasadas.
La respuesta institucional insiste en que no existen responsabilidades civiles ni penales determinadas y que cualquier interpretación distinta “genera confusión”. No obstante, elude pronunciarse sobre los puntos más sensibles del informe, aquellos que no pueden atribuirse al pasado y que comprometen decisiones adoptadas desde 2023 en adelante.
El contraste es evidente: mientras la Contraloría señala hechos concretos de la administración actual, ETAPA responde mirando hacia atrás. El silencio sobre el cargo creado y las irregularidades asociadas no aclara el panorama; por el contrario, refuerza las dudas sobre la gestión vigente y su disposición a rendir cuentas completas.
La ciudadanía no solo exige explicaciones del pasado, sino respuestas claras sobre el presente. Y, por ahora, esas respuestas siguen incompletas.
