13/05/2026
🚨 El asambleísta Edwin Jarrín presentó este miércoles, una denuncia formal ante la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupc¡ón en la ciudad de Quito, en contra del Prefecto de Morona Santiago, Tiyua Uyunkar.
Jarrín acusa a Uyunkar del delito de presunto enriquecimiento ilícito no justificado, evidenciado en la adquisición desbordada de bienes inmuebles en un periodo de tiempo muy corto.
Con certificados del Registro de la Propiedad del Cantón Morona en mano, el legislador evidenció que el Prefecto habría adquirido varias propiedades en tan solo 3 meses de haber asumido sus funciones.
Según la denuncia, los inmuebles están inscritos a nombre de la autoridad provincial en varios sectores: Macas, Paccha y Sevilla Don Bosco
Para Jarrín, este enriquecimiento no guarda relación con los ingresos percibidos por el prefecto, quien proviene de la comunidad de Wachirpas en el cantón Taisha, en sus primeros 90 días de gestión.
También ha pedido la intervención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para determinar los movimientos bancarios y depósitos realizados en cuentas vinculadas al prefecto y otras personas mencionadas en la denuncia, a quienes señala como posibles testaferros.
Este hecho según manifestó, requiere una intervención inmediata de los organismos de control para que puedan determinar de dónde salieron los fondos utilizados para estás compras.
⭕ A continuación presentamos el boletín de prensa emitido por el asambleísta Jarrín:
EL ASAMBLEÍSTA EDWIN JARRÍN PRESENTA DENUNCIA EN LA FISCALÍA POR PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CONTRA PREFECTO DE MORONA SANTIAGO.
He presentado formalmente una denuncia ante la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en contra del prefecto de Morona Santiago, Tiyua Napoleón Uyunkar Kaniras.
La denuncia solicita que se investigue una posible variación patrimonial no justificada, considerando que, al momento de inscribir su candidatura, la autoridad denunciada habría declarado no poseer bienes muebles, inmuebles, automotores ni patrimonio alguno; sin embargo, pocos meses después de su posesión, constarían inscritos a su nombre varios bienes inmuebles ubicados en la provincia, con extensiones y valores que deben ser verificados por la autoridad competente.
Dentro de la denuncia también se ha pedido que Fiscalía disponga diligencias concretas, entre ellas la revisión de declaraciones juramentadas, escrituras públicas, certificados registrales, avalúos reales de los bienes, así como el análisis de movimientos financieros y posibles depósitos realizados por terceras personas, a fin de determinar si existió o no un incremento patrimonial injustificado, participación de terceros o uso de recursos de origen ilícito.
Este no es un tema menor. Cuando una autoridad pública pasa de declarar patrimonio cero a registrar bienes en corto tiempo, la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y el Estado tiene la obligación de investigar. La transparencia no es opcional para quienes administran poder público; es una exigencia mínima de responsabilidad frente al pueblo.
Como legislador de Morona Santiago, he cumplido con poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía para que se actúe conforme a derecho, se practiquen las diligencias necesarias y se determinen las responsabilidades que correspondan. La lucha contra la corrupción requiere decisiones firmes, documentos en mano y acciones institucionales concretas.
Contenido informativo.
