17/07/2025
Ecuador al Límite: ¿Mano Dura o Más Preguntas sin Respuestas? La Castración Química en el Ojo del Huracán
La desesperación por la inseguridad que ahoga a Ecuador es palpable. Diariamente, somos testigos de cómo la violencia desangra nuestra economía, fuerza el cierre de negocios, impulsa una migración masiva y desploma el valor de nuestras propiedades. ¿Acaso no basta con el miedo constante a que nuestras familias sean víctimas de esta guerra?
En este contexto de angustia y abandono, el gobierno del presidente Daniel Noboa insiste en llevar a consulta popular propuestas como la castración química para violadores. Pero, ¿es esta la prioridad real de un país que se desmorona?
Nos preguntamos, desde la vivencia de una realidad cruda y desgarradora:
¿Una consulta popular es la solución, cuando ya hemos tenido varias sin resultados tangibles? ¿Es realmente la castración química la respuesta fundamental cuando miles de personas son asesinadas y las investigaciones no avanzan? ¿No es acaso un gasto innecesario cuando los recursos son vitales para otras emergencias?
¿Dónde está la inversión en salud pública? ¿Por qué los hospitales públicos carecen de medicinas básicas, forzando a los pacientes a comprarlas, si se supone que la salud es "gratuita"? ¿Por qué las citas médicas se postergan por 3, 6 o incluso 9 meses? ¿Realmente la salud no es gratuita en Ecuador?
¿Cómo justificar gastar en una consulta que, como la de la castración química, parece preguntar si "un asesino debe estar preso o libre"? ¿No es esa una respuesta obvia en el COIP que requiere más bien una reforma profunda y efectiva en las diligencias de investigación y en el sistema judicial?
¿Es la castración química una solución mágica o una distracción de los problemas estructurales que alimentan la inseguridad y la impunidad? ¿Garantizará esta medida, por sí sola, la protección de nuestros niños y niñas, o necesitamos acciones más integrales y urgentes?
Mientras el Gobierno defiende esta propuesta como una "respuesta necesaria y proporcional" ante la reincidencia de delitos sexuales, citando ejemplos de otros países y un alarmante número de procesos judiciales por delitos sexuales, la ciudadanía clama por soluciones a la crisis que vive a diario. La medida sería aplicada a toda persona con sentencia ejecutoriada y buscaría crear un registro confidencial de ofensores sexuales.
Sin embargo, ¿cuántas vidas más deben perderse, cuántos negocios deben cerrar, cuántas familias deben migrar, antes de que el gobierno tenga un horizonte claro para erradicar el crimen y reconstruir el tejido social y económico del país? La percepción y las vivencias de la gente cuentan historias desgarradoras que van más allá de cualquier dato estadístico oficial.
Necesitamos respuestas claras y acciones contundentes que ataquen la raíz del problema, no solo sus síntomas. ¿Estamos listos para exigir más que solo promesas y consultas?