04/06/2026
464 familias perjudicadas en caso de captación ilegal de dinero
Daniel Alejandro S. S., de 26 años de edad fue sentenciado a once meses de prisión, tras someterse al procedimiento abreviado y aceptar su responsabilidad en el delito de captación ilegal de dinero, luego de colaborar con la justicia a través de un acuerdo de cooperación eficaz y aportar con información relevante para el caso, informó Fiscalía.
En su resolución, el Juez de Garantías Penales de Chimborazo le impuso una multa de 5.141 dólares y ordenó la devolución de 267.981 dólares, como reparación integral a las víctimas que, durante la audiencia de juzgamiento, sean calificadas como tal. Esto porque, a más del ahora sentenciado, existen ocho procesados más en este caso: Natalia del Pilar T. N., César David L. H., Pablo David C. M., José Luis T. N., Javier Marcelo B. E., Byron Miguel M.C., Sabrina Belén M. T y Adriana de los Ángeles T. N. Ellos fueron llamados a juicio, con base en el dictamen acusatorio de Fiscalía, sustentado en más de 100 elementos de convicción que conformaron el anuncio de prueba.
El sentenciado, Daniel Alejandro S. S., junto a los ocho llamados a juicio, habrían conformado una estructura criminal para captar dinero de forma ilegal a través de la empresa SAALDA S. A., sociedad que no contaba con la autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para efectuar actividades de intermediación financiera. Los investigados y el sentenciado ofertaban servicios de inversión en la bolsa de valores, compraventa de activos financieros en mercados bursátiles y plataformas de internet a corto plazo. Prometieron rendimientos mensuales entre el 12 % y el 200 % por los capitales invertidos. De acuerdo con la investigación, hasta el momento existen más de 464 familias afectadas, que entregaron diferentes montos de dinero, perjuicio que alcanzaría los 2’411.831 dólares.
Daniel Alejandro S. S., Natalia del Pilar T. N., César David L. H., Pablo David C. M., José Luis T. N., Javier Marcelo B. E. y Byron Miguel M.C. fueron detenidos durante ocho allanamientos simultáneos ejecutados el 6 de junio de 2025, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional, en Riobamba y Guano. En los inmuebles se incautaron teléfonos móviles, documentación de los posibles inversores, computadoras y otras evidencias.
Posteriormente, el 4 de septiembre de 2025, Fiscalía vinculó a Ángeles T. N. y Sabrina Belén M. T. como supuestas autoras del delito. Madre e hija están prófugas y, para ellas, la etapa de juzgamiento permanece suspendida hasta su captura.
