22/05/2026
CAPÍTULO II — LOS CONTACTOS
La red detrás de la Finca
Durante años, muchos antigüeños se hicieron la misma pregunta:
¿Cómo logró avanzar La Chacra entre denuncias, conflictos urbanísticos, expedientes municipales y cuestionamientos públicos que parecían suficientes para detener cualquier otro proyecto?
La respuesta, según documentos, publicaciones periodísticas y testimonios recopilados durante esta investigación, parece ir mucho más allá del dinero o del negocio inmobiliario.
Con el paso del tiempo, alrededor de La Chacra comenzó a formarse una compleja estructura de relaciones políticas, jurídicas e institucionales que terminaría conectando al proyecto con algunos de los espacios de poder más influyentes de Antigua Guatemala… y eventualmente incluso con escenarios nacionales.
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En el centro del caso vuelve a aparecer Ricardo José Felipe Sáenz Cóbar.
Sacerdote católico.
Dentista de profesión.
Empresario y desarrollador inmobiliario.
Pero mientras el proyecto crecía físicamente sobre las montañas de Santa Inés, también comenzaban a fortalecerse relaciones legales y políticas alrededor de la finca.
Y una de las historias más llamativas surge precisamente desde los primeros años del conflicto.
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Entre 2012 y 2013, durante la administración del exalcalde Adolfo Vivar, la empresa Caleruega S.A., vinculada a La Chacra, impulsaba la urbanización de la primera fase del proyecto.
En aquel momento, el Concejo Municipal aprobó beneficios y exoneraciones parciales de uso de suelo que, según distintos señalamientos públicos de la época, alcanzaban cifras millonarias.
Fue entonces cuando una integrante del mismo Concejo decidió oponerse públicamente.
La concejal Patricia Diéguez denunció posibles irregularidades relacionadas con el proyecto, señalando presuntos actos de corrupción y falsedad en el proceso de autorización.
En ese momento, muchos pensaron que comenzaba una confrontación política frontal alrededor de La Chacra.
Sin embargo, con el paso de los años, la historia tomaría un giro inesperado.
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El esposo de Patricia Diéguez es el abogado Jorge Rolando Rosales Mirón, conocido en distintos círculos políticos y jurídicos como “Nino Rosales”.
Y Rosales Mirón no es un abogado cualquiera.
Fue diputado al Congreso de la República por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) entre 2000 y 2004 y posteriormente desarrolló una amplia trayectoria dentro de estructuras políticas y judiciales del país.
En noviembre de 2020 fue designado magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia, junto al magistrado Roberto Molina Barreto.
La elección de ambos fue posteriormente impugnada por organizaciones civiles que señalaron supuestas irregularidades dentro del proceso de designación.
Con el paso de los años, Rosales Mirón comenzó a aparecer vinculado legalmente al entorno de La Chacra, fungiendo como operador jurídico, mandatario y consultor relacionado con el proyecto y con Ricardo José Felipe Sáenz Cóbar.
La contradicción llamó la atención de distintos sectores locales.
Lo que años atrás había sido denunciado públicamente desde el ámbito político, ahora parecía terminar conectado dentro de una misma estructura de relaciones legales y de poder.
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Pero la red no terminaba allí.
Conforme avanzaban los años, otro nombre comenzaría a aparecer constantemente alrededor de las discusiones políticas y urbanísticas de Antigua Guatemala:
Diego Castañeda Arimany.
Empresario y operador político señalado durante años por distintos sectores locales como una de las figuras de mayor influencia dentro de decisiones urbanísticas, económicas y políticas en la ciudad.
Diversas fuentes consultadas para esta investigación coinciden en ubicar buena parte de esa estructura de relaciones alrededor del Hotel Casa Santo Domingo, un espacio que con el tiempo comenzaría a aparecer no solamente ligado al turismo o al sector hotelero, sino también a procesos políticos e institucionales de enorme relevancia nacional.
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El nombre de Diego Castañeda también ha sido relacionado políticamente con figuras que han ocupado espacios importantes dentro de la Municipalidad de Antigua Guatemala.
Entre ellas:
* el exalcalde Víctor Hugo Del Pozo
* y los actuales concejales Diego Arriola y Carmen Beatriz Vásquez.
Mientras estas relaciones políticas se fortalecían, La Chacra continuaba expandiéndose.
Durante la administración de Víctor Hugo Del Pozo fueron aprobados nuevos cambios de uso de suelo vinculados a sectores de la urbanización y al proyecto comercial Paseo Antigua, ampliando aún más el alcance del desarrollo.
Y para muchos vecinos comenzó a instalarse una percepción cada vez más fuerte:
“Había una estructura protegiendo el proyecto.”
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Uno de los episodios que más alimentó esa percepción pública ocurrió con la construcción de un puente sobre el río Pensativo para el ingreso a sectores de La Chacra.
Según publicaciones periodísticas y expedientes conocidos públicamente, la obra fue ejecutada sin la licencia correspondiente dentro de una zona patrimonial protegida de Antigua Guatemala.
Distintos sectores denunciaron además que existían órdenes de suspensión relacionadas con los trabajos.
Sin embargo, pese a la magnitud del caso y al impacto denunciado sobre el entorno patrimonial, la sanción final impuesta fue de apenas Q500.
La resolución generó fuertes críticas entre vecinos, arquitectos y sectores patrimonialistas, quienes consideraron desproporcionada la multa frente al tamaño de la obra y al impacto señalado públicamente.
Para muchos antigüeños, aquel episodio terminó simbolizando una idea que comenzaba a repetirse cada vez con más fuerza alrededor de La Chacra:
“Las reglas parecían funcionar diferente cuando se trataba de ciertos proyectos.”
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Sin embargo, con el paso de los años, Casa Santo Domingo comenzaría también a aparecer en escenarios mucho más delicados.
En 2026, el hotel fue sede de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad impulsada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, proceso en el que fue electa Julia Marisol Rivera Aguilar.
Meses después, el mismo recinto también sería utilizado para la controversial reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC, en medio de protestas estudiantiles, fuertes medidas de seguridad y cuestionamientos nacionales relacionados con legitimidad y exclusión de sectores universitarios.
Investigaciones periodísticas también documentaron que durante la administración de Walter Mazariegos, Casa Santo Domingo recibió contratos y pagos por servicios otorgados a la Universidad de San Carlos, incluyendo actividades relacionadas precisamente con estos procesos institucionales.
Y aunque públicamente nunca se estableció una relación directa entre estos acontecimientos y el conflicto alrededor de Antigua Guatemala, distintos sectores comenzaron a observar con atención las coincidencias políticas y temporales que empezaban a rodear al caso.
Especialmente cuando posteriormente comenzaron a surgir resoluciones de alto impacto para la Municipalidad de Antigua Guatemala.
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Con el paso de los años, el conflicto dejó de sentirse únicamente como una disputa urbanística.
La Chacra comenzaba a revelar algo mucho más profundo.
Una compleja estructura donde parecían cruzarse:
* poder económico
* operadores políticos
* abogados influyentes
* estructuras municipales
* relaciones institucionales
* magistraturas constitucionales
* y espacios de poder judicial.
Durante años, muchos antigüeños sintieron que las decisiones más importantes alrededor de la ciudad ya no se discutían únicamente dentro del Palacio Municipal.
Y la pregunta comenzó a crecer silenciosamente entre vecinos, profesionales y sectores patrimonialistas:
¿Quién mueve realmente el tablero en Antigua Guatemala?
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Pero el verdadero punto de ruptura llegaría en 2026.
Porque por primera vez en muchos años, quienes durante largo tiempo parecían controlar cómodamente el tablero político local comenzaron a perder espacios dentro de la Municipalidad de Antigua Guatemala.
Y cuando el control político empezó a fracturarse, la batalla dejó de librarse únicamente en los cerros de Santa Inés.
La guerra comenzó a trasladarse hacia las cortes, las instituciones y el futuro financiero de Antigua Guatemala.
Y ese sería el inicio del capítulo más delicado de todos.
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Fuentes consultadas
* Emisoras Unidas — Nuevos magistrados de la CC toman posesión
* Emisoras Unidas — Piden repetir el proceso de elección de magistrados en la CSJ
* Emisoras Unidas — CSJ elige a Roberto Molina Barreto magistrado de la CC
* Publinews — Magistrados Molina Barreto y Rosales Mirón toman posesión en la CC
* eP Investiga — Casa Santo Domingo ha recibido más de Q300 mil por servicios otorgados a la Usac durante gestión de Mazariegos
* eP Investiga — Cobertura sobre reelección de Walter Mazariegos y actividades en Casa Santo Domingo
* Prensa Libre — MP sospecha que sacerdote falsificó firmas para figurar como único dueño de finca
* Nómada — El sacerdote que construye su reino acá en la tierra
