¿Qué es el sitio web?

http://puchicamucha.wordpress.com/

Púchica Muchá, Guatemala City (2025)

29/09/2025

Edmar está preso por defender la USAC. Miguel Martínez libre por saquear al país.

La justicia en Guatemala no es ciega.
Solo tiene precio.

El viernes 26 de septiembre, Edmar Eduardo Arriola Toc fue capturado.
Estudiante universitario.
Joven sancarlista.
Acusado por participar en la toma pacífica de la USAC en 2022.

¿Su crimen?
Oponerse a la imposición de Walter Mazariegos.
Ese rector impuesto que ya fue incluido en la Lista Engel.
Ese que el pueblo sancarlista no eligió.
Y que fue protegido por el silencio cómplice de las autoridades universitarias.

Edmar fue llevado a las carceletas de Torre de Tribunales.
La audiencia… la aplazaron.
El expediente… lo “extraviaron”.
Lo detuvieron un viernes.
Para dejarlo encerrado un fin de semana.
Como castigo.
Como tortura mental.
Como escarmiento político.

Tres días sin proceso.
Sin defensa.
Sin justicia.

Y mientras Edmar está tras las rejas,
Miguel Martínez, el operador, el beneficiario, el rostro del régimen de Giammattei,
camina libre.
Nunca ha sido citado.
Nunca ha sido tocado.
Porque en Guatemala, oponerte a un rector ilegítimo te lleva a prisión,
pero saquear el Estado… te da impunidad.

Edmar representa más que un estudiante.
Es símbolo.
Resistencia.
Memoria.
Es la dignidad que no pudieron comprar.
Ni callar.
Ni quebrar con barrotes.

El MP lo acusa de sedición, usurpación agravada y depredación de bienes culturales.
¿Y los que robaron millones?
¿Los que entregaron la USAC al pacto?
Siguen nombrando decanos, firmando convenios y cobrando favores.

La toma del campus duró 386 días.
No fue violencia.
Fue legítima defensa.
Fue protesta contra el fraude.
Contra la corrupción.
Contra el secuestro de la universidad más grande del país.

Los mismos que hoy lo acusan, firmaron su expulsión en mayo.
Lo criminalizan por irrumpir un inmueble…
cuando él irrumpió una estructura podrida desde adentro.

El juez que avaló su orden de captura, Víctor Cruz, también está en la Lista Engel.
Y así se cierra el círculo:
Jueces sancionados,
rectores impuestos,
ministerios públicos al servicio del poder.
Y estudiantes perseguidos.

A Edmar le imputan “vínculos políticos”.
Pero los únicos que usaron la USAC como botín fueron ellos.
Los que convirtieron la universidad en moneda de cambio para contratos, candidaturas y poder.

Exigimos su libertad.
No por compasión.
Por justicia.
Porque lo que hizo Edmar no fue un crimen.
Fue una lección.

Defender la universidad pública no debería ser delito.
Dejarla en manos del pacto, sí.

Y mientras Edmar espera su audiencia,
Miguel Martínez sigue blindado.
Cenando con banqueros.
Negociando con el Congreso.
Protegido por los que prometieron cambio.

La pregunta no es por qué Edmar está preso.
La pregunta es:
¿Hasta cuándo vamos a normalizar esta podredumbre?

No más criminalización.
No más estudiantes tras las rejas por ejercer su voz.
No más justicia selectiva.

Edmar, fuerza.
No estás solo.
Tu dignidad, hoy, representa a miles.
Y tu encierro, más que castigo,
es la prueba de que les duele el valor de los que no se venden.
Sergio Vega
Presente

29/09/2025

Santiago Atitlán, el despertar Tz’utujil.
El Genesis de una revolución pacífica, multicolor.

Un pueblo entero pidió la renuncia de su alcalde.
Con más firmas de las que él obtuvo en votos.
Eso no es protesta.
Es poder ciudadano.

El pueblo Tz’utujil se organizó.
Cerró la municipalidad.
Denunció corrupción.
Y mantiene el plantón, ya van 12 días.
Pacífico. Firme. Legítimo.

Francisco Coché, del partido CABAL,
llegó con 6,188 votos.
Hoy, 7,830 vecinos exigen su salida.
Ya no representa a nadie.
Solo a sus intereses.

Lo acusan de vender licencias de mototaxis.
244 líneas, autorizadas en silencio.
Con cobros inflados, y pruebas en la mano.
Boletas bancarias, depósitos, nombres.
Pero la municipalidad solo reportó Q2,000 por línea.
El resto, nadie sabe dónde está.

También se le señala por encubrir la contaminación del lago.
Prometió denunciar.
Después calló.
La historia de siempre:
Hablan fuerte en campaña,
y se arrastran cuando huelen dinero.

Y ahora, acorralado,
huyó al caserío de Cerro de Oro
para improvisar una municipalidad paralela.
Como si gobernar fuera esconderse.
Como si institucionalidad significara burlarse del pueblo.

¿Y el Ministerio Público?
Silencio.
¿Y el Procurador de los Derechos Humanos?
Cómodo.
¿Y las instituciones?
Cómplices.

El MP rechaza las denuncias del pueblo,
pero corre a recibir las del alcalde.
Otra vez:
La ley del más fuerte,
no la fuerza de la ley.

Pero Santiago Atitlán ya habló.
Y cuando un pueblo habla con dignidad,
no hay ley que lo silencie
ni juez que lo contenga.

Esto no es una toma.
Es una insurrección moral.
Un acto de resistencia.
El más valiente del año.

Mientras en la capital se normaliza el cinismo de Quiñonez y los Arzú,
en Atitlán hay organización, cuerpo, historia.
No tuits.
Dignidad.

Coché ya no gobierna.
No porque lo diga un tribunal,
sino porque su pueblo ya lo expulsó del poder real.

Esto no es una pelea entre “derecho indígena” y “ley occidental”.
Es un choque entre ética y descaro.
Entre comunidad y clientelismo.
Entre justicia y corrupción.

Y no es la primera vez.
Santiago Atitlán ya expulsó al Ejército en 1990.
Sobrevivió a la masacre de Panabaj.
Hoy resiste con memoria.
Sin violencia.
Con historia.

Y eso es lo que más les duele.

Porque la dignidad no se compra.
Ni se aplasta.
Y la autoridad ancestral no necesita investidura,
tiene legitimidad.

Este ejemplo debe replicarse.
En los más de 300 municipios cooptados por redes corruptas.
Donde se gobierna con miedo y sin vergüenza.
Donde los fondos públicos son negocios privados.

Porque el pueblo no solo puede exigir.
Debe hacerlo.
Y no necesita permiso para hacerlo bien.

Santiago Atitlán es un espejo.
Y una bofetada.
A la apatía nacional.

No están esperando que la ley funcione.
Están haciendo que la justicia suceda.
Con mantas.
Con rondas.
Con organización.

Toda nuestra solidaridad al pueblo Tz’utujil.

La dignidad no tiene color.
La resistencia no tiene horario.
Y la autoridad ancestral tiene más fuerza moral
que mil alcaldes corruptos.

Lo que hacen hoy en Santiago Atitlán
es lo que cada comunidad debería estar haciendo
en cada rincón de este país capturado por el clientelismo.

Alcaldes y diputados:
Tomen nota.
El poder real no está en un escritorio.
Está en la calle.
Y el pueblo ya lo entendió.

¡Fuerza, Santiago Atitlán!
Este país necesita más pueblos como ustedes.
Sergio Vega
Presente

26/09/2025

Presidente Arévalo:

A estas horas, usted ya debió haber regresado de otro de sus viajes a Nueva York.

¿Adivine qué hora es?
Es hora de trabajar.
Y de hacer que sus asesores trabajen también.

Vete ya el Decreto 7-2025.
Sin excusas.
Sin titubeos.
Sin rodeos.
Ya se tardó.
Y ya se tardaron sus asesores en decirle lo obvio.

Usted no gana cinco centavos.
Y su cargo no es decorativo.
No fue electo para sentarse a contemplar el caos.
Fue electo para enfrentarlo.

Sí, el país tiene más problemas que este decreto.
Pero justamente por eso, no puede fallar donde más se necesita claridad.
Y su responsabilidad hoy es una sola:
VETARLO.

Porque si no lo veta, lo firma.
Y si lo firma, firma la traición.

Este decreto no es política pública.
Es una emboscada.
Una coartada legal para que los mismos de siempre se repartan el Estado a puertas cerradas, sin control ni vergüenza.

¿De qué se trata?
→ De permitir que los Codedes gasten en 2026 lo que no ejecuten en 2025.
→ Sin devolver un centavo.
→ Sin auditoría real.
→ Con el silencio administrativo convertido en aval automático.
Lo llaman “eficiencia”.
Pero no es eficiencia.
Es licencia para delinquir.
Y usted lo sabe.

Si no lo veta, se convierte en el presidente que cedió ante el clientelismo más burdo, mientras habla de ética y se presenta como estadista en la ONU.

Un presupuesto interanual sin rendición de cuentas no es planificación.
Es corrupción con disfraz técnico.
Es legalizar el clientelismo.
Es convertir fondos públicos en combustible electoral.

Y aquí está el verdadero dilema:
Si usted no lo veta, lo avala.
Y si lo avala, es cómplice del sistema que prometió desmantelar.

Este no es un decreto suelto.
Es parte de una estrategia orquestada.
Una operación de saqueo, disfrazada de desarrollo.

Porque el Congreso no se unió para proteger derechos,
ni para reformar la justicia,
ni para mejorar la educación.
Se unió para repartirse el pastel.

La consigna es clara:
→ Voto a favor, obra asegurada.
→ Obra asegurada, campaña adelantada.
→ Campaña adelantada, impunidad garantizada.

Y mientras tanto, usted guarda silencio.
Juega a la “gobernabilidad blanda”,
entrega espacios a quienes hoy le clavan el puñal político.

Fue usted quien respaldó la llegada de Sebastián Siero a la ANAM.
Un operador del Unionismo,
sobrino de Degenhart,
ya posiblemente en campaña por la presidencia.
Le abrió la puerta al adversario.
Y ese adversario convirtió la ANAM en el lobby del decreto.

El error fue político.
Y el costo es institucional.

Por eso este momento exige algo más que cálculo.
Exige claridad.
Coherencia.
Coraje.

Vetar este decreto no es un gesto simbólico.
Es una obligación de Estado.
Con la ciudadanía.
Y con la historia.

Porque usted fue electo con una promesa:
cerrar la puerta al pacto de corruptos.
No ser parte del pacto por omisión.

Este decreto consagra el saqueo interanual.
Aunque lo maquillen como “desarrollo local”.

No lo negocie en privado.
Vételo.
Y hágalo de frente.
Con claridad moral.
Y con responsabilidad histórica.

La decisión está en su escritorio.
Y el país lo está observando.
No con fe ciega,
sino con lucidez.
Con la claridad de quien entendió que el poder, si no se usa con firmeza, se convierte en complicidad.

Hoy no se discute solo un decreto.
Se define un rumbo.
→ Si se veta, el Estado se defiende.
→ Si se deja pasar, la corrupción gana por abandono.

Presidente:
No está solo frente a una hoja.
Está frente a una línea de quiebre.

Y en esta línea,
o se está con el país,
o se está con quienes quieren comprarlo por partes.

Sergio Vega
Presente

Etiqueten al presidente con esta nota,
en su perfil, en su página, en cada publicación
A cada institución que lo rodea.
A cada asesor que lo maquilla de estadista.
Que no pueda decir que no lo vio.
Que no pueda fingir que no lo leyó.
Presionemos con nombre y apellido,
para que entienda que su deber no es con el Congreso,
ni con los alcaldes,
ni con sus operadores políticos.
Su deber es con el pueblo.

25/09/2025

No tenemos PDH, tenemos HDP

En Guatemala, los Derechos Humanos dejaron de ser un principio,
para convertirse en coartada.

Y la institución que debería defenderlos
—la Procuraduría de los Derechos Humanos—
hoy es un agujero negro de inacción,
de complicidad institucional,
y de servilismo ante los mismos poderes que violan los derechos del pueblo.

Esta semana lo vimos con claridad quirúrgica.

Mientras miles de guatemaltecos viven bajo el yugo de la extorsión,
la impunidad y la criminalización política,
la PDH sí encontró tiempo, tinta y voluntad institucional
para entregarle dos informes a una jueza
—uno judicial, otro administrativo—
que, aunque lo nieguen hasta la náusea, dieron pie a lo que sería el traslado de un cabecilla de alto perfil del Barrio 18,
condenado a más de mil años de prisión,
desde una cárcel de máxima seguridad a una prisión donde pueda vivir mejor.

¿El argumento?
Falta de atención médica. Agua. Infraestructura. Calor. Dieta.
¿El cabecilla?
Aldo Dupie Ochoa, alias “El Lobo”.

El mismo cuya pareja es sobrina de Sandra Torres,
tres veces candidata presidencial,
y eterna operadora del viejo pacto de impunidad.

No, no se trató de derechos humanos.
Se trató de derechos selectivos.
Derechos que se activan para los amigos del sistema,
pero se olvidan cuando se criminaliza a un fiscal, se encarcela a una jueza, o se persigue a la prensa.

La PDH no emitió un solo informe sobre los presos políticos.
No ha dicho nada sobre los exiliados.
No se ha pronunciado ante la criminalización de operadores de justicia.
No ha denunciado el silencio cómplice del Ministerio Público frente a la corrupción.

Pero sí encontró espacio para redactar con detalle
el tamaño de la celda del recluso.
El color del concreto.
El estado de su comida.
Y su falta de colchoneta.

Qué vergüenza.
Qué desfachatez.

Y el colmo:
El informe fue firmado por un excandidato de la UNE,
el partido de Sandra Torres,
desde la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.
Y por si faltara más,
ese mismo informe ocultó la dimensión política del traslado
bajo la excusa de protección judicial.

No.
Esto no es garantía de derechos.
Es garantía de impunidad.

Porque mientras al pueblo se le exigen todos los sacrificios,
los criminales de cuello blanco
y sus aliados en estructuras violentas
reciben informes, recomendaciones y beneficios.

Y el Procurador Alejandro Córdova…
¿Dónde está?
¿Dónde ha estado?
Negado a responder. Negado a actuar. Negado a cumplir.

La misma Human Rights Watch ya lo dijo con claridad:
“No está a la altura del cargo.”

Y es peor.
Porque no es que esté ausente.
Es que está del lado de los que buscan encubrirse con las instituciones.

Y ahora, como si no fuera suficiente insulto,
los mismos partidos responsables de haber impuesto a Córdova —UNE, Valor, Unionista—
lo citan en el Congreso para fingir escándalo.
Pero no nos tragamos el show.
No nos vamos a prestar al circo de los cínicos.
Los mismos que lo encumbraron, ahora lo usan como chivo expiatorio.

Sí, hay que destituirlo.
Pero no para que nombren a otro operador político del pacto corrupto.
No para que nos receten a un "nuevo procurador" salido de las comisiones paralelas.
No para que el poder político se lave la cara mientras sigue pudriéndose el fondo.

Guatemala necesita una PDH que responda a los derechos del pueblo, no a los intereses de sus verdugos.

Hoy no se trata de calor o concreto.
Se trata de una estructura que usa la PDH para proteger aliados políticos.

Y eso, no es defensa de derechos.
Es traición institucional.

Una traición que va desde la elección de Córdova,
con su historial de vínculos en Comisiones Paralelas,
hasta su silencio frente a la tortura real:
la de los fiscales exiliados,
los jueces perseguidos,
los estudiantes criminalizados,
y la ciudadanía abandonada por las instituciones.

Guatemala no tiene un Procurador de Derechos Humanos.
Tiene un HDP institucionalizado,
al servicio del viejo poder,
de los pactos ocultos,
y de los nombres de siempre.

¿Dónde está su informe sobre José Rubén Zamora?
¿Sobre Luis Pacheco y Héctor Chaclán?
¿Sobre los miles de víctimas del pacto criminal que nos gobierna desde las sombras?

Silencio.

Pero para firmar el aval que permitió trasladar a un condenado por terrorismo…
Ahí sí.
Ahí hubo firma.
Hubo tinta.
Y hubo cómplices.

El Congreso debe dejar de fingir que esto es sostenible.
Alejandro Córdova debe ser destituido de inmediato.

Porque ya no es inoperancia.
Es complicidad.
Es encubrimiento.
Y es una amenaza real a lo poco que nos queda de institucionalidad.

Pero cuidado: no caigamos en la trampa.
Los mismos que hoy lo citan, lo usaron.
Y mañana lo reemplazarán con alguien peor si no se les detiene.
La solución no es un cambio de nombre.
La solución es cortar el ciclo.
Y poner a alguien idóneo, independiente,
y con vergüenza democrática.

Cuando una Procuraduría se convierte en gestoría de criminales,
el Estado deja de ser garante.
Y se convierte en cómplice.

Guatemala no puede tener un PDH que responde a criminales.
Mucho menos a un HDP que justifica el privilegio disfrazado de humanidad.

— Sergio Vega
Púchica Muchá

25/09/2025

108 docentes del STEG serán destituidos.

Pero... No son 108 docentes.
Es una estructura corrupta que por fin empieza a sangrar.

Durante más de dos décadas, el Estado se arrodilló.
No ante la educación.
Ante una maquinaria de extorsión disfrazada de sindicato.

Hoy, el Ministerio de Educación anuncia que 108 docentes del STEG serán destituidos.
Y aunque el número parezca alto,
es apenas un rasguño superficial
a una estructura que prostituyó la causa magisterial
para consolidarse como uno de los feudos más impunes del Estado guatemalteco.

Este es el primer acto, aunque tardío, de dignidad institucional.

Durante años, miles de docentes honestos han sido silenciados.
Intimidados.
Marginados.
Mientras un sindicato corrupto ya no defendía derechos laborales,
sino privilegios ilegítimos.

Los 108 sancionados no son víctimas del sistema.
Son operadores menores de una maquinaria
que durante 56 días paralizó el país.
Abandonó a millones de niños.
Bloqueó carreteras.
Impidió el libre tránsito.
Saboteó al Ejecutivo.
Y convirtió la Plaza Central en escenario de una farsa millonaria.
Todo mientras seguían cobrando su salario completo con dinero público.

A esto se suma una cifra aún más reveladora.
El Mineduc sancionará a 2,790 docentes más.
Todos con suspensión de 10 días sin goce de salario.
Todas sanciones respaldadas en ley.
Todas merecidas.
Y todas tardías.

Señora ministra Anabella Giracca:
Tiene dos años.
Dos años para dejar huella.
Dos años para demostrar que no vino a administrar ruinas,
sino a reconstruir las bases de una educación digna.

Los remozamientos están bien.
Las acciones contra el STEG están bien.
Pero puede dar más.
Y debe hacerlo ya.

Porque el problema no es solo el sindicato.
Es la mediocridad estructural del sistema.
Es la falta de calidad,
de contenidos actualizados,
de formación docente,
de infraestructura completa,
de visión.

No se trata de mantener en pie lo que está podrido.
Se trata de atreverse a reconstruir desde cero lo que nunca ha funcionado.

Lo que está en juego no es un pacto gremial.
Es el futuro de una nación.

Guatemala no puede seguir educando en aulas vacías.
Con maestros ausentes.
Con estructuras sindicales que negocian privilegios con gobiernos corruptos
a cambio de movilizaciones a la carta.

La evidencia es brutal.
Desde 2013, un acuerdo gubernativo firmado por Otto Pérez Molina
le entregó al STEG el poder de decidir quién enseña en este país.
Cada nombramiento de maestro debe pasar por la “revisión” del sindicato.

Una aberración legal.
Joviel Acevedo tiene más poder que cualquier ministro.
Y por eso tenemos el peor sistema educativo de Centroamérica.

Porque el mérito fue reemplazado por la lealtad gremial.
Porque la evaluación docente fue anulada por miedo.
Porque la calidad fue sacrificada para proteger la estructura.

Hoy, el país necesita más que sanciones administrativas.

Joviel Acevedo debe ser destituido.
De inmediato.
No por venganza.
Por justicia.

Nadie que haya convertido la educación pública en un botín
puede seguir liderando al magisterio.

Nadie que lleve 17 años cobrando sin dar clases,
con salario completo,
picop nuevo,
combustible del Estado
y escoltas de la PNC…
puede hablar de “lucha por la dignidad”.

Y ninguna transformación educativa será real
mientras este personaje siga decidiendo quién entra,
quién se queda
y quién se calla.

No se trata de un cambio simbólico.
Se trata de una ruptura estructural.

Ministra Giracca, hoy tiene la oportunidad de hacer historia.
De construir una educación que no sea rehén de sindicatos.
Ni subordinada a chantajes políticos.

Una educación donde el aula vuelva a ser el centro.
No el megáfono.
Donde la niñez sea el futuro.
No la moneda de cambio.

Pero si no actúa ahora…
será usted quien quede atrapada en el mismo pacto de silencio
que durante años ha destruido toda esperanza de justicia educativa.

La educación no cambia con voluntad.
Cambia con liderazgo.

Y este es el momento de demostrar que lo tiene.

El país ya no resiste una reforma tibia.
Y la niñez no puede esperar a que los valientes se decidan.

Este es el punto de quiebre.
Y quien no lo entienda,
se vuelve cómplice del sistema que fingió querer transformar.

Guatemala no cambia si no cambia su educación.
Y la educación no cambia mientras los corruptos sigan firmando los pactos.

Hoy no basta con remover 108 piezas.
Hay que demoler la estructura.
Depurar al sindicato.
Auditar el pacto colectivo.
Cortar el blindaje jurídico que les dejó Giammattei.
Y sacar de las aulas a quien prefirió la plaza y el megáfono
antes que la vocación y la enseñanza.

Esto no es un castigo.
Esto es el mínimo.

Y si alguien se indigna por la sanción,
que se pregunte cuántas veces defendió el privilegio
antes que el principio.
Sergio Vega
Presente

25/09/2025

Arévalo en la ONU: discursos de Suiza, política de Guatemala

Bernardo Arévalo habló hoy en la ONU como si gobernara Suiza.
Lengua maya, multilateralismo, reforma al Consejo de Seguridad, paz mundial, cambio climático, Gaza, Ucrania, Haití.
El problema es que su gobierno es en Guatemala, no en Ginebra.

Las palabras fueron bonitas.
La paz, la “vera paz”.
La lucha contra la corrupción.
El amor a la naturaleza.
El acompañamiento internacional.
Todo bien dicho. Todo correcto.

Pero mientras en Nueva York hablaba de transparencia, aquí en Guatemala el Decreto 7-2025 sigue vigente:
👉 fondos de Codedes sin control,
👉 clientelismo municipal con aval exprés,
👉 un cheque en blanco disfrazado de desarrollo.

¿Dónde está la coherencia?
No se puede pedir reformas al multilateralismo mientras se deja que alcaldes conviertan recursos públicos en botín electoral.
No se puede hablar de “vera paz” mientras se tolera la tala de ceibas en Masagua o se permite que ALPASA siga envenenando a la zona 12 en TOTAL impunidad.

Ese es el choque brutal:
Discurso de estadista en la ONU.
Política de tibieza en Guatemala.

Arévalo habló de Palestina y Gaza. Fue tibio, pero habló.
Condenó la muerte de civiles, pidió alto al fuego y liberación de rehenes.
Correcto, pero cómodo: discurso humanitario sin tomar postura real. Un diente al labio, sin arriesgar capital político.

Se sumó al libreto pro-Ucrania. Llamó a frenar la invasión rusa. Palabras alineadas a Washington y Bruselas, previsibles, sin matices.

Mencionó Sudán, como un dato de Naciones Unidas, pero sin peso real. Una cita obligada, no una convicción.

Respaldó la misión en Haití, donde Guatemala ya participa con efectivos.
Bien como gesto, pero irrelevante en términos de influencia real: no tenemos peso militar, solo acompañamos.

Y puso a Belice sobre la mesa: confió en la Corte Internacional de Justicia para zanjar el litigio.
Correcto y diplomático, pero no arriesgó nada: ni visión de integración, ni propuesta de futuro.

Todo fue políticamente correcto. Nada fuera del guion.
Arévalo no se equivocó, pero tampoco marcó agenda.
Dijo lo que cualquier presidente “democrático” debe decir para quedar bien en el foro.
Pero no fue más allá.

Y lo más hiriente:
los exiliados y los presos políticos siguen sin consuelo.

Los operadores de justicia que enfrentaron a la mafia
no encuentran ni una señal clara de que podrán volver.

Arévalo pudo —y puede— nombrarlos en cargos diplomáticos,
darles voz en foros internacionales,
convertirlos en símbolos de resistencia.

En cambio, nombró embajador en España
al principal lobista anti-CICIG.
Peor contradicción, imposible.

Los presos políticos siguen encerrados:
líderes indígenas que lo respaldaron,
periodistas que destaparon corrupción,
fiscales que se jugaron la vida.

El presidente no controla al Ministerio Público, cierto.
Pero tiene un poder que no ha usado:
ejercer presión política, internacional, simbólica.

Podría poner nombres y apellidos en la ONU.
Podría visitar a los presos.
Podría hacer del silencio cómplice un escándalo internacional.

No lo hace.
Habla bonito, pero calla donde debería rugir.

Y mientras tanto,
Porras y su clan siguen operando a plena luz del día.

Sí, votamos por usted.
Sí, lo apoyamos para frenar a la vieja política.
Pero lo que hoy vemos es decepción.
Mucho verbo.
Poca acción.

El discurso en la ONU no cambia que aquí el Estado siga a la deriva.
No cambia que aún no se dé el veto presidencial.
No cambia que el Estado siga cediendo frente a caciques, alcaldes clientelares y operadores de impunidad.

Y lo que urge ahora no son palabras, son vetos.
👉 Vete ese decreto.
👉 Rompa con el clientelismo.
👉 Demuestre que su presidencia no es poesía diplomática, sino defensa real de lo común.

De lo contrario, el discurso quedará como un acto de fe vacío: Guatemala luciendo bien en el escenario global, mientras se hunde en casa bajo las mismas redes de corrupción que juró enfrentar.

Los pueblos mayas hablaron de ciclos de 20 años.
Usted habló de paz verdadera.
Nosotros hablamos de futuro en juego.
Y ese futuro no se construye en Nueva York.
Se construye aquí, con decisiones reales, ahora.

Un presidente no se mide por lo que dice en la ONU, sino por lo que hace en Guatemala.
Sergio Vega
Presente

18/09/2025

El decreto del saqueo: un cheque en blanco disfrazado de “desarrollo”

El Congreso aplaudió.
Y entre aplausos aprobó el pasado 2 de septiembre con urgencia el Decreto 7-2025.

¿La traducción?
Los Codedes podrán gastar en 2026 lo que no ejecuten en 2025.
Sin controles reales.
Con avales exprés.
Y con la complicidad del silencio administrativo.

Lo llaman “agilización de obras”.
En realidad es otra cosa:
→ Un presupuesto paralelo, sin debate democrático.
→ Un cheque en blanco para clientelismo municipal.
→ Un retroceso que legaliza la corrupción con disfraz de desarrollo.

Si el Estado no puede ejecutar, se reforma la gestión.
No se abre la puerta al saqueo.

Este decreto no corrige burocracia.
La sustituye con opacidad.
No fortalece la descentralización.
La prostituye para mantener redes de poder.
No garantiza obras.
Garantiza negocios.

Los mismos diputados que se negaron a bajarse el sueldo, hoy legislan para blindar la impunidad.
No hubo voluntad para recortar privilegios.
Pero sí hubo votos para convertir los recursos públicos en botín electoral.

El mensaje es brutal:
→ Para sus bolsillos, austeridad nunca.
→ Para saquear al país, consenso inmediato.

¿Quién gana?
Los alcaldes que quieren manejar fondos sin control.
¿Quién pierde?
Las comunidades.
Las que terminan pagando con obras mal hechas, sobrevaloradas o inexistentes.

Y no es casualidad que esto ocurra a un año y medio de las próximas elecciones.
Los fondos interanuales no son “continuidad”.
Son combustible electoral.
Con este decreto aseguran clientela, votos y campaña adelantada con dinero público.

Un verdadero gobierno de Estado no puede aceptar atajos que destruyen la disciplina fiscal y consagran la impunidad.

La independencia de Guatemala se firmó en papel.
Este decreto firma una dependencia permanente:
→ del dinero fácil,
→ de la corrupción blindada,
→ de la política que no rinde cuentas.

Y hay que decirlo sin rodeos: hoy los corruptos están unidos.
Diputados de todos los colores, caciques locales y alcaldes clientelares tienen un objetivo común: evitar el veto.
Porque en este decreto está el oxígeno de sus redes.

Fue usted, señor Arévalo, quien abrió la puerta a Sebastián Siero.
Lo presentó como el “idóneo” para dirigir la ANAM.

Pero Siero no es neutral:
→ Es secretario general del Unionista, franquicia heredera de los Arzú.
→ Es sobrino de Enrique Degenhart, uno de los ministros más nefastos de Gobernación en la era de Jimmy Morales.
→ Es un político con aspiraciones presidenciales, que hoy usa la ANAM como trampolín.

Arévalo jugó a la gobernabilidad fácil.
Sumar aliados en vez de construir poder de Estado.
Resultado: entregó la ANAM a un adversario clientelar.
Y hoy ese mismo adversario lo empuja contra las cuerdas.

La tortilla se volteó.
Pero no por sorpresa.
Se volteó porque se cocinó mal desde el inicio.

El Decreto 7-2025 no se entiende sin este telón de fondo:
Un presidente debilitado.
Rodeado de perfiles equivocados.
Que confunde alianzas con gobernabilidad.
Y en ese vacío, los corruptos encontraron un frente común para defender su botín.

Por eso el llamado es claro:
Presidente, VETE ESTE DECRETO.

No como gesto político.
Como decisión de Estado.

Porque usted fue electo para defender el interés público.
No para legitimar redes que ya demostraron su voracidad.

Hoy no basta con administrar.
Hay que resistir la captura.

Si este decreto queda en pie, se institucionaliza el saqueo.
Si se veta, al menos habrá futuro para corregir el rumbo.

La grandeza de un país no se mide por cuántos millones gasta,
sino por cuánto protege lo común de la voracidad de pocos.

Sergio Vega
Presente

16/09/2025

INDIGNANTE
Están talando decenas de ceibas de más de 80 años.

Esta es la ceiba, árbol nacional de Guatemala. Y esta es la ceiba talada en Masagua. La diferencia es brutal: de símbolo de vida a trozo de madera bajo la excusa de “desarrollo”.
El crimen tiene nombre: CONVIA, una empresa que ejecuta la renovación de la carretera a Puerto Quetzal, con papeles que huelen a complicidad estatal desde tiempos de Giammattei.
¿En serio había que arrasar con el árbol nacional y con especies nativas de décadas? No. Eso no es progreso: es saqueo con contratos.
Mientras celebran la independencia con antorchas y bolsas de agua vacías tiradas en la calle, la verdadera patria —la naturaleza que nos sostiene— es asesinada.
No es tarde si decidimos defenderla.
Pero si seguimos callando, cada ceiba talada será un acta de defunción más para Guatemala.

Sergio Vega
Presente

Video enviado a nuestra pagina

16/09/2025

INDIGNANTE
Están “renovando” la carretera a Puerto Quetzal talando decenas de ceibas de más de 80 años, lo peor, innecesariamente.

Mientras celebran la independencia con antorchas y bolsas de agua vacías tiradas en la calle, la verdadera patria —la naturaleza que nos sostiene es asesinada.

El Estado las entregó con firmas y silencio. Ante la maquinaria, un joven plantó su carro para salvar al menos una. Lo que él defendió con valentía ciudadana, el Estado criminal lo entregó con complicidad. Las pocas ceibas que pudieron ser defendidas resisten hoy, pero no sabemos hasta cuándo. Por eso es urgente hacer visible lo que está pasando.

La ceiba es un árbol.
Y también es memoria.
Y en Masagua la enterraron entre excusas, contratos y grúas.

Lo ocurrido no es “obra menor”.
Es un ecocidio: la destrucción de un símbolo nacional y de un ecosistema bajo la sombra de una autopista.

¿Casualidad que ocurriera mientras el país aplaudía antorchas? No. Estrategia de impunidad.
Quiénes estuvieron ahí: una concesión privada llamada CONVIA.
Quiénes ejecutaron: subcontratistas con maquinaria y papeles que, según vecinos, portaban documentación del INAB.
Qué se perdió: patrimonio natural, regulación climática, hábitat de fauna, identidad cultural de pueblos que veneran la ceiba.
Qué se vio: camiones, tocones humeantes, un Estado mudo.
Esto no admite eufemismos. Lo ocurrido desnuda tres verdades:
Un modelo de “desarrollo” que interpreta la naturaleza como insumo y no como límite.

Un aparato estatal débil o complaciente: permisos opacos, fiscalización inexistente, registros que no cuadran.

Un patrón de impunidad: ejecutar primero, justificar después —y si hace falta, borrar huellas.

No pedimos excusas. Exigimos responsabilidades. Exigimos medidas de Estado.
Lo mínimo inmediato

❌ Identificación pública del subcontratista responsable.
❌ Publicación de cualquier permiso, guía de transporte de madera o acta del INAB.
❌ Imágenes satelitales antes/después para medir la pérdida real.
❌ Peritaje independiente que certifique edad y daño ecológico.
❌ Inventario y trazabilidad de la madera extraída.
❌Suspensión inmediata de trabajos en la franja afectada.

Lo que corresponde al Estado — visión de Estado, no de saldo político

✅ MARN e INAB deben publicar expedientes completos y responder en 48 horas.
✅ Contraloría debe auditar de oficio los contratos ligados a CONVIA.
✅Ministerio Público debe abrir investigación penal por delitos ambientales y tráfico de madera.
✅ Procuraduría de Derechos Humanos debe emitir medidas de protección cultural y ambiental.
✅ Suspender cautelarmente a todo funcionario que autorizó sin EIA o consulta previa.
✅ Medidas de reparación: reforestación nativa, protección de corredores biológicos y programas comunitarios.

Esto no es solo ecología. Es justicia social.
La tala masiva golpea primero a comunidades rurales, generaciones futuras y vida silvestre que no tiene voz. Mientras empresa y burocracia reparten narrativa, la gente hereda tocones y silencio. Eso no es progreso: es saqueo.

Qué vamos a hacer
Tenemos imágenes, testimonios, fechas, voces. No aceptaremos que se maquille como “mantenimiento” o “despeje de vía”. Usaremos presión legal, auditoría pública, redes sociales y, si hace falta, voz internacional.
Pedimos — sin vacilaciones
Transparencia total de INAB, MARN y CONVIA.

✔️ Investigación penal urgente del MP.
✔️ Auditoría inmediata de la Contraloría.
✔️ Peritajes públicos e independientes.
✔️ Medidas de reparación y protección.

Si el Estado no protege sus raíces, no merece llamarse Estado.
Si un contrato público-privado produce ruina ambiental, debe revisarse.
Si hubo complicidad, los responsables deben responder ante la ley y ante la historia.

Hoy las ceibas no hablan. Pero la memoria exige.
Hoy Masagua exige.
Hoy exigimos todos.
La grandeza de un país no se mide por cuántas autopistas inaugura, sino por cuánto cuida lo que no se puede comprar.

La independencia verdadera es cuidar la casa común, no venderla a plazos.
Blindemos el patrimonio natural y cultural de Guatemala.
Porque quien arranca una ceiba, arranca futuro.

Sergio Vega
Presente

Acá el video: https://www.facebook.com/VocesdelpuebloGT/videos/1100728711805458

Púchica Muchá

29/09/2025

29/09/2025

26/09/2025

25/09/2025

25/09/2025

25/09/2025

18/09/2025

16/09/2025

16/09/2025

Dirección

Página web

Notificaciones

Atajos

Compartir

Categoría