16/07/2025
¡URGENTE! ¡URGENTE! ¡URGENTE!
ALCALDE DE MAZATENANGO BAJO LA LUPA JUDICIAL: UN GOBIERNO MUNICIPAL AL BORDE DEL COLAPSO LEGAL.
POSIBLES DELITOS DE: DESOBEDIENCIA, ABUSO DE AUTORIDAD, INCLUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.
Mazatenango, Suchitepéquez — La administración municipal encabezada por Carlos Villagrán, junto con su círculo de asesores, entre ellos los polémico Marvin De León y Marcia Rodriguez (Jueza Municipal) alias la ñaka, ñaka, enfrenta una tormenta jurídica y ética sin precedentes. La negativa deliberada a acatar una sentencia judicial firme que ordena la reinstalación de directivos sindicales no solo desacata el mandato legal, sino que podría constituir delitos graves como desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Esta crisis no es un hecho aislado. Es la continuación de una serie de acciones autoritarias, revanchistas y posiblemente ilegales, ejecutadas por la actual administración, incluyendo despidos masivos con criterios políticos y el colapso de cualquier intento de diálogo laboral. Como ejemplo, el despido arbitrario de los directivos sindicales ocurrió apenas minutos después de que el Ministerio de Trabajo notificara la necesidad de instalar una mesa negociadora para discutir un Pacto Colectivo —proceso legal y legítimo que jamás ha existido en esa municipalidad.
Pero el desprecio por la ley no se detiene ahí. A pesar de una orden clara del Juzgado de Trabajo emitida el 17 de junio de presente año, que exige la reinstalación inmediata de los trabajadores sindicales, la Directora de Recursos Humanos de la comuna se negó a acatar el mandato judicial, siguiendo las instrucciones del asesor Marvin De León, quien ni siquiera figura como empleado municipal y, según denuncias, factura a nombre de su esposa por carecer de solvencia fiscal y estar inhabilitado por la SAT.
📌 Violaciones legales graves
Estas acciones vulneran principios fundamentales establecidos en:
• El Artículo 379 del Código de Trabajo, que prohíbe el despido de directivos sindicales sin resolución judicial previa.
• El Artículo 106 de la Constitución, que declara irrenunciables los derechos laborales y nulifica cualquier renuncia a ellos.
• El Convenio 87 de la OIT, ratificado por Guatemala, que garantiza la libertad sindical sin interferencia del empleador.
• Y el Convenio 98 de la OIT, que prohíbe represalias contra representantes sindicales y protege la negociación colectiva.
💸 Una brecha salarial que evidencia el caos administrativo
Mientras se persigue y despide a trabajadores con años de experiencia por defender sus derechos sindicales, la nueva administración municipal ha creado una estructura inflada con asesores, asistentes y auxiliares afines políticamente, a quienes les ha otorgado salarios que oscilan entre Q7,000.00 y Q7,500.00.
Esto contrasta de forma escandalosa y contradictoria con los salarios de personal técnico y administrativo que realiza funciones críticas para el municipio, como los administradores de mercados, de arbitrios, de aguas y drenajes, y del IUSI, quienes perciben sueldos que van de apenas Q5,000.00 a Q5,500.00. ¿Cómo puede sostenerse esta brecha salarial insostenible, injusta y discriminatoria dentro de una misma institución?
La gravedad del caso ha alcanzado ya los pasillos de los Juzgados Civiles y Penales, donde incluso se discute la posibilidad de que el actual alcalde pierda su derecho de antejuicio y enfrente procesos penales, lo cual lo inhabilitaría para participar en futuras elecciones.
El cinismo llega al punto de utilizar recursos municipales para sostener una campaña de propaganda, en la que —según fuentes internas— la página oficial de la municipalidad da más cobertura a una misteriosa figura femenina que al propio alcalde, lo que hace sospechar que su "Plan B" para seguir controlando el poder ya está en marcha.
Esta administración, plagada de decisiones autoritarias, desprecio por la legalidad y manejo oscuro de recursos, debe ser investigada a fondo. Las autoridades judiciales, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas no pueden seguir siendo espectadores pasivos ante una estructura que claramente se burla del orden constitucional y de los convenios internacionales que Guatemala ha ratificado.
LA JUSTICIA NO PUEDE SER SELECTIVA. LA IMPUNIDAD DEBE ACABARSE. Y ESTA INVESTIGACIÓN APENAS COMIENZA.
