Data&Poder

Data&Poder 👁️ El Lente de Poder: No son noticias, es análisis.
🧠 Trituramos la complejidad para que entiendas el mundo. 📊 Datos y Sistemas.

DATA & PODER nace para llenar ese vacío. No somos un medio de noticias; somos un espacio de análisis crítico. Nuestra Misión: Tomamos la complejidad del mundo (geopolítica, datos duros, tendencias culturales) y la "trituramos" para hacerla entendible, sin perder la profundidad ni el rigor. Nuestra Promesa: Vencer la desinformación con Pensamiento Crítico. Te explicamos no solo qué pasa, sino por q

ué pasa y quién gana o pierde en las dinámicas de poder. Enfoque: Análisis basados en evidencia, libres de la narrativa mediática dominante y diseñados para cuestionar.

Hay una frase que escuchamos todo el tiempo en Honduras, en Centroamérica, en toda la región: "yo no me meto en política...
08/06/2026

Hay una frase que escuchamos todo el tiempo en Honduras, en Centroamérica, en toda la región: "yo no me meto en política."

Se dice con orgullo. Como si fuera una señal de madurez, de sensatez, de que uno tiene cosas más importantes en qué pensar.

El problema es que sociológicamente esa frase no tiene ningún sostén. Y los datos de la región muestran que el costo de creerla está siendo enorme.

Lo que dice la teoría, y no es especulación: Desde Aristóteles, la ciencia política sostiene que el ser humano es, por definición, un ser político. No en el sentido partidario, sino en el sentido más básico: vivimos en colectivo, y ese colectivo tiene reglas, jerarquías y distribuciones de poder que nos afectan todos los días.

El precio que pagás por el agua no es un fenómeno natural. Es el resultado de una decisión regulatoria sobre si ese recurso se gestiona públicamente o se concede a una empresa privada. Tu tarifa de luz refleja marcos tarifarios, contratos de generación y políticas de subsidio que alguien negoció, firmó y aprobó. El salario mínimo no lo fijó el mercado solo, lo fijó una correlación de fuerzas entre el capital, el trabajo organizado y el Estado.

El PNUD ha documentado esto sistemáticamente en sus Informes de Desarrollo Humano: el desarrollo no es un proceso técnico neutro. Es el resultado de decisiones políticas sobre prioridades, acceso y distribución de recursos. Decir que algo es "técnico y no político" no lo saca de la esfera del poder, solo hace invisible quién está tomando las decisiones.

El mecanismo que pocos nombran: Antonio Gramsci lo explicó hace casi un siglo con el concepto de hegemonía: el poder más eficaz no es el que se impone por la fuerza, sino el que logra que los propios afectados interioricen las premisas de los dominantes como sentido común incuestionable.

La despolitización no ocurre sola. Opera en tres niveles simultáneos que CLACSO ha documentado extensamente en su análisis del modelo neoliberal en América Latina:

- Primero, el nivel discursivo: se instala la idea de que "meterse en política" es sucio, radical, o una pérdida de tiempo. La neutralidad se vende como madurez cívica.

- Segundo, el nivel institucional: el lenguaje tecnocrático y los procesos deliberadamente complejos excluyen a quienes no tienen el capital cultural para decodificarlos. La participación se vuelve cara, no en dinero, sino en tiempo, en acceso a información, en capacidad de navegación burocrática.

- Tercero, el nivel estructural: la precariedad económica concentra la energía de las personas en la supervivencia individual. Cuando alguien trabaja doce horas para cubrir lo básico, queda poco espacio para lo colectivo.

El resultado es predecible: las demandas que son estructuralmente colectivas (educación de calidad, salud, seguridad) se fragmentan en proyectos individuales de movilidad. El sistema sigue intacto porque nadie lo está cuestionando de forma organizada.

Los datos que deberían preocuparnos: Aquí es donde la teoría se encuentra con los números, y los números son contundentes.

La Corporación Latinobarómetro lleva midiendo cultura democrática en la región desde 1995. En su informe 2023, documentó que el apoyo a la democracia en América Latina cayó al 48%, el nivel más bajo desde que comenzaron a medir ese indicador hace casi tres décadas. En 2010 estaba en 63%. Se perdieron 15 puntos porcentuales en 13 años.

Pero más revelador que el porcentaje de quienes no apoyan la democracia es el de quienes simplemente no tienen preferencia: el 30% de los latinoamericanos declara indiferencia entre vivir bajo una democracia o bajo otro tipo de régimen. Uno de cada tres.

El informe Latinobarómetro 2024 añade otra capa. El porcentaje de ciudadanos que considera que "la democracia puede funcionar sin partidos políticos" subió del 31% en 2013 al 42% en 2024. Y un 39% considera aceptable prescindir del Congreso — el nivel más alto registrado desde 1997.

Estos no son datos sobre preferencia ideológica. Son datos sobre la disposición ciudadana a prescindir de los mecanismos que hacen posible el control del poder. Y esa disposición no surge de la nada, surge de años de desconexión sostenida entre la ciudadanía y sus instituciones.

El dato que lo explica todo: la confianza institucional: El mismo Latinobarómetro 2024 mide confianza institucional en la región. Los resultados organizan con claridad brutal la paradoja en la que vivimos:

Las Fuerzas Armadas generan 43% de confianza. La Policía, 41%. El Presidente, 37%. El Poder Judicial baja a 28%. El Congreso llega a 24%. Y los partidos políticos (las instituciones diseñadas específicamente para canalizar la participación democrática) obtienen apenas 17%.

Las instituciones que necesitan ciudadanos activos para funcionar son exactamente las que menos credibilidad tienen. El vacío que deja esa desconfianza no desaparece. Lo llena quien tenga la narrativa más simple y la promesa más directa.

La paradoja que define a la región: Aquí está lo que resulta más difícil de ignorar: el crecimiento de la cultura "apolítica" se articula directamente con el ascenso de lo que podríamos llamar populismos tecnocráticos, figuras que se presentan a sí mismas como soluciones por encima de la política, como gestores técnicos eficientes en lugar de actores políticos.

La paradoja es que ese posicionamiento es, en sí mismo, profundamente político. Capitaliza el hartazgo ciudadano con la política tradicional para construir mandatos personalistas que concentran poder ejecutivo, desmantelan controles institucionales y reducen el espacio cívico. El periodismo de investigación de El Faro y Expediente Público ha documentado este proceso en detalle en casos concretos de la región.

Esta paradoja (un liderazgo intensamente político que se legitima en el rechazo a la política) solo es posible cuando la despolitización previa ha vaciado de contenido el lenguaje de la ciudadanía activa. La apatía no produce un vacío neutro. Produce un mercado político para quien llegue primero con respuestas simples a preguntas complejas.

Lo que cierra el círculo: Pierre Bourdieu demostró que incluso la abstención es una toma de posición dentro del campo político con efectos redistributivos concretos. No existe un punto exterior al sistema desde el cual el individuo pueda observar las relaciones de poder sin ser afectado por ellas, ni afectarlas.

Cuando alguien no se informa sobre una reforma laboral que va a reducir sus beneficios, o no participa en la consulta pública sobre la privatización de un servicio de salud, está contribuyendo (conscientemente o no) a que esa reforma avance sin resistencia organizada.

No es cinismo. No es fatalismo. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. La apoliticidad no es una postura personal inocua. En la práctica, es una decisión que alguien más ya tomó por vos — y que te convenció de llamar tuya.

FUENTES
— Corporación Latinobarómetro. Informe 2023. Santiago de Chile, 2023.
— Corporación Latinobarómetro. La Democracia Resiliente. Informe 2024. Santiago de Chile, 2024.
— PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024: Breaking the Gridlock. Nueva York, 2024.
— CLACSO. Análisis sobre despolitización y modelo neoliberal en América Latina. Corpus de investigación consolidado.
— IDEA Internacional. El Estado de la Democracia en las Américas 2021. Estocolmo, 2021.
— Gramsci, Antonio. Cuadernos de la cárcel. (concepto de hegemonía)
— Bourdieu, Pierre. El sentido práctico. (teoría de los campos)
— El Faro / Expediente Público. Cobertura y análisis documentado sobre erosión democrática en Centroamérica.

En 2026, hay un término que resume mejor que cualquier otro lo que está ocurriendo en el mundo: policrisis. No es retóri...
05/06/2026

En 2026, hay un término que resume mejor que cualquier otro lo que está ocurriendo en el mundo: policrisis. No es retórica de campaña ni titular de prensa. Es el marco analítico que el Foro Económico Mundial adoptó oficialmente para leer el riesgo global y la realidad actual.

No es un concepto complicado. Es una descripción precisa: vivimos en un momento donde múltiples crisis globales no solo ocurren al mismo tiempo, sino que se alimentan entre sí. La desinformación bloquea la respuesta climática. La desigualdad extrema erosiona la democracia. El autoritarismo paraliza la cooperación internacional. Y sin cooperación, todo lo anterior empeora. El impacto conjunto no es la suma de las partes, es exponencialmente peor.

Lo que hace diferente a 2026 es la magnitud de la evidencia acumulada.
El Global Risks Report 2026 del WEF encuestó a más de 1,300 líderes y expertos globales. El resultado: el 50% anticipa un panorama turbulento o tormentoso para los próximos dos años. Esa cifra sube al 57% cuando la proyección se extiende a una década. Solo el 1% cree que habrá calma. No es pesimismo ideológico, es la percepción consolidada de quienes toman decisiones a escala global. Y por primera vez desde 2020, la confrontación geoeconómica superó al cambio climático como el riesgo número uno a corto plazo. El mundo ya no le teme más al clima que a la guerra económica entre potencias. Eso, por sí solo, dice mucho sobre el momento en que vivimos.

El problema de fondo no es el desorden. Es quién lo produce.

El Informe sobre Desigualdad 2026 de Oxfam Internacional (publicado el mismo día en que abrió el Foro de Davos, no por casualidad) documenta que la riqueza de los multimillonarios del planeta alcanzó los 18.3 billones de dólares en 2025. Un crecimiento del 81% desde 2020, a una velocidad tres veces mayor que el quinquenio anterior. Por primera vez en la historia, el número de multimillonarios superó los 3,000. Al mismo tiempo, una de cada cuatro personas en el mundo no tiene suficiente para comer regularmente. Casi la mitad de la humanidad vive en alguna forma de pobreza.

Pero el dato que más importa para entender la policrisis no es económico. Es político: según Oxfam, un multimillonario tiene 4,000 veces más probabilidad de ejercer un cargo político que un ciudadano ordinario. Eso no es desigualdad de ingresos. Es desigualdad de poder estructural. Y explica por qué los mecanismos de respuesta colectiva a las crisis globales (desde los acuerdos climáticos hasta las reformas fiscales) no avanzan: porque quienes más se benefician del desorden tienen mayor acceso a las palancas que podrían corregirlo.

Veinte años de silencio democrático: Freedom House lleva cinco décadas monitoreando la libertad en el mundo. Su informe de 2026: Freedom in the World: The Growing Shadow of Autocracy, confirma que 2025 marcó el vigésimo año consecutivo de declive global en derechos políticos y libertades civiles. 54 países retrocedieron. Solo 35 avanzaron. Hoy el 21% de la población mundial vive en países clasificados como "Libres", frente al 46% que lo hacía hace dos décadas.

El Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo va más lejos en su Democracy Report 2026: el 74% de la humanidad (aproximadamente 6,000 millones de personas) vive bajo regímenes autoritarios. Solo el 7% habita en una democracia liberal plena. Los niveles de democracia para el ciudadano promedio global retrocedieron a los de 1978, borrando casi por completo los avances de la llamada "tercera ola de democratización". Y en un hito que habría parecido impensable hace diez años, EE.UU. perdió su clasificación como democracia liberal por primera vez en más de medio siglo, según los mismos criterios de V-Dem.

Para América Latina, el PNUD documentó en su Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 que la confianza en las autoridades electorales en la región cayó de 47% en 2016 a 34% en 2024. En ese mismo período, la percepción de fraude electoral subió de 48.5% a 60.6%. No son datos de un país en crisis particular. Son el promedio regional. La erosión no ocurre por golpes de Estado visibles, ocurre en la desconfianza silenciosa y acumulada de millones de personas que ya no creen que votar cambia algo.

La factura de la inseguridad: El Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) publicó en abril de 2026 que el gasto militar global alcanzó 2.887 billones de dólares en 2025. El undécimo año consecutivo de crecimiento. Equivale al 2.5% del PIB mundial, el nivel más alto desde 2009. Para contextualizar esa cifra: las estimaciones de Naciones Unidas indican que erradicar la pobreza extrema global costaría aproximadamente 300,000 millones de dólares al año. Con el 10.4% del gasto militar de un solo año, alcanzaría. La decisión de no hacerlo no es una limitación técnica ni económica. Es una decisión política.

¿Ya vivimos esto antes?: La historia de la economía política ofrece un paralelo inevitable: los años treinta. Concentración extrema de riqueza, ascenso de autoritarismos, colapso del multilateralismo, rearme acelerado. Los mecanismos son reconocibles. Pero 2026 tiene dos factores que no existían en 1930 y que alteran cualitativamente la escala del riesgo.

El primero es la crisis climática planetaria, no una perturbación regional sino una alteración de los sistemas de soporte vital de la Tierra a escala global, sin precedente en ninguna transición histórica previa del capitalismo.

El segundo es la inteligencia artificial. No como herramienta de producción, sino como infraestructura de control. En los años treinta, la mecanización desplazó trabajo físico. En 2026, la IA amenaza el trabajo cognitivo, y lo hace mientras su infraestructura está concentrada en tres empresas que controlan el 90% del mercado global de IA generativa, según Oxfam. Es la primera vez en la historia que una élite puede monopolizar, literalmente, los mecanismos de producción del conocimiento colectivo.

Lo que los datos dicen, de manera clara y sin rodeos: Las crisis de 2026 no son accidentes simultáneos. Son el producto documentado y medible de décadas de concentración de riqueza, captura institucional y erosión democrática. El desorden no es un fallo del sistema. En muchos sentidos, es exactamente su funcionamiento.
Entender eso no resuelve nada por sí solo. Pero es el primer paso para hacer las preguntas correctas.

📚 FUENTES:
World Economic Forum — Global Risks Report 2026 (enero 2026)
Oxfam Internacional — Resisting the Rule of the Rich: Protecting Freedom from Billionaire Power (enero 2026)
Freedom House — Freedom in the World 2026: The Growing Shadow of Autocracy (marzo 2026)
V-Dem Institute — Democracy Report 2026: Unraveling the Democratic Era? (marzo 2026)
SIPRI — Trends in World Military Expenditure 2025 (abril 2026)
PNUD — Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 (mayo 2026)

EL FEMINICIDIO EN HONDURAS NO ES UN PICO. ES EL PISO.Hay datos que incomodan no por lo que revelan, sino por lo que llev...
04/06/2026

EL FEMINICIDIO EN HONDURAS NO ES UN PICO. ES EL PISO.

Hay datos que incomodan no por lo que revelan, sino por lo que llevan décadas revelando sin que nada cambie. El feminicidio en Honduras es uno de ellos.

Entre 2005 y 2025, el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH (IUDPAS-ONV) documentó 8,008 muertes violentas de mujeres en el país. No en una guerra. No en una catástrofe natural. En el transcurso ordinario de la vida cotidiana hondureña. Ningún año de esas dos décadas cerró con cero víctimas. Ninguno.
Lo que ocurre en 2026 no es una crisis nueva. Es la continuación verificable de un patrón que el Estado ha tenido veinte años para interrumpir.

El repunte que los números no terminan de contar: Al 15 de abril de 2026, el Observatorio de la Violencia de la UNAH contabilizó 70 muertes violentas de mujeres en lo que iba del año. La coordinadora del OV-UNAH, Migdonia Ayestas, tradujo esa cifra en términos concretos: una mujer asesinada cada 37 horas en Honduras.

Pero ese número convive con otros dos. El gobierno reportó 59 feminicidios para el mismo período enero-abril, y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) documentó 87 casos mediante monitoreo de medios. Tres instituciones, tres metodologías, tres resultados distintos para la misma realidad. La diferencia no es un error técnico: es la medida del subregistro. El gobierno contabiliza lo que clasifica legalmente como feminicidio. El CDM registra lo que los medios documentan. El OV-UNAH cruza ambas fuentes con medicina forense y registros policiales. La brecha entre el número más bajo y el más alto es de 28 casos en cuatro meses, mujeres que existen en algunos registros y no en otros.

Según datos del CDM, el incremento respecto a 2025 es del 19.18%. La directora del Movimiento de Mujeres "Visitación Padilla", Cristina Alvarado, señaló a Criterio.hn que en lo que va de 2026 se registra aproximadamente una muerte violenta de mujer cada 30 horas.

Una violencia con firma propia: El análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto al IUDPAS-UNAH, que abarca el período 2012-2022, establece un dato que distingue al feminicidio del homicidio general: el 44.7% de las muertes violentas de mujeres en Honduras presentó señales forenses de ensañamiento, definido como el grado de crueldad que va más allá de la efectividad del daño, incluyendo combinación de armas, mutilación o desmembramiento. Esa proporción no se registra en los homicidios generales con la misma consistencia. Es una violencia que comunica, no solo que elimina.

El arma de fuego fue el instrumento en el 66.4% de los casos en 2025, según el IUDPAS-ONV. El 53.8% de los asesinatos ocurrió en vía pública. Estos datos desmontan la narrativa del feminicidio como fenómeno doméstico y oculto: es una violencia ejercida en espacios abiertos, con armas de fuego, con marcas forenses documentadas.

La mecánica de la impunidad: El CONADEH y el Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) coinciden en una cifra que se mantiene estable desde hace años: el 95% de los casos de feminicidio en Honduras no llega a juicio. El IUDPAS-UNAH lo cuantifica con mayor precisión: entre 2005 y 2024, de 7,736 muertes violentas de mujeres registradas, apenas 204 casos ingresaron a juzgados de letras de lo penal. Eso es el 2.6%. Y de ese 2.6%, solo el 21% recibió sentencia condenatoria.

La impunidad no es aquí una abstracción. Tiene una explicación operativa: según declaraciones de Cristina Alvarado del Movimiento Visitación Padilla a Criterio.hn, en todo Honduras existen únicamente dos unidades especializadas en investigación de muertes violentas de mujeres, con recursos insuficientes y sin apoyo técnico desde hace años. El Poder Judicial realizó en 2024 apenas 99 autopsias de 232 muertes violentas de mujeres registradas ese año, según datos del IUDPAS. No es que el sistema no pueda. Es que no está equipado para hacerlo.

Lo que el presupuesto dice sin decirlo: Los documentos presupuestarios son, en política pública, la declaración de intenciones más honesta que existe. El Presupuesto General de la República 2026, aprobado por el Congreso Nacional el 22 de abril de 2026, asignó a la Secretaría de Defensa Nacional L.12,369 millones de lempiras. A la Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER), L.141.3 millones. La proporción es de 87 a 1.

Frente a ese presupuesto, la Plataforma 25 de Noviembre y el CEM-H presentaron al Congreso una propuesta técnica exigiendo que no se redujera el presupuesto de SEMUJER, que se garantizaran recursos para las casas refugio, y que se establecieran asignaciones mínimas obligatorias del 10% para igualdad de género.

La propuesta fue presentada. El presupuesto fue aprobado sin esos ajustes.
Las herramientas que duermen Lo más documentado en este análisis no son las muertes. Son las respuestas que el Estado tiene disponibles y ha decidido no activar.

En marzo de 2022, organizaciones feministas entregaron a la presidencia la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, resultado de cuatro años de construcción colectiva. Según Criterio.hn, la ley nunca fue enviada formalmente al Congreso Nacional para debate durante la administración anterior. En julio de 2024, las mismas organizaciones entregaron a la Comisión de Género del Congreso la Ley de Alerta Morada, respaldada por ONU Mujeres, para prevenir la desaparición de mujeres y crear una Fiscalía especializada. En marzo de 2026, la diputada Sherley Arriaga presentó nuevamente el proyecto en sesión plenaria. Las organizaciones de mujeres declararon a Radio Progreso que su exigencia era una sola: "No la engaveten." Al 5 de junio de 2026, ninguna de las dos leyes ha sido aprobada.

Lo que los datos indican: En D&P no especulamos sobre intenciones políticas. Lo que sí podemos establecer, con base en fuentes verificadas, es lo siguiente: Honduras lleva veinte años con un promedio sostenido de muertes violentas de mujeres que no baja de forma estructural. El sistema de justicia judicializa el 2.6% de los casos. El presupuesto de la institución encargada de proteger a las mujeres equivale al 1.1% del presupuesto de defensa. Dos leyes de protección llevan años presentadas sin aprobación.

Esto no describe un sistema que falla. Describe un sistema que produce resultados consistentes con su diseño.

Fuentes:
— IUDPAS-ONV / UNAH: Boletín Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, ediciones 2024 y 2025 · iudpas.unah.edu.hn
— OV-UNAH / Migdonia Ayestas: declaraciones públicas, 15 de abril 2026 · proceso.hn
— CDM (Centro de Derechos de Mujeres): monitoreo enero-abril 2026 · derechosdelamujer.org
— Gobierno de Honduras / TNH: reporte oficial enero-abril 2026 · tnh.gob.hn
— CONADEH: impunidad histórica feminicidios · conadeh.hn
— CEM-H / Suyapa Martínez: declaraciones a Criterio.hn
— Cristina Alvarado / Movimiento Visitación Padilla: declaraciones a Criterio.hn e Infobae
— BID + IUDPAS-UNAH: Análisis de violencia armada contra mujeres 2012-2022 · iadb.org
— Presupuesto General de la República 2026, aprobado 22 abril 2026 · Congreso Nacional de Honduras
— CESPAD / Plataforma 25 de Noviembre: comunicado presupuestario, 20 abril 2026 · cespad.org.hn
— Criterio.hn: cobertura legislativa Ley Integral y Ley Alerta Morada
— Radio Progreso: cobertura Ley Alerta Morada, 10 y 16 de marzo 2026 · radioprogresohn.net

Honduras tiene un proyecto de ley en el Congreso Nacional que propone dividir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica e...
03/06/2026

Honduras tiene un proyecto de ley en el Congreso Nacional que propone dividir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en tres sociedades mercantiles independientes: una de generación, una de transmisión y una de distribución. El proyecto fue enviado por el Ejecutivo del presidente Nasry Asfura y su debate legislativo podría ocurrir en las próximas semanas. En D&P analizamos qué se sabe del proyecto, quién lo redactó y qué preguntas deja abiertas antes de que se convierta en ley.

El modelo que existe hoy: Desde 2022, el sector eléctrico hondureño opera bajo el Decreto 46-2022, que declaró la energía como bien público de seguridad nacional y derecho humano, y concentró el control del despacho eléctrico en manos del Estado a través de la ENEE. Bajo ese marco, el gobierno anterior renegotió 18 contratos con generadores privados que consideró lesivos para el Estado, con un ahorro declarado de 30,000 millones de lempiras, cifra que a la fecha no ha sido sometida a auditoría forense pública e independiente, según registros del Congreso Nacional.

La ENEE operaba con problemas estructurales documentados: pérdidas técnicas y no técnicas del 36% al cierre de agosto de 2025, una deuda total que supera los 110,000 millones de lempiras, y una deuda flotante con generadores privados que creció de 17,385 millones de lempiras en marzo de 2026 a más de 26,000 millones en mayo del mismo año, según datos del sector generador. Aun así, el sistema mantenía una lógica de rectoría pública intacta sobre el despacho y las decisiones de inversión.

Lo que propone el proyecto: El proyecto de decreto legislativo (cuyo borrador de 26 páginas fue confirmado por La Prensa Honduras) plantea escindir la ENEE en tres sociedades mercantiles que operarían bajo una estructura de empresa matriz. El texto del proyecto establece explícitamente que las nuevas compañías permanecerán bajo propiedad estatal y que la ENEE conservará la titularidad accionaria de las subsidiarias.

Adicionalmente, el proyecto crea el Operador del Sistema y Mercado (OSM), un organismo técnico independiente que asumiría el despacho eléctrico que hoy maneja el Centro Nacional de Despacho de la ENEE. También incorpora al marco legal los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) y fortalece las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), estableciendo que sus comisionados serán seleccionados mediante concursos públicos con participación de universidades, gremios profesionales y representantes empresariales.

Según La Prensa Honduras, la redacción técnica del proyecto contó con la consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la firma Deloitte, con financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El proyecto está además alineado con el acuerdo vigente entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La pregunta jurídica que el debate no está siendo respondida es justamente la expuso el ex Secretario de Energía Erick Tejada, quien ocupó el cargo durante la administración anterior, quién calificado el proyecto como una "contrarreforma energética" y advierte que convertir las filiales de la ENEE en sociedades mercantiles constituye la "antesala de la privatización." Su argumento es jurídico, no retórico: bajo la legislación hondureña, una entidad que opera como sociedad mercantil puede emitir acciones, formar joint-ventures con capital privado y recibir capitalización privada sin que el Congreso deba votar una ley de privatización explícita. El texto del proyecto garantiza la propiedad estatal al momento de la aprobación. La forma jurídica adoptada no garantiza lo mismo hacia adelante.

El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, designado por el presidente Asfura, ha respondido públicamente estas críticas afirmando que "el mandato del presidente es no privatizar" y que la escisión es "un tema de ordenamiento, no de desmembramiento." Peña Panting señaló además que el modelo de empresa vertical integrada en Centroamérica solo lo mantienen Costa Rica y Honduras, y en América Latina lo sostienen Paraguay, Cuba y Venezuela.

Ambas posiciones están documentadas. Lo que no está en disputa es la forma jurídica elegida ni sus implicaciones bajo la legislación vigente.

Quién impulsa la reforma y desde dónde: La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (capítulo hondureño de Transparencia Internacional) presentó en mayo de 2026 la iniciativa "Potencia Honduras", que promueve una reforma estructural del sector eléctrico con proyecciones de ahorro fiscal de 144,000 millones de lempiras en diez años. El especialista en energía de la ASJ, Edgar Aguilar, declaró a Proceso Digital que el proyecto de ley "retoma elementos que desde 2013 se han considerado fundamentales" y lo calificó como técnicamente sólido. Sin embargo ASJ En 2014, firmó un convenio con el gobierno de Juan Orlando Hernández, asumiendo un rol de auditoría institucional avalado por el propio Ejecutivo nacionalista. Durante años fue el referente de "sociedad civil técnica" de esa administración, el mismo período en que ocurrió el desfalco del IHSS.
Hacia el final del régimen, la ASJ endureció sus críticas. Pero su marca institucional quedó asociada a ese período en el debate público hondureño.

Adicionalmente el debate público hondureño no ha discutido que la redacción técnica del proyecto no provino de instituciones hondureñas sino de una consultoría internacional financiada desde Washington. Cuando el BID, el FMI y Deloitte confluyen en el diseño de una reforma que abre el sector eléctrico a licitaciones internacionales obligatorias y crea sociedades mercantiles sobre activos estratégicos del Estado, la pregunta sobre hacia qué modelo de mercado apunta históricamente esa combinación de actores es legítima, y hasta ahora no ha sido respondida en el debate legislativo.

El costo que el usuario ya está pagando: Mientras el proyecto está en trámite, los ajustes tarifarios ya son una realidad. La CREE aprobó un incremento del 4.11% para el primer trimestre de 2026, aunque el ajuste real habría sido del 10.37%, diferencia que el gobierno absorbió mediante un subsidio diferido de USD 25.5 millones. Para el segundo trimestre, el incremento del 10.49% se aplicó sin amortiguador: la tarifa promedio pasó de 4.62 lempiras por kWh en el cuarto trimestre de 2025 a 5.32 lempiras en abril-junio de 2026, un alza acumulada del 14.6% en seis meses, según resoluciones oficiales de la CREE.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (que según datos oficiales representan aproximadamente el 80% del empleo en Honduras) son las más expuestas a este ajuste. Un apagón de pocas horas puede representar hasta 1,500 lempiras en pérdidas directas para un pequeño comerciante, según documentó Contracorriente en su cobertura de la crisis energética en el norte del país.

Lo que el Congreso tiene en sus manos: El proyecto aún no es ley. Lo que el Congreso Nacional apruebe (o modifique) en las próximas semanas definirá la estructura del sector eléctrico hondureño por las próximas décadas. La diferencia entre un OSM con autonomía técnica real y uno sujeto a presiones políticas o empresariales, entre una CREE genuinamente independiente y una capturada por los sectores que regula, entre sociedades mercantiles con blindaje estatutario robusto y sociedades mercantiles vulnerables a capitalización privada progresiva, no está en los titulares. Está en el articulado específico que el pleno vote.
En D&P seguiremos el proceso legislativo con los documentos en la mano.

Fuentes:
— La Prensa Honduras: borrador del proyecto de reformas al subsector eléctrico, 26 páginas, junio 2026
— Proceso Digital: declaraciones de Edgar Aguilar, ASJ, sobre el proyecto de ley, junio 2026
— TuNota Honduras: declaraciones de Guillermo Peña Panting, gerente ENEE, mayo 2026
— CREE (Comisión Reguladora de Energía Eléctrica): resoluciones tarifarias Q1 y Q2 2026
— Contracorriente: cobertura crisis energética norte de Honduras, 2024
— El Heraldo Honduras: datos presupuestarios ENEE, deuda flotante, 2026
— Energía Estratégica: pérdidas técnicas ENEE agosto 2025

Dirección

Los Naranjos
San Pedro Sula
21101

Página web

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Data&Poder publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Compartir

Categoría