¿Qué es el sitio web?

https://www.facebook.com/705549902648404/

Data&Poder, Los Naranjos, San Pedro Sula (2026)

DATA & PODER nace para llenar ese vacío. No somos un medio de noticias; somos un espacio de análisis crítico. Nuestra Misión: Tomamos la complejidad del mundo (geopolítica, datos duros, tendencias culturales) y la "trituramos" para hacerla entendible, sin perder la profundidad ni el rigor. Nuestra Promesa: Vencer la desinformación con Pensamiento Crítico. Te explicamos no solo qué pasa, sino por q

ué pasa y quién gana o pierde en las dinámicas de poder. Enfoque: Análisis basados en evidencia, libres de la narrativa mediática dominante y diseñados para cuestionar.

11/05/2026

Cuando un Estado sabe lo que cuesta no actuar y aun así no actúa, ya no estamos hablando de un problema técnico.

Honduras cerró 2025 como el país con la tasa de fecundidad adolescente más alta de América Latina y el Caribe: 97 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Para
dimensionar ese número, el promedio regional es de 50.6 por cada 1,000, según la CEPAL. Honduras no está ligeramente por encima del promedio. Casi lo duplica.

Guatemala presenta una tasa menor ( 68.3 nacimientos por cada 1,000 adolescentes según el Banco Mundial (dato más reciente disponible,
2023)) pero sus cifras absolutas revelan una crisis de proporciones distintas. El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) documentó 56,889 nacimientos en madres de 10 a 19 años durante 2025. De ese total, 2,101 corresponden a niñas de 10 a 14 años. No adolescentes en el sentido convencional del término. Niñas. Y según el mismo OSAR, la mayoría de esos embarazos en ese grupo etario son producto documentado de violencia sexual.

Estos números no aparecen en el vacío. Tienen una arquitectura.

El UNFPA ha identificado que en Honduras, una de cada tres niñas menores de 18 años, el 34% — ha sido víctima de matrimonio o unión forzada. Estas uniones no son culturalmente neutras: aceleran el primer embarazo, desconectan a las adolescentes del sistema educativo y las colocan en estructuras de dependencia económica que reducen drásticamente su capacidad de decisión. A ese mecanismo se suma el bloqueo sistemático a la Educación Integral en Sexualidad (EIS) en ambos países, y la persistencia de la violencia sexual como fenómeno estructural con niveles de impunidad documentados. Estos tres factores no operan de forma independiente. Se alimentan mutuamente. Eso es lo que los convierte en un sistema y no en una suma de problemas separados.

Lo que ocurrió en Honduras en 2023 merece atención particular. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, una legislación que habría establecido un marco nacional para la EIS con respaldo presupuestario. El Ejecutivo la vetó. Tres años después, la tasa se mantiene en 97 por cada 1,000, sin variación documentada según el UNFPA. La administración que siguió llegó con una postura provida documentada públicamente, y la EIS no figura en la agenda legislativa ni en el presupuesto ejecutivo de 2025-2026. Dos gobiernos de signo distinto. El mismo resultado medible.

Guatemala no presenta un patrón diferente. Según un análisis de INCIDEJOVEN ( organización de la sociedad civil especializada en observación del gasto público) el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva ejecutó ap***s el 24.5% de su presupuesto asignado para salud reproductiva adolescente en el primer cuatrimestre de 2025. Es decir: de cada cuatro unidades presupuestarias destinadas a atender este problema, tres no se movieron. No hay evidencia de que el presupuesto no existiera. Hay evidencia de que no se priorizó su ejecución.

El estudio MILENA, elaborado por el UNFPA para Honduras en 2025, cuantificó el costo económico de esta inacción: 297 millones de dólares anuales, equivalentes al 1.18% del PIB hondureño. Ese cálculo incluye pérdidas en productividad, impacto en el sistema de salud, educación truncada y capital humano no desarrollado. En contraste, la inversión directa en atención de embarazos adolescentes en Honduras es de 15.99 millones de dólares anuales, según la misma fuente. La proporción es elocuente: por cada dólar que el Estado invierte en atender el problema, el costo de no haberlo prevenido es 18 veces mayor. El Estado hondureño no está ahorrando al no implementar la EIS. Está transfiriendo ese costo, a las familias, al sistema de salud público y a la economía nacional.

Existen intervenciones en operación. El UNFPA ejecuta en Honduras la campaña Hablemos Claro, lanzada en mayo de 2025, orientada a transformar normas sociales en comunidades garífunas y miskitas. Opera también la Ruta de los Sueños, una unidad móvil que lleva información y servicios de salud sexual y reproductiva a zonas rurales desatendidas. En Guatemala, existen mesas nacionales de EIS y programas universitarios especializados. La cooperación internacional de Luxemburgo, Irlanda y Canadá mantiene financiamiento activo en la región.

El problema no es la ausencia de toda respuesta. Es que lo que existe opera a una escala que no corresponde a la magnitud del fenómeno, depende de financiamiento externo y no tiene el respaldo de una política de Estado sostenida e intersectorial. Lo que tendría esa escala — una ley de EIS con presupuesto nacional, datos desagregados oficiales completos, un marco que sobreviva a los cambios de gobierno — no existe en ninguno de los dos países a mayo de 2026.

En D&P no declaramos responsables ni emitimos veredictos políticos. Describimos lo que los datos muestran. Y los datos muestran que Honduras y Guatemala tienen documentado el problema, documentadas sus causas, documentado su costo y documentadas las intervenciones que funcionan.

Lo que los datos también muestran es que la respuesta institucional, en ambos países, no tiene la escala del problema que dice querer resolver. Esa brecha entre el diagnóstico disponible y la acción ejecutada no es un accidente de gestión.
Es una decisión de prioridad política. Y las decisiones de prioridad política tienen consecuencias medibles.

En este caso: 97 por cada 1,000.

FUENTES

· UNFPA Honduras — Estado de la Población Mundial 2025 / Campaña Hablemos Claro 2025
· Estudio MILENA — UNFPA Honduras, 2025
· OSAR (Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva) — Datos 2025, Guatemala
· CEPAL — Promedio regional fecundidad adolescente ALC, 2024
· Banco Mundial — Tasa fecundidad adolescente Guatemala, 2023
· ENDESA Honduras — Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2019
· INCIDEJOVEN — Observatorio de Gasto Público Guatemala, primer cuatrimestre 2025
· Congreso Nacional de Honduras — Registro público Ley EIS, 2023

10/05/2026

Hoy celebramos a las madres. Y en D&P creemos que la mejor forma de honrar a alguien es verla con claridad, no solo con cariño.

América Latina tiene una deuda que no aparece en ningún balance fiscal. Cada día, millones de mujeres en nuestra región se levantan antes que el resto, organizan hogares, cuidan enfermos, crían hijos, sostienen comunidades y todo ese trabajo, que es la base sobre la que funciona cualquier economía, no existe oficialmente en ningún PIB.

La CEPAL lo documentó en 2023 con una cifra que debería estar en todos los discursos de política pública: el trabajo de cuidado no remunerado representa entre el 15% y el 25% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. Para ponerlo en perspectiva, eso supera en varios países el aporte del sector manufacturero, del comercio formal, o de la industria extractiva. Es, en términos
estrictamente económicos, el sector más grande de la región. Simplemente nadie lo llama así.

No lo llamamos así porque durante siglos construimos una narrativa que convirtió ese trabajo en amor, en vocación, en naturaleza femenina, no en labor. Y lo que no se nombra como trabajo, no se remunera, no se protege, no se redistribuye. El Banco Mundial ha señalado repetidamente que esta invisibilidad contable no es un
accidente técnico: es una decisión estructural que mantiene fuera del mercado formal a millones de mujeres que ya están trabajando más que nadie.

En Honduras y Centroamérica, el peso es aún más pronunciado. Según datos del PNUD para la región, las mujeres rurales e indígenas cargan de forma desproporcionada con el trabajo de cuidado no remunerado, frecuentemente en ausencia de servicios públicos básicos: agua potable, transporte, salud, lo que
multiplica el tiempo invertido y reduce aún más las posibilidades de participación económica formal.

Reconocer esto no opaca la celebración de hoy. La profundiza. Porque detrás de cada madre que celebramos hay una historia de trabajo real, sostenido, invisible para las estadísticas y absolutamente central para la vida de quienes la rodean.

Hoy es un buen día para verlo. Y para decidir que verlo no sea suficiente.

Feliz Día de las Madres.
El equipo de DATA & PODER

Fuentes:
· CEPAL (2023). Trabajo de cuidado no remunerado en América Latina
y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
· Banco Mundial (2023). Women, Business and the Law.
Washington D.C.: World Bank Group.
· PNUD (2022). Informe Regional de Desarrollo Humano para
América Latina y el Caribe. Nueva York: PNUD.

07/05/2026

En el Triángulo Norte, casi la mitad de los hogares los sostiene una mujer. No es una tendencia reciente ni un fenómeno menor. Es una transformación estructural que lleva décadas acelerándose documentada, medida, ignorada.

Según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, publicada en julio de 2025, el 38.5% de los hogares hondureños tienen una mujer como jefa. En 1988, esa cifra era 20.6%. En menos de cuatro décadas, el fenómeno casi se duplicó. En El Salvador, el Censo de Población y Vivienda 2024 de la DIGESTYC registra que el 45% de los hogares salvadoreños están encabezados por mujeres, un aumento de más de 17 puntos porcentuales desde 1994. En Guatemala, la tendencia es igualmente ascendente, impulsada por dinámicas similares en los departamentos con mayor incidencia de migración y pobreza.

La pregunta que estos datos no responden solos es la más importante: ¿por qué?
La respuesta no es simple ni uniforme. El Instituto de Investigaciones en Migración de la Universidad Rafael Landívar documenta el vínculo entre la emigración masculina y la transferencia de jefatura del hogar a la mujer en Guatemala. Las encuestas de hogares de los tres países registran de forma sistemática el abandono y la paternidad no ejercida como fenómenos estructurales, no como casos aislados. El INE de Honduras reporta que el 44.4% de las mujeres jefas de hogar son solteras. No viudas. Solteras. Ese dato solo habla de ausencia masculina que no requiere explicación violenta para existir.

Lo que estos hogares enfrentan en términos económicos es igualmente documentado. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo de 2024, en Honduras 4 de cada 5 nuevos empleos para mujeres están en la economía informal; sin seguridad social, sin historial crediticio, sin estabilidad. En Guatemala, el Banco Mundial reporta que el 90% de las mujeres trabajadoras opera en la informalidad. En El Salvador, la Hoja de Ruta para la Inclusión Financiera de las Mujeres de 2025 documenta que una mujer con el mismo nivel educativo que un hombre gana en promedio 59 dólares menos al mes. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras registra que la brecha de género en acceso a crédito cooperativo es del 86%, favorable a los hombres.

A eso se suma lo que no aparece en ningún PIB. La Encuesta de Uso del Tiempo de El Salvador de 2022 documenta que las mujeres jefas de hogar dedican 4.55 horas diarias a trabajo de cuidados no remunerado, atención a hijos, adultos mayores, tareas domésticas. Eso equivale a una pérdida económica de 82 dólares mensuales que el mercado no registra ni el Estado compensa. En Guatemala, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022-2023 reporta que las mujeres dedican en promedio 14.2 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, frente a 1.5 horas de los hombres. La CEPAL estima que en el Triángulo Norte las mujeres dedican 17.4 horas más a la semana que los hombres al trabajo no remunerado.
La respuesta institucional a todo esto es medible también. Honduras, Guatemala y El Salvador no han ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el instrumento que garantiza salario mínimo y seguridad social a quienes realizan trabajo doméstico y de cuidados remunerado. Ninguno de los tres países tiene un Sistema Nacional de Cuidados operativo. Honduras está en fase de diseño. Guatemala tiene pilotos locales. El Salvador no tiene sistema formal. Esto no es una omisión reciente — es una decisión sostenida durante décadas frente a un fenómeno que los propios sistemas estadísticos del Estado llevan décadas documentando.

Los datos tienen décadas diciéndolo. Lo que sostiene a millones de hogares en el Triángulo Norte no es resiliencia. Es un subsidio no declarado que el sistema extrae sin compensar, y que ninguna política pública regional ha enfrentado a la escala que el fenómeno exige.

FUENTES
— Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE): Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), julio 2025. Serie histórica 1988-2025.
— Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador (DIGESTYC/ONEC): Censo de Población y Vivienda 2024. Serie histórica 1994-2024.
— Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Análisis de remesas y jefatura femenina en el Triángulo Norte, 2024.
— Banco Mundial: Informalidad laboral femenina en Guatemala, 2024. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Guatemala (ENIGH), 2022-2023.
— Hoja de Ruta para la Inclusión Financiera de las Mujeres, El Salvador, 2025.
— Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS): Reporte de inclusión financiera por género, 2023.
— Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), El Salvador, 2022.
— Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Trabajo no remunerado en el Triángulo Norte, 2024.
— Instituto de Investigaciones en Migración, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
— Organización Internacional del Trabajo (OIT): Estado de ratificación Convenio 189, 2025.

06/05/2026

100 días de Asfura: ¿cambio de rumbo o administración de la crisis?

El 7 de mayo de 2026 se cumplen 100 días del gobierno de Nasry Asfura en Honduras. Es una fecha que invita a ir más allá de las declaraciones oficiales y revisar lo que los datos realmente muestran. En DATA & PODER analizamos este período con base en dos fuentes independientes: el informe "A 100 días del gobierno de Nasry Asfura" del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y el sondeo de ICN Analytics aplicado entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2026 en las principales ciudades del país.

El resultado no es una opinión. Es lo que dicen los números.

El presupuesto como radiografía de prioridades: El primer lugar donde un gobierno revela sus prioridades reales no es en sus discursos, es en su presupuesto. El informe del CESPAD documenta que el 25% del Presupuesto General de la República de Honduras está destinado al pago de la deuda pública. En contraste, la inversión combinada en salud y educación no alcanza el 3% del PIB, manteniéndose por debajo de los estándares internacionales recomendados.
Al mismo tiempo, el CESPAD identifica un aumento del 402% en los recursos asignados al PRONADERS, programa vinculado al encadenamiento de pequeños productores con grandes agroexportadoras. El presupuesto del INHGEOMIN (el instituto que regula la minería) fue incrementado, mientras las secretarías encargadas de regular el ambiente y lo agrario, específicamente la SERNA, el INA y el ICF, fueron reducidas. El Artículo 105 de las disposiciones presupuestarias mantiene en reserva la partida presidencial, limitando la transparencia sobre su uso.

Los beneficiarios de esta distribución, según el CESPAD, son el gran capital nacional y transnacional: la agroindustria, el sector extractivo y la banca, que absorbe el pago de la deuda.

La arquitectura de la impunidad no se tocó: En materia de transparencia y combate a la corrupción, el CESPAD documenta que la arquitectura que permite la macrocorrupción se mantiene intacta. El gobierno eliminó la Secretaría de Transparencia y trasladó sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular es cuestionado por conflicto de intereses al haber fungido como defensor legal del presidente en un caso de corrupción. El informe identifica esto como una recentralización del control en dependencias afines al Ejecutivo.
Tres escudos legales que administran la impunidad permanecen sin modificación: el Código Penal mediante el Decreto 130-2017, la inmunidad parlamentaria bajo el Decreto 117-2019 y el régimen de altos funcionarios establecido en el Decreto 9-99-E. La CICIH permanece en suspenso sin una hoja de ruta definida.

El CESPAD también documenta la entrega discrecional de bonos extraordinarios de hasta 100,000 lempiras a diputados del Partido Nacional y Liberal desde Casa Presidencial, identificando esta práctica como clientelismo político orientado a preservar equilibrios institucionales favorables al Ejecutivo.

El territorio como negocio, la defensa como delito: En materia ambiental, el CESPAD documenta que el Estado ha retomado un modelo que prioriza la inversión privada sobre los territorios. La creación de una "Ventanilla única" en la SERNA para agilizar licencias ambientales extractivistas permite avanzar concesiones corporativas evadiendo la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas.

En febrero de 2026 se presentó un anteproyecto de Ley de fortalecimiento del sector agroindustrial que declara la "inafectabilidad de tierras" y habilita la intervención policial. Las reformas al Código Penal aumentan las p***s por usurpación, delito que el Estado aplica contra comunidades que defienden su territorio. Entre los beneficiarios identificados figura el proyecto Pinares Ecotek. Entre los afectados, comunidades garífunas en Cayos Cochinos y organizaciones campesinas como la CNTC. Los casos de Berta Cáceres y Juan López siguen en impunidad. Honduras reingresó al CIADI, el tribunal internacional que protege inversiones corporativas frente a decisiones soberanas.

La deuda histórica con las mujeres: El CESPAD documenta 72 femicidios entre enero y el 15 de abril de 2026 (menos de cuatro meses) con una tasa de impunidad del 95% en casos de violencia contra mujeres. El informe señala que el gobierno eliminó el Artículo 215 del presupuesto, que obligaba a destinar el 10% institucional a políticas de género. El 93% de la agenda legislativa ignora deliberadamente a las mujeres.

En paralelo, el CESPAD documenta una ofensiva legal contra el acceso a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia y una moción en el Congreso Nacional para impulsar la lectura de la Biblia en centros educativos. El informe identifica la influencia directa de grupos conservadores y religiosos en la política pública como el mecanismo que sostiene este modelo. El 70% de los cargos femeninos en el gobierno corresponde a mandos medios y asistenciales. Las secretarías de poder real (finanzas, seguridad y defensa) permanecen bajo control masculino absoluto.

La salud pública en proceso de privatización paulatina: Mediante el Decreto Ejecutivo PCM-007-2026, el gobierno declaró emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y legalizó la subrogación de servicios a hospitales y clínicas privadas. La Ley de Medidas Excepcionales habilitó la creación de fideicomisos transitorios sin controles estándar que evaden la Ley de Contratación del Estado e impiden auditorías en tiempo real. El Colegio Médico de Honduras denuncia despidos injustificados y sobrevaloración de las cirugías subrogadas.

El CESPAD identifica como beneficiarios de este esquema a las clínicas y hospitales privados y a la banca privada que administra los fideicomisos. El informe califica este proceso como una privatización paulatina del derecho a la salud financiada con presupuesto público.

El gasto en seguridad no detiene la violencia: El presupuesto conjunto de las secretarías de Seguridad y Defensa alcanzó los 25,706 millones de lempiras en 2026, con un aumento de 3,354 millones respecto al año anterior. Los resultados en los primeros 100 días registran 612 homicidios, un promedio de 6.24 muertes violentas por día, 6 masacres con 21 víctimas y una reaparición de los secuestros que afecta especialmente a la niñez.

El CESPAD critica que la estrategia del gobierno es puramente reactiva y mediática: las patrullas se despliegan cuando los delitos ya fueron cometidos, respondiendo más a impactos en medios que a planificación estratégica. Se reactivó el Consejo de Defensa y Seguridad, cuya primera reunión anunció medidas represivas para enfrentar la conflictividad agraria. El Estado de Excepción continúa sin implementar medidas alternativas. El informe señala que el aparato de seguridad es utilizado para ejecutar desalojos violentos contra comunidades campesinas en defensa del modelo agroindustrial.

Lo que la ciudadanía ya percibe: El informe del CESPAD documenta el mecanismo institucional. La encuesta de ICN Analytics, aplicada entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2026 con una muestra de 1,568 entrevistas en el Distrito Central, San Pedro Ula y municipios secundarios, mide si la ciudadanía ya lo siente. Las dos fuentes convergen en el mismo diagnóstico.

El 62.12% de los encuestados percibe que la situación del país es peor. El 66.56% (dos de cada tres) considera que el gobierno no ha nombrado personas capaces para resolver los problemas del país. La economía es el tema más castigado: casi dos tercios la perciben deteriorada. Seguridad y salud también registran mayoría negativa. El desempleo (25.51%) y el costo de vida (22.83%) concentran casi la mitad de las preocupaciones ciudadanas. La corrupción aparece como cuarto problema individual con el 13.01%, señal de que la ciudadanía no solo percibe inseguridad física sino deterioro institucional.

El dato que cierra el panorama: 1 de cada 4 hondureños entrevistados ha considerado emigrar este año. La encuesta establece una relación directa entre este dato y el pesimismo generalizado sobre el rumbo del país. Cuando el desencanto se convierte en decisión migratoria, el costo del modelo deja de ser solo político, se vuelve humano y demográfico.

El veredicto: El director del CESPAD, Gustavo Irías, resume el balance con precisión: el gobierno se ha limitado a "administrar la crisis." En seis ejes distintos, presupuesto, corrupción, justicia ambiental, situación de las mujeres, salud y seguridad — el patrón documentado es el mismo: las estructuras de poder que reproducen la desigualdad no fueron modificadas en los primeros 100 días.

En DATA & PODER analizamos el poder con evidencia. Este análisis está basado íntegramente en fuentes primarias identificadas y verificables.

FUENTES:
CESPAD — "A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas del CESPAD." Centro de Estudio para la Democracia, 2026.
ICN Analytics — Sondeo de percepción ciudadana, 1,568 entrevistas, 30 abril–2 mayo 2026. Distrito Central, San Pedro Sula y municipios secundarios.

05/05/2026

Honduras no fue intervenida. Fue transaccionada. Esto es lo que los documentos dicen

En diciembre de 2025, Donald Trump anunció públicamente a través de su red social Truth Social el indulto presidencial a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado ese mismo año a 45 años de prisión por una corte federal de Nueva York por conspiración para importar co***na y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. El anuncio ocurrió horas antes de las elecciones hondureñas del 30 de noviembre, acompañado de un respaldo explícito al candidato Nasry Asfura y una advertencia directa: la ayuda estadounidense dependía de su victoria.

Esos son hechos públicos verificables. Lo que vino después es lo que una investigación periodística publicada esta semana comenzó a documentar.

Entre el 29 de abril y el 4 de mayo de 2026, el portal Hondurasgate y Canal RED publicaron en exclusiva 37 grabaciones de WhatsApp, Signal y Telegram, fechadas entre enero y abril de 2026. Los audios, reproducibles públicamente en hondurasgate.ch y verificados mediante el protocolo forense Phonexia Voice Inspector con hashes criptográficos SHA-256, registran conversaciones atribuidas al entorno de Juan Orlando Hernández. El propio JOH negó públicamente su autenticidad en redes sociales, aunque a la fecha de este análisis no ha interpuesto acción legal contra los medios publicadores. En D&P analizamos el contenido de estas grabaciones como material periodístico público. Ninguna de las alegaciones que contienen ha sido confirmada judicialmente.

Lo que los audios sugieren, si son verídicos, es una arquitectura de cinco componentes.

El intermediario y su moneda de cambio: Las grabaciones registran a una voz identificada por Hondurasgate como JOH explicando a sus colaboradores el origen del dinero que habría financiado su liberación: "El dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes. Salió de una junta de rabinos, y de una gente que apoyaba a Israel." En la misma grabación, la voz atribuida a JOH señala que el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu "tuvo todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación." Según los audios, el lobby en Washington habría sido ejecutado por Roger Stone (operador histórico de Trump) con respaldo de la bancada republicana. Stone había reconocido públicamente haber presionado por el indulto de JOH desde 2024, antes de que Trump ganara las elecciones, dato verificable independientemente de los audios.

La secuencia que las grabaciones sugieren no es la de un acto de clemencia unilateral. Es la de una transacción donde la libertad de un condenado federal funciona como pago inicial de compromisos mayores.

Lo que Honduras habría puesto sobre la mesa: Las grabaciones documentan conversaciones donde se coordinan compromisos específicos. Según los audios, a cambio del apoyo político y el indulto, las autoridades hondureñas habrían negociado la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (las polémicas ZEDES) en Roatán y Comayagua, incluyendo el enclave Próspera. Las grabaciones registran además la construcción de una nueva base militar estadounidense en Roatán, descrita como "mover otra Palmerola", en referencia a la Base Soto Cano operada por el Comando Sur desde 1982. Los audios documentan también la entrega del canal interoceánico y los contratos derivados de una nueva ley de Inteligencia Artificial a la empresa estadounidense General Electric, la construcción de un centro de confinamiento inspirado en el modelo CECOT de El Salvador dentro de Tegucigalpa, y un compromiso explícito de adquirir metales exclusivamente a Estados Unidos y Argentina, vetando deliberadamente las ofertas de China y Canadá.

Ninguno de estos compromisos emerge de documentos oficiales publicados por el gobierno hondureño. Todos provienen de las grabaciones publicadas por Hondurasgate, razón por la cual en D&P los clasificamos con nivel de confianza medio — suficiente para el análisis, insuficiente para la afirmación categórica.

El vaciamiento como condición operativa: Lo que sí es verificable independientemente de los audios es la secuencia institucional que ocurrió en paralelo. El 25 de marzo de 2026, el Fiscal General Johel Zelaya fue destituido. Ese mismo día, la Presidenta de la Corte Suprema Rebeca Ráquel Obando presentó su renuncia bajo lo que fuentes públicas describieron como coacción. El 16 de abril, el Congreso Nacional destituyó al consejero electoral Marlon Ochoa (quien había denunciado públicamente irregularidades en los comicios de 2025) en conjunto a Mario Morazán y dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, con 88 votos a favor. Ese número es exactamente dos más de los constitucionalmente requeridos.

Los audios agregan la presunta arquitectura detrás de esta secuencia. Las grabaciones registran conversaciones donde se coordinan negociaciones de dinero a cambio de votos legislativos para los diputados indecisos, con Jorge Cálix (jefe de bancada del Partido Liberal) reteniendo su apoyo hasta negociar condiciones más favorables. La verificación de estas conversaciones específicas está pendiente de confirmación judicial independiente.

Honduras como base de operaciones regional: Las grabaciones publicadas por Hondurasgate el 30 de abril y el 1 de mayo añaden una dimensión que trasciende las fronteras hondureñas. Según los audios, el 30 de enero de 2026, voces atribuidas a JOH y al presidente Asfura habrían coordinado el montaje de una oficina de desinformación en Washington operada por republicanos cercanos a Trump. Las grabaciones documentan dos fuentes de financiamiento: fondos que los audios atribuyen a desvíos del erario hondureño desde el Instituto Nacional de Deportes (INSEP) y un aporte que las grabaciones atribuyen al gobierno argentino. Los objetivos declarados en los audios incluyen a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, al presidente colombiano Gustavo Petro y a la familia Zelaya en Honduras. Las grabaciones registran a una voz identificada como JOH: "Vamos a montar una célula informativa desde aquí. Se vienen expedientes contra México, contra Colombia y contra la familia Zelaya."

La atribución de montos específicos y la participación del gobierno argentino provienen exclusivamente de los audios y están pendientes de verificación judicial independiente.

El patrón que D&P nombra: Lo que el caso hondureño ilustra (si los hechos que sugieren las grabaciones son verídicos) no es una conspiración improvisada. Es una arquitectura replicable de cinco componentes: un intermediario local con deuda externa, una moneda de cambio personal que ancla su lealtad, el vaciamiento sistemático de instituciones con capacidad de bloqueo mediante mecanismos legales existentes, la entrega de activos estratégicos específicos como contraprestación, y la conversión del país capturado en plataforma para operar contra gobiernos vecinos.

Este modelo no requiere invasión militar. No requiere golpe de Estado. Requiere tres condiciones que existen simultáneamente en varios países de América Latina: un actor local con poder previo y deuda externa, instituciones suficientemente débiles para ser compradas por dentro, y activos estratégicos que justifiquen la inversión del comprador externo.

Honduras aportó el caso. Los audios aportaron la presunta evidencia. La pregunta que D&P deja sobre la mesa es estructural: ¿qué otros países de la región reúnen hoy estas mismas condiciones?

En D&P seguimos documentando las estructuras de poder que definen América Latina. Sin agenda. Con evidencia.

FUENTES:
— Hondurasgate / Canal RED: banco completo de 37 audios públicos verificados con Phonexia Voice Inspector. Disponibles en hondurasgate.ch. Publicados entre el 29 de abril y el 4 de mayo de 2026.
— Euronews España: "'Hondurasgate': La injerencia de EE.UU. y Trump para devolver al poder al expresidente de Honduras", 30 de abril de 2026. es.euronews.com
— Infobae Honduras: "Filtran audios sobre supuesto regreso político de JOH; el expresidente denuncia campaña de desinformación", 1 de mayo de 2026. infobae.com
— Excélsior México: "Hondurasgate: revelan esquema para interferir en México y Colombia", 3 de mayo de 2026. excelsior.com.mx
— Corte Federal de Nueva York: condena de Juan Orlando Hernández, 45 años por narcotráfico y conspiración. Registro judicial público, 2024.
— Truth Social / Donald Trump: anuncio público de indulto a JOH y respaldo a Asfura, noviembre 2025.
— Congreso Nacional de Honduras: actas legislativas públicas, destituciones del 25 de marzo y 16 de abril de 2026.

Dirección

Los Naranjos
San Pedro Sula
21101

Página web

facebook.com

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Data&Poder publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Data&Poder