Kika Flores

10/10/2025

09/10/2025

IMPORTANCIA DE LA FNERRR ANTE CRECIENTE INCONFORMIDAD ESTUDIANTIL

Dimas Romero González

Hace apenas unos días, en un videopronunciamiento que realicé, con motivo de una manifestación de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, decía yo que quienes dedicamos nuestros esfuerzos a la construcción de un país más justo y equitativo, el que la juventud vuelva a salir a las calles para pedir justicia y exigir que se hagan efectivos sus derechos a una educación digna alimenta la esperanza de que las masas populares tendrán, más temprano que tarde, en esa juventud, una cantera de donde obtener los líderes que la conduzcan por la senda del progreso y desarrollo verdaderos.

Los indicios de una ola de reactivación de los ánimos de lucha en los estudiantes se acumulan. Por ejemplo, con las recientes manifestaciones de exigencia para que se detenga el genocidio en Gaza, las movilizaciones que piden justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa o la del pasado domingo, en la que, según la mayoría de estimaciones en los medios de información, alrededor de 10 mil manifestantes, en su mayoría estudiantes, marcharon de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo de la CDMX, con motivo de la conmemoración del 57 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, fecha en que el Estado mexicano cometió un crimen de lesa humanidad contra una multitudinaria manifestación estudiantil.

¿Y por qué es importante este resurgimiento de la vocación de lucha estudiantil? Porque, a mi juicio, con la represión del Movimiento del 68, a la juventud mexicana se le mutiló su natural rebeldía y la conciencia social nacional, y se inculcó a nuestros jóvenes la no participación en política y en la lucha social, por temor. Algunas palabras al respecto son necesarias.

En aquel entonces, se vivía un entorno de represión por parte de los aparatos policiales, de falta de apertura política para las clases medias y para el sector intelectual y, además, una creciente inconformidad de la población ante las recurrentes crisis económicas y la injusta distribución de la riqueza social.

En ese contexto, un conflicto entre alumnos de las preparatorias vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la preparatoria particular Isaac Ochotorena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue reprimido con exceso de violencia por parte del cuerpo de granaderos, ante lo cual se extendieron las protestas.

A medida que se iban sumando alumnos y maestros de otras escuelas, intelectuales y líderes obreros y populares, las demandas ya no eran sólo por justicia, sino de carácter político, sin tener un programa de lucha claro y preciso, sin haber dimensionado las fuerzas con que se contaba y, sobre todo, sin medir objetivamente la respuesta que daría el Estado a estas movilizaciones masivas.

Ante este giro y por la situación mundial de creciente influencia del socialismo, el gobierno de Díaz Ordaz necesitaba evitar que, a medida que los sectores populares adquirieran predominio, este movimiento desembocara en un cuestionamiento al Sistema mismo, es decir, al modelo económico imperante en México.

Esa fue, en mi opinión, una de las razones de fondo para la brutal represión. El Estado trató, pues, de inhibir la organización de las masas en un movimiento revolucionario y logró su cometido, matando los ideales de rebeldía en la juventud. Es por ello, que las recientes manifestaciones son un síntoma de salud social para nuestro país.

Sin embargo, es necesario decir que manifestarse sin aprender las lecciones necesarias de las luchas pasadas no puede ya ser la ruta a seguir para ningún movimiento social. En ese sentido, no sólo deslegitiman su lucha quienes vandalizan o se radicalizan ante las provocaciones de los cuerpos policiales del Estado mexicano, sino que dan un pretexto a que se justifique la represión a los movimientos sociales.

Es por ello que, aunque tenue y pequeña mi voz, invito a los jóvenes que empiezan a decidirse a retomar la gloriosa senda de la lucha social, a que no se juegue nunca más con los llamados a la lucha violenta ni a los radicalismos de ningún tipo, pues nadie puede asegurarnos que quienes se sumaron a las manifestaciones del pasado jueves no sean los esquiroles de siempre, que sirven al Estado para inhibir la organización por causas dignas y justas.

En ese contexto es que toma importancia la lucha de la FNERRR por la defensa de los albergues de estudiantes oaxaqueños que fueron despojados de sus albergues y agredidos por fuerzas policiales encubiertas del gobierno de esa entidad. Porque, a pesar de ello, no sólo no cayeron en la trampa de la lucha violenta, sino que trasladaron su lucha a la capital de la república y, ante la provocación de los granaderos, sin dejar de lado su rebeldía y la defensa de sus legítimas demandas, brincaron las vallas y se manifestaron con arte y cultura, sin exabruptos, sin aspavientos y con la verdad y la mesura como su mejor arma, señalando con ello el camino para los futuros movimientos sociales que surjan en nuestro país.

Por ello les repito a los integrantes de la FNERRR que su ejemplo es una potente convocatoria a todos los estudiantes del país, a unirse, a organizarse y a defender sus derechos, pero dentro del llamado marco legal, pues la fuerza de las masas no está en la verdad o las leyes, sino en su número.

¡Adelante, fenerianos, salgan a las calles a encabezar a la juventud de México para brindarle a las clases trabajadoras los líderes que la realidad está exigiendo!

09/10/2025

Primero se llevaron a los judíos,
pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas,
pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros,
pero como yo no era obrero, tampoco me importó.
Mas tarde se llevaron a los intelectuales,
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas,
pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde.

"Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde".
-Bertolt Brecht.

04/10/2025

Juventud al combate
Luis Herrera

El pasado martes 23 de este mes, la capital del país volvió a ser escenario de una escena que recuerda a los capítulos más oscuros de nuestra historia: la represión policial contra jóvenes estudiantes. En las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, granaderos, sí, esos mismos que la actual presidenta Claudia Sheinbaum aseguró haber disuelto en 2018, fueron desplegados en triple fila para contener a más de 2,500 jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad, provenientes de Oaxaca y de otros estados. Los muchachos sólo buscaban ser escuchados, entregar un escrito y pedir la intervención presidencial frente a los atropellos de funcionarios del gobierno morenista en Oaxaca, que los han despojado de sus albergues estudiantiles.

La respuesta oficial fue contundente: empujones, insultos, golpes con escudos y toletes. Afuera, la represión; adentro del Palacio Nacional, la presidenta lamentaba el asesinato de un estudiante del CCH y ofrecía solidaridad. Dos escenas paralelas que retratan con crudeza la contradicción de un régimen que habla de paz mientras reprime a su juventud.

La historia nos demuestra que la represión estudiantil no es un hecho aislado. Recordemos que, en 1968, la matanza de Tlatelolco dejó un saldo “oficial” de 30 muertos, aunque investigaciones independientes y reportes de prensa internacional han señalado que pudieron haber sido entre 300 y 400 los estudiantes asesinados. Ese crimen de Estado marcó un antes y un después en la memoria colectiva del país.

Pero el 68 no fue un hecho aislado. En Guerrero, en la década de los 70, movimientos como el de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) fueron constantemente hostigados; en Puebla, el movimiento estudiantil de 1973 desembocó en la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle padre; en Oaxaca, la represión a las normales rurales ha sido constante, al grado de que los estudiantes normalistas han enfrentado más de 50 desalojos violentos en los últimos veinte años.
Los datos son claros: México arrastra una larga tradición de criminalizar la protesta estudiantil. Y ahora, bajo el discurso de la “Cuarta Transformación”, la historia parece repetirse.

El caso de Oaxaca no es aislado ni menor. Los albergues estudiantiles representan un espacio vital para miles de jóvenes de escasos recursos. Allí no sólo se comparte un techo; se comparte comida, se comparte educación, se comparte fraternidad. Sin embargo, el gobierno estatal ha permitido —e incluso facilitado— su despojo mediante operativos violentos. La noche del 5 de agosto de este año, un grupo de 20 personas armadas irrumpió en el Albergue Estudiantil “Villas de Monte Albán”, saqueando y amenazando a los moradores. Fue el tercer ataque en pocos meses, y el silencio cómplice del gobernador Salomón Jara lo dice todo.

En este punto cabe recordar otra realidad que lacera profundamente a los estados del sur del país: la educación. En Guerrero, por ejemplo, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, sólo el 17% de los jóvenes de 25 años o más cuentan con educación superior completa. El rezago educativo es evidente: más del 10% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, lo que coloca al estado como uno de los de mayor analfabetismo en todo el país. Y, pese a las cifras, la inversión pública en infraestructura educativa sigue siendo raquítica.

Quien recorra las comunidades rurales de Guerrero verá que muchas escuelas operan sin techos dignos, con paredes improvisadas de lámina, sin baños en condiciones mínimamente higiénicas y con pupitres que apenas se sostienen. Según datos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), más del 35% de las escuelas del estado carecen de acceso adecuado a agua potable y 4 de cada 10 no tienen energía eléctrica constante. No se trata de solo cifras: se trata de niños que toman clases bajo la lluvia, de adolescentes que escriben sus cuadernos a la luz de una vela, de jóvenes que caminan kilómetros para llegar a una preparatoria que no tiene laboratorios ni bibliotecas.

En ese contexto, los albergues estudiantiles no son un lujo: son una necesidad. Representan la única posibilidad real para que cientos de jóvenes campesinos se formen como profesionistas y tengan un futuro distinto al de la miseria heredada. Por eso resulta indignante que el Estado, en lugar de fortalecer estos espacios, los ataque.

Las imágenes del 23 de septiembre son contundentes, no dejar pasar a los estudiantes. Los granaderos golpeando a muchachos exhibieron al gobierno federal como represor y pusieron en entredicho el discurso oficial. Nadie salió a dialogar. Nadie tendió la mano. Ni siquiera se recurrió a la gastada estrategia de prometer mesas de trabajo futuras. El gobierno se limitó a mandar a la policía contra adolescentes armados únicamente con pancartas y consignas.

Y sin embargo, la juventud resistió. A pesar de los golpes, lograron romper el cerco, ingresar al Zócalo y realizar un mitin cultural lleno de folclor, canciones y poesía. Su respuesta digna contrastó con la brutalidad oficial. Fue la mejor lección de civismo frente a un gobierno que presume escuchar al pueblo.

No es casualidad que estos hechos ocurran a pocos días de que se conmemoren once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, otro crimen de Estado que sigue impune. Tampoco es casualidad que ocurran a pocos días del 2 de octubre, cuando la memoria de Tlatelolco vuelve a recordarnos que el poder suele responder con sangre al descontento juvenil. Y tampoco es casualidad que la represión se haya dado en un país donde, de acuerdo con EDUCA Oaxaca, 58 defensores sociales han sido asesinados en los últimos años, y otros seis se encuentran desaparecidos.
El mensaje que manda el gobierno es claro: callar al que protesta. Pero el mensaje de los jóvenes es aún más poderoso: no nos callarán.

La educación debería ser un derecho, no un privilegio. La juventud debería ser escuchada, no golpeada. Y los pobres deberían estar primero, no en último lugar.
Ante la cerrazón oficial, la solidaridad se extiende. La causa de los estudiantes de Oaxaca ya es la causa de miles de jóvenes de todo México, que entienden que lo que está en juego no es sólo un par de albergues, sino el derecho mismo a soñar con un futuro digno.

La juventud es hoy la chispa que puede encender un cambio verdadero. Y frente a un gobierno que se dice transformador pero actúa con la mano dura del pasado, esa chispa se vuelve indispensable.

¡Adelante, muchachos! Defiendan sus albergues, defiendan su derecho a estudiar, defiendan su dignidad. Porque en esa lucha, ustedes no están solos: el corazón de millones de mexicanos late con ustedes.

Juventud, al combate, que es preciso
dejar este risueño paraíso;
gigante y no pigmeo
hay que ser de la vida ante el topacio;
¡caballeros andantes, al torneo,
águilas solitarias, al espacio!
A la juventud (fragmento) – Gregorio de Gante

03/10/2025

| 𝑮𝒂𝒛𝒂, 𝒄𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏 𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂 🪖
Por Rubí Jiménez Ayala

El genocidio que Israel comete en Gaza no puede comprenderse como un fenómeno aislado ni como el resultado exclusivo de la política sionista. Desde hace décadas, pero con particular crudeza en el último año, los organismos internacionales, las organizaciones de derechos humanos y las propias Naciones Unidas han reconocido que los crímenes perpetrados contra el pueblo palestino cumplen con las características establecidas por la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: asesinatos masivos, daños físicos y psicológicos graves, condiciones de vida deliberadamente insostenibles y medidas para impedir la reproducción de la población. Sin embargo, este crimen de lesa humanidad no habría alcanzado la magnitud actual sin la intervención decisiva de las potencias imperialistas, principalmente Estados Unidos y el Reino Unido, pero también de la Unión Europea en su conjunto. Más allá de las justificaciones ideológicas o religiosas, el genocidio es funcional a los intereses económicos y geopolíticos del imperialismo en Medio Oriente.
En primer lugar, la dimensión material del genocidio demuestra con claridad la dependencia estructural de Israel respecto a sus aliados occidentales. Estados Unidos otorga, desde hace décadas, la mayor partida de asistencia militar bilateral a cualquier país del mundo: 3,800 millones de dólares anuales en promedio, a lo que se suman paquetes extraordinarios, como los más de 17,000 millones aprobados en los meses posteriores a octubre de 2023. Este financiamiento se traduce en la entrega de aviones de combate, bombas de alta precisión, sistemas de misiles, blindajes y logística sin los cuales la ofensiva israelí simplemente no podría sostenerse. Inglaterra, por su parte, aunque con menor volumen, contribuye con la transferencia de tecnología, licencias de exportación de armas, entrenamiento militar y respaldo financiero a través de empresas transnacionales de la industria bélica. Varios países de la Unión Europea, además, participan en la cadena de producción de componentes y permiten a Israel exportar armamento “probado en combate”, es decir, armas utilizadas contra población civil palestina que luego se comercializan como productos de eficacia comprobada. La masacre se convierte así en vitrina de negocios para el complejo militar-industrial internacional.
La otra cara de este apoyo material es la cobertura diplomática. Desde el inicio de la ofensiva, Estados Unidos ha vetado repetidamente en el Consejo de Seguridad de la ONU resoluciones que exigían un alto al fuego inmediato, el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria y la condena explícita de los ataques indiscriminados contra civiles. El Reino Unido y varios países europeos han acompañado esa estrategia, ya sea votando en contra, absteniéndose o limitándose a discursos ambiguos sobre la “legítima defensa” de Israel. Este respaldo no es menor: gracias a él, Israel ha podido actuar con total impunidad frente a las normas del derecho internacional, sabiendo que nunca enfrentará sanciones reales ni medidas coercitivas. A esta protección se suma el aparato mediático occidental que, en lugar de llamar a las cosas por su nombre, insiste en hablar de “conflicto” o “guerra”, como si se tratara de dos bandos simétricos, invisibilizando la asimetría brutal entre un Estado altamente militarizado y una población cercada, empobrecida y sin medios de defensa comparables. El lenguaje se convierte así en arma diplomática que legitima el exterminio y desarma la conciencia pública.
La pregunta central, entonces, es ¿por qué Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea se empecinan en sostener a Israel incluso a costa de su propia imagen internacional y de las crecientes movilizaciones populares que en las calles de Londres, Washington, París o Berlín condenan abiertamente el genocidio? La respuesta hay que buscarla en la lógica del imperialismo como fase superior del capitalismo. Israel funciona en Medio Oriente como enclave militar y político de Occidente, garante de los intereses estratégicos de las potencias en una de las regiones más ricas en petróleo y gas del mundo. Mantener a Palestina fragmentada, sometida y en permanente estado de crisis evita la consolidación de un frente árabe unido, debilita a movimientos nacionalistas y antiimperialistas, y asegura que países como Irán, Siria o Líbano no puedan expandir su influencia regional sin enfrentar el contrapeso militar israelí. Al mismo tiempo, el genocidio garantiza la ocupación de tierras palestinas y facilita la expansión de colonias, lo que en términos materiales significa control territorial y de recursos hídricos fundamentales para la región.
Además, la guerra es también un negocio lucrativo. Cada bomba lanzada en Gaza es una venta más para los fabricantes de armas estadounidenses y europeas; cada misil interceptado se convierte en demostración tecnológica que abre nuevos contratos; cada sistema de vigilancia desplegado sirve de propaganda para la industria de seguridad. Gaza se transforma en un laboratorio de guerra donde se ensayan y perfeccionan instrumentos de represión que luego se exportan a otros contextos. Así, el sufrimiento palestino se convierte en mercancía, en valor de cambio dentro de la lógica de acumulación capitalista global. Este proceso no es nuevo: lo hemos visto en Irak, en Afganistán, en Libia. La diferencia es que en Palestina la desproporción entre resistencia y poder militar es tan evidente que el genocidio se vuelve inocultable, aunque los medios intenten maquillar su brutalidad.
El respaldo diplomático también responde a un cálculo imperialista más amplio. Reconocer oficialmente el genocidio implicaría que Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos se convirtieran en cómplices por acción u omisión, pues la Convención contra el Genocidio obliga no solo a no cometerlo, sino a prevenirlo y sancionarlo. Esa admisión abriría la puerta a demandas internacionales, sanciones económicas, bloqueos de armas y hasta procesos judiciales contra líderes occidentales que han firmado contratos de suministro sabiendo que sus armas serían usadas contra civiles. Por ello, se resisten a usar el término, apelan a tecnicismos jurídicos o dilatan las investigaciones, aún cuando la Comisión Internacional Independiente de la ONU ya ha concluido que Israel incurre en genocidio y Amnistía Internacional, exige acciones urgentes para detenerlo. El derecho internacional se utiliza de manera selectiva: sirve para sancionar a enemigos como Rusia en el caso de Ucrania, pero se relativiza cuando el acusado es un aliado estratégico como Israel.
Este doble rasero no es un error ni una contradicción pasajera: es la esencia misma del imperialismo. Los tratados, las instituciones y el discurso de los derechos humanos se convierten en herramientas al servicio de los monopolios y de los estados que los representan. El genocidio palestino es, en este sentido, una expresión particular de un fenómeno general: la subordinación de la vida humana a la ganancia capitalista y al dominio geopolítico. El pueblo palestino es víctima, pero también símbolo de una contradicción más amplia entre los pueblos oprimidos y las potencias imperialistas que pretenden someterlos. No se trata únicamente de una tragedia humanitaria, sino de un conflicto de clase y de dominación mundial.
La conclusión es clara: el genocidio de Gaza no puede detenerse con llamados retóricos ni con resoluciones de organismos que carecen de mecanismos coercitivos. La única vía real es la presión internacional de los pueblos, la movilización organizada, la ruptura con las cadenas de financiamiento y comercio que sostienen al Estado israelí, y el fortalecimiento de un movimiento solidario que combine la denuncia moral con la acción política concreta. El deber de las fuerzas progresistas, comunistas y antiimperialistas es desenmascarar el papel de Estados Unidos, Inglaterra y Europa, mostrar que no se trata de democracias benevolentes sino de estados imperialistas que promueven y financian la barbarie, y organizar a las masas para que el clamor de “Palestina libre” se traduzca en boicot, en sanción, en apoyo material y en resistencia. Como enseñó Lenin, la solidaridad con los pueblos oprimidos no es un gesto sentimental, sino una tarea estratégica en la lucha contra el imperialismo. Defender a Palestina es, en última instancia, defender la causa de todos los pueblos que aspiran a su soberanía y a un mundo libre de explotación y opresión.

26/09/2025

Nuevo paquete fiscal exhibe servilismo de la 4T ante el gran capital

Hace unos días, en un video mensaje dirigido a mis compañeros guerrerenses, me referí a la propuesta del Paquete Económico del próximo año, que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, entregó a la Cámara de Diputados el pasado 8 de los corrientes. Hoy retomo algunos aspectos de dicho pronunciamiento, en un intento de contribuir a la concientización de las capas populares de nuestra sociedad, acerca de la necesidad urgente de que se organicen para combatir las causas que generan la creciente pobreza que las afecta.

El Paquete comprende un gasto de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos. De éstos, 1.47 billones provienen de deuda pública; los 8.72 restantes, provendrán de impuestos, de los que resalto dos rubros: los llamados Ingresos tributarios, 57.3% del total, que pasarán de 5.30 billones en 2025 a 5.84 billones en 2026; y los llamados Ingresos no tributarios y de las empresas estatales como PEMEX y CFE, que significarán únicamente el 28.3% del ingreso total (Con datos del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.).

Por lo que respecta a los egresos proyectados, 8 billones 406 mil 440 millones de pesos corresponderán a los llamados gastos ineludibles, dentro de los que se encuentran lo destinado a Pemex, CFE, programas prioritarios, el pago de la deuda pública, las pensiones y jubilaciones, lo que significa que 81.4 pesos de cada 100, no se pueden tocar para atender las crecientes carencias de la población. Algunos de estos rubros observan aumentos, por ejemplo, el gasto del gobierno se incrementa 5.1%, con lo que llega a 7 billones, el 69% de todo el gasto público; la Deuda Pública aumenta 10.4%, el Poder Judicial se incrementa 17%; los 16 programas sociales prioritarios 14.1%; educación 10% y salud 6.3%. Pero vistos los números, así, de bulto, como se dice, no dicen mucho. Por ello hay que desmenuzarlos:

De los 8 billones 400 mil de ingresos, que se obtiene mediante impuestos, 5.84 billones, el 67% provendrá de lo que se aporta mediante IVA, IEPS e ISR, o sea, a través de los llamados impuestos indirectos, que hacen de nuestro sistema tributario uno de los más injustos en el mundo, como se confirma por lo dicho hace unos días por parte de la economista Alicia Salgado, entrevistada por el canal de televisión, ADN40, al respecto del Paquete fiscal en cuestión, donde afirmó que el ciudadano promedio paga en impuestos el 52% de sus ingresos. Podemos decir pues, que ese incremento de 540 mil millones de pesos por los llamados “impuestos saludables”, que se aumentaron a refrescos bebidas azucaradas y a cigarros.

En cuanto a los egresos, se observa cómo el gobierno con todas sus instituciones le sale más que caro a los mexicanos, pues a pesar de la tan cacaraqueada austeridad morenista, los funcionarios se siguen sirviendo con la cuchara grande, como lo demuestra el aumento de 17% del presupuesto al Poder Judicial. En contraste, aunque parece que hay aumento en lo que se destina a las capas populares, la realidad es muy distinta, pues los 151 mil millones que representan el 14.1% de aumento a los programas sociales, no son en realidad más que un gasto de la política electoral clientelar de la 4T, y en lo que se refiere a educación con 10% y a salud con 6.3% de incremento, sólo representan 200 mil y 130 mil millones de pesos, respectivamente, en ambos casos un incremento insignificante.

Pero la cosa no termina ahí, si analizamos al aumento de los impuestos indirectos proyectados, que como dije líneas arriba, afectan más a las masas trabajadoras, cuyo monto significará 540 mil millones de pesos, contrastados contra 481 mil millones con los aumentos en educación, salud y programas del bienestar, veremos que se les otorgan con su propio dinero y lo que resta, se destina a otros rubros o a otros sectores.

El congreso seguirá analizando el Paquete Económico 2026 hasta finales de octubre, aunque seguramente no sufrirá muchas modificaciones. Por ello, podemos decir ya con absoluta certeza que eso que se llama Cuarta Transformación no sólo aplica el mismo modelo económico neoliberal que los priistas y panistas, sino que lo ha llevado al extremo de la irracionalidad, pues para subsanar el déficit fiscal, sigue recurriendo al endeudamiento del país y al aumento de los impuestos a las capas populares ya muy empobrecidas, sin lograr que las empresas del estado aporten más al erario y, sobre todo, sin tocar a los grandes empresarios y sus fortunas.

Es importante pues, que las clases trabajadoras comprendan la realidad económica del país, para que tomen conciencia y sepan que si quieren mejorar sus condiciones de vida realmente, es urgente que se organicen y luchen al lado de quienes construimos una fuerza social capaz de llevar al poder a gobernantes emanados, precisamente de las capas populares, que no digan luchar en favor de los pobres, como la 4T, pero en los hechos, gobiernen en favor de las clases económicamente acomodadas de nuestro país.

Y a esto invitamos a la sociedad en general, a que nos organicemos, que formemos un proyecto político distinto, verdaderamente en favor de quienes crean la riqueza y aportan la mayor parte de impuestos, pero que no son contemplados en los egresos. Porque aparte de los problemas nacionales, se está configurando un escenario internacional que impedirá crecimiento económico en nuestro país, con lo cual seguirá profundizándose la crisis generalizada en que nos hundimos, porque los gobiernos de México se resisten a aplicar impuestos al gran capital, que aún crisis, está en el mejor de los mundos.

26/09/2025

10/09/2025

Guerrero, con mayor número de desapariciones
Luis Herrera

En el panorama desalentador de las desapariciones en México, Guerrero emerge como un territorio donde la violencia estructural ha encontrado su expresión más cruda. Mientras 133,033 personas han sido desaparecidas en México según fuentes oficiales, este estado sureño concentra una proporción desproporcionada de casos que revelan no solo la magnitud del fenómeno, sino las profundas raíces históricas y sistémicas que lo alimentan.
La tragedia de las desapariciones en Guerrero no es un fenómeno reciente. La guerra sucia en Guerrero dejó más de 850 desaparecidos, estableciendo un patrón de impunidad que se perpetúa hasta nuestros días. Desde el caso emblemático de Rosendo Radilla que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde sentenciaron al estado mexicano por su desaparición forzada, desde 1974 hasta la fecha el ejército se ha negado a declarar quienes y a donde se llevaron a Rosendo Radilla.
Esta continuidad histórica no es casualidad. Ningún gobierno se ha atrevido a indagar al Ejército; más bien en los últimos sexenios le han asignado la guerra contra el narcotráfico, perpetuando estructuras de poder que normalizan la desaparición como herramienta de control social y territorial.
Los datos recientes pintan un cuadro alarmante. Los casos de desaparición en la historia reciente de Guerrero, comenzaron a aumentar en el 2007, siendo el 2014 el año con la mayor concentración de casos, con 361 personas que continúan desaparecidas. Este pico coincide significativamente con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que visibilizó aún más la problemática pero que, paradójicamente, no ha logrado frenar la espiral de violencia.
Acapulco concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas, para mayo de 2024, continuó como el municipio con más casos, pasando de 1118 a 1195 casos. Este aumento constante revela la incapacidad o falta de voluntad política para abordar las causas estructurales del problema.
La crisis adquiere dimensiones aún más preocupantes cuando analizamos su impacto diferenciado por género. Según la zona geográfica del estado, la causa de las desapariciones de mujeres y niñas: tráfico, prostitución, explotación en labores domésticas (tareas de limpieza en "casas de seguridad", por ejemplo) y noviazgos forzados. Esta tipología revela cómo las desapariciones se articulan con estructuras patriarcales que cosifican y explotan a las mujeres.
En este rango de edad se concentra 21% de los casos de niñas y mujeres desaparecidas, evidenciando que la violencia se ceba especialmente en los sectores más vulnerables de la población.
La crisis guerrerense no puede desvincularse del panorama nacional. 2024 cerró como el año con mayor número de desapariciones, al registrar 13,627. Esto equivale a un incremento del 32%, mientras que en 2025, al revisar la cantidad de fichas de búsqueda que se emiten, se tiene una medición de tres personas desaparecidas cada hora a nivel nacional.
Guerrero, que históricamente ha sido laboratorio de represión estatal, anticipa tendencias que después se extienden al resto del país. Este número (505 personas) representa aproximadamente el 58% de los registros de personas desaparecidas en este periodo a nivel nacional, mostrando cómo un solo estado puede concentrar más de la mitad de los casos nuevos registrados.
La persistencia del fenómeno revela fallas estructurales profundas. Se cree que muchas no lo hacen nunca por motivos de seguridad o por falta de confianza o de información, evidenciando que la subnotificación es tan grave como el problema mismo. Cuando las víctimas y sus familias no confían en las instituciones, el Estado pierde su legitimidad más básica.
En el Registro Nacional, más del 87 % de los casos activos se consideran desapariciones forzadas o cometidas por particulares, pero esta distinción oculta la complicidad y omisión estatal que hace posible la operación de grupos criminales.
Cada estadística representa familias destrozadas, comunidades aterrorizadas y un tejido social fragmentado. La CNB reconoce, oficialmente, 605 desapariciones forzadas y 96 548 desapariciones cometidas por particulares, pero estas categorías no capturan la complejidad de un fenómeno donde la línea entre lo estatal y lo criminal se desdibuja constantemente.
Las organizaciones civiles y colectivos de madres buscadoras han llenado el vacío institucional, pero su labor heroica no debería ser necesaria en un Estado de derecho funcional. Su existencia misma es testimonio del fracaso estatal.
La crisis de desapariciones en Guerrero no es un problema de seguridad pública convencional; es la manifestación de un proyecto político que ha normalizado la eliminación de personas como mecanismo de control territorial y social. La continuidad entre la guerra sucia de los años 70 y la crisis actual revela que estamos ante un patrón estructural, no ante una anomalía.
La respuesta estatal, centrada en la militarización y la criminalización de la protesta social, perpetúa las condiciones que hacen posible la desaparición. Mientras no se desarticule la arquitectura de impunidad que protege tanto a agentes estatales como a grupos criminales, Guerrero seguirá siendo el laboratorio de la desaparición en México.
Guerrero no es solo un estado con altos índices de desaparición; es el espejo donde México puede verse sin maquillaje. La crisis guerrerense anticipa lo que puede ocurrir en el resto del país si no se toman medidas estructurales urgentes.
Se requiere una transformación que vaya más allá de cambios cosméticos: desmilitarización real, justicia transicional, reparación integral a las víctimas y, sobre todo, el reconocimiento de que la desaparición no es un efecto colateral de la violencia, sino una tecnología de poder que debe ser desmantelada desde sus cimientos.
El silencio no es neutral; es complicidad. Mientras Guerrero siga siendo el epicentro silenciado de esta tragedia, México seguirá siendo un país donde desaparecer personas es una política de Estado encubierta tras el discurso de la seguridad nacional.