10/09/2025
Guerrero, con mayor número de desapariciones
Luis Herrera
En el panorama desalentador de las desapariciones en México, Guerrero emerge como un territorio donde la violencia estructural ha encontrado su expresión más cruda. Mientras 133,033 personas han sido desaparecidas en México según fuentes oficiales, este estado sureño concentra una proporción desproporcionada de casos que revelan no solo la magnitud del fenómeno, sino las profundas raíces históricas y sistémicas que lo alimentan.
La tragedia de las desapariciones en Guerrero no es un fenómeno reciente. La guerra sucia en Guerrero dejó más de 850 desaparecidos, estableciendo un patrón de impunidad que se perpetúa hasta nuestros días. Desde el caso emblemático de Rosendo Radilla que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde sentenciaron al estado mexicano por su desaparición forzada, desde 1974 hasta la fecha el ejército se ha negado a declarar quienes y a donde se llevaron a Rosendo Radilla.
Esta continuidad histórica no es casualidad. Ningún gobierno se ha atrevido a indagar al Ejército; más bien en los últimos sexenios le han asignado la guerra contra el narcotráfico, perpetuando estructuras de poder que normalizan la desaparición como herramienta de control social y territorial.
Los datos recientes pintan un cuadro alarmante. Los casos de desaparición en la historia reciente de Guerrero, comenzaron a aumentar en el 2007, siendo el 2014 el año con la mayor concentración de casos, con 361 personas que continúan desaparecidas. Este pico coincide significativamente con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que visibilizó aún más la problemática pero que, paradójicamente, no ha logrado frenar la espiral de violencia.
Acapulco concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas, para mayo de 2024, continuó como el municipio con más casos, pasando de 1118 a 1195 casos. Este aumento constante revela la incapacidad o falta de voluntad política para abordar las causas estructurales del problema.
La crisis adquiere dimensiones aún más preocupantes cuando analizamos su impacto diferenciado por género. Según la zona geográfica del estado, la causa de las desapariciones de mujeres y niñas: tráfico, prostitución, explotación en labores domésticas (tareas de limpieza en "casas de seguridad", por ejemplo) y noviazgos forzados. Esta tipología revela cómo las desapariciones se articulan con estructuras patriarcales que cosifican y explotan a las mujeres.
En este rango de edad se concentra 21% de los casos de niñas y mujeres desaparecidas, evidenciando que la violencia se ceba especialmente en los sectores más vulnerables de la población.
La crisis guerrerense no puede desvincularse del panorama nacional. 2024 cerró como el año con mayor número de desapariciones, al registrar 13,627. Esto equivale a un incremento del 32%, mientras que en 2025, al revisar la cantidad de fichas de búsqueda que se emiten, se tiene una medición de tres personas desaparecidas cada hora a nivel nacional.
Guerrero, que históricamente ha sido laboratorio de represión estatal, anticipa tendencias que después se extienden al resto del país. Este número (505 personas) representa aproximadamente el 58% de los registros de personas desaparecidas en este periodo a nivel nacional, mostrando cómo un solo estado puede concentrar más de la mitad de los casos nuevos registrados.
La persistencia del fenómeno revela fallas estructurales profundas. Se cree que muchas no lo hacen nunca por motivos de seguridad o por falta de confianza o de información, evidenciando que la subnotificación es tan grave como el problema mismo. Cuando las víctimas y sus familias no confían en las instituciones, el Estado pierde su legitimidad más básica.
En el Registro Nacional, más del 87 % de los casos activos se consideran desapariciones forzadas o cometidas por particulares, pero esta distinción oculta la complicidad y omisión estatal que hace posible la operación de grupos criminales.
Cada estadística representa familias destrozadas, comunidades aterrorizadas y un tejido social fragmentado. La CNB reconoce, oficialmente, 605 desapariciones forzadas y 96 548 desapariciones cometidas por particulares, pero estas categorías no capturan la complejidad de un fenómeno donde la línea entre lo estatal y lo criminal se desdibuja constantemente.
Las organizaciones civiles y colectivos de madres buscadoras han llenado el vacío institucional, pero su labor heroica no debería ser necesaria en un Estado de derecho funcional. Su existencia misma es testimonio del fracaso estatal.
La crisis de desapariciones en Guerrero no es un problema de seguridad pública convencional; es la manifestación de un proyecto político que ha normalizado la eliminación de personas como mecanismo de control territorial y social. La continuidad entre la guerra sucia de los años 70 y la crisis actual revela que estamos ante un patrón estructural, no ante una anomalía.
La respuesta estatal, centrada en la militarización y la criminalización de la protesta social, perpetúa las condiciones que hacen posible la desaparición. Mientras no se desarticule la arquitectura de impunidad que protege tanto a agentes estatales como a grupos criminales, Guerrero seguirá siendo el laboratorio de la desaparición en México.
Guerrero no es solo un estado con altos índices de desaparición; es el espejo donde México puede verse sin maquillaje. La crisis guerrerense anticipa lo que puede ocurrir en el resto del país si no se toman medidas estructurales urgentes.
Se requiere una transformación que vaya más allá de cambios cosméticos: desmilitarización real, justicia transicional, reparación integral a las víctimas y, sobre todo, el reconocimiento de que la desaparición no es un efecto colateral de la violencia, sino una tecnología de poder que debe ser desmantelada desde sus cimientos.
El silencio no es neutral; es complicidad. Mientras Guerrero siga siendo el epicentro silenciado de esta tragedia, México seguirá siendo un país donde desaparecer personas es una política de Estado encubierta tras el discurso de la seguridad nacional.
