Cristal F.

04/12/2025

Los problemas del campo y la lucha del FNRCM

En dos publicaciones anteriores, insistí que el aumento de la inconformidad social en el país, que se evidencia con las manifestaciones de maestros, de jóvenes de la “Generación Z” y de productores agrícolas, demuestra que la oposición entre el gran capital y las clases trabajadoras es ya irreconciliable.

Asimismo, manifesté el peligro de que esta creciente polarización social sea aprovechada o alentada por el intervencionismo imperialista. En ese tenor comenté que, al interior de varias organizaciones y asociaciones de productores en Guerrero, discutíamos al respecto de la problemática del campo. Hoy, gran parte de ellas se ha sumado al Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNPRCM).

El 20 y 21 de noviembre se realizó una reunión con los diputados José Armando Fernández Samaniego, Magda Erika Salgado Ponce y Alfonso Ramírez Cuéllar en el Congreso de la Unión, a la que tuve la oportunidad de asistir. Ahí se propusieron dos mesas de trabajo: la primera, para plantear sus peticiones de revisión a la reforma de la Ley General del Agua y la Ley Nacional de Aguas; la segunda, para la discusión de lo que -se dijo- sería un “Nuevo Modelo de Desarrollo Agropecuario” en el país. Pude presenciar pues, la petición de los sectores sociales que forman el FNRCM, de que sus observaciones se incluyeran en la reforma de Aguas; que se excluyan los granos básicos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC); que se forme una Banca de Desarrollo que otorgue créditos accesibles a los productores; y que se brinde seguridad en carreteras a los transportistas y se hagan adecuaciones a los procedimientos judiciales en materia de delitos en su contra.

Por esta razón, puedo decir que conozco, de primera mano, la “disposición al diálogo” con que el gobierno federal intentó desactivar los bloqueos que duraron cuatro días y escalaron a la toma de la aduana del Paso Texas, en Chihuahua. Es en ese contexto, que vierto mi opinión al respecto, desde mi posición de militante de una organización que se identifica claramente con quienes combaten los excesos del gran capital, como lo hacen hoy los productores, aunque no compartamos su forma de lucha, por cuanto ésta se enmarca en el ámbito de la espontaneidad y de la falta de comprensión de las causas profundas que provocan la problemática que los afecta y, por tanto, del instrumento de lucha que estas causas y su combate, exigen.

Considero que hay desconocimiento de su realidad como sector productivo, realidad determinada por el desarrollo histórico del modo de producción capitalista en su conjunto y por su dependencia con respecto del capitalismo norteamericano. Esto explica que no hayamos tenido como objetivo lograr la soberanía alimentaria, ni convertir a la producción agrícola en punta de lanza de nuestro ascenso como un país emergente. Comprender este peculiar desarrollo permitirá, a su vez, entender las políticas neoliberales que a partir del gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994), contuvieron a la pequeña burguesía manufacturera y, en especial a la agrícola, otorgándole subsidios, programas, créditos y proyectos productivos, al mismo tiempo que este sector sirvió de apoyo al sistema de partidos políticos en la época moderna. Pero con la descomposición de éstos, el capital requirió un proyecto gubernamental que recogiera la inconformidad de las masas populares, haciéndolas sentir el centro de su proyecto de gobierno -lo cual complementó con programas de transferencia monetaria directa que les hicieron creer que, en efecto, el desarrollo había llegado-, prestándose con ello, a ser el soporte electoral de la “Cuarta Transformación”.

Era de esperarse pues, que aquellos perdieran, tarde o temprano, la competencia por su atraso productivo, derivado de la nula inversión en investigación y tecnología aplicada a la producción agrícola; por la falta de programas gubernamentales ante su poca utilidad política y la falta de interés por desarrollar el sector; y por la ampliación de la cuota de mercado de los monopolios norteamericanos. La prueba de ello es el crecimiento ininterrumpido de las importaciones de maíz blanco que, entre enero y agosto, según la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), fue de 268% pasando de 210 mil a 760 mil toneladas, en contraste, en 2024, la producción de maíz fue de 23 millones de toneladas, la cifra más baja desde 2014, La Jornada, 18 de diciembre del 2024.

Los productores que hoy se manifiestan, combaten pues, contra los monopolios agrícolas. Por ello, es un equívoco esperar que sus demandas sean resueltas desde las reformas que promueve el Estado mexicano que, sometido, permite que el capital extranjero, siguiendo la ley del desarrollo del capitalismo mundial, arruine a los pequeños y medianos productores comerciales. No están entendiendo su lugar histórico como sector y se dejan engañar por el falso discurso de la democracia, que se sostiene sobre una ilusoria igualdad que no puede existir porque el hambre incesante de crecimiento y, por tanto, de ganancias del gran capital, sólo puede mantenerse con la desaparición de sus competidores.

Es cierto que la difícil situación del gobierno de Claudia Sheinbaum, que se debate entre una rampante corrupción, la violencia descontrolada y la presión comercial estadunidense, no ha podido contener las manifestaciones, simulando que recoge el sentir de los productores, mientras ajusta la Ley de Aguas al “Plan México”, que busca atraer a las empresas nearshoring, mediante el compromiso de garantizarles el agua. Pero la naturaleza de su movimiento los coloca a merced del poder del Estado y su aparato de gobierno que buscará desactivarlos, desgastarlos o cooptarlos, con las mil maneras que su longeva existencia como sistema dominante les ha permitido perfeccionar.

Carlos Marx, dijo en el Manifiesto del Partido Comunista en 1848, con respecto a las luchas obreras al interior del modo de producción capitalista: “A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros”. Por tanto, lo que la realidad exige, es la sustitución del neoliberalismo que hoy impera en el capitalismo mexicano, por un modelo económico menos rapaz y con disposición a implementar una distribución más equitativa de la riqueza social. Pero ello, requiere el ascenso de las clases populares al poder, para lo cual se necesita una fuerza social con una estructura organizativa homogénea, construida sobre un proyecto claro de país, que surja de un análisis científico de la sociedad que nos arroje el conocimiento de la etapa de desarrollo en que estamos y, sobre todo, entender qué es lo que se puede y se debe construir en este momento histórico del país.

Una verdad, cruel pero cierta, es que esto no se puede lograr sobre la nostalgia de un campo mexicano idílico, pugnando por la autosuficiencia alimentaria que no está en interés del capitalismo mexicano. Los pequeños campesinos, que empezaron a disminuir en cantidad hace mucho, no sienten esta demanda como suya, por lo tanto, el sector de la pequeña y mediana producción comercial, se enfrenta solo a los monopolios agroalimentarios nacionales e internacionales.

No opinamos desde la comodidad de nuestro escritorio o nuestro hogar, sino desde la lucha entre las masas durante 50 años, armados con un análisis científico de nuestra realidad, no como quienes sienten que tienen la verdad en las manos, pero si como una expresión política dispuesta a sumarse a la construcción de ese partido de nuevo tipo que la realidad mexicana está exigiendo.

19/11/2025

Carta a los guerrerenses
Dimas Romero González

La polarización social ha aumentado alarmantemente en el país, sectores importantes de agricultores han realizado marchas y bloqueos en más de 20 estados, exigiendo cambios en las relaciones comerciales con EE. UU.; el as*****to de Carlos Manzo, presidente de Uruapan, Michoacán, provocó una ola de manifestaciones, encabezada por jóvenes de la autodenominada “Generación Z”; y por si faltaran más, miles de maestros exigen la revocación de la reforma al ISSSTE del 2007.

En una colaboración anterior decía yo que, al interior de organizaciones sociales y sectores de productores agrupados en el Frente Guerrerense para el Rescate del Campo (FGRC), discutíamos sobre la situación de este sector en el estado. Afortunadamente -para una entidad en la que la lucha social ha sido siempre radical-, la gobernadora, Evelyn Cesia Salgado Pineda nos atendió junto con titulares de algunas dependencias, para encausar las legítimas demandas de nuestros representados.

Sin embargo, la problemática que ha motivado la polarización arriba mencionada es de un carácter más profundo, que rebasa con mucho el ámbito que puede abordarse desde la jurisdicción estatal o municipal, sin que se diga que éstas, no pueden ni deben aportar a las soluciones. ¿A qué me refiero? Las manifestaciones son el intento de estos sectores de revertir, en su ámbito, los efectos de una crisis aguda en nuestro sistema económico, veamos:

1.- La producción agrícola a escala comercial está sujeta a las reglas del mercado, nacional e internacional que, en nuestro caso, está supeditado en gran parte, al tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC).

2.- La violencia tiene como causa la creciente pobreza, originada por la injusta distribución de la riqueza social que provoca todos los males sociales que nos aquejan.

3.- La reforma al ISSSTE de 2007, es la aplicación de políticas neoliberales que promueven la nula inversión en bienestar social para que las clases trabajadoras vivan únicamente de la parte que conservan de su salario, después de pagar impuestos.

Lo que demuestran estas manifestaciones masivas es que, en el primer caso, hemos llegado a un punto en que la producción agrícola y la comercialización nacional han sido derrotadas por los grandes monopolios norteamericanos que dominan nuestro mercado por el abaratamiento de sus costos y por el sometimiento del Estado mexicano; en el segundo, el poder económico nacional, siempre ávido de ganancia, requirió políticos que hicieron de la corrupción su mejor herramienta para acceder al poder, sin importar quiénes financiaban sus campañas, de tal forma que hoy han sido rebasados por quienes los llevaron a los cargos públicos; y en el tercero, la lucha magisterial es la prueba irrefutable de que el neoliberalismo ha sobrepasado el límite tolerable de extracción de la riqueza social que generan los mexicanos, pues un sector importante de los trabajadores del Estado, ha pasado a formar parte las mayorías empobrecidas.

Pero insisto, estas son manifestaciones de un problema aún mayor, de una crisis aguda del sistema capitalista mexicano, atrasado y dependiente del capitalismo norteamericano. Crisis que afecta a toda la sociedad, sólo que estos sectores que hoy se movilizan son de los más capacitados para organizarse puesto que formaron parte de estratos sociales con cierta holgura económica, lo cual les permitió adquirir cierta educación y, por tanto, alguna claridad acerca de la necesidad de combatir los problemas que los aquejan.

En la colaboración a la que aludo, sostuve que los antorchistas consideramos que no sólo es correcto que se organicen y luchen los sectores sociales que sufren los estragos de política económica de nuestro país, sino que es incluso una exigencia de la realidad, porque únicamente así podremos encontrar las soluciones a los males que nos aquejan. Sin embargo, necesitamos comprender cuál es en concreto el proceso de la realidad que estamos combatiendo, pero sobre todo, cuáles son sus causas profundas, para hacerlo con eficacia y tener posibilidades serias de obtener los resultados que esperamos.

Al ser ésta la crisis no de un sector, sino de toda la sociedad, porque el sistema capitalista ha llegado a un punto en que las contradicciones entre las clases pobres y las poseedoras de riqueza, son ya insostenibles, se hace necesaria una solución sistémica, pues estas contradicciones irreconciliables no se combaten con cambios en un tratado comercial, o con una reforma de la cámara de diputados, menos en una negociación del gobierno con los empresarios monopolistas para que acepten obtener menos ganancias. Se requiere un cambio drástico de timón, colocando en el poder a una nueva clase política que no esté al servicio del gran capital y que no se someta tan pasivamente al imperialismo yanqui, para lo cual se debe cambiar el modelo económico neoliberal por uno más encaminado al bienestar social de los mexicanos.

Es necesario comprender esta realidad porque, dado el creciente ambiente de inconformidad social que se está adueñando de nuestro país, lo menos que nos conviene es una radicalización mal entendida que, en vez de ayudar a organizar a las masas y conducirlas dentro del cauce correcto para mejorar verdaderamente su realidad, las lleve a una polarización que puede servir de pretexto al imperialismo norteamericano para la agresiva política intervencionista en Latinoamérica ante la pérdida de mercados.

Mi mensaje a los guerrerenses es pues, que no nos dejemos llevar por esa ola de manifestaciones de la llamada “Generación Z”, porque a poco que busquemos en la historia reciente del mundo y, más en concreto del año 2000 a la fecha, veremos cómo esas manifestaciones han sido auspiciadas por las potencias económicas occidentales para desestabilizar países y poder saquearlos sin oposición organizada de sus pueblos.

Esto no implica que no luchemos, al contrario, luchemos, exigiendo a las autoridades que hagan efectivo nuestro derecho constitucional a una vida digna y decorosa, pero esa lucha debe contar con una organización definida, con propuestas específicas y claras, que invite a todas las clases trabajadoras a sumarse, para que juntos construyamos un proyecto de país, que se vaya ajustando a la realidad y que no surja de la inconformidad social espontánea que busca sembrar el caos atacando el orden social y vandalizando, amparada en el abandono en que se debate la sociedad en general.

A las autoridades de los tres niveles de gobierno, los llamamos a que vean en estos sucesos una exigencia a que abran los canales institucionales de atención y solución de las demandas de los sectores empobrecidos y desatendidos históricamente, cumpliendo su función constitucional de llamar a la unidad de los mexicanos, como pueblo que ha forjado una fuerte identidad a través de largos siglos de sufrimiento.

16/11/2025

16/11/2025

10/10/2025

09/10/2025

IMPORTANCIA DE LA FNERRR ANTE CRECIENTE INCONFORMIDAD ESTUDIANTIL

Dimas Romero González

Hace apenas unos días, en un videopronunciamiento que realicé, con motivo de una manifestación de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, decía yo que quienes dedicamos nuestros esfuerzos a la construcción de un país más justo y equitativo, el que la juventud vuelva a salir a las calles para pedir justicia y exigir que se hagan efectivos sus derechos a una educación digna alimenta la esperanza de que las masas populares tendrán, más temprano que tarde, en esa juventud, una cantera de donde obtener los líderes que la conduzcan por la senda del progreso y desarrollo verdaderos.

Los indicios de una ola de reactivación de los ánimos de lucha en los estudiantes se acumulan. Por ejemplo, con las recientes manifestaciones de exigencia para que se detenga el genocidio en Gaza, las movilizaciones que piden justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa o la del pasado domingo, en la que, según la mayoría de estimaciones en los medios de información, alrededor de 10 mil manifestantes, en su mayoría estudiantes, marcharon de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo de la CDMX, con motivo de la conmemoración del 57 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, fecha en que el Estado mexicano cometió un crimen de lesa humanidad contra una multitudinaria manifestación estudiantil.

¿Y por qué es importante este resurgimiento de la vocación de lucha estudiantil? Porque, a mi juicio, con la represión del Movimiento del 68, a la juventud mexicana se le mutiló su natural rebeldía y la conciencia social nacional, y se inculcó a nuestros jóvenes la no participación en política y en la lucha social, por temor. Algunas palabras al respecto son necesarias.

En aquel entonces, se vivía un entorno de represión por parte de los aparatos policiales, de falta de apertura política para las clases medias y para el sector intelectual y, además, una creciente inconformidad de la población ante las recurrentes crisis económicas y la injusta distribución de la riqueza social.

En ese contexto, un conflicto entre alumnos de las preparatorias vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la preparatoria particular Isaac Ochotorena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue reprimido con exceso de violencia por parte del cuerpo de granaderos, ante lo cual se extendieron las protestas.

A medida que se iban sumando alumnos y maestros de otras escuelas, intelectuales y líderes obreros y populares, las demandas ya no eran sólo por justicia, sino de carácter político, sin tener un programa de lucha claro y preciso, sin haber dimensionado las fuerzas con que se contaba y, sobre todo, sin medir objetivamente la respuesta que daría el Estado a estas movilizaciones masivas.

Ante este giro y por la situación mundial de creciente influencia del socialismo, el gobierno de Díaz Ordaz necesitaba evitar que, a medida que los sectores populares adquirieran predominio, este movimiento desembocara en un cuestionamiento al Sistema mismo, es decir, al modelo económico imperante en México.

Esa fue, en mi opinión, una de las razones de fondo para la brutal represión. El Estado trató, pues, de inhibir la organización de las masas en un movimiento revolucionario y logró su cometido, matando los ideales de rebeldía en la juventud. Es por ello, que las recientes manifestaciones son un síntoma de salud social para nuestro país.

Sin embargo, es necesario decir que manifestarse sin aprender las lecciones necesarias de las luchas pasadas no puede ya ser la ruta a seguir para ningún movimiento social. En ese sentido, no sólo deslegitiman su lucha quienes vandalizan o se radicalizan ante las provocaciones de los cuerpos policiales del Estado mexicano, sino que dan un pretexto a que se justifique la represión a los movimientos sociales.

Es por ello que, aunque tenue y pequeña mi voz, invito a los jóvenes que empiezan a decidirse a retomar la gloriosa senda de la lucha social, a que no se juegue nunca más con los llamados a la lucha violenta ni a los radicalismos de ningún tipo, pues nadie puede asegurarnos que quienes se sumaron a las manifestaciones del pasado jueves no sean los esquiroles de siempre, que sirven al Estado para inhibir la organización por causas dignas y justas.

En ese contexto es que toma importancia la lucha de la FNERRR por la defensa de los albergues de estudiantes oaxaqueños que fueron despojados de sus albergues y agredidos por fuerzas policiales encubiertas del gobierno de esa entidad. Porque, a pesar de ello, no sólo no cayeron en la trampa de la lucha violenta, sino que trasladaron su lucha a la capital de la república y, ante la provocación de los granaderos, sin dejar de lado su rebeldía y la defensa de sus legítimas demandas, brincaron las vallas y se manifestaron con arte y cultura, sin exabruptos, sin aspavientos y con la verdad y la mesura como su mejor arma, señalando con ello el camino para los futuros movimientos sociales que surjan en nuestro país.

Por ello les repito a los integrantes de la FNERRR que su ejemplo es una potente convocatoria a todos los estudiantes del país, a unirse, a organizarse y a defender sus derechos, pero dentro del llamado marco legal, pues la fuerza de las masas no está en la verdad o las leyes, sino en su número.

¡Adelante, fenerianos, salgan a las calles a encabezar a la juventud de México para brindarle a las clases trabajadoras los líderes que la realidad está exigiendo!

09/10/2025

Primero se llevaron a los judíos,
pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas,
pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros,
pero como yo no era obrero, tampoco me importó.
Mas tarde se llevaron a los intelectuales,
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas,
pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde.

"Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde".
-Bertolt Brecht.

04/10/2025

Juventud al combate
Luis Herrera

El pasado martes 23 de este mes, la capital del país volvió a ser escenario de una escena que recuerda a los capítulos más oscuros de nuestra historia: la represión policial contra jóvenes estudiantes. En las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, granaderos, sí, esos mismos que la actual presidenta Claudia Sheinbaum aseguró haber disuelto en 2018, fueron desplegados en triple fila para contener a más de 2,500 jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad, provenientes de Oaxaca y de otros estados. Los muchachos sólo buscaban ser escuchados, entregar un escrito y pedir la intervención presidencial frente a los atropellos de funcionarios del gobierno morenista en Oaxaca, que los han despojado de sus albergues estudiantiles.

La respuesta oficial fue contundente: empujones, insultos, golpes con escudos y toletes. Afuera, la represión; adentro del Palacio Nacional, la presidenta lamentaba el as*****to de un estudiante del CCH y ofrecía solidaridad. Dos escenas paralelas que retratan con crudeza la contradicción de un régimen que habla de paz mientras reprime a su juventud.

La historia nos demuestra que la represión estudiantil no es un hecho aislado. Recordemos que, en 1968, la matanza de Tlatelolco dejó un saldo “oficial” de 30 mu***os, aunque investigaciones independientes y reportes de prensa internacional han señalado que pudieron haber sido entre 300 y 400 los estudiantes asesinados. Ese crimen de Estado marcó un antes y un después en la memoria colectiva del país.

Pero el 68 no fue un hecho aislado. En Guerrero, en la década de los 70, movimientos como el de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) fueron constantemente hostigados; en Puebla, el movimiento estudiantil de 1973 desembocó en la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle padre; en Oaxaca, la represión a las normales rurales ha sido constante, al grado de que los estudiantes normalistas han enfrentado más de 50 desalojos violentos en los últimos veinte años.
Los datos son claros: México arrastra una larga tradición de criminalizar la protesta estudiantil. Y ahora, bajo el discurso de la “Cuarta Transformación”, la historia parece repetirse.

El caso de Oaxaca no es aislado ni menor. Los albergues estudiantiles representan un espacio vital para miles de jóvenes de escasos recursos. Allí no sólo se comparte un techo; se comparte comida, se comparte educación, se comparte fraternidad. Sin embargo, el gobierno estatal ha permitido —e incluso facilitado— su despojo mediante operativos violentos. La noche del 5 de agosto de este año, un grupo de 20 personas armadas irrumpió en el Albergue Estudiantil “Villas de Monte Albán”, saqueando y amenazando a los moradores. Fue el tercer ataque en pocos meses, y el silencio cómplice del gobernador Salomón Jara lo dice todo.

En este punto cabe recordar otra realidad que lacera profundamente a los estados del sur del país: la educación. En Guerrero, por ejemplo, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, sólo el 17% de los jóvenes de 25 años o más cuentan con educación superior completa. El rezago educativo es evidente: más del 10% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, lo que coloca al estado como uno de los de mayor analfabetismo en todo el país. Y, pese a las cifras, la inversión pública en infraestructura educativa sigue siendo raquítica.

Quien recorra las comunidades rurales de Guerrero verá que muchas escuelas operan sin techos dignos, con paredes improvisadas de lámina, sin baños en condiciones mínimamente higiénicas y con pupitres que apenas se sostienen. Según datos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), más del 35% de las escuelas del estado carecen de acceso adecuado a agua potable y 4 de cada 10 no tienen energía eléctrica constante. No se trata de solo cifras: se trata de niños que toman clases bajo la lluvia, de adolescentes que escriben sus cuadernos a la luz de una vela, de jóvenes que caminan kilómetros para llegar a una preparatoria que no tiene laboratorios ni bibliotecas.

En ese contexto, los albergues estudiantiles no son un lujo: son una necesidad. Representan la única posibilidad real para que cientos de jóvenes campesinos se formen como profesionistas y tengan un futuro distinto al de la miseria heredada. Por eso resulta indignante que el Estado, en lugar de fortalecer estos espacios, los ataque.

Las imágenes del 23 de septiembre son contundentes, no dejar pasar a los estudiantes. Los granaderos golpeando a muchachos exhibieron al gobierno federal como represor y pusieron en entredicho el discurso oficial. Nadie salió a dialogar. Nadie tendió la mano. Ni siquiera se recurrió a la gastada estrategia de prometer mesas de trabajo futuras. El gobierno se limitó a mandar a la policía contra adolescentes armados únicamente con pancartas y consignas.

Y sin embargo, la juventud resistió. A pesar de los golpes, lograron romper el cerco, ingresar al Zócalo y realizar un mitin cultural lleno de folclor, canciones y poesía. Su respuesta digna contrastó con la brutalidad oficial. Fue la mejor lección de civismo frente a un gobierno que presume escuchar al pueblo.

No es casualidad que estos hechos ocurran a pocos días de que se conmemoren once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, otro crimen de Estado que sigue impune. Tampoco es casualidad que ocurran a pocos días del 2 de octubre, cuando la memoria de Tlatelolco vuelve a recordarnos que el poder suele responder con sangre al descontento juvenil. Y tampoco es casualidad que la represión se haya dado en un país donde, de acuerdo con EDUCA Oaxaca, 58 defensores sociales han sido asesinados en los últimos años, y otros seis se encuentran desaparecidos.
El mensaje que manda el gobierno es claro: callar al que protesta. Pero el mensaje de los jóvenes es aún más poderoso: no nos callarán.

La educación debería ser un derecho, no un privilegio. La juventud debería ser escuchada, no golpeada. Y los pobres deberían estar primero, no en último lugar.
Ante la cerrazón oficial, la solidaridad se extiende. La causa de los estudiantes de Oaxaca ya es la causa de miles de jóvenes de todo México, que entienden que lo que está en juego no es sólo un par de albergues, sino el derecho mismo a soñar con un futuro digno.

La juventud es hoy la chispa que puede encender un cambio verdadero. Y frente a un gobierno que se dice transformador pero actúa con la mano dura del pasado, esa chispa se vuelve indispensable.

¡Adelante, muchachos! Defiendan sus albergues, defiendan su derecho a estudiar, defiendan su dignidad. Porque en esa lucha, ustedes no están solos: el corazón de millones de mexicanos late con ustedes.

Juventud, al combate, que es preciso
dejar este risueño paraíso;
gigante y no pigmeo
hay que ser de la vida ante el topacio;
¡caballeros andantes, al torneo,
águilas solitarias, al espacio!
A la juventud (fragmento) – Gregorio de Gante

03/10/2025

| 𝑮𝒂𝒛𝒂, 𝒄𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏 𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂 🪖
Por Rubí Jiménez Ayala

El genocidio que Israel comete en Gaza no puede comprenderse como un fenómeno aislado ni como el resultado exclusivo de la política sionista. Desde hace décadas, pero con particular crudeza en el último año, los organismos internacionales, las organizaciones de derechos humanos y las propias Naciones Unidas han reconocido que los crímenes perpetrados contra el pueblo palestino cumplen con las características establecidas por la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: as*****tos masivos, daños físicos y psicológicos graves, condiciones de vida deliberadamente insostenibles y medidas para impedir la reproducción de la población. Sin embargo, este crimen de lesa humanidad no habría alcanzado la magnitud actual sin la intervención decisiva de las potencias imperialistas, principalmente Estados Unidos y el Reino Unido, pero también de la Unión Europea en su conjunto. Más allá de las justificaciones ideológicas o religiosas, el genocidio es funcional a los intereses económicos y geopolíticos del imperialismo en Medio Oriente.
En primer lugar, la dimensión material del genocidio demuestra con claridad la dependencia estructural de Israel respecto a sus aliados occidentales. Estados Unidos otorga, desde hace décadas, la mayor partida de asistencia militar bilateral a cualquier país del mundo: 3,800 millones de dólares anuales en promedio, a lo que se suman paquetes extraordinarios, como los más de 17,000 millones aprobados en los meses posteriores a octubre de 2023. Este financiamiento se traduce en la entrega de aviones de combate, bombas de alta precisión, sistemas de misiles, blindajes y logística sin los cuales la ofensiva israelí simplemente no podría sostenerse. Inglaterra, por su parte, aunque con menor volumen, contribuye con la transferencia de tecnología, licencias de exportación de armas, entrenamiento militar y respaldo financiero a través de empresas transnacionales de la industria bélica. Varios países de la Unión Europea, además, participan en la cadena de producción de componentes y permiten a Israel exportar armamento “probado en combate”, es decir, armas utilizadas contra población civil palestina que luego se comercializan como productos de eficacia comprobada. La masacre se convierte así en vitrina de negocios para el complejo militar-industrial internacional.
La otra cara de este apoyo material es la cobertura diplomática. Desde el inicio de la ofensiva, Estados Unidos ha vetado repetidamente en el Consejo de Seguridad de la ONU resoluciones que exigían un alto al fuego inmediato, el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria y la condena explícita de los ataques indiscriminados contra civiles. El Reino Unido y varios países europeos han acompañado esa estrategia, ya sea votando en contra, absteniéndose o limitándose a discursos ambiguos sobre la “legítima defensa” de Israel. Este respaldo no es menor: gracias a él, Israel ha podido actuar con total impunidad frente a las normas del derecho internacional, sabiendo que nunca enfrentará sanciones reales ni medidas coercitivas. A esta protección se suma el aparato mediático occidental que, en lugar de llamar a las cosas por su nombre, insiste en hablar de “conflicto” o “guerra”, como si se tratara de dos bandos simétricos, invisibilizando la asimetría brutal entre un Estado altamente militarizado y una población cercada, empobrecida y sin medios de defensa comparables. El lenguaje se convierte así en arma diplomática que legitima el exterminio y desarma la conciencia pública.
La pregunta central, entonces, es ¿por qué Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea se empecinan en sostener a Israel incluso a costa de su propia imagen internacional y de las crecientes movilizaciones populares que en las calles de Londres, Washington, París o Berlín condenan abiertamente el genocidio? La respuesta hay que buscarla en la lógica del imperialismo como fase superior del capitalismo. Israel funciona en Medio Oriente como enclave militar y político de Occidente, garante de los intereses estratégicos de las potencias en una de las regiones más ricas en petróleo y gas del mundo. Mantener a Palestina fragmentada, sometida y en permanente estado de crisis evita la consolidación de un frente árabe unido, debilita a movimientos nacionalistas y antiimperialistas, y asegura que países como Irán, Siria o Líbano no puedan expandir su influencia regional sin enfrentar el contrapeso militar israelí. Al mismo tiempo, el genocidio garantiza la ocupación de tierras palestinas y facilita la expansión de colonias, lo que en términos materiales significa control territorial y de recursos hídricos fundamentales para la región.
Además, la guerra es también un negocio lucrativo. Cada bomba lanzada en Gaza es una venta más para los fabricantes de armas estadounidenses y europeas; cada misil interceptado se convierte en demostración tecnológica que abre nuevos contratos; cada sistema de vigilancia desplegado sirve de propaganda para la industria de seguridad. Gaza se transforma en un laboratorio de guerra donde se ensayan y perfeccionan instrumentos de represión que luego se exportan a otros contextos. Así, el sufrimiento palestino se convierte en mercancía, en valor de cambio dentro de la lógica de acumulación capitalista global. Este proceso no es nuevo: lo hemos visto en Irak, en Afganistán, en Libia. La diferencia es que en Palestina la desproporción entre resistencia y poder militar es tan evidente que el genocidio se vuelve inocultable, aunque los medios intenten maquillar su brutalidad.
El respaldo diplomático también responde a un cálculo imperialista más amplio. Reconocer oficialmente el genocidio implicaría que Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos se convirtieran en cómplices por acción u omisión, pues la Convención contra el Genocidio obliga no solo a no cometerlo, sino a prevenirlo y sancionarlo. Esa admisión abriría la puerta a demandas internacionales, sanciones económicas, bloqueos de armas y hasta procesos judiciales contra líderes occidentales que han firmado contratos de suministro sabiendo que sus armas serían usadas contra civiles. Por ello, se resisten a usar el término, apelan a tecnicismos jurídicos o dilatan las investigaciones, aún cuando la Comisión Internacional Independiente de la ONU ya ha concluido que Israel incurre en genocidio y Amnistía Internacional, exige acciones urgentes para detenerlo. El derecho internacional se utiliza de manera selectiva: sirve para sancionar a enemigos como Rusia en el caso de Ucrania, pero se relativiza cuando el acusado es un aliado estratégico como Israel.
Este doble rasero no es un error ni una contradicción pasajera: es la esencia misma del imperialismo. Los tratados, las instituciones y el discurso de los derechos humanos se convierten en herramientas al servicio de los monopolios y de los estados que los representan. El genocidio palestino es, en este sentido, una expresión particular de un fenómeno general: la subordinación de la vida humana a la ganancia capitalista y al dominio geopolítico. El pueblo palestino es víctima, pero también símbolo de una contradicción más amplia entre los pueblos oprimidos y las potencias imperialistas que pretenden someterlos. No se trata únicamente de una tragedia humanitaria, sino de un conflicto de clase y de dominación mundial.
La conclusión es clara: el genocidio de Gaza no puede detenerse con llamados retóricos ni con resoluciones de organismos que carecen de mecanismos coercitivos. La única vía real es la presión internacional de los pueblos, la movilización organizada, la ruptura con las cadenas de financiamiento y comercio que sostienen al Estado israelí, y el fortalecimiento de un movimiento solidario que combine la denuncia moral con la acción política concreta. El deber de las fuerzas progresistas, comunistas y antiimperialistas es desenmascarar el papel de Estados Unidos, Inglaterra y Europa, mostrar que no se trata de democracias benevolentes sino de estados imperialistas que promueven y financian la barbarie, y organizar a las masas para que el clamor de “Palestina libre” se traduzca en boicot, en sanción, en apoyo material y en resistencia. Como enseñó Lenin, la solidaridad con los pueblos oprimidos no es un gesto sentimental, sino una tarea estratégica en la lucha contra el imperialismo. Defender a Palestina es, en última instancia, defender la causa de todos los pueblos que aspiran a su soberanía y a un mundo libre de explotación y opresión.