28/02/2025
Ramírez Aguilar: ¿Orden o Complicidad? El Caso Santiz Jiménez Prende las Alertas en Chiapas
Altamirano Chiapas La impunidad que rodea al presidente municipal de Altamirano, Gaspar Santiz Jiménez, a pesar de contar con una orden de aprehensión, ha desatado una ola de indignación y cuestionamientos directos al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. La pregunta que resuena en todo Chiapas es contundente: ¿Está el gobernador actuando con firmeza para hacer cumplir la ley, o se encuentra cómplice de la impunidad que protege a Santiz Jiménez?
La falta de acción por parte de las autoridades estatales ante una orden judicial vigente es una afrenta a la justicia y un golpe a la confianza ciudadana. La tolerancia hacia un alcalde acusado, que presuntamente se mantiene en el poder amparado por la inacción gubernamental, envía un mensaje peligroso: la ley no se aplica por igual a todos. Esto no solo socava el estado de derecho, sino que alimenta la cultura de la impunidad y fomenta la corrupción.
La situación se agrava por la falta de transparencia y las respuestas evasivas del gobernador Ramírez Aguilar ante las crecientes demandas de justicia. Su silencio ante las acusaciones de complicidad con Santiz Jiménez es interpretado por muchos como una admisión tácita de su inacción, o peor aún, de su participación en el encubrimiento.
Los ciudadanos de Chiapas exigen una respuesta clara y contundente. No se trata simplemente de una orden de aprehensión ignorada; es un símbolo de la profunda crisis de gobernabilidad que enfrenta el estado. La incapacidad o la negativa del gobernador a actuar contra un alcalde con orden de aprehensión representa una traición a la confianza depositada en él y un grave peligro para la estabilidad social.
La sociedad civil organizada, junto con los medios de comunicación comprometidos con la verdad, tienen la responsabilidad de ejercer presión para que Ramírez Aguilar actúe de inmediato. El gobernador debe demostrar, con acciones concretas y no con palabras vacías, su compromiso con la justicia y el estado de derecho. El tiempo se agota, y la paciencia de los chiapanecos está llegando a su límite. La falta de respuesta firme ante este caso podría tener consecuencias devastadoras para la confianza en las instituciones y el futuro de Chiapas. Se espera que el gobernador asuma su responsabilidad y actúe en consecuencia, antes de que la situación se deteriore aún más.
¡¡ VA A PONER LEY O ES UNA MENTIRA MAS , HAY UNA ORDEN DE APREHENSIÓN ACTIVA Y NO HACE NADA!!
