23/05/2025
DESDE LAS FILAS DE LA FRIP: UN EXPAKAL DENUNCIA EL PODRIMIENTO INTERNO
El 20 de mayo de 2025, el exintegrante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Francisco Ramírez Galindo, alzó la voz en un extenso y contundente testimonio público. A través de un video difundido en redes sociales, relató con detalle las razones por las que decidió renunciar a uno de los proyectos de seguridad más ambiciosos impulsados por el gobierno de Chiapas. Lo hizo sin esconder el rostro, con nombre y apellido, y con la firme intención de denunciar —no para manchar un proyecto—, sino para salvarlo de quienes desde dentro lo corrompen.
Ramírez Galindo señala que su ingreso a la FRIP fue motivado por el deseo auténtico de contribuir al bienestar del pueblo chiapaneco. Sin embargo, lo que encontró fue una estructura vici@da por la deslealtad, la impunid@d y el abus0 de poder.
Denuncia directamente al comandante José Carlos Lemus Vidal, quien —según su testimonio— se ha presentado en estado de ebriedad y continuó así durante su servicio. Acompañado de su chofer —también en esas condiciones—, protagonizó actos vergonzosos: desde orinar en la vía pública hasta organizar reuniones con alcoh0l en bases operativas, y —de acuerdo con la denuncia— encubrir una agr3sión s3xual contra una trabajadora de hotel, presuntamente cometida por su conductor.
Pero las acusaciones no terminan ahí. El ex-Pakal relata: en una patrulla oficial, bajo los efectos del alcohol, el chofer de Lemus atr0pelló a dos jóvenes en motocicleta, dejando a uno de ellos al borde de la mu3rte. Para encubrir el crim3n, afirma, les colocaron una bolsa con dr0ga cuando yacían heridos. Todo quedó grabado —asegura— en cámaras del C5, pero lejos de castigar a los responsables, se optó por s3mbrar pru3bas y fabricar delit0s contra personas inocentes.
Más adelante, Ramírez expone una red más amplia: Jorge Humberto Acevedo González, alias La Zarigüeya, y Agustín Iván Prado Cepeda, ambos mandos de la FRIP, son señalados como operadores protegidos, a pesar de contar —según el denunciante— con órdenes de apreh3nsión vigentes por abus0 de autoridad, d3sapariciones f0rzadas y otros d3litos graves.
A esto se suma el señalamiento contra el presidente municipal de La Concordia, Emmanuel Córdova García, a quien acusa de entregar maletas con dinero al comandante Lemus Vidal a cambio de impunidad. “He visto los mensajes, las órdenes de no intervenir. Todo está documentado”, asegura.
Ramírez también denuncia la existencia de huachicole0 dentro de las bases operativas, prácticas que —afirma— permiten el paso libre de dr0ga, arm@s e indocumentad@s hacia la frontera con Guatemala y Estados Unidos. Todo esto, orquestado bajo la complacencia de mandos que, en lugar de defender al pueblo, se sirven de sus recursos para enriquecerse.
Pese a todo, Ramírez Galindo manifiesta su respeto y esperanza hacia el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y el Ejecutivo estatal, a quienes hace un llamado urgente para limpiar desde adentro. “El proyecto está siendo s3cuestrad0 por quienes usan el uniforme para saqu3ar y vi0lentar”.
Francisco Ramírez denuncia, y advierte que, si algo le llegara a ocurrir, responsabiliza directamente a los mandos que ha señalado.
Los nombres mencionados en esta denuncia pública son:
José Carlos Lemus Vidal, comandante operativo.
Jorge Humberto Acevedo González, alias La Zarigüeya.
Agustín Iván Prado Cepeda, mando con presuntas órdenes de apreh3nsión.
Un conductor escolta no identificado, presunto responsable de agr3sión s3xual y del atr0pello de dos jóvenes.
Emmanuel Córdova García, presidente municipal de La Concordia, señalado como pr0tector y financiador de operaciones.
Francisco Ramírez sostiene que seguirá documentando y denunciando, y que ya prepara una carta a la Embajada de Estados Unidos solicitando atención sobre el flujo de sust@ncias y personas il3gales permitidas por estos mandos. “No me fui por mied3. Me fui por dignidad”, declara. “Cuando uno porta un uniforme, debe hacerlo para proteger al pueblo, no para someterlo”.
Este caso nos obliga a mirar más allá de las d3nuncias. Porque una cosa es que la ciudadanía intuya lo que ocurre, y otra es la confirmación y testimonio directo de esa perversa mezcla de hambr3 de dinero, sed de p0der y dominio sobre los demás, capaz de permitirse atr0cidades con total impunid@d, bajo la sombra de un sistema que los protege. Lo más grave: estas atr0cidades provienen de quienes juraron defender a la población. Portar un uniforme no puede seguir siendo sinónimo de inmunidad. Quien lo lleva con honor debe distinguirse de quienes están en la podredumbre.
A pesar de este escenario desolador, aún existen personas dentro de las instituciones que conservan valores, principios y humanidad. A ellos nos dirigimos también: que no se rindan, que no se contaminen, que no cedan a la corrupción. Que su integridad sea más fuerte que el lodo que les rodea. Porque solo así —entre tanta podredumbre— puede prevalecer la esperanza de que este estado puede levantarse.
Las autoridades deben investigar. La ciudadanía merece respuestas.
Y Francisco Ramírez, quien ha dado su testimonio —así como sus familiares—, deben ser protegidos por la ley. De lo contrario, quienes han sido señalados quedarán expuestos de por vida. Los buenos elementos necesitan respaldo. Y la justicia, su oportunidad.
Y a esos individuos, capaces de cualquier baj3za, y que se sienten casi omnipotentes: recordarles, hay algo que los sistemas de justicia no siempre alcanzan a impartir: la consecuencia del orden natural. Deben saber que a toda acción —por p3rv3rsa, 3ncubierta o viol3nta que sea— deja una huella. Y todo acto, tarde o temprano, regresa a su origen.
