25/08/2025
✍ Entre Javier Chávez y la reforma electoral
Por Salvador Montenegro
Los delitos políticos y electorales relacionados con la libertad de expresión son propios de una democracia secuestrada por élites iletradas, enanas y corruptas.
Las legislaciones donde se imponen, asimismo, condicionantes y cuotas de s**o, de raza, de origen étnico, de características o deficiencias físicas y de toda diferenciación humana como conquistas para la regulación de las contiendas, son victorias de activismos tan retrógrados y excluyentes como su dogmatismo militante y contrarias al igualitarismo real y la claridad que debe identificar en la ley los derechos generales y sin exclusiones (de la diversidad espiritual e ideológica) de todos los individuos.
Insistir en los presuntos excesos retóricos y proselitistas, y en los relativos a la nominación numérica obligatoria de pertenencias y merecimientos por grupos e identidades particulares (como cuando el vanguardismo parlamentario medieval imponía la ocupación de tejedor o de zapatero a los representante de los tejedores y los zapateros, por ejemplo, si bien no llegaba a los extremos de la precisión de tener que ser hembras o machos o de naturalezas biológicas intermedias) y clasificarlos como posibles delitos de lesa democracia, no sólo atenta contra la equidad y la amplitud indiscriminada de las garantías fundamentales y universales de todo representante popular o aspirante a serlo, sino que alienta las peores motivaciones y debilidades de la competencia, como las del el dolo y la mala fe.
Y no hay peor causa legislativa y constitucional que, justamente, la que estimula el uso de la ley y del derecho en favor de la mezquindad, la guerra sucia y el oportunismo democrático para ganar contiendas políticas y electorales, y para defender posiciones de elección en los poderes públicos más serviciales al lucro particular que a la representación de los intereses de la pluralidad que se paga con el erario.
Se entiende que la querella proselitista y de opinión pública en una sociedad civilizada se libra entre contendientes con superior capacidad discursiva y de liderazgo y en la mayor libertad para deliberar y para atacarse y defenderse con todos los recursos expresivos disponibles, y que para hacer justicia en los litigios basta el ejercicio de la ley que defiende y sanciona los derechos de todos y los límites constitucionales de la dignidad y las libertades de cada cual.
Las regulaciones constitucionales y los tribunales electorales que diferencian y califican desde la subjetividad de sus deliberaciones y veredictos oficiales el valor de lo moral, lo inmoral y lo punible en la arena de la propaganda y la guerra retórica por el poder político, y condicionan las libertades de expresión y de prensa cual inquisidores que premian y castigan lo que consideran buenas y malas conciencias, son referentes ejemplares de un retroceso conceptual, civilizatorio y democrático que bien haría en considerar y desaparecer -del mismo modo que el financiamiento oneroso y pernicioso de esos ‘tribunales de la verdad’ y de todos los partidos políticos, y la existencia prohibitiva y fraudulenta de los cargos legislativos denominados ‘plurinominales’ y de ‘representación proporcional’- una verdadera, positiva y necesaria reforma electoral.
Porque más ganan los delincuentes políticos que los ciudadanos y que la verdad histórica y relativa en los foros mediáticos, con los mediocres y pobresdiablos jueces electorales que dictan sentencias sumarísimas (donde una adjetivación crítica se puede convertir en un insulto y el insulto en un delito grave) sobre las fronteras de la moral y los derechos políticos y electorales que debe respetar una libertad de expresión garantizada como derecho fundamental de todos los ciudadanos en la Constitución mexicana. Una libertad que hasta los más desacreditados líderes del Estado nacional han profesado que es mejor lamentar en sus abusos a tocar con reglamentaciones constitucionales de ninguna especie.
