14/03/2025
El Gasoducto Sur Peruano (GSP) es uno de los mayores ejemplos de despilfarro, corrupción y mala gestión pública en la historia del país. Lo que prometía ser una solución para el desarrollo energético del sur del Perú se convirtió en un monumento a la incompetencia y la falta de visión estratégica de los gobiernos que lo impulsaron.
Desde su concepción, el proyecto estuvo marcado por la improvisación, sobrecostos y falta de transparencia. Fue adjudicado a Odebrecht, empresa que luego quedó envuelta en el mayor escándalo de corrupción de América Latina. En 2017, el contrato fue rescindido porque la constructora no consiguió el financiamiento necesario tras ser señalada por el caso Lava Jato. Esto dejó el proyecto a medio camino, con cientos de millones de dólares perdidos y ninguna solución real para la población que necesitaba acceso al gas natural.
El Estado peruano, en lugar de planificar con seriedad, apostó por una empresa con historial dudoso y no previó un esquema de respaldo en caso de incumplimiento. ¿El resultado? Un elefante blanco, sin gasoducto y con un perjuicio multimillonario para el país. Hasta hoy, no se ha dado una alternativa real para reactivar el proyecto, dejando en evidencia la incapacidad gubernamental para ejecutar obras de infraestructura de gran envergadura.
Este caso no es solo un problema económico, sino un ejemplo de cómo la corrupción y la ineptitud política afectan el desarrollo nacional. Mientras tanto, el gas de Camisea sigue beneficiando más a la exportación que a los peruanos, y el sur del país sigue esperando una promesa que nunca se cumplió y tu que opinas dímelo en los comentarios