27/03/2026
🚨⛏️ ALERTA EN BAJA CALIFORNIA SUR: MIENTRAS EL PUEBLO DEFIENDE LA TIERRA, EL PODER LE ABRE LA PUERTA A LA MINERÍA 🌵🔥
En Baja California Sur, la historia reciente ha estado marcada por la resistencia de miles de ciudadanos que han dado batallas memorables para impedir el avance de proyectos de minería extensiva, sobre todo por el enorme riesgo ambiental que implica la explotación de oro y plata en una tierra frágil, sedienta y de altísimo valor ecológico. Sin embargo, mientras la sociedad ha levantado la voz para proteger su agua, sus sierras, sus desiertos y su futuro, desde el poder político parecen caminar exactamente en la dirección contraria.
Esta misma semana quedó en evidencia una señal que no puede pasar desapercibida. El líder nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, llegó acompañado por la senadora Lucía Trasviña para sostener una reunión del sector minero-laboral con la candidata a gobernadora por Morena Milena Quiroga, teniendo como testigo al actual gobernador Víctor Castro. El mensaje de fondo no parece menor: fortalecer al sector minero y generar incentivos para su crecimiento en Baja California Sur.
Y aquí es donde se encienden todas las alarmas.
Porque cuando se habla de “fortalecer” e “incentivar” a la minería en un estado como el nuestro, no se trata de una discusión técnica cualquiera. Se trata de abrir la puerta a intereses económicos muy poderosos que desde hace años han intentado meter mano en territorios ambientalmente sensibles, incluso en zonas donde la ciudadanía ha peleado con firmeza para evitar daños irreversibles. Lo preocupante no es solo la foto política, sino lo que estas fotografías representan: un posible blindaje político para que los gobiernos locales ya no sean obstáculo frente a inversiones mineras de gran escala.
Eso genera inquietud real, porque en Baja California Sur no estamos hablando de cualquier territorio. Estamos hablando de áreas naturales protegidas, de zonas estratégicas para la recarga de agua, de ecosistemas únicos y de regiones donde cualquier error puede costar décadas de devastación. Ahí está el caso del Desierto de Vizcaíno, donde Grupo México ya opera y busca ampliarse, y también sigue latente la amenaza sobre la Sierra de la Laguna, uno de los pulmones ecológicos más importantes del estado y reserva vital para el agua de miles de familias sudcalifornianas.
La preocupación no es exageración. Es memoria. Es experiencia. Es saber que cada vez que se ha querido imponer la minería en Baja California Sur, la ciudadanía ha tenido que salir a defender lo que los gobiernos muchas veces no defienden con suficiente firmeza. Y ahora, con estos acercamientos políticos, surge una pregunta inevitable: ¿de qué lado están realmente quienes buscan gobernar?
Porque una cosa es hablar de desarrollo y otra muy distinta es comprometer el futuro ambiental del estado para beneficiar a consorcios que llegan, explotan, extraen y dejan detrás conflictos, contaminación, presión sobre el agua y heridas profundas en el territorio. El crecimiento económico no puede convertirse en pretexto para sacrificar la riqueza natural de Baja California Sur.
Hoy más que nunca, la sociedad sudcaliforniana debe mantenerse alerta. Lo que está en juego no es un simple acuerdo político ni una reunión protocolaria. Lo que está en juego es el modelo de estado que quieren imponer: uno que escucha a los ciudadanos que han defendido la tierra, o uno que termina alineándose con los grandes intereses mineros.
En Baja California Sur la tierra no se vende, el agua no se negocia y la naturaleza no debe ser moneda de cambio político.
