24/08/2025
Imagina que tu hijo tiene que hacer un proyecto en la preparatoria y le explota en la cara. El colegio no se hace cargo y le quita el seguro para su tratamiento. Está es la historia de Carlos Daniel Rodríguez y su mamá Ana Cristina Sáenz y su lucha por la justicia, mientras la gobernadora panista Maru Campos Galván se lava las manos 😞
Historias del Poder Judicial
Joven pierde la vista debido a un proyecto escolar sin supervisar
La madre de Carlos Daniel acusa al colegio de haber condicionado otorgar un seguro privado si declaraban que el accidente ocurrió en el plantel // Denuncian indiferencia del gobierno de Chihuahua ante el hecho
Sanjuana Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 8
El grito hondo y desgarrador de su hijo alertó a Ana Cristina Sáenz Gómez: “Mamá, no veo nada, ya no te voy a volver a ver nunca”, dijo su hijo Carlos Daniel Rodríguez de 16 años, cuando le explotó en el rostro un proyecto de laboratorio de fundición de aluminio, encargado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua.
Sin saber qué hacer en ese momento, Ana Cristina llevó a su hijo de 16 años, estudiante de la preparatoria técnica de ese un organismo público descentralizado del gobierno de Chihuahua, al médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su diagnóstico fue demoledor: “Tiene los ojos fulmina-dos, no tiene esperanza”.
“¿Cómo le explicas a tu hijo que no va a volver a ver? Le dije al doctor: ‘le dono mis ojos’”, dice llorando Ana Cristina. “Con 16 años y su vida por delante, sus sueños tirados a la basura, sus esperanzas, su futuro. Ver a mi hijo con sus ojos totalmente quemados es una impresión que nunca se me va a borrar”.
Diagnóstico devastador
Los hechos se remontan al mes de marzo de 2024 en el ejido San Lorenzo, Buenaventura, Chihuahua, cuando el profesor Sergio Rentería encarga a sus alumnos un proyecto de laboratorio de fundición de aluminio para crear piezas para torno.
Carlos Daniel recuerda que los primeros intentos del trabajo fueron en el plantel educativo y en una ocasión una brasa de carbón salió volando y quemó la malla de la escuela, aunque el profesor y los alumnos lograron controlar. Luego, éste encarga hacerlo en sus casas.
Es entonces cuando Adrián Hernández, Paulina Arredondo y Naomy Jurado son trasladados a la casa de Carlos Daniel para continuar con el proyecto. Transportan el tanque de gas cortado y botes de aluminio. A los pocos minutos de iniciar el trabajo explota: “estaba muy asustado porque no veía nada.
“En la escuela nunca pudimos fundir, lo intentamos varias veces con el maestro, siempre era una cosa u otra y ese día pasó lo peor. Los profesores no nos ayudaban, o estaban platicando o iban a almorzar, pero siempre tenían un pretexto, nunca nos quisieron ayudar”.
Él sufrió quemaduras graves en ambos ojos, mientras que las de sus compañeros fueron leves y daño en su ropa. El plantel escolar ofreció entonces un seguro privado con tope de 75 mil pesos, condicionado a que los alumnos dijeran que el accidente había pasado en el plantel.
Los padres de Carlos Daniel rechazaron el ofrecimiento y prefirieron ir al IMSS donde de inmediato le hicieron un lavado quirúrgico de emergencia con el diagnostico de perdida total de visión y el riesgo de enucleación (extirpación de los ojos).
Después de la intervención quirúrgica, el diagnostico fue la pérdida funcional del ojo izquierdo y la visión del ojo derecho con pronóstico reservado. Los padres buscaron entonces atención médica especializada con varios doctores que recomiendan la reconstrucción de párpados y el trasplante de córneas.
Indolencia
Frente al accidente, el plantel educativo descentralizado del gobierno de Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos Galván, ha intentado “lavarse las manos” y ofrecer únicamente el seguro privado con tope y condicionamiento a mentir.
Después de más de un año de tratamientos, Ana Cristina dice que su hijo tiene un ojo semicerrado y en el otro le quedó solamente 20 por ciento de vista.
“De la escuela ya no tuve noticia, mi hijo estaba en tercer semestre, hablé con el profe y le dije que no le fueran a quitar el seguro y se lo quitaron. No he recibido ningún apoyo del plantel educativo. Ellos no han querido atender el costo de cirugías ni de tratamientos o de los medicamentos. Ni siquiera emocionalmente nos han ayudado con terapia psicológica. Ni una dis-culpa. Nada”.
Denuncia que, para colmo, la escuela le ha retirado el seguro del IMSS donde el menor se atiende: “Es algo totalmente inhumano por parte del gobierno de Chihuahua. Me dijeron que mi hijo ya no cuenta con el servicio porque ya salió de la escuela debido a que nos cambiamos de vivienda para atender sus necesidades médicas.
“La escuela la presentaban como lo máximo. ¿Y lo de mi hijo qué? Su caso quedó como un accidente, como si se hubiera caído. Quieren minimizar todo. Otro estudiante se cayó de un segundo piso y no pasó nada, una niña que se cortó una mano y no hicieron nada. Yo culpo a la escuela, al gobierno. Los profesores tienen mucha culpa porque fue una falta de atención, tal vez no estaban preparados. El gobierno debió estar al pendiente de lo que les faltaba”.
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▲ El adolescente de 16 años ha quedado incapacitado de por vida tras la explosión en su rostro.Foto La Jornada
Dice que en el laboratorio de la escuela no tenían el material necesario para estar en una práctica: “tenían tres batas, cinco lentes solamente para 40 alumnos y no se daban abasto. Le llaman accidente a lo que le pasó a mi hijo, pero se pudo evitar, ellos son los culpables”.
CEDH estipula la reparación del daño
El 25 de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) emitió la recomendación 5s.1.103/2025 con el visitador Luis Manuel Lerma Ruiz para exigir al gobierno de la gobernadora Campos la reparación del daño al menor, medidas de rehabilitación y sanción para los responsables.
“Puede comprender atención médica, servicios y asesorías jurídicas, servicios sociales para garantizar el restablecimiento de sus derechos, programas de educación, capacitación laboral y todas aquellas necesarias para reintegrar a la víctima a la sociedad.
“La autoridad deberá proporcionarle la atención médica y sicológica que requiera, de forma gratuita y a través de personal especializado, misma que deberá brindársele de forma inmediata y en un lugar accesible”, señala el documento.
También ordena un procedimiento administrativo contra los servidores públicos adscritos al colegio e involucradas en los hechos a fin de que se repare integralmente el daño causado a la víctima.
Carlos Ibarra, abogado de la familia explica que esta recomendación es la base para la demanda civil en contra del plantel educativo y el gobierno: “es una situación muy injusta. Ya tenemos todo para hacer las reclamaciones en la responsabilidad patrimonial del estado.
“Buscamos justicia para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir. Dejamos a nuestros hijos en manos de las instituciones educativas para formarlos y no puede ser posible que ocurra esto por una negligencia y responsabilidad de la escuela”.
Explica que la vía judicial no sólo pretende la reparación del daño, sino las sanciones correspondientes al colegio y al gobierno: “Es una obligación compartida y tienen que pagarle a la víctima. No sólo una reparación integral del daño, sino también la disculpa pública para hacer un reconocimiento de la negligencia por parte del plantel educativo como del gobierno del estado que debe responder por ese plantel”.
El abogado criticó que la postura de los maestros responsables y del colegio siempre fue la negación: “Ellos han tratado el asunto como una negligencia por parte de los alumnos, que ellos no tenían la obligación de hacerlo. Es algo que nos molesta mucho porque no han tenido una sensibilidad al alumno afectado gravemente”.
Lo peor, dice que es la falta de servicio médico: “Ya no vamos a poder recuperar la vista que el menor ha perdido. La ley establece una cuantificación económica para poder sobrellevar la vida que le espera a Carlos por la falta de uno de los cinco sentidos más importantes que tenemos. Por eso buscamos que la justicia los sancione para que se le repare el daño integralmente”.
Luchará por su futuro
Preocupada y angustiada por la falta de apoyo médico, Ana Cristina advierte que seguirá luchando por su hijo: “Estoy pidiendo que se le asegure su futuro. Ya no va a poder hacer su vida normal. Quiero que le reparen el daño asegurando su vida económicamente. Era un niño alegre, siempre le gustaba andar en bicicleta, muy activo y de pronto ver que ya no se puede mover igual es muy difícil, para todo tiene que pedir favor, siempre tenemos que estar al pendiente de él”.
La familia ha dejado la zona rural para mudarse a la ciudad y buscar el apoyo médico que requiere su hijo. La diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes ha exigido desde la tribuna que las instituciones acaten la recomendación de la CEDH:
“Este gobierno de Chihuahua se ha caracterizado por una frivolidad tremenda, pedimos que acaten las recomendaciones y les entra y les sale por un oído sin hacer caso. Lejos de esperar sensibilidad de la gobernadora, es todo lo contrario. Nos topamos con la indiferencia”.
Mientras tanto, a Carlos Daniel la vida le ha dado un vuelco, no sólo perdió casi por completo la vista, sus padres han dejado su antigua casa para mudarse a la ciudad donde busca nuevos amigos.
“Ya no puedo hacer cosas que a mi me gustaban como andar en bicicleta o manejar la camioneta. Ya no puedo hacer mecánica que siempre me ha gustado. Por eso, estamos pidiendo justicia”.
