30/07/2026
Acusan a excandidato del PVEM de violencia familiar; denuncian presuntas irregularidades en la justicia de Morelos
Cuernavaca, Morelos. Una denuncia pública por presunta violencia familiar, violencia vicaria y posibles irregularidades en la impartición de justicia colocó este jueves bajo el escrutinio al empresario y excandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Aristóteles Martínez Mondragón.
En conferencia de prensa, Gabriela Estrada García aseguró haber sido víctima durante más de once años de matrimonio de presunta violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Asimismo, denunció que el proceso de divorcio y la disputa por la custodia de sus hijos ha estado marcado, según su versión, por resoluciones judiciales parciales y la falta de aplicación de la perspectiva de género.
La denunciante afirmó que, pese a haber obtenido inicialmente la guarda y custodia provisional de sus hijos y el uso del domicilio familiar, posteriormente fue desalojada con apoyo de elementos de la policía municipal. También sostuvo que desde diciembre del año pasado se le ha restringido la convivencia con sus hijos.
Estrada señaló que durante el proceso judicial se aprobaron convenios que, de acuerdo con su testimonio, fueron firmados bajo intimidación, amenazas y un contexto de violencia, situación que —aseguró— vulneró sus derechos y los de sus hijos.
La afectada informó que actualmente mantiene diversos juicios de amparo ante un Tribunal Colegiado en Materia Civil, con el objetivo de impugnar las resoluciones emitidas, recuperar la convivencia con sus hijos y obtener una revisión integral del caso conforme a los principios del debido proceso.
Durante su mensaje, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para revisar la actuación de las instancias judiciales involucradas, garantizar un acceso efectivo a la justicia y proteger los derechos de las mujeres, la niñez y las víctimas de violencia familiar.
Hasta el momento de esta publicación, las autoridades competentes no habían emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones, y no existe una resolución judicial firme sobre los hechos denunciados. En consecuencia, las investigaciones continúan y la persona señalada mantiene su derecho a la presunción de inocencia.
