26/08/2026
🚨 LOS NEGOCIOS DE LA FAMILIA CERVANTES: 42 MILLONES… Y OTROS 24.5 MILLONES EN 2025
En Baja California, el nombre de David Cervantes Aguilar, actual Oficial Mayor del Gobierno estatal, vuelve a quedar bajo la lupa por los contratos otorgados a empresas de su familia.
A mediados de 2024, ZETA documentó que Insumos Médicos de Mexicali (Insumed), empresa de María del Carmen Aguilar Ceballos, madre del funcionario, acumulaba contratos por aproximadamente 42 millones de pesos.
Pero 12 meses después, la cuenta habría crecido.
De acuerdo con la información publicada por ZETA, durante 2025 Insumed firmó contratos con Issstecali e Isesalud por alrededor de 24.5 millones de pesos, relacionados con:
💰 17.8 millones por equipo de electrocirugía.
💰 5.2 millones por equipo de artroscopía.
💰 962 mil pesos por equipo de laparoscopía.
💰 14 mil 500 dólares, aproximadamente 265 mil pesos, por mantenimiento de esterilizadores.
Todo esto ocurre pese a que, según lo publicado por ZETA, David Cervantes Aguilar declaró en 2022 un conflicto de interés y manifestó su intención de apartarse de las compras relacionadas con el sector salud.
Pero la historia familiar no termina ahí.
La Clínica de Especialidades Internacional de Mexicali, propiedad de David Cervantes Torres, padre del Oficial Mayor, también ha sido señalada en investigaciones periodísticas relacionadas con el caso del menor Damián, quien fue atendido en ese establecimiento en 2023.
Según ZETA, aunque la Fiscalía General del Estado ha señalado que existe una investigación sobre la clínica, ésta continúa atendiendo menores mediante el seguro escolar contratado por el Gobierno estatal.
Y aquí aparece nuevamente el dinero público.
La administración estatal renovó este año la póliza del seguro escolar con Umbrella, aseguradora que continúa pagando servicios médicos a la clínica.
Mientras tanto, Oficialía Mayor sostiene que David Cervantes Aguilar no interviene en las compras relacionadas con sus familiares.
Pero los contratos siguen llegando.
Y la pregunta es inevitable:
👀 ¿Realmente basta con declarar un conflicto de interés para garantizar que los recursos públicos no terminen beneficiando al entorno familiar de un funcionario?
Porque estamos hablando de millones de pesos del presupuesto público.
No se trata de condenar a nadie sin una investigación y pruebas.
Se trata de preguntar:
¿Quién vigila a quienes administran las compras del Gobierno?
¿Y por qué, pese a los señalamientos y a un conflicto de interés previamente declarado, los negocios de la familia Cervantes continúan recibiendo recursos públicos?
En el Gobierno de Marina del Pilar, al menos según estas investigaciones periodísticas, el conflicto de interés no parece haber frenado los contratos.
📌 La ciudadanía merece respuestas y transparencia.
