14/07/2025
Poder Político
Eduardo del C. Hernández
Apariencias
México no debe permitirse negociaciones ni siquiera coyunturales independientemente del régimen de gobernante en turno, con la exigente capacidad de diseñar e instrumentar políticas públicas estructurales asertiva en la solución a las complejidades de los tiempos y circunstancias. En lo absoluto, no debe estar al regateo que a sus colectivos sociales se les prescinda de todo lo inherente a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales suscritos; en principio la libertad de expresión, a manifestarse, a asociarse, así como al libre tránsito, además de la vida privada.
Habida cuenta que el Estado de Derecho no es un cheque en blanco, sobre el entramado legal se inscriben derechos y obligaciones para todos quienes cohabitan en este país, gobernantes y gobernados; sin distinción alguna por origen étnico ni nivel socioeconómico, aún menos por la diversidad de pensamiento, ideología o de credo.
Un país que se precie de ser democrático debe honrársele en armonía con sus preceptos. No más, pero tampoco menos.
La nación ancestralmente conocida como la Nueva España, esta que desde el 4 de octubre de 1824 se constituyó con los principios republicanos de libertad y soberanía no admite de origen ninguna obediencia ciega ante una innegable realidad evidente de marcados contrastes. El libre pensamiento y la responsable actitud de la acción dentro de lo lícito no tiene por qué tener freno.
Parece no tener límite el descaro de la ambición por el acceso al mando gobernante no para mirar por un juramentado bien común, cuando al cabo de su período entregan un saldo de haber hurtado la hacienda pública, así como con el patrimonio que incluye las reservas naturales de las y los mexicanos que directa e indirectamente aportan sus impuestos para recibir a cambio los satisfactores para un bien estar, implicados los servicios públicos.
La corrupción que corre de arriba a abajo ha sido una tragedia catastrófica para lograr que una nación con vastos recursos naturales, incluidos a los hidrocarburos que el boom de los años 70 llevó al compromiso de administrar la riqueza dada por la renta de la producción petrolera que entonces lideró como director Jorge Díaz Serrano en sus inicios.
Sin embargo, el no pago de la deuda contratada y la corrupción, extendida a toda la administración pública, desde entonces fueron el punto de partida para una insultante deuda que suma los 17 billones 662 mil millones de pesos, monto equivalente al 49.2% del PIB, información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con corte al primer trimestre de 2025, un marcado crecimiento respecto de los 10 billones 731.7 mil millones de pesos heredados por Enrique Peña Nieto.
El inicio del siglo fue un punto de inflexión en la democracia política mexicana con la alternancia en la renovación de la gobernanza pública; el escritor Héctor Aguilar Camín que condujo el programa de debates «Zona Abierta», los jueves en horario estelar de la principal cadena de televisión nacional, para 2004 puso en la mesa la polémica en torno a si los funcionarios públicos tenían derecho a la vida privada. Uno de los analistas ponderó en sentido afirmativo, siempre y cuando no se perdiera la línea entre ambas.
Entonces, cuando Vicente Fox era presidente le explotó la colusión d los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de su esposa Martha Sahagún, a quienes se les documentó sus vínculos con Pemex, mediante los contratos asignados a la empresa Oceanografía, de la cual fueron socios; Con Felipe Calderón, la familia de Juan Camilo Mourinho Terrazos, extinto secretario de Gobernación, se benefició igual por su cadena gasolinera; con Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin como director de Pemex se vinculó a los multimillonarios negocios con la brasileña Odebrecht, pasando por corromper a legisladores por la reforma energética, así como por la «Estafa Maestra».
Durante la presidencia de Claudia Sheimbaum Pardo, en menos de un año se tienen asegurados millonarios volúmenes de petróleo en Tabasco, Veracruz, y Tamaulipas, entre otras entidades, mediante la práctica del «huachicol» que oficialmente se dijo era nula. Quienes fueron encarcelados por este delito se infiere que no actuaron solos, sino que detrás tienen todo que ver el sindicato que dirige Ricardo Aldana, quien como tesorero en el año 2000 recibió los 1 mil millones de pesos de Pemex para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, además de funcionario de la propia empresa pública del estado.
Los sindicatos del gobierno federal y locales y sus «eternos» secretarios generales le representan para la administración pública una colosal joroba de inconmensurable corrupción que trasciende a todos los regímenes. En la farsa de una elección democrática, Ricardo Aldana dobló con amenazas a la generalidad de los agremiados para votar en su favor. Al cabo del tiempo, lo anormal se mira como normal.
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