29/06/2025
Desde no avalamos los procedimientos de reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Nos sentimos profundamente agraviados, pues se utilizó nuestra lucha y nuestro dolor para perversamente echar a andar un andamiaje político de control, dejando de lado los acuerdos en las mesas de trabajo y de diálogo en la Secretaría de Gobernación con .
Toda la familias anhelamos, recuperar a nuestros seres desaparecidos, mediante el fortalecimiento de la prevención, atención e investigación de casos de desaparición, pero insistimos, no estamos de acuerdo con la incorporación tramposa de tecnologías como datos biométricos y la CURP para facilitar la búsqueda de personas no localizadas bajo el control de .
No avalamos el acceso irrestricto a datos personales del pueblo que tanto dicen defender, la militarización de las búsquedas no son la solución, la exclusión de colectivos de víctimas.
Exigimos el reconocimiento que planteamos de ser la familia, buscadoras las primeras respondientes en diligencias positivas, así como la armonización de nuestra labor con estándares internacionales y la asignación precisa de recursos y la transparencia de estos. Estos puntos contravienen la jurisprudencia mexicana (SCJN, control de convencionalidad), los tratados internacionales (Convención Americana, Convención contra las Desapariciones Forzadas, Belém do Pará, CEDAW) y las sentencias de la Corte IDH (Radilla Pacheco, Campo Algodonero, Alvarado Espinoza). La ONU, a través del CED y el GTDFI, ha señalado la necesidad de investigaciones civiles, registros accesibles y protección a buscadoras, estándares que las reformas no cumplen plenamente. Los efectos negativos incluyen mayor impunidad, riesgo para buscadoras, desconfianza ciudadana y violaciones flagrantes a derechos humanos.
Por nuestra parte recurriremos a la resistencia pacífica, y a hacer públicos estos planteamientos a comunidad internacional mediante impugnaciones legales a la .