11/05/2026
Familias exigen justicia por ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo tras nuevo aplazamiento del juicio
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 11 de mayo de 2026 .— A casi tres años de la muerte de cinco jóvenes a manos de militares en Nuevo Laredo, familiares de las víctimas denunciaron un nuevo aplazamiento en el inicio del juicio contra los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acusados por los hechos ocurridos el 18 de mayo de 2023 en la Prolongación Monterrey, frente a la tienda Smart Zapata.
Durante una conferencia realizada en el mismo sitio donde ocurrieron los hechos, abogados y familiares informaron que la audiencia programada para este día fue diferida nuevamente debido a la incapacidad médica de la jueza encargada del caso, por lo que se fijó una nueva fecha para el próximo 10 de agosto de 2026.
El abogado Roberto Puente Martínez explicó que las familias esperaban el arranque formal del juicio contra los militares señalados por la muerte de Edgar Chavarría Rico, Clinton Alex Blucha Pérez, José Ángel Moreno Pool, Jorge Antonio Colector y José Isabel Rivera Vega.
“Nos fue notificado que no se iba a llevar a cabo el juicio debido a que la juez a la que le tocaba el asunto se encuentra en incapacidad por salud”, declaró. Añadió que los retrasos han sido constantes debido a la falta de personal judicial en Reynosa, donde actualmente, afirmó, “los juzgados federales cuentan con un solo juez trabajando”.
Puente Martínez señaló que el aplazamiento representa una afectación directa para las familias. “Es una molestia para estas personas que tienen que estar esperando ya tres años. Es fecha que no se ha llegado a una justicia pronta y expedita como así lo marca nuestra ley”, expresó.
Por su parte, el abogado Edgar Netro Acuña hizo un llamado a las autoridades federales para atender la falta de jueces y agilizar el proceso judicial. “Queremos hacerle un llamado a la presidenta de la República para que tome las medidas necesarias y nombre más jueces que son necesarios para que las víctimas tengan acceso a la justicia”, declaró.
El litigante recordó que el proceso ha sido diferido en varias ocasiones desde 2023. “Nos han señalado la fecha del 10 de agosto del 2026 para iniciar este juicio, en donde se pide justicia por cinco personas que fallecieron a manos de militares en este lugar”, señaló.
Frente a los medios de comunicación, madres y esposas de las víctimas relataron el impacto que la demora judicial ha tenido en sus vidas.
Aidee Pool Cervantes, madre de José Ángel Moreno Pool, expresó: “Yo quiero justicia para mi hijo porque ya es mucho tiempo y no se ha hecho justicia. Es mucho dolor para nosotros como madres y como esposas”.
También recordó la ausencia de su hijo durante la reciente celebración del Día de las Madres. “Ayer que fue 10 de mayo no lo tuve. Es un gran dolor”, dijo.
Jocelyn Patiño, viuda de Edgar Chavarría Rico, señaló que las audiencias han sido suspendidas repetidamente. “Siempre se atrasan el juicio, siempre ponen pretextos y pues nada, solo quiero justicia”, manifestó.
En tanto, Inés Vega Romero, madre de José Isabel Rivera Vega, pidió que el caso deje de aplazarse. “Quiero justicia para mi hijo y que no retrasen más las audiencias. Yo ya no aguanto más”, expresó entre lágrimas.
Beatriz Cuevas Bracamontes, esposa de Clinton Alex Blucha Pérez, cuestionó los constantes diferimientos del proceso judicial. “Ya van tres veces que nos posponen la audiencia para iniciar el juicio. Nos dan fechas cada vez más largas”, afirmó.
Cuevas Bracamontes sostuvo que las familias perciben falta de voluntad institucional para resolver el caso. “Tal pareciera que el gobierno está protegiendo a los militares”, declaró.
El caso cobró notoriedad nacional e internacional luego de que un video difundido por Univision mostrara que no existió un enfrentamiento armado, contradiciendo la versión inicial presentada por autoridades militares. Las imágenes exhibieron que las víctimas fueron sometidas y posteriormente asesinadas.
Aunque inicialmente 16 militares fueron detenidos, únicamente siete enfrentarán cargos formales por homicidio calificado. Hasta el momento no existe una sentencia por los hechos y las familias continúan exigiendo justicia y reparación integral del daño.
