17/05/2025
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¿Por qué solapas a los grupos criminales, Julio Menchaca?
Pachuca, Hgo. — El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras desestimar públicamente un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que advierte sobre la operación de grupos criminales en el estado.
“No siempre tiene la verdad, no porque lo diga la DEA”, declaró el mandatario ante medios de comunicación, cuestionando la legitimidad de la agencia norteamericana y señalando que esta “tiene sus propios intereses” y que debería concentrarse en su país, donde, según dijo, son grandes consumidores de estupefacientes.
Lejos de ofrecer una postura firme y comprometida ante las acusaciones, las palabras del gobernador han sido percibidas como evasivas, tibias e incluso permisivas. Activistas, analistas y ciudadanos se preguntan: ¿por qué proteger a estos grupos criminales?, ¿qué intereses hay detrás?, ¿por qué no se actúa con contundencia?
¿Una campaña limpia?
El cuestionamiento crece: si la campaña de Menchaca a la gubernatura no fue financiada por el crimen organizado, como él mismo ha reiterado en diversas ocasiones, ¿por qué entonces no toma cartas en el asunto y pone a trabajar a su equipo de seguridad para desarticular estas estructuras delictivas?
La falta de operativos de alto impacto, la escasa presencia de fuerzas estatales en zonas rojas y la constante omisión ante los reportes ciudadanos alimentan la sospecha de complicidad o, al menos, de indiferencia.
¿Cuerpos de seguridad rebasados?
Otra posibilidad es aún más preocupante: que los elementos policiacos del estado no cuenten con la capacitación, armamento ni respaldo institucional para enfrentar al crimen organizado. Si ese fuera el caso, sería urgente que el gobierno lo reconociera abiertamente y solicitara el apoyo de instancias federales, en lugar de ignorar el problema.
Violencia en aumento
En regiones como la Sierra, el Valle del Mezquital, la zona metropolitana de Pachuca y la Huasteca, los reportes de extorsión, robo, cobro de piso y homicidios vinculados a grupos delictivos no han dejado de aumentar en los últimos meses. Pese a ello, el discurso oficial insiste en que Hidalgo “está en paz”.
La distancia entre los dichos del gobierno y la realidad que se vive en las calles es cada vez más evidente.
Exigencia ciudadana
La población no pide discursos: exige acciones. Julio Menchaca tiene en sus manos la responsabilidad —y la obligación— de garantizar la seguridad en el estado. Minimizar la presencia del crimen organizado no lo hará desaparecer. Negarlo sólo lo fortalece.
El silencio, la omisión o la pasividad ya no son opción. Si no hay voluntad política para combatir a estos grupos, la historia juzgará con severidad a quienes hoy tienen el poder para actuar y eligen no hacerlo.
