25/08/2026
Fiscalía abrirá carpeta de investigación por presuntas amenazas e intimidación en Tatahuicapan
Tatahuicapan de Juárez, Ver., 24 de agosto de 2026.— La denuncia pública realizada por dos ciudadanas de la localidad de Peña Hermosa, quienes señalaron presuntas amenazas e intimidación relacionadas con el manejo de recursos de programas sociales, será llevada ante la Fiscalía para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades.
Las denunciantes, Rosa Franco Lorenzo y Angélica López Flores, señalaron públicamente a Humberto López Sánchez, ex candidato del PRI a la Presidencia Municipal y ex agente municipal de Peña Hermosa, así como a Agustín Franco Lorenzo, actual agente municipal de dicha localidad.
De acuerdo con su versión, ambas participan como responsables de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) y del programa La Escuela es Nuestra (LEEN).
Las ciudadanas aseguran que habrían sido objeto de presiones para permitir que terceras personas intervinieran en la administración de dichos recursos, situación que rechazaron al considerar que se trata de dinero público destinado a beneficiar directamente a la población.
Uno de los señalamientos está relacionado con un recurso aproximado de 174 mil pesos correspondiente al FAISPIAM, mientras que en el caso de La Escuela es Nuestra refirieron un monto cercano a 200 mil pesos.
Una de las denunciantes manifestó además su preocupación por posibles movimientos realizados con los recursos del programa educativo sin su autorización, luego de haber entregado la tarjeta relacionada con el programa a integrantes de Bienestar. Por ello, solicitó que se revise la cuenta y se determine quién realizó cualquier movimiento financiero.
Durante sus declaraciones, las ciudadanas también mencionaron un supuesto vínculo político detrás de las presuntas presiones y señalaron el nombre del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández.
Este señalamiento corresponde exclusivamente a la versión de las denunciantes y no representa una acusación acreditada por autoridad alguna.
Fiscalía deberá esclarecer los hechos
Las ciudadanas anunciaron que acudirán ante la Fiscalía para presentar formalmente la denuncia y entregar los elementos que permitan iniciar las investigaciones correspondientes.
A partir de la denuncia formal, la Fiscalía podrá abrir una carpeta de investigación, recabar testimonios, documentos y demás elementos de prueba para determinar si los hechos denunciados constituyen algún delito y, en su caso, establecer quiénes serían los responsables.
Asimismo, las denunciantes solicitaron que se investigue el destino de los recursos señalados y que se garantice su seguridad ante el temor que, aseguran, les han generado los presuntos actos de intimidación.
Hasta que exista una resolución oficial, las personas señaladas deben ser consideradas inocentes y los hechos deberán ser acreditados mediante una investigación ministerial.
El caso coloca nuevamente en el centro del debate la vigilancia de los recursos destinados a comunidades indígenas y planteles educativos, así como la necesidad de garantizar transparencia, rendición de cuentas y protección para quienes participan en la administración de recursos públicos.
José Vargas
