30/06/2025
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLIMÁN, ALEJO SÁNCHEZ, ESTÁ EN CRISIS: RECIBE REGALOS PROHIBIDOS, ENFRENTA DENUNCIAS Y PODRÍA SER DESTITUIDO POR UNA CADENA DE ILEGALIDADES
30 DE JUNIO DE 2025 Querétaro, Qro.— La presidencia municipal de Tolimán se encuentra al borde del colapso institucional. El actual alcalde, Alejo Sánchez de Santiago, enfrenta una escalada legal sin precedentes, derivada de decisiones administrativas ilegales, presiones políticas externas, falsificación de documentos oficiales y, más recientemente, la aceptación pública de un obsequio cuya recepción está prohibida por la legislación anticorrupción mexicana. Todo apunta a que este conjunto de irregularidades podría derivar, en los próximos meses, en la destitución e inhabilitación de servidores públicos de primer nivel, incluido el propio presidente municipal.
La crisis estalló públicamente tras la denuncia interpuesta por David Iván Fabela Mendoza, excoordinador jurídico del Ayuntamiento de Tolimán, quien fue separado de su cargo el 2 de abril de 2025 en circunstancias completamente irregulares. De acuerdo con su testimonio documentado, fue el mismo presidente municipal quien le confesó que su despido fue solicitado directamente por actores políticos externos, entre ellos el diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega Vázquez, el diputado federal Ricardo Astudillo Suárez y Vicente Ortega, hermano de la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, todos operadores identificados con el Partido Verde Ecologista de México y Morena.
Fabela Mendoza no solo fue separado del cargo de forma verbal y sin procedimiento administrativo alguno, sino que al día siguiente se le impidió realizar el proceso legal de entrega-recepción, el cual es obligatorio conforme a la legislación estatal salvo en casos de fallecimiento o incapacidad mental. Posteriormente, fue reingresado de manera temporal y clandestina en la nómina municipal, sin entregarle funciones, con la clara intención de simular que su despido nunca ocurrió, lo que a juicio del denunciante constituye un posible fraude procesal. El objetivo, según sostiene, fue maquillar una decisión arbitraria y encubrir a quienes intervinieron en su remoción.
Ante estos hechos, el exfuncionario inició cuatro procesos legales en distintas instancias: una demanda laboral por despido injustificado, un juicio de amparo, una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por obstrucción de funciones públicas, falsificación de actos oficiales y simulación administrativa, y una demanda administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro para impugnar el documento que señala falsamente su baja el 16 de abril de 2025.
El caso no terminó ahí. Dentro de la misma trama, se le intentó responsabilizar de un vehículo oficial que fue incendiado meses antes de su nombramiento, el cual, según consta en documentación técnica, estaba descompuesto y nunca fue entregado para su resguardo. A pesar de eso, funcionarios municipales intentaron fabricar evidencia para adjudicarle una supuesta omisión, lo que evidencia la voluntad deliberada de dañar su reputación e imputarle responsabilidades por hechos ajenos a su cargo.
UNA ADMINISTRACIÓN IMPROVISADA Y ENFRENTADA A LA LEY
Paralelamente a esta crisis, surgió una nueva polémica cuando el presidente municipal compartió en redes sociales una fotografía en la que aparece sosteniendo un reloj metálico con correa dorada y plateada, acompañado de un mensaje en el que agradecía a “niñas y niños” por el obsequio, al que describió como un “bonito presente”. La publicación fue editada horas más tarde, pero para entonces ya había desatado críticas y cuestionamientos sobre el posible valor del objeto. El propio presidente reconoció que la imagen también buscaba proyectarlo públicamente, aunque terminó haciéndolo en clave de tragicomedia, adoptando sin querer el papel de bufón institucional
Diversos usuarios señalaron que el reloj tenía la apariencia de un modelo de lujo, y aunque el alcalde negó que se tratara de un Rolex, lo cierto es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe expresamente a cualquier servidor público recibir regalos u obsequios relacionados con el ejercicio del cargo, incluso si provienen de menores de edad o de terceros con buenas intenciones. El artículo 7, fracción II, de dicha ley, establece con claridad esta prohibición, y el artículo 40 obliga a los servidores públicos a entregar cualquier obsequio recibido al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), lo que no ocurrió en este caso.
Alejo Sánchez se contradijo públicamente al afirmar primero que fue un regalo de “niños de primaria” y luego que se lo dieron “alumnos de secundaria”, aumentando la incertidumbre sobre los hechos. El valor del reloj no es relevante, el problema jurídico no radica en el precio del objeto, sino en la ilegalidad de recibirlo en el contexto de su función pública, lo que podría constituir una falta administrativa grave.
ENTRE EL CULTO A LA IMAGEN Y LA INDIFERENCIA POR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO
Mientras las denuncias contra el Ayuntamiento se acumulan, el presidente municipal percibe un salario bruto mensual de 100 mil pesos, cifra que supera el ingreso promedio de la mayoría de los municipios queretanos y es varias veces mayor al ingreso de una familia rural de Tolimán, donde 34 de las 64 comunidades carecen de agua potable.
La incongruencia entre los gestos de ostentación personal del alcalde y la situación precaria de miles de habitantes del municipio no ha pasado desapercibida. Distintos sectores de la ciudadanía han comenzado a cuestionar el perfil de quien hoy encabeza el gobierno municipal, señalado además por su improvisación y desconocimiento de la ley.
Alejo Sánchez fue candidato por Redes Sociales Progresistas, partido extinto, y desde septiembre de 2023 funge como coordinador municipal del Partido Verde Ecologista de México. Antes de su incursión política, trabajaba como residente de obra en una constructora, y su experiencia en gestión pública era prácticamente nula. Su perfil es el de un actor sin trayectoria institucional, cuya cercanía con ciertos grupos de poder le permitió ascender a una posición que hoy evidencia falta de preparación jurídica, falta de control administrativo y una preocupante tolerancia a las ilegalidades.
¿QUÉ SIGUE PARA TOLIMÁN?
Las autoridades jurisdiccionales y de fiscalización ya tienen en curso los procedimientos correspondientes. Si los hechos denunciados se comprueban, podría iniciarse un proceso de responsabilidad administrativa sancionadora, con efectos que incluyen la suspensión, destitución e inhabilitación de Alejo Sánchez y de los funcionarios que hayan participado en la cadena de actos ilícitos.
El caso de Tolimán se perfila como uno de los más delicados en la historia reciente del estado de Querétaro, al evidenciar cómo una red de poder político puede operar por encima de la legalidad, subordinar a un gobierno municipal a intereses ajenos, y manipular la administración pública para encubrir represalias políticas.
Alejo Sánchez aún no ha respondido formalmente a las acusaciones, ni ha ofrecido pruebas que desvirtúen lo señalado por Fabela Mendoza. Pero el tiempo corre, y cada resolución judicial será una prueba más de hasta dónde se permitió que el poder fuera utilizado sin límites, sin ética y sin respeto por la ley.
La cuenta regresiva ya comenzó. Y Tolimán merece saber toda la verdad.
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