01/01/2026
LA RUTA DE LA MUERTE: ¿VÍCTIMAS DE LA NEGLIGENCIA EN UN TREN "REGALO" DEL GOBIERNO?
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Un ramo de flores blancas sobre un ataúd simple es ahora el único destino que completó Inés Alvarado Rojas. Su viaje en el Tren Interoceánico, una de las “obras insignia” rehabilitadas por la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, terminó en un barranco de , , el pasado 28 de diciembre. Ella, una alegre de 57 años que horas antes enviaba sonrientes fotografías desde la playa de Salina Cruz, se convirtió en una de las 13 víctimas mortales de un descarrilamiento que ha destapado una ola de cuestionamientos sobre la seguridad, la opacidad y el verdadero legado de los megaproyectos de la llamada Cuarta Transformación.
LA ÚLTIMA SONRISA ANTES DEL ABISMO
Inés, la menor de cinco hermanos y ferviente servidora de su comunidad religiosa en Villa Allende, Veracruz, emprendió el viaje en un acto de apoyo familiar. Decidió visitar a uno de sus hijos que trabaja en Salina Cruz, Oaxaca, y aprovechar para tomar unas vacaciones junto a su nieta. “Ella andaba de viaje, feliz, andaba contenta. Todavía me mandó fotos tomadas en la playa bañándose con su hijo”, relató su hermano Rafael Alvarado, quien horas después la buscaba desesperado entre las listas de desaparecidos. Su búsqueda terminó cuando el cuerpo de Inés fue identificado entre los fallecidos, pasando de ser una viajera entusiasta a una estadística trágica del accidente.
El ocurrió a las 9:28 AM, apenas siete minutos antes de llegar a la estación de Chivela, en un tramo curvo y montañoso. De los 250 pasajeros a bordo, 13 perdieron la vida, más de 100 resultaron heridos y 36 permanecen hospitalizados, algunos tras someterse a cirugía. La llamada “caja negra” del tren, que registra velocidad y operación, está ahora en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga las causas.
INDEMNIZACIÓN VS. INVESTIGACIÓN: LA POLÉMICA CRECE
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia indemnizaciones de 30 mil pesos para los deudos, las redes sociales y la opinión pública hierven con preguntas incómodas. En foros y comentarios, ciudadanos cuestionan si, como en tragedias pasadas —el Colegio Rébsamen, la Línea 12 del Metro, la explosión de Iztapalapa—, este caso también recibirá un “carpetazo” donde se culpe a un factor técnico o humano, eximiendo responsabilidades superiores.
La controversia se aviva con la mención de supuestas “negligencia predecibles” y las ganancias de contratistas vinculados al proyecto. Aunque las autoridades reportaron que una inspección de la vía 90 minutos antes del accidente no encontró fallas, un video de un pasajero que afirma que el tren “venía fuerte” alimenta las dudas. Esto contrasta con las advertencias de comunidades y defensores ambientales, quienes desde hace años denunciaban riesgos en el proyecto.
EL OTRO COSTE DEL “DESARROLLO”: VIOLENCIA Y RESISTENCIA SILENCIADA
El Tren Interoceánico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ha sido promocionado como un motor de progreso. Sin embargo, su construcción estuvo marcada por la polémica, la represión y la sangre, un contexto que el discurso oficial suele omitir.
· Despojo y violencia: Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentaron al menos 26 agresiones contra defensores del territorio entre 2021 y 2023, incluyendo intimidación, criminalización y homicidios. El as*****to del líder ambiental Arnoldo Nicolás Romero en enero de 2025, quien se oponía a la deforestación y la falta de consulta, encendió las alarmas sobre el clima de terror en la zona.
· Protesta criminalizada: Mujeres indígenas como Juana Inés Ramírez enfrentan procesos penales por protestas pacíficas, a pesar de que las obras ya concluyeron. Comunidades enteras denuncian que el proyecto se impuso sin su consentimiento previo, libre e informado, violando tratados internacionales.
· Daño ambiental: Se reporta deforestación excesiva, contaminación de ríos como el Pachiñé y el Malatengo, y afectación a decenas de especies en riesgo, todo ello con una evaluación de impacto ambiental cuestionada y fragmentada.
¿LEGADO DE OBRA O LEGADO DE MUERTE?
El descarrilamiento no es un incidente aislado. Se inserta en una inquietante lista de tragedias en infraestructura pública o vinculada a grandes proyectos: el derrumbe del Colegio Rébsamen (2017), el colapso de la Línea 12 del Metro (2021) y ahora este accidente ferroviario. Patrones comunes emergen: urgencia política por inaugurar, opacidad en los procesos, señalamientos de negligencia y una rendición de cuentas que, para las víctimas, nunca parece llegar.
La pregunta que resuena en las redes sociales es directa y desgarradora: “Si un ‘visible accidente o negligencia’ predecible le quitara la vida a uno o dos de tus seres queridos, ¿Qué harías? ¿Seguirías defendiendo a los autores?”.
Mientras la familia Alvarado entierra a Inés entre himnos religiosos y la promesa gubernamental de una investigación, el país se cuestiona si este es el “desarrollo” que merece: uno que se cobra vidas en sus vías y silencia a quienes se atreven a cuestionarlo desde sus territorios.
¿Cree usted que se esclarecerán las verdaderas responsabilidades de esta tragedia, o será otro caso más en la lista de la impunidad? ¿Hasta cuándo los megaproyectos se construirán sobre el luto y la resistencia de los más vulnerables?
