24/08/2025
EN TLÁHUAC, ABSURDA E ILEGAL OPOSICIÓN DE LA ALCALDESA A GENTE SIN VIVIENDA
Homero Aguirre Enríquez
Desde hace meses, un grupo de familias muy pobres de Tláhuac se han estado manifestando en diversas partes de la Ciudad de México para que la alcaldesa morenista, Berenice Hernández, autorice que se construya en esa alcaldía un edificio con varios departamentos que, una vez construidos, serán otorgados a crédito a las familias solicitantes. La alcaldesa se niega a permitir la construcción, a pesar de que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México revisó y aprobó el proyecto y conseguirá el financiamiento para construir el edificio.
Hasta el momento de escribir estas líneas, la alcaldesa se niega rotundamente a dar permiso para iniciar los trabajos, lo que es una actitud cerrada y sectaria que lo único que provocará es que aumenten la intensidad y la frecuencia de las protestas de estos trabajadores capitalinos, que necesitan con urgencia esas viviendas y están de acuerdo en pagarlas a plazos, como corresponde a sus escasos ingresos. La actitud de Berenice Hernández la exhibe como una mala gobernante, que viola su compromiso de respetar la Constitución, que entre otras cosas establece el derecho de los mexicanos a una vivienda digna.
Los solicitantes tienen fuertes razones para decidirse a luchar por un hogar digno para sus hijos. Llevan décadas peregrinando en las oficinas de la Ciudad de México en busca de una opción para construir una casa propia donde vivir. Entre ellos se encuentran los habitantes de un predio llamado “Buena Suerte”, ubicado en la calle del mismo nombre, en donde viven hacinadas, desde hace casi dos décadas, cientos de personas, en casas construidas con cartón, láminas usadas y otros materiales de desecho industrial; son casi 200 familias que deben usar colectivamente baños, lavaderos y tomas de agua, y ruegan a Dios que no llueva mucho porque cuando eso sucede el predio se inunda con las aguas que se regresan del drenaje inservible de la calle. Su petición, simple, irrebatible y apegada a la ley de que se les venda a plazos de pago un departamento en esta ciudad donde ellos viven, trabajan y en la cual nacieron ellos y sus hijos, es una prueba de fuego para quienes dicen que son parte del gobierno de “primero los pobres”. Berenice Hernández ha reprobado ese simple examen; alguien con autoridad debe intervenir para que no se imponga la voluntad irracional y llena de odio sectario contra mexicanos que tienen derecho a una vivienda.
La alcaldesa de Tláhuac dice que no autoriza la construcción del mencionado edificio para que estos trabajadores mexicanos vivan con la dignidad que merecen, porque en la alcaldía ya “no hay agua, ni drenaje”, pero eso se contradice con la autorización otorgada por su administración para construir, por ese mismo rumbo, en la calle Guillermo Prieto, un conjunto habitacional de “gama alta”, para personas con altos ingresos. Resulta que para ellos sí hay agua y drenaje, pero para los pobres y desamparados del predio Buena Suerte solo hay negativas, insultos y desdenes de la alcaldesa. Esa es la razón de las protestas civiles de cientos de trabajadores que exigen una porción de patria donde vivir como seres humanos con sus familias.
Por estos días, varios funcionarios morenistas presumen mucho las cifras en donde el INEGI afirma que ha disminuido el número de pobres en el país, cifras que Julio Boltvinik, experto en estudios sobre la pobreza, ha calificado como “más falsas que una moneda de dos pesos con cincuenta centavos” y ha dado muchos argumentos para sostener su dicho. Creo que tiene razón, y agrego que, sin ninguna duda, carecer de una vivienda digna, dotada de servicios públicos, suficientemente amplia para evitar los nocivos hacinamientos, con privacidad y seguridad garantizadas, es uno de los indicadores más claros de pobreza, desamparo y fealdad de la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Basta un dato para reflejar la pobreza galopante en forma de carencia de vivienda en nuestro país: “El Rezago Habitacional Ampliado (viviendas con hacinamiento, o sea, donde viven más de dos personas por dormitorio; construidas con material de desecho, láminas, carrizo, bambú, etc., con piso de tierra, sin excusados, -como en el predio Buena Suerte-), totalizó casi 9 millones de viviendas en 2022, lo que representa el 24.3% del total de viviendas habitadas en el país”. En resumen, en una de cada cuatro viviendas donde habitan los mexicanos se padece hacinamientos y están en pésimas condiciones materiales. Y, conforme crece la población y se forman nuevas familias, el problema no disminuye, sino que alcanza niveles de espanto, pues donde originalmente vivía una familia, ahora viven dos o tres familias. En esas circunstancias, ¿alguien puede aplaudir que Berenice Hernández se oponga a que se construyan departamentos para que abandonen sus chozas un grupo de mexicanos?
El grado en que un gobierno garantice viviendas dignas, en calidad y número suficientes, es uno de los indicadores indispensables para evaluar si ese gobierno verdaderamente está disminuyendo la pobreza. En México, incluida la capital, que en algún momento se atrevieron a nombrar como la “Ciudad de la Esperanza”, no existe un plan de redistribución de la riqueza que garantice, entre otras cosas, que cada familia goce de un espacio digno y habitable; al contrario, hay una tendencia a favorecer mecanismos concentradores del suelo urbano y las construcciones, incluidas las viviendas, en manos de personas con mayores recursos económicos, lo que se ha llamado gentrificación. Ese proceso, que ya venía desde gobiernos del siglo XX, se agudizó en el año 2000, cuando el flamante jefe de gobierno, en ese entonces perredista, Andrés Manuel López Obrador, emitió el llamado Bando 2, que limitó severamente (prácticamente prohibió) la construcción de vivienda en 12 delegaciones (entre ellas Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y otras 9) y sólo se permitió y alentó la construcción en 4 de las más céntricas (Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza). Desde entonces, los procesos de gentrificación, es decir de apropiación de espacios urbanos en colonias céntricas por parte de gente con más poder económico y la expulsión de familias pobres hacia la periferia de la capital y hacia el Estado de México, se detonaron como nunca.
Aunque en 2007 fue derogado el Bando 2, en la Ciudad de México han pasado décadas sin una política de edificación de vivienda popular; tenemos una ciudad capital en la que adquirir una vivienda en las colonias céntricas se volvió inalcanzables para cualquier familia proletaria, y en el resto de la ciudad, aunque aún pueden encontrarse predios donde edificar conjuntos verticales de viviendas, se topan con bloqueos burocráticos como el de Tláhuac y también con costos elevados. Su única opción es que el gobierno central construya y les otorgue créditos accesibles a sus ingresos, como ocurrió con el edificio del que hablamos. Miles de mexicanos se solidarizan con la lucha de los solicitantes de vivienda de Tláhuac y con todos los trabajadores que, siendo los creadores de la riqueza, exigen vivir con dignidad y dejar de vivir amontonados en buhardillas.
