09/08/2025
Extorsión en retenes ilegales de la Fiscalía General de la República: el oscuro negocio contra transmigrantes en la Costa de Chiapas
La carretera que atraviesa la Costa de Chiapas se ha convertido en escenario de un grave problema de corrupción y abuso de autoridad. Retenes instalados supuestamente para el control migratorio, operados por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y acompañados por civiles conocidos como “madrinas”, están siendo denunciados por transmigrantes como centros de extorsión y hostigamiento.
Extorsión y abusos: una práctica cotidiana
Migrantes provenientes principalmente de Estados Unidos y con destino a Centroamérica han denunciado públicamente que son detenidos de manera arbitraria en estos retenes, donde se les exige el pago de fuertes sumas de dinero para poder continuar su trayecto. La cifra puede llegar hasta los 14 mil pesos, monto que deben depositar en cuentas personales ajenas a cualquier autoridad, según denuncias recabadas por activistas y periodistas de la región.
En el tramo carretero conocido como Ulapa, municipio de Acapetahua, los agentes de la Policía Federal Ministerial establecen retenes improvisados, donde no sólo revisan documentos sin orden judicial, sino que presionan y extorsionan a los migrantes con la complicidad de civiles no identificados, conocidos como “madrinas”. Estas personas, cuya actuación está prohibida por la ley, cumplen funciones de autoridad, intimidando y forzando a los afectados a realizar pagos ilegales.
Un migrante que pidió anonimato expresó en un audio:
“Me estás pidiendo pagar 2 mil pesos… dame mis documentos… yo no estoy infringiendo la ley.”
Otro testimonio, registrado el 29 de julio, advierte:
“Aquí están los ministeriales… afortunadamente como está lloviendo no nos pararon, pero ya estaban instalando sus retenes antes de llegar a Huixtla.”
La ilegalidad de los retenes y la participación de civiles
Especialistas en derecho constitucional y expertos en migración señalan que los retenes sin orden judicial son ilegales y violan garantías fundamentales. La participación de civiles en funciones de autoridad agrava la situación y vulnera los derechos humanos de los migrantes.
“Los retenes deben contar con un sustento legal claro, y la presencia de personas que no forman parte de ninguna corporación policial o de migración es una violación directa a la ley”, explicó un abogado consultado para este reportaje.
Madrinas: la figura clave en la extorsión
Las “madrinas” son civiles que colaboran con los agentes en los retenes. Según activistas, ellas hostigan a los migrantes para que realicen pagos. Esta práctica ilegal se ha replicado en varios puntos de la Costa chiapaneca, incluyendo Huixtla, Mapastepec y Pijijiapan.
Organizaciones de derechos humanos han documentado casos donde las madrinas presionan verbalmente, amenazan y usan tácticas de intimidación. En redes sociales circulan denuncias como la de un usuario que alertó:
“Compañeros, tengan mucho cuidado… miren lo que hicieron con esta camioneta… le tiraron tres tiros.”
Demandas de justicia y acción inmediata
Las víctimas y defensores exigen que la Fiscalía General de la República intervenga para desmantelar estos retenes ilegales, procesar a los responsables y erradicar las redes de corrupción. También piden la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que actúe de oficio y garantice la protección de los migrantes.
Hasta la fecha, la Fiscalía no ha emitido postura oficial al respecto, y el retén en Ulapa continúa funcionando, lo que refuerza la percepción de impunidad.
Contexto regional y repercusiones sociales
La Costa de Chiapas es una ruta clave para miles de migrantes que buscan atravesar México rumbo a Centroamérica o a Estados Unidos. La vulnerabilidad de estas personas es aprovechada por grupos corruptos que operan con impunidad.
La extorsión no sólo afecta la economía de los migrantes, muchos de ellos ya en situación precaria, sino que genera temor y desconfianza hacia las autoridades encargadas de protegerlos.
Este grave problema de corrupción en los retenes federales en la Costa chiapaneca no sólo vulnera los derechos humanos de los migrantes, sino que representa un serio desafío para las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad.
