06/08/2026
Las recientes detenciones de funcionarios y exfuncionarios del Registro Público de la Propiedad y de Comercio volvieron a colocar bajo presión a una dependencia que desde hace meses arrastra señalamientos por su presunta intervención en operaciones inmobiliarias irregulares y casos de despojo en Tijuana.
AFN fue el primer medio en revelar la captura del subregistrador Alberto Zamarrón Niño, del exdelegado José Antonio Morán Rangel, de un empleado identificado como Diego y de Otilia Rivera Domínguez Ruelas. Posteriormente informó que algunos de los detenidos recuperaron su libertad y continuarán sujetos al proceso bajo medidas cautelares, mientras persiste el hermetismo sobre otros involucrados.
Cuestionado por AFN, el director estatal del Registro Público, Carlos Murguía Mejía, respondió que no iba a “sudar calenturas ajenas” y aseguró que colaborará con las investigaciones. El deslinde ocurre, sin embargo, en una institución que ya había sido señalada públicamente por abogados y afectados en distintos conflictos inmobiliarios.
En abril, el abogado Jorge Luis Fuentes Valdez denunció una presunta red en la que, afirmó, intervenían jueces, notarios, personal de la Fiscalía y funcionarios del Registro Público. Entre los nombres que señaló se encontraba precisamente Alberto Zamarrón Niño. Fuentes sostuvo entonces que diversos procedimientos habrían avanzado con una rapidez inusual y con documentos presuntamente irregulares.
Días antes, otros litigantes acusaron al Registro Público de haber inscrito un embargo precautorio que calificaron como apócrifo y que derivó en un conflicto por varios inmuebles. En ese caso solicitaron directamente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a la Fiscalía revisar de fondo la actuación de la dependencia y las denuncias relacionadas con presuntos despojos.
A ello se suma el caso documentado por Tijuana Rifa en mayo, cuando el abogado Javier Rivera confrontó públicamente a Carlos Murguía durante una diligencia relacionada con un predio y aseguró que existía una denuncia penal en su contra. El funcionario acudió personalmente al sitio mientras personal de la Fiscalía realizaba una diligencia de aseguramiento.
Las investigaciones actuales todavía deberán definir responsabilidades individuales. Pero las detenciones, sumadas a una cadena de denuncias previas, vuelven a poner la mirada sobre el Registro Público, la institución encargada precisamente de dar certeza jurídica a la propiedad en Baja California.
