27/05/2026
La política bajacaliforniana ha entrado en una etapa donde las coincidencias dejaron de existir. Hoy todo parece conectado: empresarios favorecidos, operadores reciclados, funcionarios estratégicos y una red de lealtades que gira alrededor del grupo político de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En medio de la turbulencia provocada por la cancelación de su visa estadounidense que en Washington se mantiene envuelta en silencio diplomático el marinismo parece haber optado por una estrategia conocida: cerrar filas, fortalecer alianzas y blindar estructuras políticas y económicas rumbo a la siguiente sucesión.
Ahí aparece nuevamente Olivaldo Paz Gómez, el polémico presidente de CANACO, impulsado desde los círculos más cercanos al poder estatal y respaldado políticamente por personajes ligados al entorno de la gobernadora. Detrás de la operación para deslegitimar el pacto contra la extorsión celebrado por el ayuntamiento de Tijuana para golpear a Burgueño, según coinciden voces empresariales y políticas en Tijuana, continúa moviéndose el grupo del exembajador Fernando Castro Trenti, que nunca abandonó del todo sus aspiraciones políticas ni su capacidad de operar estructuras.
Pero el dato que comienza a llamar más la atención dentro del propio gobierno estatal es la presencia cada vez más visible del secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, conocido en el ámbito político como “Fufo” Guerrero.
Porque en Baja California ya nadie cree que Fufo solamente administra gobernabilidad.
Su cercanía con el ex esposo de la gobernadora se ha convertido en uno de los comentarios más recurrentes dentro de Morena y entre empresarios tijuanenses, particularmente ahora que también comienza a aparecer vinculado políticamente con operadores empresariales como Olivaldo Paz Gómez y con personajes del entorno económico municipal como Pedro Montejo Peterson.
Y es ahí donde la famosa “Ventanilla Única” presentada por el Ayuntamiento empieza a adquirir otra lectura.
En el discurso oficial se habló de competitividad, simplificación administrativa y colaboración con la iniciativa privada. En la práctica, sin embargo, el mensaje pareció otro: el gobierno está reorganizando su relación con los sectores empresariales bajo un nuevo esquema de control político.
Montejo Peterson terminó revelando involuntariamente el tamaño del problema cuando admitió que de los 2 mil restaurantes que operan en Tijuana, apenas 300 cuentan con licencias vigentes para venta de alcohol.
La confesión fue brutal: la irregularidad dejó de ser anomalía; se convirtió en sistema operativo.
Pero en lugar de anunciar revisiones, sanciones o responsabilidades administrativas, el mensaje gubernamental fue casi paternal. Que los empresarios “se acerquen”, que se regularicen y que los inspectores ya no lleguen a clausurar ni a multar, sino a “acompañar”.
En otras palabras: primero se tolera el desorden, después se administra la presión y finalmente se ofrece protección institucional a través de los canales políticamente correctos.
Por eso dentro del sector empresarial algunos ya comienzan a preguntarse si la Ventanilla Única será realmente un mecanismo de simplificación administrativa… o la nueva aduana política del marinismo.
Porque los nombres vuelven a repetirse alrededor de todos los movimientos relevantes: Fufo Guerrero, Pedro Montejo, Olivaldo Paz, el círculo cercano al esposo de la gobernadora y los viejos operadores que sobreviven sexenio tras sexenio.
En Baja California la política cambió de forma, pero no de fondo.
Antes el poder se negociaba en oficinas privadas.
Ahora parece tramitarse en ventanilla única.
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