04/09/2026
MÉDICO DENUNCIA RED DE DESPOJO POR PREDIO EN BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ: SEÑALA NOTARIOS, EMPRESARIOS Y EX FUNCIONARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO
- El médico radiólogo Francisco Laborde León acusa que un predio de 1,330 metros cuadrados en el Boulevard Belisario Domínguez #740, donde operó el restaurante Villa La Guadalupana, le fue arrebatado mediante escrituras que califica de apócrifas.
- Sostiene que su bisabuela, ciega y postrada, habría "firmado" en el año 2000 una hipoteca y una dación en pago en Tapachula, documentos que permanecieron sin inscribir durante 24 años y aparecieron justo cuando él reclamó la herencia.
- Existen tres procedimientos abiertos: una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, una queja contra el notario 78 y una investigación de la Contraloría contra ex funcionarios del Registro Público de la Propiedad.
El médico radiólogo Francisco Laborde León denunció públicamente ante medios de comunicación que es víctima de un esquema de despojo sobre el inmueble ubicado en el Boulevard Belisario Domínguez #740, colonia Arboledas, en Tuxtla Gutiérrez, un predio de 1,330 metros cuadrados donde operó durante años el establecimiento conocido como Villa La Guadalupana. El denunciante señaló que el despojo se habría concretado mediante documentos apócrifos, complicidades institucionales y una cadena de arrendamientos simulados.
De acuerdo con su exposición, el terreno formó parte del antiguo Rancho La Covadonga, propiedad de su bisabuelo Gabriel León Brindis. En 1971, mediante escritura pública inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, el predio fue adjudicado por herencia a Venturina Narcia Narcia, también conocida como Venturina Narcia viuda de León.
Laborde León relató que su bisabuela vivió en ese inmueble hasta su muerte, ocurrida el 12 de septiembre de 2001. En sus últimos años, dijo, la mujer se encontraba ciega y con movilidad reducida tras una fractura de cadera complicada. En 1993, mediante testamento abierto, Venturina Narcia lo designó a él como heredero de la propiedad y dejó como usufructuaria vitalicia a su sobrina María Antonia Solís Narcia, quien la acompañó y cuidó por más de 25 años.
Tras años de trámites sucesorios, la adjudicación hereditaria se formalizó en 2024 y quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio real 341225.
Dos escrituras firmadas en Tapachula por una mujer ciega
El punto central de la denuncia son dos instrumentos notariales emitidos por la Notaría 78 del Estado, en Tapachula, durante el año 2000.
El primero es una hipoteca que Venturina Narcia habría otorgado a favor de Neri Melillaneth Jiménez Tovilla por un supuesto préstamo de seis millones de pesos, registrada en el instrumento 2320, volumen 140, con fecha del 12 de junio de 2000. El segundo es una dación en pago con la que presuntamente entregó la propiedad para saldar esa deuda, bajo el instrumento 2420, volumen 140, fechado el 4 de diciembre del mismo año.
El denunciante cuestionó cómo una mujer anciana, ciega, con limitaciones de movilidad y deterioro cognitivo pudo trasladarse en dos ocasiones a Tapachula para firmar esos documentos. También preguntó por qué las escrituras nunca se inscribieron en su momento, por qué la mujer continuó viviendo en la propiedad hasta su muerte y por qué la boleta predial siguió saliendo a su nombre hasta 2024.
Entre las irregularidades que enumeró en los documentos figuran: la ausencia de domicilios en las generales de los involucrados, la falta de acreditación del pago de impuestos, la aparición de una persona distinta —María Beatriz Moscoso Gutiérrez— como deudora en la cláusula primera de la hipoteca, discrepancias entre el valor de la propiedad y el de la dación en pago, y medidas y colindancias que no corresponden a la realidad del predio.
El dato que consideró más revelador: ambos documentos fueron inscritos hasta 2024, veinticuatro años después de su emisión, justo cuando el heredero comenzó a reclamar la propiedad ante los tribunales.
La cadena de arrendamientos
Laborde León expuso que durante años el inmueble fue arrendado legítimamente por la usufructuaria a distintas empresas que operaron un establecimiento de alimentos y bebidas bajo el nombre reciclado de La Guadalupana.
En 2012 apareció como arrendataria la empresa Operadora de Alimentos y Eventos Especiales SA de CV, cuya acta constitutiva fue realizada por el notario número 13, Juan Carlos Culebro Guillén. En 2015 se realizó una triangulación de arrendamiento entre Zandvort Corporate SA de CV como arrendataria y Alimentos Chiapanecos Curu SA de CV como subarrendataria, esta última ligada presuntamente a los hermanos Jorge Javier y Jaime Ricardo Culebro Guillén. Según el denunciante, ese contrato fue firmado por María Antonia Solís Narcia mediante engaños que suponían ahorros fiscales a su favor.
A partir de 2018 se dejó de pagar la renta sin explicación alguna, y desde entonces el inmueble ha sido operado sin autorización y sin pago al propietario legítimo, afirmó.
Tras un procedimiento conciliatorio con expediente 620/2023 en el Centro de Justicia Restaurativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado y una controversia de arrendamiento con expediente 766/2023 en el Juzgado 1º Civil de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Javier Culebro Guillén presentó un contrato de arrendamiento fechado el 1 de marzo de 2018, en el que él aparece como arrendador y Procesadora Vorat SA de CV como arrendataria, con una renta muy por debajo del valor comercial del predio.
En el juicio con expediente 763/2024, en el Juzgado 3º de lo Civil, el representante legal de la arrendataria declaró que no se realizaron indagatorias sobre la propiedad legal del bien, que los pagos se hacían en efectivo o por transferencia sin comprobantes fiscales y que durante la vigencia del contrato no hubo incremento del monto. Hasta la fecha no se ha acreditado la veracidad de esos pagos. El denunciante calificó estos hechos como una violación al Código Civil, a la reglamentación fiscal y a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Empresarios y una SOFOM sin registro
En su exposición, Laborde León mencionó a figuras del empresariado chiapaneco del ramo financiero que habrían sido socios del Restaurante Bar Villa Guadalupana y a quienes calificó, por lo menos, como cómplices silentes: Pedro Pimentel, Andrés Morgan, José Raúl y Luis Crocker Rivera, Jorge Betancourt Jr., así como Alberto Siller Pavía y Rodolfo Ruiz.
Afirmó que con estos dos últimos sostuvo reuniones desde 2023 en el Edificio Pavía, en el centro de la ciudad, donde ambos le confirmaron ser socios del establecimiento y estar enterados de la problemática. Según el denunciante, ambos señalaron como presunto autor intelectual de las operaciones simuladas a Marco Antonio Alabath Aguilar, a quien vinculó con las empresas Comercializadora Vorat SA de CV, Comercializadora AL-TA SA de CV, Transportes de Valores Elite SA de CV y Trafalgar Servicios Financieros SA de CV.
Esta última, dijo, aparece otorgando un préstamo con garantía hipotecaria sobre el predio a Christian Geovanni Cartas Ibáñez, a través de la subsidiaria Servicios Digitales TR SA de CV SOFOM ENR, según el instrumento 2993, volumen 23, del 4 de marzo de 2025, emitido por la notaría 160 ante la fe del notario sustituto Hubert Becerra León.
El denunciante subrayó que esa SOFOM no tiene créditos hipotecarios dentro de su catálogo de servicios, no cuenta con oficinas en Tuxtla Gutiérrez y no tiene registro de contratos de préstamos hipotecarios ante la CONDUSEF.
Señalamientos contra el Registro Público
Laborde León acusó directamente a servidores públicos de haber fallado en su deber o de actuar en contubernio.
Explicó que el entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tuxtla Gutiérrez permitió la inscripción de un folio real de nueva creación —el 332080— a la par de la inscripción del documento de adjudicación hereditaria —folio 341225—, para amparar la dación en pago que califica de fraudulenta, sin línea temporal que vinculara el predio a su historia registral y pese a que existían avisos preventivos vigentes que debieron impedirlo.
Señaló que el entonces delegado del Registro Público, Leonardo Daniel López Gálvez, autorizó esa inscripción, y que la entonces directora, María de Lourdes Morales Urbina, estaba enterada de la situación, algo que —afirmó— ella misma le confirmó en una reunión en 2024.
Tres procedimientos abiertos
El denunciante detalló las acciones legales emprendidas:
Una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas, registrada el 21 de enero de 2026 con número de atención 0256/101/0205/2026, actualmente a cargo de la Mesa de Atención número 13 de la Fiscalía de Distrito Metropolitano.
Una queja administrativa ante la Dirección General de Notarías del Estado en contra del notario número 78, Óscar Alvarado Cook, presentada el 12 de marzo de este año, por irregularidades en la protocolización de escrituras que se presumen apócrifas.
Una denuncia ciudadana ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que el 19 de mayo de 2026 emitió oficio confirmando el inicio de investigaciones por parte de la Contraloría de Auditoría Pública contra los ex funcionarios del Registro Público de la Propiedad.
En paralelo, sigue su curso el juicio de nulidad del contrato de arrendamiento con expediente 763/2024. Según el denunciante, las pruebas desahogadas hasta el momento son contundentes: Culebro Guillén no ha podido demostrar ser propietario del inmueble ni acreditar autorización del dueño legítimo para arrendarlo.
Llamado al gobernador
Laborde León hizo un llamado directo al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a la secretaria General de Gobierno Dulce Rodríguez Ovando, al fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Ana Laura Romero Basurto y al director del Instituto de la Consejería Jurídica Guillermo Nieto Arreola, para que den seguimiento a las acciones jurídicas que, después de nueve meses, no han tenido avance alguno.
"Una anciana chiapaneca, ciega y postrada, no firmó esos documentos", afirmó. Sostuvo que lo que está en juego no es solo un predio, sino la certeza jurídica de que un testamento tiene validez y de que los registros públicos son confiables.
Anunció que seguirá informando sobre el avance de los procedimientos legales y se dijo a disposición de cualquier autoridad que desee colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
Fuente: Conferencia de prensa del Dr. Francisco Laborde León
